Cristian Alfredo López Cruz
Expediente 431/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cristian Alfredo López Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el inconforme haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los arábigos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como se sobreseyó en este juicio de amparo acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción I, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos y de la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 431/2023 del que deriva esta incidencia hoy se dictó un acuerdo en el que se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en ese asunto y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de cuatro de mayo del año en curso, se negó la suspensión provisional respecto de los actos reclamados y en la interlocutoria pronunciada el doce de mayo posterior, se negó la medida cautelar definitiva en cuanto a las citadas actuaciones; y, en este incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación; en razón de lo anterior, se provee lo siguiente: En cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este incidente de suspensión carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en esta incidencia se negó la suspensión provisional y la medida cautelar definitiva respecto de los actos reclamados acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción III, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
".S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 431/2023 promovido por ** en contra de los actos reclamados de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES 1. De los hechos y las abstenciones que el titular de la acción de amparo manifestó en el escrito inicial bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos reclamados se advierte que indica que el quince de marzo de dos mil veintitrés, prestó a *** su vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta ** cuatro puertas, 2.5 litros, año dos mil doce, color blanco, con número de serie *** motor número *** y placas de circulación *** de Hidalgo; luego, refiere que esa persona le informó que unos policías se habían llevado su unidad motriz, la cual dejó estacionada sobre la calle Arroyo Jacaranda, de la colonia Benito Juárez, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 2. El inconforme señala que realizó una búsqueda de su vehículo y que el dieciocho de abril del año en curso, tuvo noticia que estaba estacionado en el encierro de la Policía de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, por lo que al acudir a las oficinas de esa institución se le informó que elementos de esa dependencia y de la policía estatal habían asegurado su unidad motriz, sin que pudiera obtener más información en esa corporación policiaca ni en la del Estado y tampoco se le indicó el motivo de tal aseguramiento. 3. El justiciable aduce que los actos reclamados vulneran en su perjuicio sus derechos fundamentales reconocidos por los arábigos 14 y 16 de la Constitución General de la República. II. TRÁMITE 4. La demanda de amparo fue recibida el tres de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante la cual ** promovió el juicio constitucional en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que más adelante se indicarán. 5. En el auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró con el progresivo 431/2023; admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde a la Fiscal Federal adscrita y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 6. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 7. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos que se atribuyen a autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 8. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 9. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 10. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate los actos siguientes: Del Comisionado de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y del Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca combate: ? La detención, el aseguramiento y el resguardo del vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta *** cuatro puertas, 2.5 litros, año dos mil doce, color blanco, con número de serie ***motor número *** y placas de circulación *** de Hidalgo respecto del cual se ostenta como propietario. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS 11. No son ciertos los actos atribuidos a los entes responsables, porque en sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones, como se advierte del cuadro siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Informes justificados Comisionado de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. La detención, el aseguramiento y el resguardo del vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta *** cuatro puertas, 2.5 litros, año dos mil doce, color blanco, con número de serie **, motor número *** y placas de circulación ** de Hidalgo. Negó los actos Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca. La detención, el aseguramiento y el resguardo del vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta MK VI *** cuatro puertas, 2.5 litros, año dos mil doce, color blanco, con número de serie **, motor número ** y placas de circulación ** de Hidalgo. Negó los actos 12. Por otro lado, el justiciable no desvirtuó dichas negativas, porque no ofreció algún medio de convicción con ese propósito. 13. Se sostiene lo anterior, porque aun cuando exhibió una copia fotostática simple de la factura A00000003028 de veintitrés de marzo de dos mil doce, expedida por ** lo cierto es que ese instrumento por su naturaleza jurídica carece de valor probatorio alguno, conforme a lo estatuido por el numeral 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia , por lo que no es apto para demostrar alguna circunstancia. 14. No obstante lo anterior, aun cuando esa documental fuera valorada, con esa prueba el justiciable en todo caso trata de demostrar el derecho sustantivo de propiedad que afirma tener respecto de la unidad motriz marca Volkswagen, tipo Jetta ***cuatro puertas, 2.5 litros, año dos mil doce, color blanco, con número de serie ***, motor número ** y placas de circulación ** de Hidalgo, pero no desvirtúa las negativas que los entes responsables sostuvieron en sus informes justificados ni acredita la certeza de las actuaciones atacadas y tampoco la participación de los entes responsables en esos actos en los términos que dispone el arábigo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, porque de su contenido no se advierten estos últimos aspectos. 15. En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó las negativas que las referidas autoridades sostuvieron en sus informes con justificación ni acreditó la existencia de los actos reclamados es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 16. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." 17. También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito , que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." VI. DECISIÓN 18. En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables, dada su inexistencia. 19. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase al Comisionado de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, por rendido su informe justificado y por anunciada la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. En diverso aspecto, se tiene como domicilio procesal de la citada responsable el que indica en su ocurso y como sus delegados a las personas que designa con esa calidad conforme a lo dispuesto por el ordinal 9 de la ley de la materia. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales téngase a la mencionada autoridad por señalados la cuenta de correo electrónico y el número telefónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre ese ente responsable y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales. Notifíquese.
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