Credileasing Mexicana S. A. P. I. de C. V.

Expediente 292/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
292/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2018

Partes del expediente

  • Credileasing Mexicana S. A. P. I. de C. V.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que el titular del órgano de su adscripción se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por **********, por conducto de su endosatario en procuración **********; el Juez queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta como endosatario en procuración de la moral quejosa **********, contra actos del Juez de Oralidad Mercantil de esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número de expediente 292/2018-V. Ahora, del análisis integral de la demanda de que se trata, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en el entendido que las resoluciones que ponen fin al juicio, son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En el caso concreto, se advierte que la quejosa reclama el auto de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, emitido por el Juez de Oralidad Mercantil de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil oral M-165/2018 de su índice, en el que desechó por improcedente la demanda que promovió. En ese sentido, si la determinación de referencia es de las que decide el juicio en lo principal y no existe medio ordinario de defensa que proceda en su contra en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, es inconcuso que es impugnable en amparo directo en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, y por tanto, su estudio es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. Con base en lo anterior, se afirma que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que en el caso concreto la quejosa reclama la resolución de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Oralidad Mercantil de esta localidad, dentro del juicio ejecutivo mercantil oral M-165/2018 de su estadística, en la que desechó por improcedente la demanda que promovió; en ese sentido, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que la resolución que pone fin al juicio, es impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo. Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia y con fundamento en el numeral 47 de la referida legislación reglamentaria, ordena: a. Remitir el escrito original de demanda, así como sus copias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito, en turno, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitarle a la Superioridad comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes; y, d. Realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Tomando en consideración que la quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. De igual forma, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José María Carmona Gutiérrez, en virtud de que cuenta con cédula profesional 5977038, registrada a su nombre en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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