Cristhofer Antonio de Jesús Estevez
Expediente 1180/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1180/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cristhofer Antonio de Jesús Estevez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, del contenido del oficio proveniente del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, se advierte que remite las constancias generadas con motivo de la diligenciación parcial del exhorto identificado con los progresivos de orden 281/2023 y de origen 92/2023 de la estadística de este Juzgado Federal. Al respecto, se reciben las actuaciones descritas, sin que sea necesario expedir el acuse de recibo correspondiente, porque el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes lo genera de manera automática al momento de su envío en forma electrónica. Por otra parte, regístrese la baja de la citada comunicación oficial en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como parcialmente diligenciada. Lo anterior, porque de las constancias remitidas se advierte que únicamente se comunicaron procesalmente los oficios 22474/2023, 22475/2023, 22476/2023, 22477/2023 y 22478/2023 dirigidos a los entes responsables que contienen la inserción de auto inicial de diecisiete de los corrientes, dictado en el juicio de amparo de donde deriva este cuaderno de antecedentes, pero no se realizó la diligencia de notificación personal de esa determinación a los disidentes, ni se dio fe del estado físico de los justiciables y tampoco se les requirió para que ratificaran la demanda de amparo con el apercibimiento respectivo, porque no fueron localizados en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, Baja California, como consta en la razón actuarial de diecisiete de noviembre del año en curso, que fue enviada. Por otro lado, se toma conocimiento de las situaciones anteriores y se reserva proveer lo que en derecho corresponda en cuanto al resultado de las diligencias encomendadas en el citado exhorto hasta que se conozca el sentido de la resolución que el Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, dicte en cuanto a que sí aceptó o no la competencia declinada a su favor, por razón de territorio, en el acuerdo inicial de diecisiete de noviembre pasado, pronunciando en el juicio constitucional de donde emana el presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el instrumento señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que las autoridades responsables Representante del Instituto Nacional de Migración, Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración en el aeropuerto, Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Titular y/o encargado responsable de la Estación Migratoria, todas esas autoridades en Tijuana, Baja California, rinden su informe sobre la suspensión de oficio y de plano concedida a la parte quejosa en el auto de diecisiete de noviembre del año en curso, en cuanto a los actos reclamados. Al respecto, se recibe tal informe y resérvese proveer sobre su remisión o no hasta que se tenga conocimiento de la determinación que el Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con asiento en Tijuana, en turno, pronuncie en cuanto a que sí aceptó o no la competencia declinada a su favor, por razón de territorio, en el proveído inicial de diecisiete de los corrientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés Ténganse por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; asimismo, regístrese con el número 1180/2023. De la revisión de la demanda de amparo se advierte que **************, quien promueve a favor de 1) *************, 2) *****************, 3) ******************* y 4) *****************, reclama los actos siguientes: Autoridades responsables. 1) Del representante; 2) subrepresentante en el aeropuerto; 3) subrepresentante; 4) titular o encargado en funciones del Área Jurídica; y 5) titular y/o encargado responsable de la Estación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, Baja California. Actos reclamados. La detención de los quejosos fuera de procedimiento con fines de deportación. La incomunicación de la que aduce son objeto los inconformes. El traslado de la estación migratoria con fines de expulsión. La negativa de liberar el oficio de salida de la estación migratoria. La inaplicación de los artículos 97, 98, 99 y 11 de Ley de Migración en aplicación al precedente obligatorio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 388/2022. La negativa de devolver los documentos de identificación. La retención en la estación de migración. La excesiva garantía para autorizar el egreso de los justiciables. El traslado a domicilio desconocido. La falta de atención médica. Sin que sea obstáculo que el escrito inicial no contenga la evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica de la promovente a pesar de que fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque en términos de lo dispuesto por el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo no se requiere firma electrónica cuando el amparo se promueve conforme a lo estatuido por el ordinal 15 de la ley de la materia, lo cual acontece en el caso, ya se combaten actos que implican ataques a la libertad personal de los justiciables fuera de procedimiento, la deportación o expulsión, la incomunicación de la que afirma son objeto los disidente y la falta de atención médica que pudiera afectar la salud de los inconformes, por lo que se ordena dar trámite a la demanda de amparo en los términos siguientes: Suspensión de oficio y de plano. En cuanto a la suspensión de oficio y de plano se provee lo siguiente: Respecto de los actos reclamados previstos por el artículo 15, primer, segundo y tercer párrafos, de la Ley de Amparo en relación con los diversos 109, 126, primer y segundo párrafos y demás relativos de esa legislación SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO para que de inmediato cese todo acto que tienda a tener incomunicados a los agraviados, hacerlos víctimas de malos tratos, coacción, castigos o tormentos y que puedan privarles de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la detención o retención de la que se encuentran siendo objeto los quejosos por parte de la autoridades señaladas como responsables, así como para que tampoco sean trasladados a una estación de migración diversa y para que no sean deportados o expulsado y a la brevedad en el caso de requerirlo se les proporcione la atención médica oportuna y adecuada al posible detrimento de su salud. En tal sentido, en términos del numeral 164 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano para el efecto de que sean puestos en libertad y que las autoridades responsables dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación) que sean accesibles y aseguren que los agraviados no evadan el cumplimiento de las leyes sobre migración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse antes ella cuantas veces les sea exigido, sin que dicha medida implique la suspensión del procedimiento migratorio al que se encuentren sujetos para resolver su permanencia en el país. Lo anterior, en el entendido que los quejosos deberán permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria (Tijuana, Baja California) con el objeto de dar debido seguimiento administrativo migratorio correspondiente, por lo que de no hacerlo así la presente medida cautelar quedará sin efectos. Se precisa que la medida suspensional dejará de surtir efectos si una vez que egresen de la estación migratoria los quejosos son sorprendidos en flagrancia por la comisión de algún ilícito sancionado por las leyes penales. En ese sentido, acorde con lo señalado por el normativo 160 de la Ley de Amparo y por cuanto hace a los actos aquí reclamados la parte quejosa queda a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo y a disposición del órgano jurisdiccional en el lugar en que se encuentran alojados, sólo en lo que se refiere a su libertad personal hasta en tanto se comunique a la autoridad responsable la insubsistencia de esta medida. Por lo que las autoridades responsables migratorias deberán emplear todas las medidas correspondientes previstas por la Ley de Migración para que los justiciables sean plenamente localizados y no evadan el cumplimiento de sus obligaciones migratorias; asimismo, sean requeridos para su comparecencia al procedimiento que se instaure para definir su legal instancia en el país. Además, se considera oportuno mencionar a las autoridades responsables que en términos de la Ley de Migración deberán realizar lo siguiente: 1. Garantizar la seguridad personal de los migrantes. 2. Respetar sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. 3. Dar a conocer los derechos de la persona presentada de acuerdo con lo estipulado por el precepto 109 de la Ley de Migración, tales como: Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o apátrida; podrá, si lo desea regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido por los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; Que tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Informarles su derecho a un procedimiento por la autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crean conveniente y que tendrán acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; En caso de que no hablen español contarán con un traductor o intérprete para facilitarles la comunicación; Que tiene derecho a acceder a la comunicación telefónica; A recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. Ser visitado por sus familiares y por su representante o defensor. Apercibimiento a las autoridades responsables. Requiérase a las responsables para que en el término de VEINTICUATRO HORAS comuniquen, vía informe, a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión de plano, con el apercibimiento que de no cumplir con ello se les impondrá una multa de cien veces de unidades de medida y actualización de conformidad con lo ordenado por el ordinal 259 en relación con el diverso 237, fracción I, de la Ley de Amparo; en la inteligencia que la violación a dicha medida concedida entraña la probable comisión de un delito en términos de lo estatuido por el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia, por lo que de consumarse de inmediato se pondrá en conocimiento de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Igualmente, deberán permitir el acceso de manera mesurada a los familiares y abogados de los justiciables, en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de las personas detenidas; en el entendido de que al momento de la notificación debe permitir, en caso de ser solicitado por el actuario adscrito al juzgado que conozca del asunto, el acceso a una de estas personas a fin de que estén presentes al momento de la diligencia. En consecuencia, se responsabiliza a las autoridades responsables por cualquier violación que pudieran cometerse a esta determinación y deberá proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. Prevención y apercibimiento a los agraviados. Tomando en consideración que la promovente señala, bajo protesta de decir verdad, que los agraviados 1) Cristhofer Antonio de Jesús Estevez, 2) Jean Carlos Polanco Veras, 3) José Marino Núñez Estévez y 4) Elvi Abreu Caba, se encuentran detenidos en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, con fundamento en los artículos, 27 fracción II, de la Ley de Amparo y 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, envíese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, a efecto que comisione a quien corresponda que se constituya en las instalaciones de dicha autoridad migratoria en donde se encuentran retenidos los quejosos y realice lo siguiente: 1) Les notifique este proveído. 2) Dé fe de las condiciones físicas en las que se encuentren. 3) Los requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días manifiesten si ratifican o no la demanda presentada a su favor por Karla Moreno Cruz; asimismo, deberá apercibirlos que de no ratificarla se tendrá por no presentada y dejará de surtir efectos la suspensión decretada. 4) Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. 5) En auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional y siguiendo las reglas que para tal efecto dispone la Ley de Amparo, por conducto de su Actuario Judicial, haga entrega de los oficios anexos a la comunicación oficial indicada dirigidos a las autoridades responsables. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en los diversos 22 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, indíquese al órgano jurisdiccional encargado de diligenciar la comunicación que se envía que se habilitan días y horas inhábiles; asimismo, que se le faculta para que gire todas las medidas a su alcance para lograr la diligencia de la comunicación oficial que se le envía, es decir, con plenitud de jurisdicción, precise los medios de apremio que considere necesarios para llevar a cabo la diligencia encomendada y tome las medidas necesarias a efecto de que el fedatario correspondiente se haga acompañar de un intérprete para el caso que los agraviados no hablen ni entiendan español. Autorización para subsanar denominaciones incorrectas. Si al momento de la notificación a las autoridades responsables, alguna de éstas refiere que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta al Actuario para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por este Juzgado, la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicho funcionario, esto es así, pues este Juzgador se encuentra facultado para corregir la inexactitud del señalamiento de la parte quejosa, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, la parte quejosa reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos de la parte quejosa. De igual forma, en el supuesto anterior, se apercibe a las autoridades responsables, que si persistiere en no recibir el oficio que le fuera dirigido, se les tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve. En el entendido de que, de la negativa de las responsables, se dará vista a su superior jerárquico, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 194 del propio ordenamiento a fin de que las disposiciones en materia del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas sean ejecutadas y observadas por las autoridades responsables. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis con los rubros y textos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo." "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico institucional de este Juzgado Federal 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Se autoriza al actuario judicial adscrito el envío de la comunicación oficial vía interconexión. Incompetencia. Ahora, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior se advierte que la competencia se fincará en favor del Juez de Distrito en el lugar en el que se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señala como autoridades responsables: al Representante del Instituto Nacional de Migración, al Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración en el aeropuerto, al Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, al Titular o encargado en funciones del Área Jurídica del Instituto Nacional de Migración y al Titular y/o encargado responsable de la Estación Migratoria, todas esas autoridades en Tijuana, Baja California; asimismo, refiere que los agraviados fueron detenidos por el personal del Instituto Nacional de Migración en el aeropuerto de Tijuana, Baja California, y posteriormente fueron trasladados a la estación migratoria de esa ciudad y entidad federativa, lugar en el que aduce se encuentran actualmente internos. De ahí que se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo, determinándose que corresponde a un Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, dado que es en esa ciudad el lugar en el que ejerce jurisdicción la autoridad jurisdiccional señalada, donde se realizó la detención de los quejosos y en el que se encuentran ejecutándose los actos reclamados. Por lo tanto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca carece de competencia legal para conocer y resolver del escrito inicial, por razón de territorio. Apoya lo anterior, por identidad de razones jurídicas la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Además, la diversa Tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de amparo asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de un juicio de amparo se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. Así, es patente que se actualiza la regla establecida en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, porque la detención de los quejosos se efectuó en Tijuana, Baja California. En ese contexto, con fundamento en lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 y 48 de la Ley de Amparo y por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente asunto. En ese orden, remítase la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, para que el Titular de ese órgano jurisdiccional decida si acepta o no el conocimiento del presente asunto e informe a este Juzgado Federal el sentido de su determinación; también se solicita a ese órgano de control constitucional el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las actuaciones necesarias que deberán quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. Domicilio de la parte quejosa. En razón que la promovente señaló las lista de este Juzgado de Distrito para recibir notificaciones, con fundamento en lo previsto por el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta determinación, así como las ulteriores, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto los justiciables señalen un domicilio procesal diverso. Fórmese cuaderno de antecedentes con las actuaciones que revelen la historia procesal de este asunto. Notifíquese a los agraviados y a las autoridades responsables por medio de exhorto.
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