Crispín Ramírez García
Expediente 288/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Crispín Ramírez García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintinueve de marzo del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la gestionante del amparo en proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló en dicho auto, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito que suscribe la quejoso ***************, mediante el cual aduce dar cumplimiento a la prevención efectuada el ocho de marzo del año en curso, en la que se le requirió para que bajo protesta de decir verdad expresara: Precisara cuáles son los actos que reclama en la presente instancia constitucional, a cada una de las autoridades que señala como responsables; y, Manifestara bajo protesta de decir verdad, de manera clara, sucinta y cronológica los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento de los conceptos de violación, bajo los parámetros que se han especificado. En esa misma providencia, en cuanto a los antecedentes narrados por el quejoso, este órgano jurisdiccional, destaco que: [.] Esos datos, a consideración de este órgano jurisdiccional no permiten establecer con claridad el acto que en esta vía se combate, en tanto que, el propio quejoso señala que en el proceso que se le sigue como probable autor del delito de despojo, aún no se ha realizado la audiencia de juicio oral, lo que de suyo haría jurídicamente imposible una circunstancia de esas características, a menos de que se trate de algún acto que no se haya especificado de manera correcta concreta. [.] Ahora, del escrito de cuenta se desprende que el quejoso pretende desahogar dicho requerimiento, reiterando las manifestaciones que vertió en su escrito inicial de demanda, así como diversas que tienen relación con diversos asuntos jurídicos en los que al parecer ha tenido intervención; sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte que continúa con la omisión citada en proveído de ocho del mes y año que transcurre, por lo que se determina que la prevención no fue cabalmente cumplida. Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto que el promovente, expone mayores datos en cuanto a los antecedentes, lo cierto es que, para efectos de su demanda de amparo, continúa la ambigüedad advertida al momento de que se le efectuó la prevención. Inclusive, en cuanto a los datos que proporciona respecto del bien inmueble que supuestamente ha sido objeto de los litigios que menciona, señala que el actual propietario es diversa persona, de lo que no puede apreciarse de manera siquiera presuntiva qué afectación le acarrea lo resuelto sobre éste; en tanto que, en lo atinente al proceso por el delito de despojo que dice se le instruye, tampoco se advierte que determinación dictada por la autoridad que conoce de ese asunto en este momento le cause una afectación jurídica. No se soslaya que el suscriptor del libelo que se atiende expone que anexa las copias que acreditan sus aseveraciones, empero, específicamente en relación a los actos que destaca con relación al Juez de Control y al Juez del Tribunal Unitario del Tribunal Colegiado con sede en Acámbaro, Guanajuato, ninguna documental anexó, lo que no hace posible que este Juzgado obtenga con mayor claridad las situaciones que ventila. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada la prevención de que se trata, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto de ocho de marzo del año en curso. Razón por la cual, se hace necesario requerir de nueva cuenta al promovente para que desahogue la prevención en los términos especificados en ese proveído. Ahora bien, como el promovente del amparo pretendió atender la prevención de mérito el segundo día de los cinco que le fueron concedidos para ello, hágasele saber que cuenta con el plazo de tres días para dar cabal cumplimiento a lo solicitado; el cual se computará a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este auto, así como que continúa vigente el apercibimiento formulado en proveído de ocho de marzo de este año.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: El once de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, pronunciada el veintisiete de enero del año en curso, en la que confirmó la sentencia dictada por este Juzgado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ****************, en contra del acto reclamado al Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora bien, la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Dejara sin efecto la resolución de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada en los autos del juicio de nulidad***************, en la que se denegó reconocer a ***************, el carácter de beneficiaria del actor. Emitiera un pronunciamiento en los términos de la sentencia emitida por este Juzgado, en la que le otorgara legitimación, para intervenir en el cumplimiento de la sentencia. En cumplimiento a lo anterior, el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, remitió la determinación de quince de febrero de dos mil veintidós; constancia con la cuales adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de las constancias remitidas, que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que: Ordenó dejar sin efecto la resolución de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada en los autos del juicio de nulidad ***********, en la que se denegó reconocer a **************, el carácter de beneficiaria del actor. Emitió un pronunciamiento con el pretende cumplir la sentencia emitida por este Juzgado. Pese al afán de la autoridad responsable en acatar el fallo protector, se considera que se apartó de las consideraciones que lo rigen. Es así, porque después de dejar insubsistente la resolución de resolución reclamada, procedió a dictar un nuevo auto -según afirmó- siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de referencia, por lo que determinó que: Dada la particularidad del caso, porque tenía su origen en el artículo 6 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que establece que serán beneficiarios de los apoyos ellos o sus cónyuges, la promovente (aquí quejosa) tiene interés para intervenir en el procedimiento contencioso administrativo, en tanto que acreditó el vínculo matrimonial con el actor y su defunción. Toda vez que la autoridad demandada determinó y reconoció la procedencia del pago al actor, en el oficio *******************, de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, debía reconocerse el derecho a recibir dicho pago a ***************, ello de conformidad con el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, sin necesidad de que promoviera un juicio sucesorio. Por ello, en estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, reconoció legitimación a la susodicha, como se apuntó, para intervenir el juicio contencioso administrativo, génesis del acto reclamado. Asimismo, acordó que para procedencia de la petición del inciso D), es decir, la indemnización que pretende la quejosa, debía iniciar un incidente, conforme con las prescripciones del cuarto párrafo del artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La determinación anterior, desde el punto de vista del suscrito, no llega a satisfacer las consideraciones de la sentencia de amparo. En principio, porque en ella se relató que las razones para declarar la ilegalidad del acto administrativo impugnado, fueron: El acto administrativo se encontraba indebidamente motivado y que ello generaba incertidumbre en la medida que carecía de congruencia, pues la circunstancia de que no fuera acreedor al apoyo ante la falta de una partida presupuestal específica no era justificación constitucionalmente válida y razonable para negar el apoyo. Fue deficiente la motivación del orden de prelación, porque se precisó que el actor llevó a cabo la solicitud del apoyo social durante la segunda convocatoria, cumpliendo todos los requisitos, por lo que fue integrado a la relación de beneficiarios, pero que atendiendo al orden prelación se le excluyó de la lista, dado que debía darse preferencia a quienes tuvieran una enfermedad terminal y después a los de mayor edad. Tales afirmaciones eran insuficientes para negarle el apoyo social, ante la omisión de considerar otros supuestos, porque no se hizo la indicación de que todas las personas precisadas en las listas publicadas tuvieran una enfermedad terminal o fueran de mayor edad que el actor. También era fundado el argumento en el que sostenía la falta de motivación respecto de la existencia de algún remanente de recursos públicos en el fideicomiso, frente a la posibilidad de que alguno dejara de acudir a recibir el apoyo. El artículo sexto transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, establece que en caso de que los recursos sean insuficientes para la entrega del apoyo social, podrán utilizarse los remanentes de los excedentes netos, una vez realizadas las asignaciones, sin que la autoridad precisara si actuó en ese sentido. Además, se advirtió que la nulidad del acto administrativo en alusión se declaró en términos de los artículos 51, fracción II y 52, fracción V, inciso a), de Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por ello, iteró el derecho del actor como beneficiario del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, pues ya le había sido reconocido por la propia autoridad demandada. De ahí que, la nulidad declarada tendría el efecto de que se emitiera una nueva resolución en la que se detallara minuciosamente el orden de prelación, para lo que debería tomar en cuenta, además del año en el que laboró el ex trabajador migratorio, su edad y que efectuó su solicitud por derecho propio; demostrar que las personas enlistadas tenían prioridad frente el actor, así como verificar la existencia remanentes de los ingresos excedentes netos, como lo establecía el artículo sexto transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. En otras palabras, se reconoció el derecho del actor Alejandro Frausto Landín y condenó a la autoridad contumaz al cumplimiento de la obligación, a saber: el pago del apoyo económico. Ahora, el monto constituye un hecho notorio, en tanto que se estableció en las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964), que de acuerdo con el punto 5, asciende a $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), en función de los recursos disponibles en el patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con el orden de prelación que se establece en el artículo 5o., fracción III, del Decreto. En congruencia con lo anterior, en la sentencia de amparo se razonó que: "[.] el pago del apoyo a que tenía derecho ************** es equiparable a un prestación, habida cuenta que se estableció por ley a raíz del reclamo del movimiento social de personas adultas mayores que se movilizaron buscan la devolución de los ahorros que generaron como trabajadores migrantes. [.] Por tanto, la autoridad demandada ante la responsable está obligada a: i) incluir en la lista de beneficiarios al nombrado ex trabajador migratorio; y, ii) a gestionar el pago del apoyo económico. Luego, si en cumplimiento de la sentencia de amparo, se ordenó reconocer a *************** como beneficiaria del actor, debido a que en la sentencia de nulidad se estableció que ese derecho ya había sido otorgado por la autoridad demanda, claramente obligarla a promover un incidente, para obtener la cuantificación del pago es una carga excesiva; primero, porque se trata de un apoyo único que ya fue fijado, como se vio, por el Comité Técnico del fideicomiso, de modo que resulta innecesario cuantificar el monto; segundo, porque tal proceder dilataría injustificadamente el cumplimiento de la sentencia de nulidad y la que es materia de este requerimiento; y, tercero, el tribunal responsable debe vigilar oficiosamente el cumplimiento de sus fallos. En suma, el tribunal responsable debe gestionar el pago del apoyo en favor de ************ como beneficiaria de ******************. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal responsable deberá cuidar que las notificaciones a la aquí quejosa, se efectúen en los términos en que le fueron solicitados. En razón de lo establecido en párrafos precedentes, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 197, de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al Titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, supervisor de los Trabajos de la Dependencia Coordinadora de la Secretaría de Gobernación, para que dentro del término de tres días legalmente computado, den cumplimiento a la ejecutoria de mérito, para lo cual deberán tomar en cuenta las acotaciones realizadas en el presente proveído, y remitan las constancias que así lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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