Cristhian Armando Velasco López

Expediente 672/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
672/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Cristhian Armando Velasco López
  • Cristhian Armando Velasco López y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos los oficios señalados en la cuenta, por el cual, el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, remite testimonios de las ejecutorias dictadas el diecinueve de marzo del actual, en los recursos de revisión ********************y queja ********************de su estadística, asimismo, devuelve los autos originales del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 672/2020 y un legajo de copia certificada deducida del citado cuaderno incidental; acúsese recibo correspondiente. En relación a la copia certificada referida en párrafo que antecede, se ordena su destrucción por carecer de objeto que se agreguen a los autos originales de esta incidencia. Ahora bien, del contenido de la ejecutoria de amparo se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito: 1) confirmó la interlocutoria impugnada por el quejoso y 2) declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el contrario el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte; por tanto, dichas circunstancias háganse del conocimiento a las partes. Por otra parte, en atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General . Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte e interlocutoria de dos de diciembre siguiente, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: Que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria dicho fallo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Procédase a realizar las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, hágase del conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, para los efectos legales en el incidente en revisión 48/2021 y el recurso de queja 48/2021. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 672/2020, promovido por . . . , por propio derecho, en contra de actos del Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otras autoridades, que se mencionarán más adelante. ANTECEDENTES De autos se advierte que . . . , funge como Regidor del Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Dicho ayuntamiento es parte demandada en diversos juicios laborales y ante la falta de ejecución de laudo, se promovieron los amparo siguientes: Juicio de amparo 366/2013 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juicios de amparo 119/2014, 610/2013 y 60/2013 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Los titulares de los Juzgados Primero y Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, para hacer cumplir sus determinaciones en el cumplimiento de las ejecutorias de amparo de los expedientes antes citados, impusieron sendas medidas de apremio a los integrantes del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, entre los que se encuentra el nombrado . . . En cumplimiento a las determinaciones de los jueces federales, el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Oaxaca de Juárez, emitió los mandamientos de ejecución para el cobro de multas judiciales en contra de . . . Los mandamiento de ejecución son los siguientes: Mandamiento de ejecución Cantidad Origen 22649/2019 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 366/2013 del índice del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Oaxaca. 25941/2019 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 119/2014 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca. 34481/2019 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 119/2014 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca. 32/2020 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 610/2013 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca. 34/2020 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 60/2013 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca. 5886/2019 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 60/2013 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca. Mandamiento de ejecución 5886/2019. El nombrado . . . , realizó el pago de la multa el diez de septiembre de dos mil diecinueve. Mandamiento de ejecución 22649/2019. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, la autoridad hacendaria realizó la diligencia de requerimiento de pago relativa (con la persona que se encontró en su domicilio diversa al deudor, previo citatorio); sin embargo, al no localizar bienes susceptibles de embargo, se dejaron a salvo los derechos de la autoridad fiscal para la continuación del procedimiento administrativo de ejecución. Mandamiento de ejecución 25941/2019. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, la autoridad hacendaria realizó la diligencia de requerimiento de pago relativa (con la persona que se encontró en su domicilio diversa al deudor, previo citatorio); sin embargo, al no localizar bienes susceptibles de embargo, se dejaron a salvo los derechos de la autoridad fiscal para la continuación del procedimiento administrativo de ejecución. Mandamiento de ejecución 34481/2019. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, la autoridad hacendaria realizó la diligencia de requerimiento de pago relativa (con la persona que se encontró en su domicilio diversa al deudor, previo citatorio); sin embargo, al no localizar bienes susceptibles de embargo, se dejaron a salvo los derechos de la autoridad fiscal para la continuación del procedimiento administrativo de ejecución. Mandamiento de ejecución 32/2020. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, la autoridad hacendaria realizó la diligencia de requerimiento de pago relativa (con la persona que se encontró en su domicilio diversa al deudor, previo citatorio); sin embargo, al no localizar bienes susceptibles de embargo, se dejaron a salvo los derechos de la autoridad fiscal para la continuación del procedimiento administrativo de ejecución. Mandamiento de ejecución 34/2020. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, la autoridad hacendaria realizó la diligencia de requerimiento de pago relativa (con la persona que se encontró en su domicilio diversa al deudor, previo citatorio); sin embargo, al no localizar bienes susceptibles de embargo, se dejaron a salvo los derechos de la autoridad fiscal para la continuación del procedimiento administrativo de ejecución. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO . . . , por propio derecho, presentó un escrito el veintiocho de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue turnada el mismo día de su presentación a este Juzgado Federal, el que preveía prevención, se admitió a trámite el doce de noviembre de dos mil veinte; se solicitó a las autoridades su informe justificado; otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades residentes en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridades responsables Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente; Administrador Desconcentrada de Servicios Jurídicos; Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal; Administrador Desconcentrado de Recaudación; Subadministrador Desconcentrado de Ejecución; Jefe del Departamento Desconcentrado de Notificación; Notificador y Ejecutor; todos adscritos al Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Actos reclamados Las resoluciones que originaron los mandamientos de ejecución especificados a continuación. Mandamiento de ejecución Cantidad Origen 22649/2019 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 366/2013 del índice del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Oaxaca. 25941/2019 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 119/2014 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca. 34481/2019 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 119/2014 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca. 32/2020 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 610/2013 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca. 34/2020 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 60/2013 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca. 5886/2019 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 60/2013 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca. La notificación de los mandamientos citados. La ejecución de los referidos mandamientos, que se traducen a las diligencias de requerimiento de pago y embargo. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La Administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca 1; Administración Desconcentrad de Servicios al Contribuyente de Oaxaca 1; y Administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en su denominación correcta), al rendir su informe de ley, negó la existencia de los actos que se les atribuyen. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba; es decir, el promovente del amparo, está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO.. . . Luego, si la responsable en cita no reconoce la existencia del acto que se le atribuye, corresponde a la parte solicitante del amparo desvirtuar dicha negativa, por lo que tiene entonces la carga procesal de ofrecer las probanzas necesarias para demostrar su certeza y la violación de garantías individuales que alega, situación que no aconteció en el caso que nos ocupa. Ello es así, pues la parte impetrante de amparo ofreció como único medio de convicción copia simple de la credencial para votar a nombre de Christhian Armando Velasco López, expedida por el Instituto Nacional Electoral. Dicha documental, valorado de manera individual, adquiere valor probatorio de indicio conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido en su numeral 2°, del que solo se puede presuponer la información de identificación ahí descrita; sin embargo, no acreditan que las autoridades señaladas como responsables hayan emitidos los diversos actos que se les atribuyen. Entonces, si en el caso el inconforme no desvirtuó dicha negativa con las pruebas aportadas al expediente de amparo, es inconcuso que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto que se le atribuye; por lo tanto, se sobresee en el juicio de ampro respecto a los actos reclamados atribuidos a dichas responsables. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.. . Asimismo, orienta el criterio de este juzgador, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.. . CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca 1 y el verificador, notificador y ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca 1 del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en su denominación correcta), al rendir su informe justificado aceptaron los acto que se le atribuyen. Precisaron que es cierto lo relativo a los mandamientos de ejecución con número 22646/2019, 25941/2019, 34481/2019, 32/2020, 34/2020, ya que se encuentran en proceso de ejecución de cobro y obedecen a determinaciones judiciales de diversos juicios de amparo. Por su parte el diverso mandamiento de ejecución 5886/2019 de su índice, refiere que el propio quejoso realizó su pago el diez de septiembre de dos mil diecinueve (antes de la presentación de la demanda de amparo). Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza de los actos reclamados. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común. "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. . . Lo que se corroboró con las copias certificadas de diversas constancias que integran los mandamientos de ejecución reclamados que remitió la autoridad hacendaria al rendir su informe de ley, las que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia de las determinaciones y actuaciones controvertidas. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.. . . CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1°.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.. . En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.. . En el caso concreto de oficio se advierten diversas causales de improcedencia por lo que hace a los actos controvertidos, por lo que se analizaran de forma individual. Mandamiento de ejecución 5886/2019. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe de ley, señaló que en el juicio de amparo 60/2013 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se hizo efectivo el apercibimiento con el que se conminó al aquí quejoso Christhian Armando Velasco López, quien fungió como Regidor del Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, al no cumplir un mandato judicial y le impuso una multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos cero centavos moneda nacional). En atención a la solicitud de cobro del juzgador federal, se emitió la resolución de mandamiento de ejecución 5886/2019. Sin embargo el propio promovente . . . , realizó el pago de dicha multa el diez de septiembre de dos mil diecinueve, por conducto de la entidad receptora HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, tal y como se advierte de la copia certificada del reporte general de consulta de información al contribuyente remitido por la propia responsable. En ese sentido, en contra de la resolución de mandamiento de ejecución citada y los actos subsecuentes que reclama el quejoso, a consideración de este juzgador se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista en la fracción XIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Dicha porción normativa es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)" Se explica. La norma en consulta prevé dos supuestos ante los cuales ha de considerarse improcedente el juicio de amparo, con motivo del consentimiento que la parte quejosa adopte en relación con los actos materia del juicio. Dichos supuestos son los siguientes: a). Consentimiento expreso. Se produce cuando en forma indubitable el quejoso manifiesta su conformidad con el acto o actos reclamados. b). Consentimiento presumible. Este opera a partir de la conducta que la parte quejosa produzca en relación con el acto reclamado, cuando aquélla, si bien no es expresa, sí es en el sentido de conformarse con el contenido, la ejecución o las consecuencias del propio acto de autoridad. La diferencia que se advierte sobre el particular consiste en que en el primer caso el consentimiento necesariamente se produce mediante una conducta de hacer; mientras que en el segundo supuesto no es forzoso que tal conducta se produzca, ya que el consentimiento ahí previsto puede generarse a partir de conductas de no hacer, de tolerar. En el caso concreto cobra actualización el primero de los supuestos arriba mencionados, desde el momento en que la parte quejosa ha incurrido en manifestaciones de voluntad expresa, que a juicio de este Juzgado Federal, constituyen un claro consentimiento de los actos reclamados en estudio. En efecto, en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que de los antecedentes antes relatados, se advierte que el quejoso Christhian Armando Velasco López, realizó una conducta de hacer y con ello consintió los actos que ahora pretende controvertir en esta instancia constitucional. Se afirma lo anterior ya que el promovente del amparo realizó el pago de dicha multa el diez de septiembre de dos mil diecinueve, por conducto de la entidad receptora HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, tal y como se advierte de la copia certificada del reporte general de consulta de información al contribuyente remitido por la propia responsable. De lo anterior se demuestra el consentimiento expreso por parte del aludido quejoso respecto de la resolución de mandamiento de ejecución 5886/2019, al realizar su pago. Es por ello, que a criterio de este juzgado constituye el consentimiento expreso de los actos aquí reclamados; por ende, se actualiza la causa de improcedencia invocada con antelación, respecto de los actos reclamados que se analizan. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 187-192, Quinta Parte, visible en la página 69, con número de registro 242737, del rubro y texto siguiente: "CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS POR... Máxime que el consentimiento de los actos reclamados contemplados en la hipótesis normativa anteriormente expuesta, constituye una regla de derecho conforme a la cual no resulta procedente examinar la constitucionalidad de un acto o ley cuando ha mediado el consentimiento expreso de la parte quejosa, entendiendo por esto la conformidad que se manifiesta a través de signos externos inequívocos; dicha regla responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica, orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente, de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero para ello se requiere que exista el acto y que cause perjuicio a la parte quejosa, de lo contrario, se restringiría el acceso a la jurisdicción constitucional a la que todo gobernado tiene derecho en términos de los artículos 17, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el consentimiento expreso debe significar, en todo caso, una consecuencia para aquél que teniendo la posibilidad de acudir al juicio de amparo en reclamo de sus derechos, o bien, una vez que ha acudido a dicho juicio de control constitucional, opta por someterse a los efectos perjudiciales del acto o ley reclamada, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio se tornaría ilegítima en cuanto a que con ella se pretendería sustraer de esa conducta mediante la cual se sometió a las consecuencias legales del acto reclamado. En este orden de ideas, tomando en cuenta lo expuesto, se puede considerar que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley; es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. Deriva de lo anterior que consentir un acto de autoridad, tratándose del juicio de amparo, tiene una consecuencia transcendente que se traduce en su improcedencia, y ello es así, ya que ante el consentimiento por parte del quejoso, carece de razón examinar la constitucionalidad de los actos, además de que tal consentimiento da origen a una certidumbre jurídica que impide que la persona haga uso del juicio de amparo para desconocer y privar de efectos a la conducta que ella misma exteriorizó de manera libre y espontánea, y que tuvo consecuencias jurídicas. En esa virtud, la gravedad de tales consecuencias implica que el consentimiento sea manifestado a través de signos externos inequívocos, para que no pueda considerarse que existe cuando no es así, pues de lo contrario se restringiría al interesado el acceso a la jurisdicción constitucional a la que todo gobernado tiene derecho, en términos de los artículos 17, 103 y 107 de la Constitución Federal. Apoya a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 139-144, Primera Parte, página 13, de rubro y texto siguientes: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. . . Por las razones expuestas, se estima improcedente el presente juicio de amparo por la causa de improcedencia en estudio, respecto a la resolución de mandamiento de ejecución 5886/2019 y sus diversas actuaciones que controvierte el quejoso. Mandamientos de ejecución 22646/2019, 25941/2019, 34481/2019, 32/2020, 34/2020. Dichos mandamientos de ejecución obedecen a solicitud de diversos Jueces de Distrito por multas impuestas en juicios de amparo, en atención al desacato de determinaciones judiciales requeridas al aquí quejoso Christhian Armando Velasco López, quien fungió como Regidor del Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Los cuales se describen en el cuadro siguiente: Mandamiento de ejecución Cantidad Origen 22649/2019 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 366/2013 del índice del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Oaxaca. 25941/2019 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 119/2014 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca. 34481/2019 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 119/2014 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca. 32/2020 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 610/2013 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca. 34/2020 $8,449.00 Multa judicial derivada del juicio de amparo 60/2013 del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca. En cada uno de dicho procedimientos el veintiocho de febrero de dos mil veinte, la autoridad hacendaria realizó la diligencia de requerimiento de pago relativa (con la persona que se encontró en su domicilio diversa al deudor, previo citatorio); sin embargo, al no localizar bienes susceptibles de embargo, se dejaron a salvo los derechos de la autoridad fiscal para la continuación del procedimiento administrativo de ejecución. De lo que se advierte que dichos mandamientos se encuentran activos en proceso de ejecución. Así, en contra de las i) resolución que originaron los mandamientos citados; ii) diligencias de notificación (citatorios); y, iii) diligencias de requerimiento de pago y embargo relativas, a consideración del suscrito juzgador, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los diversos 107, fracciones III y IV, y 217 de la Ley de Amparo. Dichas porciones disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)" Los preceptos normativos en cita, permiten deducir las conclusiones siguientes: La improcedencia del juicio de amparo puede derivar no solo de los supuestos nominados y específicos que establece el catálogo del artículo 61 de la Ley de Amparo en las primeras XXII fracciones; sino que también puede derivar de los diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, y de las jurisprudencias obligatorias para los órganos jurisdiccionales, al constituir los parámetros de interpretación válida de las normas. El amparo indirecto procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero solo bajo dos supuestos. Cuando se trata de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución, y; Si se trata de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Cuando el acto provenga de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, el juicio de amparo procede además si se trata de actos de ejecución de sentencia, pero no en todos los supuestos, sino sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Adicionalmente, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Finalmente, que la jurisprudencia de los órganos legalmente legitimados para emitirla, constituye un parámetro de interpretación válida de las normas, que surge de ejercicios hermenéuticos derivados de los casos concretos en los que resulta imprescindible atribuirle un sentido a la norma, al tenor de los elementos fácticos que componen los casos concretos. Por tal motivo, también la improcedencia del juicio de amparo se puede derivar de su contenido obligatorio. Ahora bien, el procedimiento administrativo de ejecución no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio; pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Bajo esa tesitura, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que sólo puede promoverse el juicio de amparo hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva. Es decir, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, a partir de las porciones normativas que se refieren a los actos dictados después de concluido el juicio; los actos administrativos en forma de juicio; los actos que no son propiamente jurisdiccionales, y la naturaleza jurídica de los procedimientos administrativos de ejecución; estableció una interpretación pragmática y finalista de las porciones normativas de referencia, estableciendo que el juicio de amparo tratándose de estos casos, aunque no se encuentra inmersa en una hipótesis específica de aquéllas, dadas su naturaleza y propósitos; sí resulta procedente, pero únicamente en contra de la resolución definitiva, lo que en el contexto de la Ley de Amparo actual tendría que entenderse a la luz de lo que establece la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior resulta no solo obligatorio, sino además razonable si se toma en consideración que los procedimientos administrativos de ejecución tienen por efecto el cobro de la obligación fiscal ya determinada a través del procedimiento correspondiente, es decir, la ejecución de la resolución en la que ya fue oído y vencido el contribuyente, y ya se decidió en definitiva si este debe pagar tal o cual crédito fiscal que le fue determinado; de tal suerte que si el juicio de amparo pudiera instarse indiscriminadamente contra cualquier etapa de este, no solo se entorpecería la ejecución de lo ya decidido - casi siempre con propósitos desleales para retrasar el inevitable cobro- sino además, se desnaturalizaría la naturaleza constitucional del juicio de amparo, al volverlo un verdadero juicio de instancia. Apoya lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 187 del Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia administrativa, con número de registro 196530, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." Acotado lo anterior, es menester precisar que hay una regla general, es decir, la procedencia del juicio de amparo indirecto hasta que recaiga el acto terminal del procedimiento de ejecución; pero también existen excepciones que vuelven procedente el juicio aunque no haya recaído el acto de referencia. Al referirnos a las excepciones de mérito, resulta necesario acotar lo siguiente: Que la improcedencia del juicio de amparo tiene fuentes distintas a las expresamente previstas en la Ley de Amparo, siendo tales las previstas en la Constitución Federal, e incluso, derivado de la interpretación de dichos cuerpos normativos, la propia jurisprudencia como ejercicio jurídico interpretativo legitimado legalmente para tal fin; Que el juicio de amparo biinstancial se puede enderezar en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, es decir, aquéllos que sin provenir de una autoridad jurisdiccional con el rigor y las pautas procedimentales que ésta exige; conllevan pautas formales mínimas de debido proceso legal a cargo de la autoridad administrativa (garantía de audiencia, oportunidad de rendir pruebas, alegar, obtener una sentencia y en su caso, impugnarla a través de un recurso accesible, sencillo y efectivo); Que el reclamo de dichos actos se puede verificar en dos oportunidades, a saber: i) Durante el procedimiento, siempre que traigan afectaciones de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (parámetro de regularidad constitucional), y; ii) Al recaer la resolución definitiva, ya sea que se reclamen las violaciones cometidas en ella, o bien, las que se consideren cometidas durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Ahora, no se deben perder de vista las reglas en ellas consideradas, las cuales se pueden precisar de la manera siguiente: Si se advierte que los actos generan afectaciones durante el procedimiento, pero éstas no afectan derechos sustantivos, no es dable reclamarlas en ese momento, sino al recaer la resolución definitiva; Por el contrario, si durante el procedimiento se generan afectaciones a derechos sustantivos, es viable reclamarlas desde luego y no esperar a que recaiga la resolución definitiva, y; Si las supuestas afectaciones durante el procedimiento no vulneran derechos sustantivos, y si bien es cierto no pueden en ninguna forma ser reclamadas desde luego, cuando menos tienen que guardar un grado de lesividad a fin de que sea viable su estudio al recaer la resolución definitiva; lesividad que implica dos características a saber a) Que por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, y; b) Que tal circunstancia haya trascendido al resultado de la resolución que se combate. En otras palabras, la Ley de Amparo es precisa en determinar el alcance interpretativo de la expresión "imposible reparación" pues delimita su entendimiento a aquéllos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados a través del parámetro de regularidad constitucional (Constitución Federal y Tratados Internacionales que haya suscrito el Estado Mexicano conforme a las formalidades establecidas en aquélla). Asimismo, permite verificar que el legislador secundario proporcionó mayor certeza jurídica al haber concretado el parámetro de interpretación de dicha expresión mediante una fórmula que conlleva a establecer qué son, cómo se pueden afectar los derechos sustantivos y cómo se puede saber si tales afectaciones son materiales. Tal formula se constituye de las siguientes variables: Que la consecuencia de aquél acto debe ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho; Que para su concepción no basta una lesión de naturaleza formal o adjetiva, ya que ésta no es actual y no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, momento en que habrán de concretizarse de forma efectiva sus repercusiones; Que tal acto lesivo debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, es decir, no puede considerarse que afecta "materialmente", cuando se lesionan bienes jurídicos cuya fuente proviene exclusivamente de normas adjetivas. Entonces, se puede concluir que se debe considerar una afectación material a derechos sustantivos, cuando se impide el ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y por simple inferencia, considerar que no se está en ese supuesto cuando la afectación no es actual, es decir, cuando la materialización de los efectos perjudiciales del acto dependen de que aquél llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento administrativo. Es aplicable la tesis aislada emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 207343, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como la jurisprudencia 189 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común Jurisprudencia SCJN, Octava Época, materia común, número de registro 917723, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Precisado lo anterior, debe decirse que los actos reclamados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, conforme a la naturaleza que le atribuyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera como acto integrante de un procedimiento común que debe necesariamente desembocar en la ejecución y cobro del crédito fiscal determinado. Así las cosas, las resoluciones que originaros los mandamientos de ejecución 22646/2019, 25941/2019, 34481/2019, 32/2020, 34/2020, los citatorios y las diligencias el requerimiento de pago y embargo reclamados por la parte quejosa, por sí mismos no causan perjuicio al aquí quejoso, sino que es necesario que se emita el acto terminal del procedimiento administrativo de ejecución, entendiéndose por éste, el que ordena la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados (conforme a los parámetros actuales del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo), pues hasta ese momento se puede considerar que se materializaría una afectación a los derechos sustantivos del contribuyente. Por tanto, los actos aquí reclamados no constituyen un acto considerado como de imposible reparación, y por ende, no son susceptibles de impugnación en la vía biinstancial; toda vez que, como ya se ha dicho, son actos intermedios que resultan necesarios para que la autoridad pueda lograr la ejecución del crédito fiscal determinado; por lo que no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y en todo caso, las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución de referencia, podrán ser reclamadas hasta el acto culminante de la ejecución. De ahí que no resulte factible considerar que se le deje en estado de indefensión al impetrante, máxime que como se ha venido exponiendo, en el procedimiento administrativo de ejecución, no se dilucida la decisión de un derecho, sino que busca la materialización de la determinación fiscal firme. Acotado lo anterior, podemos reafirmar, como se adelantó, que no se surte la hipótesis legal expuesta con antelación para considerar que resulte procedente el juicio de amparo, es decir, con motivo de actos que afectan derechos sustantivos. En esa misma línea argumentativa, es imprescindible mencionar que existe otra hipótesis por la que resulta procedente el juicio de amparo indirecto contra actos intermedios en el procedimiento administrativo de ejecución, a saber, cuando el juicio es instado por un tercero extraño a juicio. En ese sentido, cobra relevancia la jurisprudencia 2a./J. 11/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1242 del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, materia común- administrativa, con número de registro 2003074, que establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por SBDA wno habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente." De esta última, se advierte que existe una hipótesis de excepción, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, en carácter de tercero extraño alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, ello vuelve innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció. Acotado lo anterior, resulta necesario contestar el siguiente cuestionamiento: ¿El ahora quejoso verdaderamente tiene el carácter de tercero extraña a juicio en el procedimiento del que derivó el crédito fiscal que se pretende hacer efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución iniciado? La respuesta debe emitirse en sentido negativo. Inicialmente, conviene establecer a manera de introducción y depuración del estudio atingente del asunto, las siguientes precisiones conceptuales. En el presente asunto, el peticionario de amparo manifiesta acudir en su carácter de tercero extraño a juicio en estricto sentido, al precisar que no fue parte y desconoce completamente el origen de los créditos fiscales precisados con antelación, es decir, que no fue parte en procedimiento alguno del que se le diera la oportunidad de ser oída y vencida conforme lo mandata el artículo 14 de la Constitución Federal. Para efectos del juicio de amparo, por "persona tercera extraña a juicio" debe entenderse aquélla que sin ser parte material en un procedimiento judicial o administrativo en forma de juicio, resiente una afectación en su esfera jurídica con la ejecución de las determinaciones y resoluciones dictadas dentro de aquél. Ahora bien, dicha concepción puede clasificarse a su vez en dos subtipos, el tercero extraño natural, stricto sensu o propiamente dicho, y el equiparado, presentándose en éstos, particularidades diversas que los distinguen, pues mientras en el primer supuesto la nota característica radica en que el peticionario es una persona distinta de los sujetos que integran la relación jurídico-procesal de la controversia, en el segundo, la nota consiste en ser un sujeto de la relación jurídico-procesal, (generalmente demandado), no emplazado con arreglo a la normatividad aplicable, o bien, definitivamente no emplazado aunque sí le asistía el carácter de parte formal en la controversia jurídica. El perjuicio finalista en ambos casos, radica sin duda en que aquél que figura como tercero extraño, independientemente de su clasificación, no tiene la oportunidad, o bien, la tiene de manera limitada e inadecuada, de ser oída y vencida en juicio para emprender la defensa de sus intereses jurídicos. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, materia común, con registro 196932, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Sin embargo, contario a lo que afirma la parte quejosa en su libelo constitucional; se advierte que sí fue parte en el procedimiento determinante del crédito fiscal, pues de las documentales allegadas por la autoridad responsable y de las recabadas de manera oficiosa por este Juzgado Federal, a las cuales se les atribuye valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; se advierte que el aquí quejoso Christhian Armando Velasco López, fungió como Regidor del Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y autoridad responsable en los juicios de amparo 366/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca y 119/2014, 610/2013 y 60/2013 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Sin embargo, al ser requerido para que cumpliera con las ejecutorias de amparo (debidamente notificado) y hacer caso omiso, es que los titulares de esos Juzgados Federales, le impuso sendas medidas de apremio que originaron los mandamientos de ejecución que ahora controvierte. De lo anterior, como se adelantó, se puede concluir que no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio aun cuando señala como actos reclamados las resoluciones que originaros los mandamientos de ejecución 22646/2019, 25941/2019, 34481/2019, 32/2020, 34/2020, los citatorios y las diligencias el requerimiento de pago y embargo relativas, ya que en sus conceptos de violación no se advierte la causa de pedir para estimar que sea procedente examinar su legalidad; dado que solo expresa falta de fundamentación y motivación en los actos reclamados y la violación a su garantía de audiencia, lo que, contrario a lo que manifiesta existen las documentales que desvirtúan dicha aseveración. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2011, sostuvo que el hecho de que los promoventes del amparo hayan tenido conocimiento del juicio o procedimiento natural, es decir, que hayan sido sabedores de los actos reclamados y del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio, toda vez que con ese carácter quedan comprendidos, únicamente, quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, resintieron un desconocimiento total del juicio. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro 189964, que establece: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento." En ese orden, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país estableció que si la parte quejosa se ostentaba como tercero extraño a juicio por equiparación, al ser parte en el juicio o procedimiento de origen que se le instruye, y de autos se acreditaba que la promovente del juicio de amparo tuvo conocimiento del procedimiento seguido en su contra, ello hacía que perdiera el carácter con el que se ostentó, en tanto que tenía la oportunidad de imponerse de los autos para defender sus intereses, por lo que, en ese supuesto, en el juicio de amparo se actualizaba la causa de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo derogada -actualmente 61, fracción XVIII-. Argumento que sustentó, en lo conducente, con la jurisprudencia P./J. 39/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, página 93, registro 189916, del contenido siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Por tal motivo, como se adelantó, procede desvirtuar el carácter de tercero extraño con que se ostenta la parte quejosa, y por consecuencia, resulta claro que no se surte en el caso la hipótesis de excepción para que proceda el juicio de amparo indirecto contra los actos reclamados; ante lo cual se impone sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracciones III y IV, y 217 de la Ley de Amparo. DECISIÓN Al haberse actualizado las causa de improcedencia en estudio, entonces debe decretarse el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En diverso contexto, al configurarse las hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional examinadas con antelación, resulta innecesario el análisis de las diversas que invocan las autoridades fiscales responsables en sus informes justificados, pues aun cuando operaran las que aducen, sería irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la presente resolución. Es aplicable en el caso, la jurisprudencia 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por . . . , por propio derecho, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, por los argumentos que se esgrimen en los apartados V y VII de este fallo. Notifíquese.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito informando que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra la determinación emitida el dieciséis de diciembre de dos mil veinte en este cuaderno incidental, quedando registrado con el progresivo ********************. Notifíquese.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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