Cristian Octavio Lizárraga Ruiz
Expediente 547/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 30/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Cristian Octavio Lizárraga Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, AL HABER TRANSCURRIDO LOS DOS DÍAS HÁBILES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, Y NO HABER CONCURRIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO, DICHO PROVEÍDO SEÑALA: Se tiene por recibido el oficio, firmado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en el juicio ordinario civil 24/2016 de su índice administrativo, se decretó la caducidad de la instancia. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que en el juicio ordinario civil 24/2016 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, la parte actora desistió de la demanda, por lo que en proveído de veintiséis del mes y año en curso, se decretó la caducidad de la instancia. Ahora bien, toda vez que el efecto de la caducidad decretada, es el de anular todos los actos procesales verificados en el juicio en el que se decreta la perención, así como sus consecuencias; lo cual conlleva en el caso, el embargo, mismo que es materia de este juicio; por lo que es indudable que su efecto es el levantamiento del mismo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándole de esta manera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, treinta de agosto de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN DE OFICIO. Se tiene por recibido el oficio, firmado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en el juicio ordinario civil 24/2016 de su índice administrativo, se decretó la caducidad de la instancia. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que en el juicio ordinario civil 24/2016 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, la parte actora desistió de la demanda, por lo que en proveído de veintiséis del mes y año en curso, se decretó la caducidad de la instancia. Ahora bien, toda vez que el efecto de la caducidad decretada, es el de anular todos los actos procesales verificados en el juicio en el que se decreta la perención, así como sus consecuencias; lo cual conlleva en el caso, el embargo, mismo que es materia de este juicio; por lo que es indudable que su efecto es el levantamiento del mismo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándole de esta manera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Cristian Octavio Lizárraga Ruiz, mediante el cual desiste del presente juicio de amparo, y solicita la devolución de los documentos que anexó a su demanda. En consecuencia, prevéngase a la parte quejosa para que al momento de la notificación o dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, ante la presencia judicial ratifique el escrito de desistimiento, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, se continuará con el trámite de este juicio de amparo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 295, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya voz y texto dicen: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En cuanto a su solicitud de devolución de los documentos originales que anexó a su demanda de amparo, dígasele que los mismos le serán devueltos una vez que comparezca ante este Juzgado de Distrito a ratificar su desistimiento; lo anterior, toda vez que de continuarse con el procedimiento, dichos documentos podrían ser materia del incidente a que refiere el artículo 122 de Ley de Amparo, por lo que deberán permanecer en autos a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de resolver cualquier incidencia relacionada con su objeción. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 146 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE al quejoso Cristian Octavio Lizárraga Ruiz, la suspensión definitiva respecto de las autoridades responsables y por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
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