Cristhian Orellana Zambrano

Expediente 623/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
623/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Cristhian Orellana Zambrano
  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la Agente del Ministerio Público de la adscripción, no ha comparecido a recoger la copia certificada de las documentales que solicitó mediante escrito de doce de octubre pasado; por tanto, en aras de evitar mayores dilaciones en el procedimiento se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que le notifique la presente determinación y le haga entrega de la copia certificada de la demanda, auto admisorio y de la razón actuarial de veintinueve de abril de dos mil veintidós, para que este en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento de diecisiete de agosto del año actual. Por lo que, se le concede el término de tres días hábiles que se computaran al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído para que informe lo que proveyó en relación a las manifestaciones de posibles actos de tortura contra el aquí quejoso; bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una medida de apremio consistente en MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Solicita copias certificadas Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; en atención a su contenido con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, expídase la copia certificada que solicita y hágase entrega de la misma previa toma de razón y firma de recibo que se deje en autos una vez que las labores del juzgado lo permitan. En el entendido que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, el ingreso a los órganos jurisdiccionales se realiza mediante cita; por tanto, estará en aptitud de gestionar la misma; lo anterior, con la finalidad de recibir la documental solicitada. Asimismo, se hace del conocimiento a la parte promovente, que deberá hacerlo bajo las medidas de prevención implementadas con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a efecto de salvaguardar su integridad física y la de los integrantes de este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco; dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el veintisiete de julio de dos mil veintidós; en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Observación. No obstante lo anterior, en el caso, no se está en el supuesto de ordenar el archivo del juicio de amparo en que se actúa, tomando en consideración que del análisis del escrito de demanda, se aprecia que el aquí quejoso realizó manifestaciones de posibles actos de tortura en su contra; por tanto, dese vista a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, y una vez que ésta informe lo que proveyó al respecto, archívese el presente sumario.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Se hace efectivo el apercibimiento. Visto la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de quince días hábiles concedido a la parte quejosa por auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, sin que haya manifestado su deseo de señalar como acto destacado el procedimiento administrativo migratorio INM/ORTAB/EMV/PAM/003773/2022; por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene únicamente como acto reclamado el señalado en el escrito de demanda. Informe justificado. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio mediante el cual rinde su informe justificado la Encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, no ha lugar hacer mayor pronunciamiento en relación a los correos electrónicos, números telefónicos, domicilio y delegados que señala, en razón de que en proveído de dieciocho de mayo del año en curso, se acordó lo conducente. En términos del arábigo 119 del ordenamiento legal citado, se tiene como prueba de la responsable las documentales consistentes en copia certificada del expediente administrativo del aquí quejoso. Documentales que se agregan para que obren como correspondan y que al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, párrafo segundo. Es aplicable la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Precisado lo anterior, se advierte que respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad del quejoso con motivo de la prolongación del aseguramiento y/o alojamiento en autos del procedimiento migratorio que se sigue en su contra, se actualiza en el presente asunto la causal de improcedencia señalada en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que a la letra dice: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". Del análisis de la fracción transcrita se puede establecer que un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, respecto al acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso a estudio, se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas que anteceden, para que se actualice la causal de improcedencia que se invoca. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos -emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio-, se surte en la especie, toda vez que el acto de reclamo se trata de la detención del migrante aquí quejoso, en la estación migratoria Villahermosa del Instituto Nacional de Migración, con motivo del procedimiento migratorio INM/ORTAB/EMV/PAM/03773/2022. Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo-, en atención a que de las constancias que acompañó a su informe justificado, se advierte que la autoridad responsable Representante local Encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, entre otras cosas, remitió copia certificada del acta de hechos de evasión de control migratorio de veintitrés de mayo del año en curso -fecha posterior a la presentación de la demanda-; en la que se hizo constar la evasión del control migratorio y se dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio instruido al quejoso **********. Es decir, se pronunció una determinación que cambió la situación jurídica del quejoso; pues, ya no se encuentra privado de su libertad con motivo de la prolongación del aseguramiento y/o alojamiento en autos del procedimiento migratorio y se dio por concluido el procedimiento administrativo instruido en su contra. De igual manera, se actualiza el tercero de los requisitos enunciados -Que en razón de esa nueva determinación sobrevenida se genera una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional-, tomando en consideración que el acto reclamado, consistente en la privación de la libertad del quejoso con motivo de la prolongación del aseguramiento y/o alojamiento en autos del procedimiento migratorio, fue sustituido procesalmente por la determinación adoptada el veintitrés de mayo del año en curso, en el procedimiento migratorio INM/ORTAB/EMV/PAM/03773/2022. De ahí que, no se pueda analizar el aquí reclamado, tomando en consideración que el procedimiento migratorio transitó a otro estado procesal, mismo que no es motivo de análisis en el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, se advierte que también se actualiza el cuarto de los requisitos enunciados -Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, aun cuando el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional-, puesto que existe autonomía entre los referidos actos: 1) la privación de la libertad del quejoso con motivo de la prolongación del aseguramiento y/o alojamiento en autos del procedimiento migratorio; y, 2) la evasión del control migratorio y por ende, la conclusión del procedimiento administrativo. Lo anterior, tomando en consideración que se trata de dos actos independientes que a pesar de su autonomía, no se pueden analizar conjuntamente en esta instancia constitucional. De lo antes expuesto se puede concluir que al acreditarse todos y cada uno de los requisitos para que opere el cambio de situación jurídica, se actualizó de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad del quejoso Luis Cristian Orellana Zambrano, con motivo de la prolongación del aseguramiento y/o alojamiento en autos del procedimiento migratorio INM/ORTAB/EMV/PAM/03773/2022, procede sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia; por ende, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuatro minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós. Resulta aplicable al caso, por su sentido y alcance la Jurisprudencia 1ª./J. 95/2007, visible en la Página 50, XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos"

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