Cristian Ariel del Rio Campos
Expediente 1166/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1166/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- Cristian Ariel del Rio Campos
- RAMON RODRIGUEZ IRIGOYA y Otros.
- Ramon Rodriguez Irigoya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el presente asunto se encuentra integrado, asimismo que mediante avisos de diecinueve y veinticinco del mes y año en curso, el Secretario Encargado del Despacho, la Titular, ambos de este Juzgado de Distrito y el Coordinador de Jueces de Distrito en Tijuana, Baja California, declararon inhábiles los días diecinueve al veinticuatro de octubre, así como del veinticinco al veintinueve de octubre, ambos de dos mil veintitrés, con motivo del paro nacional de labores convocado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales; lo anterior, de conformidad con los artículos 9, fracción XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por lo que en dichas datas no corrieron términos ni plazos procesales. Diferimiento de audiencia. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés y en su lugar se fijan once horas con cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, misma que se señala hasta esa fecha atendiendo a las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional y al periodo vacacional del mismo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J.176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar el oficio que remite el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fuera formulado en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, remite el disco compacto conteniendo la audiencia celebrada el veintidós de septiembre del año en curso, relativa a la causa penal 1070/2023 de su índice. Documental. Asimismo, con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite la documental que la autoridad responsable remitió en relación al requerimiento, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Ahora, por lo que hace al disco compacto debidamente certificado que contiene el archivo de la audiencia llevada a cabo en la causa penal 1070/2023, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California en funciones de Juez de Control con sede en esta ciudad, téngase por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin necesidad de desahogar diligencia para su reproducción, las cuales serán tomadas en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional, en términos del arábigo 124 de la legislación de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362, que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Resguardo de objeto. Por tanto, a fin de evitar el daño de los discos compactos, resguárdese en la secretaría de este juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido que si es su deseo imponerse de ellos, su reproducción se realizará en las instalaciones que ocupa este recinto judicial. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Rinde informe justificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la responsable, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Pruebas. Asimismo, con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite la documental que la autoridad responsable adjuntó en apoyo a su informe con justificación, mismas que se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Ahora, por lo que hace al disco compacto debidamente certificado que contiene el archivo de la audiencia de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, llevada a cabo en la causa penal 1070/2022, del índice del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, téngase por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin necesidad de desahogar diligencia para su reproducción, la cual será tomada en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional, en términos del arábigo 124 de la legislación de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362, que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Resguardo de objeto. Por tanto, a fin de evitar el daño del disco compacto, resguárdese en la secretaría de este juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido que si es su deseo imponerse de ellos, su reproducción se realizará en las instalaciones que ocupa este recinto judicial. Ahora bien, del informe justificado se advierte que el veintidós de septiembre del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar, sin que haya remitido el disco compacto con el contenido de ésta. Requerimiento. Atento a ello y en obvio de mayores dilaciones, requiérase a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, remita a este juzgado el audio y video de la audiencia celebrada el veintidós de septiembre del año en curso, relativa a la causa penal 1070/2023, de su índice. Apercibida que de no hacer lo antes descrito, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá multa de $5,187.00 pesos (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional), esto es, cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, el juez responsable hace constar que Antonio Reyes Trinidad, es defensor de los aquí quejosos, lo anterior para los efectos legales conducentes, lo cual se constata con el audio y video que remite. Notifíquese.
- Incidental
Lectura de constancias. A continuación, el Secretario da lectura de las constancias existentes en el presente asunto entre las que se encuentran: a) Escrito inicial de demanda y anexos; e b) Informe previo rendido por la autoridad responsable. Pruebas. Seguidamente, se abre el periodo probatorio y se hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción; por lo que se cierra dicho periodo. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos ni la representación social presentó pedimento, la Jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de audiencia. Al encontrarse integrado el expediente, se procede a dictar resolución en los siguientes términos: Resolución. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1166/2023-VI, promovido por 1.- ********************, 2.- ******************** y 3.- ********************, por conducto de su defensor ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ********************, en su carácter de defensor de 1.- ********************, 2.- ******************** y 3.- ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados. Segundo. Trámite. Por razón de turno tocó conocer del juicio del que deriva el presente incidente de suspensión a este órgano de control constitucional, por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se acordó la apertura del presente incidente, ordenándose formar por cuerda separada, y en la misma fecha se proveyó respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, por lo que una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 31/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo la emisión de la resolución de OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS emitida en la causa penal 1070/2023 en la que se determina imponer la media cautelar de prisión preventiva oficiosa, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 Constitucional, 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al considerar que es oficiosa su imposición." Tercero. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable, en su denominación correcta, rindió su informe previo, tal como se indica a continuación: No. de orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control Cierto 26 Del cuadro anterior, se advierte que la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, pues así lo manifestó al rendir su informe previo; por tanto, así deberá tenerse para efectos de resolver el presente incidente de suspensión. Cuarto. Efectos de la suspensión. En el caso la parte quejosa no precisa para qué efectos solicita la suspensión provisional, sin embargo ello no es impedimento para quien aquí resuelve se pronuncie conforme a su prudente arbitrio sobre las consecuencias o estatus legal en que deban quedar las cosas en caso de ser procedente la medida cautelar, toda vez que dicha obligación fue instituida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y de contenido siguiente: Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Quinto. Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: 1. Que la solicite el quejoso; 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, 3. Que deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. En la especie, la parte quejosa solicitó expresamente en su escrito inicial de demanda la suspensión de los actos que reclama de la autoridad señalada como responsable, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 anteriormente citado. Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, así como lo dispuesto por el numeral 138, toda vez que con la concesión de la medida cautelar se estima que no se sigue perjuicio al interés social, y no se contravienen disposiciones de orden público, como se expondrá a continuación. Sexto. Concesión de la suspensión. En relación al acto reclamado consistente en la medida cautelar decretada de la prisión preventiva oficiosa, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, a fin de evitar un daño irreparable al quejoso en las etapas del juicio se concede la suspensión definitiva solicitada, por los siguientes motivos. En la especie, se actualiza el supuesto de apariencia del buen derecho, atento a que se advierte que los quejosos reclaman que se les impuso la prisión preventiva oficiosa, con motivo de la causa penal que se sigue en su contra, medida cautelar respecto de la cual, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, estableció que, sin suponer la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, en acato a la obligación de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona, mediante un examen de interpretación más favorable conforme a la Constitución, permite conceder la suspensión provisional como una tutela anticipada. Al respecto es importante señalar que al resolver la referida contradicción de criterios (40/2023), el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, estableció, entre otras cosas, lo siguiente: "99. Por todo lo anterior, es dable resaltar que el principio pro persona se ha consolidado y reconocido gradualmente nacional e internacionalmente como uno de los pilares insustituibles del sistema jurídico mexicano; además, la aplicación de éste, coadyuva en la construcción de un sistema mucho más justo y garantista. 100. Ahora bien, es pertinente resaltar que la disidencia interpretativa que atañe a la presente ejecutoria tiene su génesis ante los pronunciamientos que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dictar las sentencias en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México -de siete de noviembre de dos mil veintidós- y García Rodríguez y otro contra México -de veinticinco de enero de dos mil veintitrés-. 101. En las mencionadas sentencias interamericanas, entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano al declarar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pues dicho Tribunal Internacional estimó que esa figura era contraria a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por tanto se ordenó a México adecuar la normatividad respecto a la figura de la prisión preventiva oficiosa con la finalidad de que ésta resulte compatible con los estándares interamericanos, ya que es una medida de carácter excepcional y por ende debe estar debidamente justificada. Sentencias en las que textualmente se estableció: [.] 102. De lo anterior puede afirmarse que en dichas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció entre otras cuestiones, sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en nuestro país, discusión y crítica que puso en relieve la incompatibilidad de la imposición de esta medida cautelar en México, con los estándares internacionales de derechos humanos establecidos en los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en particular, con los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, legalidad y derecho a la libertad personal. [.] 198. Sin embargo, por lo hasta aquí expuesto no se puede inadvertir que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se condenó a México, en particular, por considerar que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, son vinculantes y obligatorias para el Estado Mexicano; además, deben ser acatadas y cumplidas de buena fe. Asimismo, se ordenó tomar las medidas necesarias para implementar las decisiones de dicho tribunal y garantizar la plena protección de los derechos humanos en todo nuestro territorio, circunstancia que indudablemente representa un parteaguas en la evolución e interpretación de dicho paradigma. 199. Así, como se dijo en el apartado correspondiente de esta ejecutoria, si bien para la determinación del catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, se estará a aquellos delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente descritos, ilícitos respecto de los cuales procede la suspensión provisional conforme a lo establecido en la fracción I, del artículo 166, de la Ley de Amparo, también lo es que conforme a la jurisprudencia nacional e internacional, todos los operadores jurídicos estamos llamados a realizar un debido control de convencionalidad, a la luz de los estándares establecidos por el Tribunal Interamericano multicitado. [.] 205. Para resolver este punto de la litis es necesario traer al escenario lo resuelto por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria virtual de quince de junio de dos mil veintitrés, en la contradicción de criterios ********************, en la cual en lo que atañe, este órgano colegiado determinó que el numeral 166 de la Ley de Amparo en efecto admite una interpretación conforme, que ha sido reconocida por el Máximo Tribunal de este país, en la cual el orden jurídico se analiza en concordancia con los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Por tanto, concluyó este Pleno, que es posible que el órgano jurisdiccional de amparo resuelva con relación a la suspensión de amparo en términos más amplios a lo que prevé ese artículo. [.] 218. De modo que si la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, y ahí se resolvió categóricamente que es inconvencional la figura consistente en la prisión preventiva oficiosa; por tanto, es dable afirmar que cuando se reclama este tipo de actos en el juicio de amparo, para proveer sobre la suspensión provisional o definitiva debe partirse de la base de que la apariencia del buen derecho está demostrada, lo cual lleva consigo que se le den efectos restitutorios -tutela anticipada-. 219. De ahí que, el órgano jurisdiccional basado en esa interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, el cual dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. 220. Luego, el peligro en la demora es patente, pues el tiempo que pase el quejoso bajo los efectos de una prisión preventiva automática, no se le podrá reparar aunque se obtenga una sentencia favorable; de modo que al no advertirse que la suspensión pueda trastocar el interés social y orden público sino todo lo contrario, al estar interesada la sociedad en el resguardo y protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales en que México forme parte, el efecto de la suspensión será para que el juez responsable, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, -en aplicación analógica a la revisión de medidas cautelares que prevé el artículo 162-, señale fecha para la celebración de una audiencia en la que, -con intervención de las partes-, prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada en el juicio de garantías y previo cumplimiento de los principios del sistema oral-acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversas medidas cautelares. [.] 222. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es que la jurisprudencia P./J. 20/2014, derivada de la contradicción de criterios ********************, contrario a lo resuelto por uno de los tribunales contendientes, no constituye un obstáculo, ni inobservancia alguna para hacer esta interpretación, porque no se está dilucidando una cuestión de fondo, es decir, no se está resolviendo sobre la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como tampoco del 166 de la Ley de Amparo, sino solamente la apariencia del buen derecho en la suspensión provisional, merced de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicables al caso concreto. 223. En otras palabras, la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, el pronunciamiento sobre la inconvencionalidad del artículo 19 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se contempla el acto reclamado, será materia de análisis que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, porque la tutela anticipada es una medida provisional que no sustituye la sentencia definitiva. 224. De esa manera, por las particularidades del asunto, la presente ejecutoria no supone la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del texto constitucional, sino que implica el cumplimiento a la obligación constitucional de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona, mediante un examen de interpretación más favorable conforme a la misma disposición fundamental, únicamente por cuanto hace a los efectos de la suspensión provisional en el caso específico." De la anterior ejecutoria, derivó la tesis de jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.), de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 107, fracción X, constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México (en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida cautelar) son vinculantes y, por tanto, acreditan la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público. Justificación: Tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el bloque de constitucionalidad está conformado tanto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por aquellos que se encuentren inmersos en los tratados internacionales, mismos que fueron incorporados a nuestra Norma Fundamental por mandato del propio artículo 1o., creando así un parámetro de regularidad constitucional amplificado, que los relaciona entre sí, sin distinción jerárquica. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano, aun en los casos en donde no sea condenado, bajo la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y, de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos. Bajo las anteriores consideraciones, para determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora de amparo no sólo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso quede a disposición de la persona juzgadora de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, sino que es posible una concesión de tutela anticipada, toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho, pues ello hace presumible que hay probabilidades jurídicas considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados." De lo expuesto, se concluye que conforme a la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.) en comento, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, estableció que se puede conceder la medida suspensional provisional y obtener una tutela anticipada, por lo que se acredita la apariencia del buen derecho a que hacen alusión los quejosos. Asimismo, conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, es factible restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, hasta en tanto se dicte sentencia en el juicio de amparo, puesto que mientras dura el juicio de amparo de no señalarse una diversa medida cautelar, incluso la prisión preventiva justificada, se le causarían daños y perjuicios de imposible reparación a la parte quejosa, aunado a que es jurídica y materialmente posible restituir las cosas al estado que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Previo pronunciamiento respecto a los efectos de la suspensión cabe tener en cuenta que la provisional fue otorgada a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1) Con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, señalara fecha para la celebración de una audiencia, con intervención de las partes, para la revisión de las medidas cautelares. 2) En la misma audiencia prescindiera de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y previo cumplimiento de los principios del sistema oral acusatorio, esencialmente el de contradicción, procediera al debate de imposición de diversa medida cautelar, conforme a lo señalado por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México. Bajo ese contexto, del informe previo rendido por la responsable, se advierte que la autoridad de referencia el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, indicó que en acato a la suspensión provisional concedida a la parte quejosa, se impusieron a 1.- ********************, y a 2.- ******************** las medidas previstas en el numeral 155, fracciones I, II, V y VI de dicho ordenamiento legal y a 3.- ********************, la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En tales circunstancias, el juez responsable consideró imponer a ********************, y a ********************, las medidas cautelares previstas en el artículo 155 fracciones I, II, V y VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; Como se puede observar, el juez responsable proveyó al dar cumplimiento a la suspensión provisional decretada por este órgano jurisdiccional impuso a ********************, y a ********************, las medidas cautelares previstas en el artículo 155 fracciones I, II, V y VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a ********************, la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Consecuentemente, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que en el supuesto de solicitarse la modificación de las medidas cautelares concedidas por el juez responsable en audiencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, no se imponga la diversa de prisión preventiva oficiosa. Lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en lo principal, sin perjuicio de que de acreditarse el supuesto de procedencia se imponga la prisión preventiva justificada. La suspensión provisional surte efectos desde luego, en términos del 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que haya lugar a fijar garantía dada la naturaleza y efectos concedidos de los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: Único. Se concede a ********************, ******************** y a ******************** la suspensión definitiva por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese.
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