Cristian Ronaldo Guerra Cordova

Expediente 435/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
435/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Cristian Ronaldo Guerra Cordova

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Juzgado acepta competencia. Se recibe el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual comunica que ese juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo y se radicó con número 951/2023. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en virtud de que no existe diligencia pendiente por desahogar, remítase el presente cuadernillo al archivo definitivo.(...) Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 435/2023-I, e intégrese expediente electrónico. Decisión sobre la instancia constitucional (incompetencia). De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte, que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables. Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Director del Hospital General de Xoco, con sede en la Ciudad de México. Director del Hospital General de Balbuena, con sede en la Ciudad de México. Director del Hospital General de Rubén Leñero, con sede en la Ciudad de México. Director del Hospital General de México, con sede en la Ciudad de México. Director del Hospital General La Raza, con sede en la Ciudad de México. Actos reclamados. (.) Omisión de proporcionar atención médica y hospitalaria adecuada. Negación de atención hospitalaria y quirúrgica necesarias para la fractura múltiple que presenta el quejoso. Riesgo en la vida, salud e integridad del quejoso. Discriminación por condición y económica y maltrato sicoemocional y físico. Omisiones que ponen en riesgo la dignidad e integridad del quejoso. Violación al derecho de la salud. Negación de hospitalizar y atender quirúrgicamente al quejoso. Violación al artículo primero, cuarto y vigésimo segundo de la Constitución: Asimismo, la parte promovente expresó bajo protesta de decir verdad, en el proemio de la demanda, lo siguiente: "(.) Soy el quejoso (.)" Por tanto, a efecto de establecer la competencia de este Juzgado de Distrito, es preciso señalar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo resaltado es propio). De la interpretación literal de la disposición transcrita se advierten los supuestos siguientes: En caso de que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, será competente el juez de distrito jurisdicción en el lugar de ejecución. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En los supuestos donde el acto reclamado no requiera ejecución material el juez de distrito competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En la especie, como se relató, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, en esencia, la omisión de brindar la atención médica y hospitalaria necesaria, derivado de las lesiones ocasionadas por un atropellamiento que dice ocurrió el nueve de mayo del año en curso. Dicho acto una omisión tiene efectos positivos, capaz de producir en el mundo fáctico o real, una consecuencia material que conlleva una vulneración del derecho fundamental, como lo es la salud del directo quejoso quien, según lo que se advierte del escrito de demanda, fue atropellado y lesionado, lo cual aconteció en la Ciudad de México. Asimismo, las autoridades responsables que señala en la demanda tienen residencia en la Ciudad de México, aunado al hecho, que la promovente de la presente demanda de amparo, precisa que el quejoso tiene su domicilio particular en dicha ciudad capital; por tanto las consecuencias del acto reclamado en su caso, se ejecutarán en dicho lugar. Son orientadoras por analogía, las tesis emitidas por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dicen: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR. AL SER UN ACTO OMISIVO CON EFECTOS POSITIVOS, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE ÉSTA DEBA MATERIALIZARSE. Hechos: Un trabajador reclamó en amparo indirecto, entre otros actos, la omisión de señalar día y hora para la diligencia de reinstalación dentro de un juicio laboral. La demanda se presentó ante un Juez de Distrito, quien se declaró incompetente para conocer del asunto, al estimar que la omisión reclamada debe ser subsanada con una conducta positiva que se realizará fuera de su jurisdicción. Por su parte, el Juez de Distrito a quien se le remitió la demanda no aceptó la competencia declinada, al considerar que el acto reclamado era una omisión simple, carente de ejecución material y, en consecuencia, determinó que el juzgador legalmente competente para conocer del asunto era aquel ante quien se presentó la demanda, de conformidad con el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Juez de Distrito competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la omisión de la Junta de señalar fecha y hora para la reinstalación del trabajador, es aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde ésta deba materializarse, al tratarse de un acto omisivo con efectos positivos. Justificación: Lo anterior es así, en razón de que el referido acto reclamado constituye una omisión con efectos positivos, al ser capaz de producir en el mundo fáctico o real, una consecuencia material que conlleva una vulneración del derecho fundamental al trabajo, pues implica que mientras no se señale fecha y hora para la reinstalación, el trabajador permanezca separado del empleo, no perciba su salario ni diversas prestaciones; además, el patrón también resiente un perjuicio en su patrimonio, en virtud de que se le priva de la posibilidad de cortar el pago de los salarios caídos hasta el momento de la reinstalación en caso de una eventual condena, lo que pone de manifiesto que los efectos positivos de ese acto omisivo se materializan en el lugar donde debe llevarse a cabo la reinstalación del trabajador; de ahí que se actualice la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. (Registro digital: 2023429, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Común, Laboral, Tesis: I.10o.T.8 L (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, página 4833, Tipo: Aislada) "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE BRINDAR DIVERSAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SOLICITAR AL JUEZ DE CONTROL COMPETENTE PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE DICHAS OMISIONES SEAN EJECUTABLES MATERIALMENTE, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 137 y 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales imponen al Ministerio Público la obligación de brindar diversas medidas de protección y solicitar al Juez de Control competente providencias precautorias a favor de las víctimas u ofendidos. Así, dicha omisión constituye un acto negativo con efectos positivos, pues se erige en actos de tal naturaleza capaz de producir, en el mundo fáctico o real, una consecuencia material, a saber, un riesgo inminente a la seguridad de la víctima u ofendido, así como garantizar la debida reparación del daño, para evitar que se destruyan, desaparezcan o dilapiden los bienes para poder hacer efectiva dicha reparación. En este orden de ideas, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde las omisiones reclamadas sean ejecutables materialmente. (Registro digital: 2022117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: I.9o.P.276 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 912, Tipo: Aislada) En esa virtud, se establece que la competencia corresponde al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, puesto que las consecuencias de los actos reclamados tendrán ejecución en la Ciudad de México, que es el lugar en donde el quejoso tiene su domicilio particular y las autoridad responsables tienen su residencia. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el presente asunto, sin proveer sobre su admisión, ni sustanciar incidente de suspensión, dado que el acto reclamado no está comprendido por el artículo 15 del citado ordenamiento legal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase vía interconexión la demanda de amparo, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para el efecto de que resuelva si acepta o no la competencia declinada a su favor e informe lo anterior a este Juzgado Federal, para proveer lo que en derecho corresponda. Asimismo, se solicita al juez de distrito correspondiente, que de no existir inconveniente legal, se sirva informar si acepta o no la competencia planteada en el presente juicio de amparo. No ha lugar suspensión de plano. En la ejecutoria 1a./J.55/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida. Por tal razón, el juez de amparo deberá realizar un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, y si de la misma se advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. En el caso, del escrito de demanda no es posible deducir cuan comprometido está el estado de salud del directo quejoso, pues solo dice que "fue atropellado y lesionado de gravedad"; por tanto, no existen elementos suficientes para otorgar la suspensión de plano de los actos reclamados, dado que no se actualizan los supuestos establecidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, a que se refiere la tesis 1a./J.55/2019. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." (Registro digital: 2020430. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Común, Penal. Tesis: 1a./J. 55/2019 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1270. Tipo: Jurisprudencia) V. Notificaciones por lista. Toda vez que la parte promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el escrito inicial de demanda; de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales a la parte quejosa se efectuarán por lista. VI. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en la fracción II, in fine, del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx /juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. VII. Integración del expediente. Se hace del conocimiento que, acorde a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el expediente físico contendrá únicamente las promociones recibidas en forma física y las constancias de notificación que se generen de la misma manera; esto es, las constancias y documentos presentados electrónicamente, así como las actuaciones y resoluciones firmadas electrónicamente, no serán integradas al expediente físico. VIII. Consulta del expediente. En la misma línea, se informa que las partes autorizadas para ello, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia de que quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a este órgano, para consultar el expediente electrónico en los equipos que, en su caso, sean dispuestos para tal efecto; esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 41 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. IX. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. X. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza a la actuaria que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. XI. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. XII. Remisión de oficios. Finalmente, se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el actuario judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese por lista a la parte promovente y por oficio al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno. Así lo acuerda y firma Isaí López Triana, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, ante Martha Rosa Hernández Barboza, secretaria que autoriza y da fe.

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