Cristian Medina Zamora

Expediente 522/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
522/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
09/02/2018

Partes del expediente

  • Cristian Medina Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa de este Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el conflicto competencial 40/2017; acúsese recibo. Ahora, teniendo en cuenta que conforme a la ejecutoria en cita, la superioridad determinó que es este órgano jurisdiccional legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por CRISTIAN MEDINA ZAMORA, contra el acto reclamado al Procurador General de la República, con sede en la ciudad de México, y otra autoridad, al efecto se provee: Por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda debe desecharse de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I y 6º, de la ley de la materia, interpretados a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Cierto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. Ahora, en el caso la parte quejosa reclama de las responsables la carpeta o legajo de investigación integrada en su contra. Previo a lo anterior, debe destacarse que la distinción entre el inicio de una investigación y la integración de la carpeta de investigación, estriba en que la primera emerge con motivo de la noticia criminal que hace la víctima u ofendido a través de la denuncia o querella, o bien de la obligación de cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo del delito de denunciarlo. Y la integración de la carpeta de investigación es su consecuencia, cuyo objeto es que el Ministerio reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y reparación del daño. En ese orden, si bien pudiera estimarse procedente la acción constitucional contra el inicio de una investigación, al constituir un acto que proviene de autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, (en el caso el Ministerio Público), también lo es que de ninguna manera produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del imputado de manera directa; de ahí su improcedencia. En efecto, el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncien o formulen querella en contra de determinado individuo y que como consecuencia de ello, el Ministerio Público dentro de sus facultades tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye algún acto de molestia o privativo en contra de quien se le imputó algún hecho. Además, la integración de la carpeta de investigación, por regla general, no afecta algún derecho subjetivo del gobernado, pues en momento alguno le causa una afectación real y actual a su esfera jurídica, pues la etapa de investigación inicial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente. Estimar lo contrario, traería como consecuencia el entorpecer la facultad del Ministerio Público consistente en recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Aunado a lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo no se advierte que se hayan impugnado actos en la investigación en los que pudieran verse comprometidos los derechos humanos del quejoso, como lo son: el cateo, la intervención de comunicaciones privadas, la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre entre otros. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible a página 1959, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia, en términos del 113 de la invocada ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa de este Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el conflicto competencial 40/2017; acúsese recibo. Ahora, teniendo en cuenta que conforme a la ejecutoria en cita, la superioridad determinó que es este órgano jurisdiccional legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por CRISTIAN MEDINA ZAMORA, contra el acto reclamado al Procurador General de la República, con sede en la ciudad de México, y otra autoridad, al efecto se provee: Por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda debe desecharse de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I y 6º, de la ley de la materia, interpretados a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Cierto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. Ahora, en el caso la parte quejosa reclama de las responsables la carpeta o legajo de investigación integrada en su contra. Previo a lo anterior, debe destacarse que la distinción entre el inicio de una investigación y la integración de la carpeta de investigación, estriba en que la primera emerge con motivo de la noticia criminal que hace la víctima u ofendido a través de la denuncia o querella, o bien de la obligación de cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo del delito de denunciarlo. Y la integración de la carpeta de investigación es su consecuencia, cuyo objeto es que el Ministerio reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y reparación del daño. En ese orden, si bien pudiera estimarse procedente la acción constitucional contra el inicio de una investigación, al constituir un acto que proviene de autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, (en el caso el Ministerio Público), también lo es que de ninguna manera produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del imputado de manera directa; de ahí su improcedencia. En efecto, el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncien o formulen querella en contra de determinado individuo y que como consecuencia de ello, el Ministerio Público dentro de sus facultades tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye algún acto de molestia o privativo en contra de quien se le imputó algún hecho. Además, la integración de la carpeta de investigación, por regla general, no afecta algún derecho subjetivo del gobernado, pues en momento alguno le causa una afectación real y actual a su esfera jurídica, pues la etapa de investigación inicial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente. Estimar lo contrario, traería como consecuencia el entorpecer la facultad del Ministerio Público consistente en recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Aunado a lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo no se advierte que se hayan impugnado actos en la investigación en los que pudieran verse comprometidos los derechos humanos del quejoso, como lo son: el cateo, la intervención de comunicaciones privadas, la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre entre otros. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible a página 1959, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia, en términos del 113 de la invocada ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta y anexos, suscrito por la juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México. Acúsese recibo. Ahora bien, advirtiéndose del oficio de cuenta que la titular del juzgado oficiante, no aceptó la competencia legal que este Juzgado declinó en su favor mediante proveído de veintiséis de mayo del año en curso; con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo, del artículo 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado insiste en que la competencia para conocer de la demanda de amparo radica en la Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México. Precisando que este tribunal remitió los autos al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en la ciudad de México, en razón de que el acto reclamado por el quejoso ********************, consiste en la integración de una carpeta o legajo de investigación en su contra, acto que atribuye al Procurador General de la República, y al Subprocurador de la Subprocuraduría Especializada para la Investigación de Delincuencia Organizada, ambos con sede en la ciudad de México. En ese sentido, se estimó que la ejecución de dicho acto tendría ejecución en la ciudad de México, al momento de que el representante social ejerza la correspondiente acción penal. Ahora, la juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, no aceptó la competencia declinada, en razón de que si bien es cierto el acto impugnado tiene ejecución, también lo era, que hasta este momento procesal no se tiene certeza de que exista alguna investigación iniciada en contra del quejoso, y menos que se esté integrando en dicha ciudad, y que por el hecho de haber señalado el quejoso autoridades con sede en la ciudad de México, ello era insuficiente para fincarle competencia, pues las mismas tienen competencia en toda la República Mexicana, y a su vez, cuentan con Delegaciones y Subdelegaciones en todos los Estados, y que de existir alguna investigación en contra del quejoso, ésta podría estarse integrando en cualquier Estado del País. Sin embargo, contrario a lo estimado por el juez oficiante, se estima que la competencia para conocer y resolver en su oportunidad el presente asunto, corresponde a un juez de Distrito de Amparo en materia Penal con residencia en la ciudad de México, porque: 1. Las consecuencias del acto reclamado se verificarán en la ciudad de México, al momento de consignarse el legajo de investigación, ya que ahí radican las autoridades responsables, aunado a que la juez oficiante admite que el acto reclamado conlleva ejecución del mismo. 2.- El hecho de que hasta este momento procesal no se tenga certeza de la existencia del acto reclamado, ello es materia de estudio al momento de que se rindan los informes justificados. 3.- No obstante que las responsables tengan Delegaciones y Subdelegaciones en toda la República Mexicana, ello en modo alguno puede dar competencia al suscrito, en razón de que dicha circunstancia es ajena (hasta este momento) a la presente lítis, dado que el quejoso es preciso en señalar como autoridades responsables al Procurador General de la República, y al Subprocurador de la Subprocuraduría Especializada para la Investigación de Delincuencia Organizada, ambos con sede en la ciudad de México; por ende, la única probabilidad que se tiene es que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar en la ciudad de México, por ende, y por cuestión territorial, corresponde conocer del presente juicio de amparo al Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radican las responsables. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original del presente asunto, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad, a fin de que resuelva lo procedente respecto al conflicto competencial suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal con sede en la ciudad de México. Comuníquese la presente determinación a la Juez oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a formar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que el mismo ya se formó con motivo de la remisión en su momento del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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