Cristian Román Romero Olmedo
Expediente 57/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cristian Román Romero Olmedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Resolución del recurso de revisión. Por recibido el oficio número 444, suscrito por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta localidad, mediante el cual acompaña los autos originales del juicio de amparo número 57/2022, del índice de este Juzgado, promovido por Cristian Román Romero Olmedo, y copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión *****************; acúsese recibo de estilo; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y por cuanto que dicho Tribunal confirmó la sentencia recurrida, en la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. En virtud que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren después de la remisión del expediente. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados; por tanto, se ordena digitalizar el expediente original que se remite anexo al oficio de cuenta, para los efectos legales consiguientes. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Adjúntese a los autos el oficio de cuenta, que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta población; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio 174 del índice de este Juzgado de Distrito, con el que se le remitieron el original del expediente del que deriva este cuaderno de antecedentes, así como original y copia del escrito de expresión de agravios e informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este expediente, el que quedó registrado con el número de amparo en revisión ******************** de su índice. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Previo a pronunciarse sobre el escrito de cuenta, se precisa que si bien de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no exhibió copias de su escrito de agravios, cuando se requieren más de una, pues es una autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público Federal Adscrito y una para el Representante Social adscrito al Tribunal de Alzada que conocerá del recurso que interpone; no obstante, no ha lugar a requerir al promovente para que subsane la falta de esas copias en términos del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, al estarse ante un caso de excepción, contemplado en el diverso numeral 110, párrafo segundo, de la ley de la materia, dado que se trata de un asunto del orden penal (se ostenta como víctima); por lo que este órgano jurisdiccional, de oficio, obtendrá las copias necesarias para el trámite del recurso que interpone. En tal virtud, agréguese a los autos el escrito del quejoso CRISTIAN ROMÁN ROMERO OLMEDO, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada en este expediente; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original y copia de dicho escrito, así como el original del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Décimo Tercer Circuito, en turno, para la sustanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 57/2022; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional -el diecinueve siguiente-, Cristian Román Romero Olmedo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Fiscal Investigador de la Mesa Cuatro con detenidos, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, dependiente de la Fiscalía General del Estado, que hizo consistir en los siguientes: "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE. C. Fiscal Investigador de la Mesa Cuatro con detenidos, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, dependiente de la Fiscalía General del Estado. "IV.- ACTO RECLAMADO.- 1.- La omisión de responderme el escrito de fecha 27 de diciembre de 2021 y entregado ante la autoridad responsable el día 28 de ese mismo mes y año. 2.- La omisión de proporcionarme copia de todo lo actuado en la carpeta de investigación 719/DF/ZC/2017. 3.- La omisión de dictar un acuerdo donde me reconozca la calidad de víctima del delito. 4.- La omisión de realizar las gestiones necesarias para que me ingresen en el Registro Estatal de Víctimas. 5.- La omisión de dictar acuerdo en donde me tenga nombrando como mi asesor jurídico al Licenciado en Derecho Enrique Molina Segura con cedula profesional 6050369. Todos estos actos dentro de la carpeta de investigación 719/D.F./ZC/2017." (.)". Acto que estimó violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 8°, 16, 17 y 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Previa prevención y desahogo, en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de mérito, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. TERCERO. Sobreseimiento fuera de audiencia. En resolución de diez de febrero de esta anualidad, se tuvo por recibido el informe justificado signado por la autoridad responsable, mediante el cual remitió diversas documentales y se determinó que, dado que se habían atendido -en el acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós y su notificación- los puntos solicitados en el escrito mediante el cual se elevó la petición -de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno- a la citada autoridad responsable, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, procedía el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio por inexistencia de dichos actos, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, quien lo registró con el número de expediente 79/2022 de su índice. En proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de catorce de junio actual, en la que el Tribunal Colegiado mencionado revocó la resolución recurrida y ordenó la continuación del procedimiento del juicio con los efectos siguientes: "[...] En las relacionadas consideraciones, ante la violación procesal detectada, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la determinación sujeta a revisión y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que el juez de Distrito, deje insubsistente el proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, y dicte un nuevo acuerdo en el que ordene notificar personalmente al quejoso, el contenido del informe justificado, rendido por el Fiscal Investigador de la Mesa Cuatro con Detenidos, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado, mediante notificación personal y con la oportunidad debida, a fin de que el solicitante del amparo esté en aptitud de promover lo que a su interés convenga, requiriéndole para que si lo estima conveniente amplíe su demanda. [.]" Por lo cual, se levantó la suspensión respecto del procedimiento de amparo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se otorgó la posibilidad de ampliar su demanda a la parte quejosa, lo cual hizo mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial de la Federación, con sede en San Bartolo Coyotepec, el veintinueve de julio de esta anualidad; por lo que en proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, se admitió la ampliación de demanda, se dio la intervención correspondiente a la representación social adscrita y se solicitó el informe justificado correspondiente a la autoridad señalada como responsable, quien lo rindió el once de agosto pasado. Finalmente, se señaló fecha de audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio; así como porque la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados a las autoridades responsables, son los siguientes: Al Fiscal Investigador de la Mesa Cuatro con Detenidos, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado, lo siguiente: En escrito inicial de demanda: La omisión de responder el escrito de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno; las omisiones de proporcionarle copia de todo lo actuado en la carpeta de investigación 719/DF/ZC/2017; de dictar un acuerdo donde le reconozca la calidad de víctima del delito; de realizar las gestiones necesarias para que lo ingresen en el Registro Estatal de Víctimas y la omisión de dictar acuerdo en donde le tenga nombrando como asesor jurídico a Enrique Molina Segura. En escrito de ampliación de demanda: La resolución de cuatro de enero de dos mil veintidós, en la que se determinó lo siguiente: a) la negativa de reconocerle el carácter de víctima del delito y su consecuente inscripción en el Registro Estatal de Víctimas; b) la negativa de tenerle nombrando como asesor jurídico a Enrique Molina Segura; c) la negativa de otorgarle copias de la carpeta de investigación; Asimismo, la omisión de verificar que el otorgamiento del perdón que proporcionó se realizara conforme a su derecho humano de asistencia de un asesor jurídico; la validez de dicho otorgamiento del perdón; la omisión de notificarle la resolución de no ejercicio de la acción penal, así como de decirle el término que tenía para inconformarse. Todos estos actos dentro de la carpeta de investigación 719/D.F./ZC/2017. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable -Fiscal Investigador de la Mesa Cuatro con Detenidos, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado-, al rendir su respectivo informe justificado negó los actos reclamados en el escrito inicial de demanda, derivado de que a la petición realizada mediante escrito de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno recayó el acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, la cual incluso fue notificada por medio de lista que se fija en los estrados de la autoridad responsable. Respecto de los cuales exhibió copia certificada. Ahora, de autos se advierte, que mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el dieciocho de enero de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso Cristian Román Romero Olmedo solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos siguientes: 1. La omisión de dar respuesta al escrito de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, entregado a la responsable el veintiocho siguiente. 2. La omisión de proporcionar copia de todo lo actuado en la carpeta de investigación 719/DF/ZC/2017. 3. La omisión de dictar acuerdo en el que se le reconozca el carácter de víctima. 4. La omisión de realizar las gestiones necesarias para que lo inscribieran en el Registro Estatal de Víctimas. 5. La omisión de dictar acuerdo en donde lo tenga nombrando asesor jurídico en la referida carpeta. Como se dijo, la autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados y para demostrar su aseveración remitió las constancias de la mencionada carpeta de investigación 719/DF/2C/2017, de las que se advierte que el cuatro de enero de dos mil veintidós, dio contestación a su escrito de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el que, en síntesis, atendió lo solicitado al considerar que no procedía otorgar nueva copia dado que previamente se había concedido la solicitud; expresó que no le correspondía el carácter de victima dado que no se ejerció la acción penal, lo cual conllevó que no se le inscribiera en el Registro Estatal de víctimas y, finalmente que se le había designado el defensor de oficio para su representación. Lo que ordenó se le notificara mediante lista en la fecha del acuerdo, dado que no proporcionó domicilio para tal efecto. Bajo las actuaciones precisadas, cabe destacar que el sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia procede cuando se actualizan los supuestos siguientes: 1.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o; 2.- Cuando la parte quejosa no probare su existencia en la audiencia constitucional. Asimismo, que la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a fin de desvirtuar la negativa de las autoridades responsables. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/308 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro digital 210769, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, Agosto de 1994, página 77, cuya literalidad es la siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. De manera que, dado que la autoridad responsable exhibió las constancias, consistentes en el acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós y su notificación de idéntica fecha, queda evidenciado que las omisiones reclamadas a la parte quejosa no existen. Es así, porque, en la especie, se advierte actualizada la primera de las hipótesis antes referidas (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado) pues la autoridad responsable fue tajante en la negativa de la existencia de los actos reclamados, referentes a las omisiones precisadas, respecto de las cuales expresó y demostró que no existían al momento de la presentación de la demanda -dieciocho de enero de dos mil veintidós-. Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la responsable donde se observa que al dieciocho de enero de dos mil veintidós, fecha de la presentación de la demanda de amparo, ya se había emitido la contestación al escrito de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, pues le recayó el auto de cuatro de enero de dos mil veintidós -notificado mediante lista en esa fecha-; lo que conlleva que, en el particular, no tenga razón de ser el medio de control constitucional, pues pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible es inexistente al momento de instar el juicio de amparo; de ahí que, se insiste, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 206346, visible en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79, Julio de 1994, página 15, cuyo sumario es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, respecto de los actos reclamados vía ampliación de demanda, aceptó la existencia de los tres primeros actos reclamados y negó los restantes; sin embargo, tal negativa queda desvirtuada con las constancias que remitió con su informe justificado respecto de la ampliación de demanda. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia por extemporaneidad respecto de los actos identificados en el inciso B) del considerando segundo -consistentes en la resolución de cuatro de enero de dos mil veintidós, en la que se determinó lo siguiente: a) la negativa de reconocerle el carácter de víctima del delito y su consecuente inscripción en el Registro Estatal de Víctimas; b) la negativa de tenerle nombrando como asesor jurídico a Enrique Molina Segura; c) la negativa de otorgarle copias de la carpeta de investigación-. Este órgano jurisdiccional estima que, en la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, relativa a la extemporaneidad de la demanda de amparo, en virtud de que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, desde el cuatro de enero de dos mil veintidós, data en que le fue notificado el proveído de esa fecha por medio de lista que se publica en los estrados del edificio Jesús "Chu" Rasgado de la Fiscalía General del Estado, que recayó al escrito de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación 719/DF/ZC/2017, a la que se anexó el instructivo de notificación correspondiente. La causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, se encuentra en íntima relación con el diverso numeral 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". (.)." Del primero de los preceptos citados se advierte, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el segundo de los numerales transcritos. En el caso concreto, el plazo para promover el amparo contra dicho acto reclamado, es el genérico previsto en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, antes transcrito, pues no se ubica en alguno de los supuestos de excepción que prevé dicho numeral. Por otra parte, el diverso precepto 18 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la anterior transcripción, se advierte que dicho precepto establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Luego, atento al contenido del artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. De ahí, se aprecia que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Destaca que el artículo 17 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido artículo 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que, en la demanda de amparo, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso concreto, mediante resolución de diez de febrero de esta anualidad, se tuvo por recibido el informe justificado signado por la autoridad responsable, mediante el cual remitió diversas documentales y se determinó que dado que se habían atendido -en el acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós y su notificación- los puntos solicitados en el escrito mediante el cual se elevó la petición -de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno- a la citada autoridad responsable con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo -dieciocho de enero de dos mil veintidós-, procedía el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio por inexistencia de dichos actos, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, dado que al momento de la presentación de la demanda se habían atendido las omisiones reclamadas en el inciso A) de la precisión de actos del considerando segundo. Sin embargo, ante la ejecutoria de catorce de junio actual, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, quien lo registró con el número de expediente 79/2022 de su índice, se dio vista a la parte quejosa con el contenido del referido acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, y su notificación de esa fecha por medio de lista que se presenta en los estrados del edificio Jesús "Chu" Rasgado de la Fiscalía General del Estado, que recayó al escrito de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación 719/DF/ZC/2017, a la que se anexó el instructivo de notificación correspondiente. Lo anterior a fin de que ampliara su escrito inicial de demanda, respecto de lo cual la parte quejosa omitió combatir la constancia de notificación, pues como actos reclamados señaló únicamente los precisados en los inciso B) y C) del considerando segundo de este fallo y como conceptos de violación hizo valer, sustancialmente, los siguientes: La resolución de cuatro de enero de dos mil veintidós, viola el derecho consagrado en el artículo 20, Apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no reconocerle la calidad de víctima y únicamente de imputado; además que es deficiente la motivación expresada, pues la etapa de investigación es para allegarse de datos de prueba, como lo era en el caso un dictamen de mecánica de hechos. Abunda en lo anterior, dado que en la carpeta de investigación no obra declaración del chofer del taxi, por lo cual no existe un señalamiento directo para tenerle como imputado; que sí obra el parte informativo 0202/2017, de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, firmado por el Policía Vial del Municipio de Oaxaca Lorenzo Jaime Hernández Gamboa, mediante el cual puso tanto al chofer citado como al quejoso a disposición de la autoridad responsable. Agrega que la resolución, relativa a la negativa a reconocerle el carácter de víctima es ilógica e incongruente, ya que la responsable reconoce que el quejoso tenía lesiones e incluso fue hospitalizado en la Cruz Roja y valorado por el perito médico de la Fiscalía que determinó sus lesiones, por lo cual tenía la calidad de víctima. Abunda que, la resolución reclamada viola su derecho humano de asesoría jurídica y contraviene el artículo 169 de la Ley de Víctimas, que prevé el derecho de nombrar un asesor jurídico o a que se le nombre uno público. En cuanto al otorgamiento del perdón, solicita se declare su nulidad en términos del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber otorgado el perdón sin presencia de un asesor jurídico, por lo cual se violó sus derechos en términos de los artículos 4° y 20, Apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales 1 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de aplicar el derecho de igualdad tanto a la víctima como al imputado. Que se debió aplicar el principio de igualdad entre las partes, previsto en el artículo 1° de la Constitución Federal y 11 y 113, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Relativo a la negativa de tener por reconocido el carácter de asesor jurídico al Enrique Molina Segura, carece de debida fundamentación y motivación al sustentar en que se determinó el no ejercicio de la acción penal; máxime que son funciones diferentes la de una defensora y un asesor jurídico. El otorgamiento del perdón debe realizarse ante el Agente del Ministerio Público, sin que ello haya acontecido así en el caso, pues únicamente se plasmó en una hoja en blanco. (Erróneamente identificado como 10) Se viola sus derechos de legalidad y certeza consagrados en el artículo 14 constitucional pues con el otorgamiento del perdón en un papel la autoridad responsable ordena el archivo de la carpeta de investigación, en contravención a los artículos 101 del Código Penal del Estado de Oaxaca 255 y 327, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que omite que previamente la autorización del procurador o el servidor público que tenga esa facultad. (Erróneamente identificado como 11) La negativa a otorgarle copias de la carpeta de investigación contraviene el derecho previsto en los artículos 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXII del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no tiene fundamento alguno y se concreta a que ya se entregó con anterioridad a otro asesor jurídico. Asimismo, señala que la omisión de notificarle la resolución de no ejercicio de la acción penal es trascendente, pues transgrede el artículo 82 del Código adjetivo de la materia, y al no haberlo hecho así, se violó su derecho. De lo anterior se tiene que la parte quejosa, vía ampliación de demanda únicamente hizo valer cuestionamientos respecto del acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, así como de la determinación de no ejercicio de la acción penal y su notificación, que tuvo como sustento el perdón otorgado dentro de la carpeta de investigación 719/DF/ZC/2017 del índice de la responsable; pero no respecto de la notificación del acuerdo de cuatro de enero de esta anualidad. Así, al no haberse combatido la notificación de cuatro de enero de dos mil veintidós, mediante la cual se le hizo de conocimiento la resolución de esa fecha, a pesar de que se le otorgó el término de quince días para que ampliara la demanda de amparo, conlleva que subsista la legalidad de la misma. En ese sentido, era necesario que se combatiera la legalidad de la notificación para que pudiera estar en aptitud de alegar en contra de la determinación de cuatro de enero de esta anualidad, dictada por el Fiscal Investigador de la Mesa Cuatro con Detenidos, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado, en la carpeta de investigación 719/DF/ZC/2017; por lo que si ello no ocurrió, debe considerarse que el término de quince días transcurrió desde que surtió efectos esa notificación por lista. El artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Luego, si la notificación por medio de estrados fue publicada el cuatro de enero de dos mil veintidós, surtió efectos el cinco siguiente y transcurrió del seis al veintiséis de enero de dos mil veintidós, sin considerar el ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de enero de esta anualidad. Por lo cual resulta en demasía extemporánea la impugnación de la resolución de cuatro de enero actual, mediante ampliación de demanda de veintinueve de julio de dos mil veintidós, al exceder el término de quince días que establece el artículo 17, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. b. Causa de improcedencia por cosa juzgada respecto de los actos identificados en el inciso C) del considerando segundo -consistentes en la omisión de verificar que el otorgamiento del perdón que proporcionó se realizara conforme a su derecho humano de asistencia de un asesor jurídico; la validez de dicho otorgamiento del perdón; la omisión de notificarle la resolución de no ejercicio de la acción penal, así como de decirle el término que tenía para inconformarse-. Al respecto, se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cosa juzgada, prevista en el precepto 61, fracción XI, de la ley de la materia, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior (.)". De lo anterior, se advierte que el juicio de garantías resulta improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia en otro juicio de amparo, pues la cosa juzgada en aquél es la verdad legal, de modo tal que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio de amparo promovido, pues ello atentaría no solo contra la técnica rectora de la materia, sino contra el principio de seguridad jurídica inmerso en los artículos 14 y 16 de la constitución. Se estima que para la existencia de cosa juzgada, resulta necesario que con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya instado otro juicio de amparo indirecto en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas pretensiones, el mismo acto reclamado, debiendo existir, por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer en ambos. Ilustra esta consideración, la jurisprudencia 1a./J. 161/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, tomo XXVII, febrero de 2008, página 197, materia común, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues solo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra." En efecto, la causal de improcedencia de que se trata se exterioriza en el llamado principio de cosa juzgada del juicio de amparo, el cual consiste en la autoridad y fuerza que la ley atribuye a una sentencia ejecutoriada, que equivale a la irrevocabilidad e inmutabilidad de lo resuelto en el fallo respectivo, ya en el juicio en que aquélla se pronuncie o en otro diverso. Este principio encuentra justificación en la necesidad de que, por seguridad jurídica, se evite replantear en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme dictado en un anterior juicio de amparo. A su vez, impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales. Conforme a lo asentado, la cosa juzgada opera, por regla general, cuando en una controversia sometida a un órgano de control constitucional, se resuelven ciertos aspectos de fondo o sustanciales y además, cuando dicha decisión adquiere firmeza o irrevocabilidad, esto es, cuando el fallo emitido en un procedimiento constitucional anterior ha causado ejecutoria o estado, de tal manera que la cosa juzgada constituye la verdad legal, lo que impide que el tema analizado de manera previa, pueda someterse nuevamente a discusión en un diverso juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.1o.C.3 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, consultable en la página 1960, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA EN UN JUICIO EN RAZÓN DE LA SENTENCIA FIRME EMITIDA EN OTRO, CON INDEPENDENCIA DE LAS FECHAS DE SU INICIO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en jurisprudencia, que la ejecución íntegra de una sentencia solo se alcanza en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse. En ese contexto, lo determinante para la actualización de la cosa juzgada - directa o refleja- es lo sentenciado con anterioridad en un juicio, por lo que carece de importancia cuál procedimiento inició antes, pues lo que debe ser primero en tiempo es la sentencia firme, ya que tal firmeza origina la imposibilidad de resolver sobre lo pedido en el juicio que aún no ha sido resuelto, con independencia de que éste se haya instado antes que aquél, y que por el trámite procesal seguido por uno y otro, haya sido el segundo el que alcanzó antes la sentencia ejecutoria". Sin embargo, no siempre es necesario que ocurra un pronunciamiento de fondo para que se actualice la causa de improcedencia en comento, ya que también en algunos supuestos en que se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo por extemporaneidad -como es el caso-, se puede actualizar la causal de improcedencia por cosa juzgada. De manera que, para verificar la posible actualización de la causal de improcedencia de cosa juzgada, es necesario atender a las razones o circunstancias que condujeron a decretar el sobreseimiento en el primer juicio de amparo, para determinar si éstas son insuperables o no. En el caso, es un hecho notorio -en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°- que en este Juzgado Federal, se tramitó los juicios de amparo 19/2022 y 1249/2021, promovidos por idéntico quejoso -Cristian Román Romero Olmedo-, contra actos derivados de la carpeta de investigación 719/DF/ZC/2017 del índice del Fiscal Investigador Cuarto con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; que específicamente en el expediente de amparo 19/2022, se sobreseyó en el juicio porque se consideró que en el diverso 1249/2021, se tuvo que en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso con el informe justificado rendido por tal autoridad, y las constancias deducidas de esa indagatoria, consistentes en: La diligencia de traslado para realizar acta de identidad y lectura de derechos al quejoso. La resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo del asunto. Constancia de llamada telefónica al quejoso, de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en la que se hace de su conocimiento la determinación de veintiuno de abril de dos mil diecisiete citada. Constancia de entrega de documentos, de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en la que se hace constar entregó a Teófilo Joaquín Pérez Ceballos, autorizado de Cristian Román Romero Olmedo, copias simples de constancias existentes en esa carpeta de investigación 719/DF/ZC/2017, firmando de recibido. De lo que se precisó que fue notificado al quejoso el nueve de diciembre de dos mil veintiuno; surtiendo efectos el diez de diciembre de dos mil veintiuno. Por lo que se concluyó lo siguiente: "[.] Luego, si en el presente juicio de amparo, Cristian Román Romero Olmedo reclama del Fiscal Investigador Cuarto con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, con Detenido sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, actos derivados de la carpeta de investigación 719/D.F./ZC/2017, consistentes en: a) La omisión de notificarle la resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete. b) La omisión de indicarle el plazo que tenía para impugnar la resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en caso de estar inconforme con ella. c) La diligencia de traslado para realizar el acta de identidad y lectura de derechos de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete. Con lo anterior, se acredita tuvo conocimiento de esos actos al menos desde nueve de diciembre de dos mil veintidós; por lo que el plazo para promover demanda de amparo en su contra, trascurrió del trece al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Y la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional 19/2022, se presentó el seis de enero de dos mil veintidós. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: (se copia). Ello, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amatorio, que establecen: (se insertan). Por ende, resulta inconcuso que excedió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para su presentación; por lo tanto, su presentación resulta extemporánea. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2°.C J/194, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito, visible en la página 1148, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. (se inserta)'. En las relatadas consideraciones, se sobresee en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es así, pues razón legal para resolver este asunto hasta la audiencia manifiesta indudable causa de improcedencia analizada. En tal virtud, se deja sin efecto legal la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional para las trece horas del once de febrero de veintidós. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE." Conforme a los elementos de hechos notorios precisados se tiene que el quejoso previo a este juicio promovió un primer juicio de amparo respecto de idéntico acto reclamado y autoridad responsable; asimismo que se le dio vista con el informe justificado. Por lo cual queda de manifiesto que el sobreseimiento decretada en el juicio de amparo 19/2022 del índice de este juzgado obedeció a la indiferencia del quejoso para combatir desde aquél momento en que tuvo conocimiento por vez primera de las constancias de la carpeta de investigación 719/DF/ZC/2017. Asimismo, que tanto la titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causaba el acto de autoridad en aquel juicio quedó demostrado con las actuaciones remitidas por la citada responsable. De esta forma, el sobreseimiento en el primer juicio no se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso ni en la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, por lo que impide que se promueva un nuevo amparo. En ese sentido, se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el primer juicio se sobresee por extemporaneidad, ya que las pruebas en este segundo juicio de amparo exhibidas por el juez responsable no tendrían el carácter de "nuevas", dado que las actuaciones de la carpeta de investigación estaba dirigida al quejoso, quien debió impugnarlas desde el primer momento en que tuvo conocimiento, como ahora lo hace. De ahí que, si en el presente juicio de amparo el acto reclamado se constituye por la misma determinación de no ejercicio de la acción penal, derivada del otorgamiento del perdón y su notificación, atribuida al Fiscal Investigador de la Mesa Cuatro con Detenidos, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado, señalado en aquel controvertido como responsable, el cual se sobreseyó en el juicio, procede también sobreseer en este juicio de amparo, por cosa juzgada, a pesar que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, ya que lo resuelto en dicho juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más todavía, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. Esto es así, pues la finalidad que se busca en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio del quejoso, contra un mismo acto, contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica. Ilustra lo anterior, por igualdad de razón, la tesis I.7o.A.132 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 2717, Tomo XXXI, Abril de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados". Así como la jurisprudencia identificada con el número de registro 237445, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 91, Volumen 181-186, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no solo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". En consecuencia, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque los actos aquí reclamados, fueron materia del diverso juicio de amparo 19/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por idéntico quejoso, contra la misma autoridad responsable y actos reclamados; en el que se sobreseyó en el juicio y adquirió firmeza jurídica al causar ejecutoria. Por ende, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XI y XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio, con base en la fracción V del artículo 63 del propio ordenamiento. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Los criterios invocados, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. SEXTO. Autorizacio´n mediante Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federacio´n (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 57/2022 promovido por Cristian Román Romero Olmedo, respecto de la autoridad responsable y actos reclamados precisados en el considerando segundo de este fallo, en términos de los fundamentos y motivos expuestos en el diverso penúltimo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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