Cristian Román Romero Olmedo

Expediente 19/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
19/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Cristian Román Romero Olmedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintitrés. Del estado de autos se advierte, en proveído de uno de julio de dos mil veintidós, se ordenó el archivo de este asunto y, al efectuarse la valoración correspondiente se determinó que era susceptible de depuración. Sin embargo, en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; determinación que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en ejecutoria de catorce de junio de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 72/2022, de su índice; por tanto, es evidente que la valoración correspondiente de este expediente es destruible, no depurable. En atención a ello, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento, para el único efecto de precisar la valoración de archivo de este asunto. Por lo que, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este órgano jurisdiccional así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y testimonios anexo, así como los autos originales del juicio de amparo 19/2022, que devuelve la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad; en consecuencia acúsese recibo, háganse las anotaciones sobre el regreso de los autos en el libro de gobierno de este Juzgado; glósese el cuaderno de antecedentes formado con el envío del referido juicio. Ahora bien, desprendiéndose del testimonio de la ejecutoria de catorce de junio de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión penal 72/2021, relacionado con los amparos en revisión 39/2022 y 79/2022; que la superioridad confirmó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este asunto. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual informa se admitió a trámite el recurso de revisión promovido contra el sobreseimiento fuera de audiencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual emite el oficio y anexos, firmado por el Fiscal Investigador Cuarto con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual reitera su informe justificado ya agregado en autos el veintisiete de enero de dos mil veintidós, y remite copia certificada de las constancias en él solicitadas. Visto el estado de autos, de las constancias que existen en autos deducidas de la carpeta de investigación 719/D.F./ZC/2017 del índice del Fiscal Investigador Cuarto con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: Dicha indagatoria inició contra Oliver Álvarez Calvo por el delito de lesiones y daños culposos por tránsito de vehículo, el primero en agravio del aquí quejoso Cristian Román Romero Olmedo, el segundo en perjuicio patrimonial de Ángel de Jesús Romero Olmedo, así como en contra del promovente del amparo Cristian Román Romero Olmedo, por el delito de daños en perjuicio patrimonial de Francisco Gómez. En acta de identidad y lectura de derechos, se advierte se realizó por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Fiscalías, con la presencia del quejoso Cristian Román Romero Olmedo, a quien se le hicieron saber sus derechos constitucionales, y en ese acto otorgó el perdón a favor de Oliver Álvarez Calvo, firmando al calce de la diligencia. Mediante resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, por perdón de las partes, el Ministerio Público decretó el no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo del asunto, en ella se dijo que contaban con el plazo de diez días, para interponer su inconformidad vía incidental ante el Juez de Control del distrito judicial de Valles Centrales, sede Francisco Tanivet. Lo que se notificó al quejoso Cristian Román Romero Olmedo, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, vía telefónica. Es un hecho notorio que en este Juzgado Federal, se tramitó el juicio de amparo 1249/2021, promovido por el mismo quejoso Cristian Román Romero Olmedo, contra actos derivados de la carpeta de investigación 719/D.F./ZC/2017 del índice del Fiscal Investigador Cuarto con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; en el que en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso con el informe justificado rendido por tal autoridad, y las constancias deducidas de esa indagatoria, consistentes en: La diligencia de traslado para realizar acta de identidad y lectura de derechos al quejoso. La resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo del asunto. Constancia de llamada telefónica al quejoso, de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en la que se hace de su conocimiento la determinación de veintiuno de abril de dos mil diecisiete citada. Constancia de entrega de documentos, de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en la que se hace constar se entregó a Teófilo Joaquín Pérez Ceballos, autorizado de Cristian Román Romero Olmedo, copias simples de constancias existentes en esa carpeta de investigación 719/D.F./ZC/2017, firmando de recibido. Lo que fue notificado al quejoso el nueve de diciembre de dos mil veintiuno; surtiendo efectos el diez de diciembre de dos mil veintiuno. Es aplicable, la tesis I.9o.P.16 K (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en página 923, Libro 78, septiembre 2020, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. LA FACULTAD DEL JUZGADOR DE AMPARO PARA INVOCARLOS DEBE SER EJERCIDA CON RAZONABILIDAD Y LIMITARSE A CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS DE CONOCIMIENTO ACCESIBLE, INDUBITABLE Y SOBRE EL CUAL NO SE ADVIERTA DISCUSIÓN. De la interpretación conjunta del criterio jurisprudencial P./J. 74/2006, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se observa la facultad de los Jueces para invocar como hechos notorios circunstancias -de hecho- cuyo conocimiento sea de dominio público o forme parte de la cultura normal de determinado grupo o sector. Al respecto, como consecuencia del ejercicio de su función jurisdiccional y con base en la diversa jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), también emitida por el Pleno de la Suprema Corte citada, los Jueces de amparo están autorizados para invocar con ese carácter versiones electrónicas de resoluciones almacenadas y capturadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Empero, en forma alguna dicha potestad autoriza al juzgador para indagar más allá de lo públicamente cognoscible y disponible con motivo de su función judicial, pues hacerlo implicaría que la información obtenida no constituya propiamente un hecho notorio, sino el fruto de una pesquisa injustificada. En ese contexto, en aras de privilegiar la prerrogativa de acceso a la jurisdicción contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República, cuando el Juez cite como hecho notorio determinaciones que obran en expedientes diversos sometidos a su jurisdicción -por ejemplo, para verificar la firma del quejoso en otra demanda de amparo-, dicho ejercicio debe regirse por el principio de razonabilidad y limitarse a circunstancias fácticas de conocimiento accesible, indubitable y sobre el cual no se advierta discusión; máxime cuando las constancias invocadas son de antigüedad considerable." Luego, si en el presente juicio de amparo 19/2022, Cristian Román Romero Olmedo, reclama del Fiscal Investigador Cuarto con Detenidos adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, actos derivados de la carpeta de investigación 719/D.F./ZC/2017, consistentes en: La omisión de notificarle la resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete. La omisión de indicarle el plazo que tenía para impugnar la resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en caso de estar inconforme con ella. La diligencia de traslado para realizar el acta de identidad y lectura de derechos de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete. Con lo anterior, se acredita tuvo conocimiento de esos actos al menos desde nueve de diciembre de dos mil veintidós; por lo que el plazo para promover demanda de amparo en su contra, trascurrió del trece al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Y la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional 19/2022, se presentó el seis de enero de dos mil veintidós. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." Ello, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por ende, resulta inconcuso que excedió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para su presentación; por lo tanto, su presentación resulta extemporánea. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI 2º C J/194, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito, visible en la página 1148, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada". En las relatadas consideraciones, se sobresee en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es así, pues no existe razón legal para resolver este asunto hasta la celebración de la audiencia constitucional, ante la manifiesta e indudable causa de improcedencia analizada. En tal virtud, se deja sin efecto legal la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional para las trece horas del once de febrero de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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