Cristian César Chimal Maldonado
Expediente 668/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Cristian César Chimal Maldonado
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio que remite electrónicamente el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, por medio del cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del auto de once de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio, por el que se desechó la demanda de amparo; el cual quedó registrado bajo el número 183/2023.
- Principal
Agréguese en autos el escrito presentado vía electrónica por la parte quejosa ***************, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ***************, mediante el cual, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a, y 98 de la Ley de Amparo, refiere interponer recurso de queja en contra de la determinación en la que se desechó la demanda de amparo que presentó; al respecto, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de once de agosto del presente año. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase de manera inmediata y vía electrónica el presente recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato. Ello, toda vez que en términos del punto sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1 y la circular 23/20222 de catorce de octubre de dos mil veintidós, expedida por el Consejo de la Judicatura Federal, la misma fue presentada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se debe promover el uso del expediente electrónico, como eje rector de la actuación judicial, con la finalidad de reducir el consumo de papel e insumos. III. Comisiónese al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional para que haga disponible el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, a fin de que la superioridad esté en aptitud de relacionarlo y consultarlo; ello, para la substanciación del referido medio de impugnación. IV. Finalmente, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este órgano jurisdiccional el once de agosto pasado, dictó un acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo presentada por la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ********************, calidad que acredita, en términos del artículo 11 de Ley de Amparo, con copia certificada del auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio especial sucesorio ********************de la estadística del Juzgado Único Civil de********************, ********************, contra actos de la Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 668/2023-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Ello, habida cuenta que en el presente juicio no se encuentra demostrado que los actos de que se duele la parte quejosa afecte su derecho subjetivo de manera personal y directa, que se traduce en el interés jurídico, tal como lo prevé la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, que estatuye: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Acorde con el anterior precepto, el diverso artículo 6º de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, establece: Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita". De la interpretación de los numerales transcritos, se desprende que para promover el juicio de amparo es condición indispensable que la parte que asegura resentir una lesión en sus intereses acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la transgresión a un derecho subjetivo consagrado en la Constitución en favor de la parte quejosa. Se afirma lo anterior, porque el derecho subjetivo en el derecho mexicano debe entenderse como una función del objetivo, en tanto que éste -derecho objetivo- es la norma que permite o prohíbe y aquél -derecho subjetivo- el permiso derivado de la norma. En efecto, el derecho subjetivo no se concibe fuera del objetivo, pues siendo la posibilidad de hacer (o de omitir) lícitamente algo, supone lógicamente la existencia de la norma que imprime a la conducta facultada el sello positivo de la licitud. Los derechos subjetivos se dividen en derechos a la propia conducta y a la conducta ajena; en ese sentido, para el estudio que nos ocupa, el suscrito se enfocará en el primero de los mencionados. Como caso típico de un derecho subjetivo a la propia conducta se cita el derecho de propiedad, verbigracia, el dueño de una cosa está facultado para usarla, venderla, permutarla, etcétera; éstas y las demás facultades que la ley le concede, referentes a la actividad del propietario son, por consiguiente, derechos a su propia conducta. Bajo dicha guisa, es dable sostener que el interés jurídico para promover el juicio de amparo ya sea en defensa de un derecho de propiedad o de posesión, se traduce en un derecho subjetivo, el cual sólo lo tienen las personas directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorios, pues el derecho de promover ese juicio es personalísimo. Por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. En suma, como se dijo, ese derecho subjetivo protegido por la Constitución Federal, es lo que se traduce en el juicio de amparo como el interés jurídico, que la Ley de la materia toma en cuenta, para la procedencia del juicio de amparo. En igualdad de circunstancias, para considerar que el quejoso acredita su derecho subjetivo tutelado es necesario que demuestre que el acto reclamado trastoca su esfera jurídica, esto es, que con el actuar de la autoridad se le afecta la tutela de un derecho que tiene reconocido, comprendiendo únicamente los bienes jurídicos reales y objetivos. Asimismo, las afectaciones de las que se duele el impetrante deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, so pena que el órgano constitucional del conocimiento considere que no se afecta el derecho subjetivo del peticionario, en razón de no encontrarse acreditado de forma fehaciente que los daños o perjuicios de los que se duele el impetrante afectan real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De tal modo que, el derecho subjetivo que se traduce en el caso en el interés jurídico que tomó en cuenta el constituyente para efectos de su procedencia, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es el protegido por el ordenamiento legal objetivo, el cual debe estar acreditado de forma indubitable, amén de que se genere la improcedencia del juicio constitucional. En ese orden de ideas, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que no tiene interés jurídico en el juicio de acción proforma la persona que se ostenta como propietaria del inmueble para reclamar su falta de llamamiento, ya que no le genera ningún perjuicio, pues en el juicio no se está dirimiendo un derecho real de propiedad sobre el inmueble, sino un derecho personal para la formalización de un contrato de compraventa, a través de una escritura pública. Estableció que la acción proforma prevista en los artículos 1833 y 2232 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), -de similar redacción a los diversos 1320 y 1723 del Código Civil para el Estado de ********************-, así como en el diverso 27 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se refiere a la facultad que tienen cualquiera de las partes -si el consentimiento consta de manera fehaciente en un contrato-, a exigir que se le dé la forma legal a éste y en caso de que el demandado no lo haga, lo hará el juez en su rebeldía. Precisó que esa acción es de naturaleza personal, ya que bajo ese título se pide el otorgamiento y firma del contrato -en el caso de compraventa de inmuebles-, porque aún se carece de la forma para ejercer el derecho y para su ejercicio debe regir el principio jurídico res inter alios acta, que significa que el contrato base de la acción sólo obligaría a las partes contratantes y no a terceras ajenas; en tanto que el fin que se busca con su tramitación es únicamente dar forma al contrato con la obtención de la escritura relativa y obtener el pleno derecho sobre la cosa, no de manera directa, sino con base en el documento en el que se describa el acto jurídico, el cual es necesario para contar con un derecho real y poder ejercer otro tipo de acciones. Concluyó que si al tener conocimiento de alguna resolución dictada por autoridad judicial competente, una persona considera que le puede causar algún perjuicio y por ello pueda ser parte en un juicio de acción proforma, es necesario que se satisfaga el requisito de interés jurídico en dicho juicio, esto es, debe generarle algún perjuicio el acto reclamado; lo cual no sucede cuando ésta se ostenta como propietaria del inmueble, porque el fin que se busca con la tramitación de la acción proforma es que se dé forma al contrato con la obtención de la escritura relativa, pero no que se reconozca un derecho real de propiedad del inmueble, que es lo que sí le generaría perjuicio. Ahora bien, con la finalidad de exponer por qué se actualiza la causal de improcedencia de mérito, es necesario señalar que de lo que se duele la parte quejosa ********************, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ********************, en el presente juicio es: La falta de llamamiento a juicio así como todo lo actuado en el expediente de acción proforma ******************** de la estadística del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, promovido por ********************, en contra de ********************respecto del bien raíz ubicado en calle ********************, número********************, colonia ********************, del municipio de********************, ********************. Asimismo, del análisis integral de la demanda así como de los documentos que se anexan, se advierte que: El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve se radicó el juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************ante el Juzgado Único Civil de Partido de********************, ********************, quedando registrado bajó el número ********************. Mediante sentencia de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró como única y universal heredera a la ********************". El quince de noviembre de dos mil veintidós, se nombró como albacea a ********************, quien acepto y protesto el cargo el dos de agosto de la presente anualidad. En ese orden, los antecedentes del juicio del que deriva el acto reclamado, son los siguientes: ********************, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción pro forma, demandó a ********************el otorgamiento y firma de escritura ante notario público, con motivo del contrato de compraventa celebrado el ********************, respecto del bien raíz ubicado en calle ********************, número********************, colonia ********************, del municipio de********************, ********************. La demanda se radicó el cinco de marzo de dos mil veinte en el Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, bajo el número ********************; en dicho auto, entre otras cosas, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. El veinticinco de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la parte demandada ********************por perdido su derecho para contestar la demanda entablada en su contra, en virtud de no haber dado contestación dentro del tiempo y forma. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte se emitió resolución dentro del citado expediente, declarando procedente la acción proforma promovida por ********************, condenando a la demandada ********************a la formalización en escritura pública del contrato de compraventa antes descrito. Dicha determinación causó ejecutoria el treinta de junio de dos mil veintiuno; y el diez de agosto siguiente, el juez mencionado otorgó en rebeldía la escritura pública correspondiente, para lo cual ordenó remitir el expediente al Notario Público 56 de esta ciudad de Celaya. De la narrativa anterior, en lo que interesa, se desprende que: La aquí parte quejosa no es parte formal en el procedimiento del cual emana el acto reclamado, por lo que en el presente juicio constitucional se ostenta con el carácter de tercera extraña en sentido estricto. En el juicio natural, la actora demandó el otorgamiento y firma de escritura ante notario público (acción proforma), con motivo de un contrato de compraventa celebrado respecto de un bien raíz. En ese sentido, tomando en consideración que el acto reclamado consiste, como se dijo, en la falta de llamamiento al juicio ordinario civil ******************** de la estadística del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, que sobre otorgamiento y firma de escritura pública -acción proforma- promovió ********************, en contra de ********************; ello, con motivo de que la parte quejosa aduce tener derecho sobre el bien raíz objeto de la acción en el controvertido natural, al haber sido declarada única y universal heredera dentro del juicio sucesorio intestamentario ******************** del índice del Juzgado Único Civil de Partido de********************, ********************. Y, como quedó precisado, el Máximo Tribunal del País determinó que si una persona que tiene conocimiento de alguna resolución dictada por autoridad judicial, considera que le puede causar algún perjuicio y por ello pueda ser parte en un juicio de acción proforma, es necesario que se satisfaga el requisito de interés jurídico en dicho juicio, esto es, debe generarle algún perjuicio el acto reclamado; lo que no sucede cuando ésta se ostenta como propietaria del inmueble, porque el fin que se busca con la tramitación de la acción proforma es que se dé forma al contrato con la obtención de la escritura relativa, pero no que se reconozca un derecho real de propiedad del inmueble, que es lo que sí le generaría perjuicio. Entonces, puede válidamente concluirse que la aquí parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio, puesto que con la calidad que aduce tener, en cuanto única y universal heredera a bienes de ********************propietaria del inmueble objeto de la acción proforma incoada en el juicio de origen, dicho controvertido no le causa perjuicio porque la finalidad de la actora, es que se dé forma al contrato con la obtención de la escritura correspondiente, pero no que se le reconozca un derecho real de propiedad del inmueble, que es lo que sí le generaría perjuicio a la peticionaria del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************, al contar con cédulas profesionales ********************y ********************, respectivamente registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y a las diversas personas que menciona en términos limitados del numeral en cita por no encontrarse en el supuesto de los citados profesionistas. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo así como para que se le practiquen electrónicamente las notificaciones que a su parte corresponde; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ***********, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Finalmente, en términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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