Cristhian Gabriel Hernández Rodríguez.

Expediente 745/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
745/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Cristhian Gabriel Hernández Rodríguez.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la cual se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria.-...Háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido.-...el presente asunto es depurable, bajo los lineamientos precisables en el último párrafo del citado numeral, toda vez que se negó el amparo solicitado.-...Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Alegato ministerial. Agréguese a las presentes actuaciones el oficio suscrito por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado de Distrito, para que obre como corresponda, tocante a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, se le tiene por formulado alegato ministerial 1004/2019; el cual será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Copia certificada. Una vez que se dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo estipulado por el arábigo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídasele la copia que de la misma solicita, previa toma de razón y recibo que otorgue en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Director del Hospital General de Zona número 3, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado. II. Domicilio y delegados. Como lo solicita, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por designados como sus delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a los profesionistas que menciona. III. Pruebas documentales y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al informe justificado, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Con el informe y constancias, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Ampliación de demanda. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Cristhian Gabriel Hernández Rodríguez, mediante el cual en cumplimiento a la vista de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, amplía su demanda respecto de la autoridad responsable: Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda respecto de la citada autoridad. III. Intervención de las partes en el juicio. 1. Autoridad responsable: a) Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de quince días rinda su informe con justificación, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. b) Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en su caso, remita las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlo, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo, con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impida, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. 2. Representación Social. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. IV. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en el numeral 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las partes para que en caso de que tengan conocimiento que se actualice alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado de Distrito, en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, se impondrá una multa de treinta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo. V. Suspensión de plano. Con fundamento en los artículos 20, 126 y 147 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la autoridad responsable, dentro del ámbito de su competencia, bajo su más estricta responsabilidad y acorde a los conocimientos y prácticas médicas del personal adscrito a aquélla y/o a las áreas responsables (profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, entre otros) sin demora alguna, dicte las medidas pertinentes, a fin de que, a la brevedad: Se le proporcione al quejoso Cristhian Gabriel Hernández Rodríguez, la atención médica necesaria y especializada correspondiente, según el diagnóstico que profesionalmente se realice, bajo los principios científicos y éticos que tienen la finalidad de orientar la práctica de la profesión médica, en aras de obtener el mejor beneficio del paciente; asimismo, se le suministre los fármacos que requiere para su padecimiento. Lo antepuesto, habida cuenta de que el quejoso indica: ".la negativa en otorgarme la atención medica que requiero para la mejora de mi salud y de suministrarme los citados medicamentos." Esto es, de ser procedente, desde el punto de vista médico, se proporcione de inmediato la atención y tratamiento farmacéutico que requiere el quejoso, a fin de tratar su problema de salud, que según demuestra se le diagnosticó como quemadura de brazo segundo grado, primera vez y mano y antebrazo derecho superficial y profunda; ya que de no concederse dicha medida se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación; máxime que el derecho de salud debe seguir siendo proporcionado, al ser reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Orienta a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siguiente: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SE SUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público." (Novena Época. Registro: 180445. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Septiembre de 2004. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.7o.A.316 A. Página: 1880.) Lo anterior, toda vez que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, cuando proceda conceder la suspensión de los actos reclamados, de ser jurídica y materialmente posible, el órgano jurisdiccional podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho que dice violado; para lo cual, debe tomarse en cuenta la apariencia del buen derecho, a que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la propia ley, en el que se encuentra imbíbita la noción del peligro en la demora. Además de que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el derecho a la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, es una prerrogativa que el Estado está obligado a proteger y garantizar, lo que implica, entre otras, el acceso a los servicios de salud, que comprenden: la atención médica y la disponibilidad de medicamentos y otros insumos. Por tanto, si el quejoso reclama la negativa a seguir brindándole el servicio médico, sin que exista valoración ni alta respectiva, del padecimiento que dice tener relativo a "quemadura de brazo segundo grado, primera vez y mano y antebrazo derecho superficial y profunda"; lo que corrobora con los documentos que exhibe donde se demuestra dicho diagnóstico y además, acredita ser derechohabiente de dicha institución médica con número de seguro social 2304-87-2330; entonces, tiene derecho a que se le proporcione la atención médica para que se logre un diagnóstico efectivo y reciba los fármacos necesarios para su padecimiento. En tal sentido, como ya se estableció, atento al peligro en la demora, procede conceder la suspensión en el amparo con efectos restitutorios temporales y ordenar a la autoridad responsable que proporcione al quejoso Cristhian Gabriel Hernández Rodríguez, la atención médica necesaria y correspondiente para su padecimiento, así como recibir los medicamentos respectivos, sin demora. Sustentan lo anterior las jurisprudencias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE UN ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL DE MINISTRAR UN MEDICAMENTO, POR NO ESTAR INCLUIDO EN EL CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE INSUMOS. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS TEMPORALES Y ORDENAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE FACILITE AL QUEJOSO EL MEDICAMENTO, SI ACREDITA QUE SU MÉDICO SE LO RECETÓ. Conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, cuando proceda conceder la suspensión de los actos reclamados, de ser jurídica y materialmente posible, el órgano jurisdiccional podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho que dice violado; para lo cual, debe tomarse en cuenta la apariencia del buen derecho, a que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la propia ley, en el que se encuentra imbíbita la noción del peligro en la demora. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que el derecho a la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, es una prerrogativa que el Estado está obligado a proteger y garantizar, lo que implica, entre otras, el acceso a los servicios de salud, que comprenden: la atención médica y la disponibilidad de medicamentos y otros insumos, para cuyo efecto habrá un cuadro básico que elabora el Sector Salud. Ahora, el catálogo no debe concebirse como un impedimento o restricción para los beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio; de ahí que las instituciones de salud, válidamente, puedan ministrar medicamentos novedosos que, por lógica, no estén incluidos en ese inventario elemental y que sean necesarios para el tratamiento del paciente, siempre y cuando exista prescripción médica de por medio. En esta tesitura, si una persona reclama la omisión de un organismo de seguridad social de ministrarle un medicamento, por no estar incluido en el catálogo institucional de insumos y exhibe un documento que acredita que su médico se lo recetó, entonces, es probable que tenga derecho a que se le proporcione, como parte de su tratamiento. Por tanto, atento al peligro en la demora, procede conceder la suspensión provisional en el amparo con efectos restitutorios temporales y ordenar a la autoridad responsable que facilite al quejoso el medicamento." (Décima Época. Registro: 2018267. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: XVII.1o.C.T.43 K (10a.). Página: 2519.) "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA FALTA U OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA A LOS INTERNOS EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES. De la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que, originariamente, la suspensión en el juicio de amparo se concibió como una medida cautelar que ordenaba la paralización de actos positivos; sin embargo, derivado de la reforma constitucional de 6 de julio de 2011, es que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados mediante el juicio constitucional, siempre que su naturaleza así lo permita, pueden ser objeto de suspensión en los casos y condiciones que determine la Ley de Amparo, situación reconocida explícitamente por su artículo 147, al señalar que sus efectos pueden ser restitutorios provisionales, si se cumplen los requisitos del diverso numeral 128 de esa ley, al haber realizado el juzgador un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Lo anterior originó una evolución evidente en la jurisprudencia 1a./J. 35/2018 (10a.), que establece la procedencia de la suspensión de plano y de oficio tratándose de la omisión de la autoridad penitenciaria de proveer a los internos en los centros de reclusión ropa y calzado en buen estado, ya que la omisión en cuestión compromete la dignidad e integridad personales. En ese sentido, si se trata de la falta u omisión de brindar atención médica adecuada, a pesar de que es una omisión atribuida a la autoridad y no cuenta con un principio de ejecución, ello no implica que de concederse la medida cautelar con efectos restitutorios provisionales quede sin materia el amparo, amén de que dichos efectos son temporales hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal, pues lo que se busca no es la paralización de un acto positivo, sino la restitución provisional de los efectos que causa la omisión reclamada, esto es, que cese el deterioro a la salud que se encuentra sufriendo el incidentista; sin que ello implique constituir derechos que el quejoso no tuviera antes de solicitar la medida cautelar, por el contrario, preservar el estado óptimo de salud de las personas es una obligación del Estado Mexicano, acorde con el artículo 4o. constitucional, por lo que, de no salvaguardarse éste y no concederse la suspensión para que se brinde la atención médica necesaria de modo inmediato, esa prerrogativa fundamental se transgrediría de manera sucesiva." (Décima Época. Registro: 2018519. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: XXV.3o.2 K (10a.). Página: 2585.) En el intelecto de que la libertad prescriptiva no es absoluta; antes bien, debe ejercerse en aras de obtener el beneficio del paciente y bajo ninguna circunstancia debe equipararse con la arbitrariedad, pues el actuar del personal médico debe fundamentarse en el estado actual de la ciencia médica y encaminarse en todo momento al beneficio del paciente, tomando en consideración las circunstancias de cada caso concreto. Ello implica, de suyo, que la autoridad responsable, realice las comprobaciones necesarias, atendiendo al estado de la ciencia médica, tomando en consideración que, un diagnóstico con la diligencia debida por parte del personal médico, previene riesgos innecesarios en pro del derecho a la vida y a la salud del paciente. Por otra parte, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de inmediato el cumplimiento que haya dado a la suspensión de plano decretada, apercibida de que si al rendir su informe correspondiente afirmare una falsedad o negare la verdad, en todo o en parte, o bien, informe trámites que retrasen la atención médica del quejoso o que constituyan evasivas, será sancionada en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículos 262 de la ley de la materia. Igualmente, de no informar el cumplimiento dado a esta medida dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que reciba el oficio respectivo, se le sancionará conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo el cual dispone: "Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: . III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". VI. Incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, no procede ordenar la apertura del incidente de suspensión, toda vez que se otorgó de plano la suspensión del acto reclamado. Audiencia constitucional. En la inteligencia que se señalaron las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

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