Cristian Guadalupe Rodriguez Sauceda

Expediente 211/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
211/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Cristian Guadalupe Rodriguez Sauceda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de agosto de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del proveído de trece de julio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación ha causado estado. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias a la autoridad. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, el disco compacto que remitió a este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de julio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable, remite las constancias a que aluce en su informe justificado. Admisión de pruebas. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las probanzas consistentes en las documentales que anexa, así como en el disco compacto que contiene la videograbación de la audiencia de cuatro de julio de dos mil veintidós, celebrada en el cuaderno de ejecución 890/2021; ello, en razón de su propia y especial naturaleza, sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción del contenido del citado medio de almacenamiento, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional; el cual queda a disposición de las partes para su consulta. En el entendido que si las partes desean imponerse de la videograbación, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 43/2013 (10ª), que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Resguardo. Por tanto, guárdese en la secretaría del juzgado el disco compacto que se anexa al oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del estudio íntegro de las constancias que remitió el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, se advierte que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo que permite sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto. De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción del artículo citado, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, en el caso concreto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la omisión de acordar la solicitud que realizó mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se solicitó el beneficio de libertad condicionada o anticipada. Es así, porque de las constancias que remitió el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, se desprende lo siguiente: a) Que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, la defensora pública del quejoso Cristian Guadalupe Rodríguez Sauceda, presentó escrito dentro del cuaderno de ejecución 890/2021, en el que solicitó se le otorgara el beneficio de libertad condicionada o anticipada. b) El ocho de junio de dos mil veintidós, el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, emitió acuerdo en el que, entre otras cosas, inició el procedimiento ordinario de ejecución. Lo anterior es así, pues de las pruebas documentales remitidas por la autoridad responsable relativas al cuaderno de ejecución 890/2021 que aperturó con la petición del sentenciado, aquí quejoso, se advierte, que en efecto, el juez de ejecución el ocho de junio de dos mil veintidós, emitió acuerdo en el que atento a la petición del quejoso, realizó lo siguiente: Con la petición del quejoso ordenó se formara el cuaderno de ejecución citado, y toda vez que éste solicitaba el "INICIA EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE EJECUCIÓN", con fundamento en los artículos 24, 25, 100, 102, 103, 136, 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, indicó que se inició el procedimiento ordinario de ejecución. Asimismo, giró oficio al Encargado del Despacho de la Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales en el Estado, con residencia en Mexicali, Baja California y a los Directores de los Centros de Reinserción Social El Hongo I y II, con sede en Tecate, a efecto de que un término de quince días remitieran diversa información. Así también, en el citado proveído fijó las diez horas con treinta minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia en la que el sentenciado y su defensa estuvieran en aptitud de hacer los planteamientos que estimaran conducentes para resolver la petición de beneficio preliberacional solicitado por el ahora quejoso. De lo informado, se advierte que si bien a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio -uno de abril de dos mil veintidós- el juez responsable había incurrido en la omisión de acordar lo conducente a la petición del quejoso, también es cierto que la solicitud elevada por el impetrante del amparo ya fue acogida por la responsable durante la instauración del presente procedimiento, pues dicha autoridad ha dado el trámite conducente para emitir una resolución en el momento procesal oportuno. En tales condiciones, al haberse emitido el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, notificado el veintitrés del mismo año y año, en el que se ordenó iniciar el procedimiento ordinario de ejecución dentro del expediente 890/2021 del índice del Juzgado de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, ello con motivo de la petición realizada por el quejoso mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno; es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues la omisión que motivó la presentación del amparo se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.-De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante éste se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con ninguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Ante lo expuesto, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia referida, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia y sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los Tratados Internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), que reza: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente e asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que, entre otras cosas, sólo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las once horas con cincuenta minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido y a sus defensores públicos.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de julio de dos mil veintidós. Se rinde informe. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. De igual modo, téngase a la autoridad responsable informando que remitirá físicamente las constancias de las cuales deriva el acto reclamado; de lo que se toma nota y se acordará lo conducente una vez que se reciban las mismas. Diferimiento anticipado. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del ocho de julio próximo y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las restantes autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de junio de dos mil veintidós. Designa defensores públicos. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Coordinadora del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Cristián Guadalupe Rodríguez Sauceda. Atento a lo anterior, se tienen como defensores públicos del quejoso a los licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina; por lo que, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente darles vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J. 43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: Domicilio. Túrnense los autos a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto el funcionario oficiante proporciona en su oficio de cuenta. Notifíquese; personalmente al quejoso, así como a sus defensores públicos.

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