Cristian Aaron Amarillas Vazquez
Expediente 677/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 677/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/01/2023
Partes del expediente
- Cristian Aaron Amarillas Vazquez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de enero de dos mil veintitrés. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el informe que remite la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate; en atención a su contenido, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento respecto al informe justificado que rinde, dado que ello se acordó el dos de enero de dos mil veintitrés. Pruebas. No obstante lo anterior, con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que remite consistente en el disco compacto que contiene el registro del audio y video de la audiencia celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dentro del cuaderno de ejecución 10/2022; mismo que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Actualización de causa de improcedencia. Una vez analizado el contenido de la audiencia indicada, se estima que con relación al acto reclamado en esta instancia constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Justificación. Lo anterior, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa. Marco normativo. Para explicar lo anterior, resulta necesario precisar el contenido del precepto legal aludido, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, al interpretar el texto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo anterior (cuyo contenido es idéntico al texto actual de la fracción XXI que se analiza), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es un requisito necesario para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto que constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Caso concreto. Del análisis integral de la demanda de amparo y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la omisión de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate de acordar la petición formulada el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, a través del cual se solicitó el abono de la prisión preventiva. Sin embargo, de la constancia audiovisual remitida por la autoridad responsable a que se hizo alusión, se observa que el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dentro del cuaderno de ejecución 10/2022, se resolvió en definitiva la petición formulada por la parte quejosa el dieciocho de agosto del mismo año. Documental que tiene valor pleno de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de una actuación emitida por un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Con base en la información precisada, se considera que los efectos de la omisión reclamada han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la celebración de la audiencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dentro del cuaderno de ejecución 10/2022, se evidencia que ha quedado destruido en forma total e incondicional los efectos de la omisión reclamada, en razón de que se proveyó sobre la petición formulada por el aquí quejoso el dieciocho de agosto del mismo año e incluso se determinó declarar procedente y fundada la misma, por lo que se ordenó abonar el tiempo de prisión preventiva de la que fue objeto Cristian Aarón Amarillas Vázquez en las causas penales 1129/2019 y 44/2021 del índice del Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal omisión al ya no existir la materia que constituía el reclamo de la parte quejosa en esta instancia constitucional, puesto que obtuvo lo que solicita con la existencia de tal determinación. Decisión. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y sus defensores en el momento en que se designen.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días otorgado al Coordinador de Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal en esta ciudad, mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, a fin de que asignara al quejoso ********************, un defensor púbico, toda vez que fue notificado de dicho requerimiento el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, requiérase nuevamente al Coordinador de Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso ******************** un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio. Apercibida que de no hacerlo así, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Rinde informe justificado. Agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la responsable, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, estese a la espera de la copia autenticada del registro de audiovisual que dice remitirá físicamente a este órgano jurisdiccional. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a que las partes se impongan del informe justificado que se agrega en el presente auto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del siete de febrero de dos mil veintitrés. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Autoridad solicita copia del escrito de la demanda. Agréguese a los autos el oficio que remite el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate; mediante el cual, solicita se le remita copia del escrito de la demanda del presente juicio de amparo para estar en posibilidad de rendir el informe justificado. Atento a lo anterior, a fin de evitar dilaciones procesales reenvíese copia simple del escrito de la demanda de amparo, a fin de que se encuentre en posibilidad de rendir el informe justificado. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, a fin de que designara defensor que lo patrocinara en esta instancia, sin que lo hubiese hecho. Se solicita defensor. En atención a lo anterior, y a fin de salvaguardar los derechos del quejoso y no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, requiérase al Coordinador de Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso Cristian Aarón Amarillas Vázquez un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J.43/2019 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2020495, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Apercibida que de no hacerlo así, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 677/2022-VI. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por Cristian Aarón Amarillas Vázquez, por derecho propio, contra el acto y la autoridad que se señala en la misma. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso de ordenar integrar por separado el incidente de suspensión, tal como lo prevé el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que no fue solicitado expresamente por la parte quejosa. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, se reserva reconocer el carácter de tercero interesado, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado y de éste se advierta que a alguien pueda asistirle tal representación, en términos de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no es cierto los actos que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Ahora, no obstante que además se le reclama una omisión, para el caso de que se trate de una negativa expresa, requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para arribar a tal conclusión, en el entendido que en el informe de mérito, deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva los actos reclamados. Con la precisión de que dichas copias deben ser legibles y ordenadas en forma cronológica que así lo acrediten, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en caso que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirá cierto el acto reclamado, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá, en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a la autoridad responsable, para que, en su caso, remita el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 5jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx; tomando en consideración que los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, presentan un esquema de trabajo que exhorta al uso de las herramientas tecnológicas al alcance de las instituciones públicas, así como de los justiciables para eficientar la labor jurisdiccional, permitiendo entre otros, la utilización de servicios interconectados, además de oficios generados electrónicamente o digitalizados con firma electrónica y remitidos por correo electrónico institucional, sin perjuicio de que opten por realizarlo mediante oficio que envíe físicamente a este juzgado. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá a quien incumpla una multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización. Conocimiento previo. Solicítese a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se le reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por los mismos quejosos o que derive del mismo procedimiento del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", Tecate, Baja California; por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto les sea asignado un defensor, se ordena a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones que emanen de este asunto se realicen personalmente a los impetrantes en dicho centro penitenciario, con la copia de la determinación correspondiente. Prevención. Asimismo, se advierte que Cristian Aarón Amarillas Vázquez, no cuenta con un defensor que los patrocine en el presente juicio; en consecuencia, se previene al quejoso para que en el acto de la notificación del presente proveído, o bien, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la misma, o bien, al momento de la diligencia, nombre un defensor que lo represente, bajo el apercibimiento de que, en caso de que no quiera o no pueda nombrarlo, este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J.43/2019 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2020495, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Pruebas. En cuanto a la prueba documental que se anexa al escrito de demanda, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración al dictar la sentencia respectiva. Copias del escrito de demanda. No es óbice a la presente determinación, el hecho de que el quejoso no hayan exhibido las copias del escrito de demanda de amparo para traslado, sin embargo, tomando en cuenta que se encuentra privado de la libertad, se advierte que está en desventaja social para poder presentarlas, por lo que se ubica en el supuesto de excepción que refiere el párrafo segundo del numeral 110 de la Ley de Amparo. Expedición de copias. Como lo solicita el quejoso, expídase copia de esta determinación, la cual deberá ser entregada por conducto del actuario de la adscripción en el centro de reclusión en el cual se encuentran internos, dejando constancia en autos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente.
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