Cristhian Saavedra Meza

Expediente 903/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
903/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Cristhian Saavedra Meza

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 903/2022-III. Puebla, Puebla, nueve de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO AUTO DE DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa no se inconformó contra el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en este juicio, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve-, el presente expediente constituye un asunto concluido, por ende se ordena su archivo. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a la facultad conferida por los artículos 6 fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; pues, se trata de una resolución en donde sin haber decidido el juicio en lo principal lo dio por concluido. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a quien hubiera presentado la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se tuvo por desechada la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO. Se instruye a la oficial judicial A para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. Si el quejoso, deseara conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar a por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 903/2022 III. Puebla, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla por por propio derecho contra actos de la Jueza de Control de Oralidad Penal y Ejecución, del Sistema Acusatorio Adversarial Región Judicial Poniente, con sede en San Andrés Cholula Puebla, de nombre Karla Patricia Ambrosio Vargas y otra autoridad responsable. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXHORTACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se observa que la demanda presentada por, queda subsumida en la hipótesis normativa prevista por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, el desechamiento de plano. En efecto, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".EL NO OTORGAMIENTO Y LA CANCELACIÓN DE LA AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO SEÑALADA PARA EL DÍA VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS A LAS CATORCE HORAS DEL ACUERDO DE FECHA DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS...". De igual forma, el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó que en el Juzgado de Control de Oralidad Penal y Ejecución, del Sistema Acusatorio Adversarial Región Judicial Poniente, con sede en San Andrés Cholula Puebla, se encuentra tramitada la causa penal, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, razón por la cual se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. También expresa que ha solicitado audiencias de suspensión condicional del proceso y que éstas han sido suspendidas por motivos diversos, pues en una ocasión la fiscal no se presentó a dicha audiencia y en otra, inasistió la Jueza de Control. Ahora bien, de lo referido con antelación, se advierte que la cancelación de la audiencia reclamada al parecer aconteció por inasistencia de las partes -tanto de la fiscal encargada, como de la jueza de control -, pues así lo manifestó la parte quejosa en su escrito demanda. Por ello, se puede inferir por un lado, que en realidad no se ha celebrado la audiencia de suspensión condicional del proceso solicitada en diversas ocasiones y por otro, que en realidad el reclamo de la promovente de amparo consiste en la falta de celebración de audiencia para verificar la suspensión condicional del proceso. Sin embargo, dicho reclamo no puede equipararse a algún acto que afecte su libertad, porque ello está supeditado a que se autorice o niegue alguna salida alterna al procedimiento, por ello, encuentra desde este momento sendas causales de improcedencia de forma manifiesta e indudable. En principio, debe considerarse que el quejoso inobservó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, previsto en el artículo, 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) - - - XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.- - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.- - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". El principio de definitividad, previsto en el precepto en cita, establece la obligación para los quejosos de agotar cualquier medio de defensa ordinario que esté a su alcance para combatir el acto que estiman les causa agravio. Es decir, para garantizar que el juicio de amparo sea verdaderamente un recurso extraordinario de revisión constitucional, el principio de definitividad obliga a quien quiera iniciar un procedimiento de amparo, a combatir previamente el acto reclamado por los medios ordinarios existentes. De esa manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar resoluciones que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos. Sin embargo, de los citados numerales, se desprenden como excepciones al principio de definitividad, es decir, que se puede acudir al juicio constitucional sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa ordinarios; los siguientes: a) Cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) En el caso de que el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Si se trata de persona extraña al procedimiento. d) Al reclamarse el auto de vinculación a proceso. Al respecto, los artículos 134, fracción IV, y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen lo siguiente: "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: (.) IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal.". "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador [.]". De esos dispositivos se obtiene que los jueces de primer grado tienen, entre otras, la obligación de atender debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal y, de no hacerlo, las partes dentro del procedimiento podrán ocurrir al medio de defensa denominado "queja" ante tal omisión del juzgador de realizar el acto procesal dentro del plazo establecido en el código. Para la tramitación de dicho medio ordinario de defensa la queja es presentada ante el órgano omiso, el que tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar tal omisión, o bien, realizar un informe para remitir al tribunal de alzada y dicho tribunal tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días, lo cual puede tener el sentido de ordenar al órgano omiso realizar la actuación correspondiente. Luego, es claro que la ley que rige el acto prevé un medio ordinario de defensa el cual es necesario agotar previo a acudir al juicio constitucional, pues, el juicio de amparo tiene la característica de ser un medio extraordinario de defensa de regularidad de la constitucionalidad de los actos de autoridad, siendo que, en el caso, el quejoso no se encuentra en ningún caso de las excepciones señaladas en el dispositivo en comento. Cierto, es necesario recordar que la parte quejosa se duele de que la jueza de control responsable canceló la audiencia de suspensión condicional del proceso, al parecer, por inasistencia de una de las partes. Por lo anterior, es incuestionable que el quejoso se ubica específicamente en el caso previsto en el artículo 135 de la codificación nacional procesal penal, pues afirma que la jueza de control (primera instancia) no ha llevado a cabo la audiencia de suspensión condicional que ha peticionado en sendas ocasiones; lo cual, puede ser subsanado a través de la presentación del medio de impugnación señalado como queja, pues con su sola presentación la jueza omisa puede actuar en consecuencia, o bien, dar las razones por las cuales no se ha verificado, lo cual será calificado por el tribunal de alzada en un plazo de tres días. Además, el acto reclamado no consiste en alguno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se trata de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco está relacionado con órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni es la sentencia definitiva en el proceso penal. Igualmente, no se advierte que se encuentre en alguno de los otros supuestos de excepción, pues no se reclamó el auto de vinculación a proceso ni es persona extraña al procedimiento, pues afirma ser el procesado en el juicio de origen. Finalmente, no se aprecia que el recurso requiera de alguna interpretación adicional, pues su procedencia está claramente fijada en el artículo 135 del código nacional procesal penal. Luego, resulta evidente que el quejoso sí se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la legislación ordinaria, pues con éste puede lograr que la actuación omisiva de la autoridad responsable sea subsanada. No obsta a lo anterior, que el medio de defensa analizado no esté señalado como un recurso en el artículo 456, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la causal de improcedencia no se actualiza únicamente con la procedencia de un recurso, sino que también, como en el caso, con un medio de defensa ordinario apto para dejar sin efectos el acto reclamado, lo cual cumple el numeral 135 del código en comento, pues con él se logra que la autoridad responsable omisa actúe en consecuencia o señale las razones -justificadas- de porque no se ha realizado la actuación respectiva. Por último, debe destacarse que conforme a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) , la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de desahogo de una audiencia - prosecución del trámite-; por lo que igualmente el juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: El artículo 61 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos, se obtiene para efectos del juicio de amparo indirecto, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona.1 Entonces, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación no incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que el acto reclamado por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que la falta de celebración de audiencia para verificar la suspensión condicional del proceso, no puede equipararse a algún acto que afecte su libertad, porque ello está supeditado a que se autorice o niegue alguna salida alterna al procedimiento. Ello impide considerar que el acto reclamado tenga las características de los actos de imposible reparación, pues para ello debe producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva. Por consiguiente, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del impetrante de amparo, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Sustenta a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2011580, Décima Época, Materias Constitucional, Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086 de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." De igual manera, orienta a la determinación adoptada por este órgano jurisdiccional la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital 2019400, Décima Época, Materias Común, Laboral de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643 de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Por tanto, debe estimarse que lo que pretende reclamar el quejoso, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Causales de improcedencia que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis2 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En tales condiciones, con fundamento en las fracciones XVIII y XXIII, del artículo 61, éste último en relación con la diversa V del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso , por derecho propio, dado a que no encuadra en los actos de imposible reparación. ANOTACIONES INTERNAS Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE FÍSICO Se hace saber al defensor del quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES FÍSICAS Se comunica al defensor del quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). TOMA DE FOTOGRAFÍAS Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al defensor del quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo (ubicado en Puebla). Se tienen como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a , porque se encuentra registrado en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF del Poder Judicial Federal. Sin que haya lugar a tener los correos electrónicos y números de teléfono como medios de notificación por no estar previstos como tal en la Ley de Amparo, pero se toma nota de los mismos para establecer contacto en caso de ser necesario. COMUNICACIÓN CON LAS PARTES A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Sin que haya lugar a tener los correos electrónicos y números de teléfono como medios de notificación por no estar previstos como tal en la Ley de Amparo, pero se toma nota de los mismos para establecer contacto en caso de ser necesario. Se hace la precisión que ese medio electrónico de comunicación sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran, pues las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. INDICACIONES A LA ACTUARIA ADSCRITA Se instruye a la actuaria encargada de la tramitación de este expediente, que para las notificaciones ordenadas en este asunto, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el Kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto3 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS.-JUICIO DE AMPARO 903 2022 III. Puebla, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla por por propio derecho contra actos de la Jueza de Control de Oralidad Penal y Ejecución, del Sistema Acusatorio Adversarial Región Judicial Poniente, con sede en San Andrés Cholula Puebla, de nombre Karla Patricia Ambrosio Vargas y otra autoridad responsable. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXHORTACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se observa que la demanda presentada por, queda subsumida en la hipótesis normativa prevista por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, el desechamiento de plano. En efecto, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".EL NO OTORGAMIENTO Y LA CANCELACIÓN DE LA AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO SEÑALADA PARA EL DÍA VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS A LAS CATORCE HORAS DEL ACUERDO DE FECHA DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS...". De igual forma, el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó que en el Juzgado de Control de Oralidad Penal y Ejecución, del Sistema Acusatorio Adversarial Región Judicial Poniente, con sede en San Andrés Cholula Puebla, se encuentra tramitada la causa penal, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, razón por la cual se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. También expresa que ha solicitado audiencias de suspensión condicional del proceso y que éstas han sido suspendidas por motivos diversos, pues en una ocasión la fiscal no se presentó a dicha audiencia y en otra, inasistió la Jueza de Control. Ahora bien, de lo referido con antelación, se advierte que la cancelación de la audiencia reclamada al parecer aconteció por inasistencia de las partes -tanto de la fiscal encargada, como de la jueza de control -, pues así lo manifestó la parte quejosa en su escrito demanda. Por ello, se puede inferir por un lado, que en realidad no se ha celebrado la audiencia de suspensión condicional del proceso solicitada en diversas ocasiones y por otro, que en realidad el reclamo de la promovente de amparo consiste en la falta de celebración de audiencia para verificar la suspensión condicional del proceso. Sin embargo, dicho reclamo no puede equipararse a algún acto que afecte su libertad, porque ello está supeditado a que se autorice o niegue alguna salida alterna al procedimiento, por ello, encuentra desde este momento sendas causales de improcedencia de forma manifiesta e indudable. En principio, debe considerarse que el quejoso inobservó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, previsto en el artículo, 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.- - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". El principio de definitividad, previsto en el precepto en cita, establece la obligación para los quejosos de agotar cualquier medio de defensa ordinario que esté a su alcance para combatir el acto que estiman les causa agravio. Es decir, para garantizar que el juicio de amparo sea verdaderamente un recurso extraordinario de revisión constitucional, el principio de definitividad obliga a quien quiera iniciar un procedimiento de amparo, a combatir previamente el acto reclamado por los medios ordinarios existentes. De esa manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar resoluciones que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos. Sin embargo, de los citados numerales, se desprenden como excepciones al principio de definitividad, es decir, que se puede acudir al juicio constitucional sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa ordinarios; los siguientes: a) Cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) En el caso de que el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Si se trata de persona extraña al procedimiento. d) Al reclamarse el auto de vinculación a proceso. Al respecto, los artículos 134, fracción IV, y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen lo siguiente: "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: (.) IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal.". "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador [.]". De esos dispositivos se obtiene que los jueces de primer grado tienen, entre otras, la obligación de atender debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal y, de no hacerlo, las partes dentro del procedimiento podrán ocurrir al medio de defensa denominado "queja" ante tal omisión del juzgador de realizar el acto procesal dentro del plazo establecido en el código. Para la tramitación de dicho medio ordinario de defensa la queja es presentada ante el órgano omiso, el que tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar tal omisión, o bien, realizar un informe para remitir al tribunal de alzada y dicho tribunal tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días, lo cual puede tener el sentido de ordenar al órgano omiso realizar la actuación correspondiente. Luego, es claro que la ley que rige el acto prevé un medio ordinario de defensa el cual es necesario agotar previo a acudir al juicio constitucional, pues, el juicio de amparo tiene la característica de ser un medio extraordinario de defensa de regularidad de la constitucionalidad de los actos de autoridad, siendo que, en el caso, el quejoso no se encuentra en ningún caso de las excepciones señaladas en el dispositivo en comento. Cierto, es necesario recordar que la parte quejosa se duele de que la jueza de control responsable canceló la audiencia de suspensión condicional del proceso, al parecer, por inasistencia de una de las partes. Por lo anterior, es incuestionable que el quejoso se ubica específicamente en el caso previsto en el artículo 135 de la codificación nacional procesal penal, pues afirma que la jueza de control (primera instancia) no ha llevado a cabo la audiencia de suspensión condicional que ha peticionado en sendas ocasiones; lo cual, puede ser subsanado a través de la presentación del medio de impugnación señalado como queja, pues con su sola presentación la jueza omisa puede actuar en consecuencia, o bien, dar las razones por las cuales no se ha verificado, lo cual será calificado por el tribunal de alzada en un plazo de tres días. Además, el acto reclamado no consiste en alguno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se trata de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco está relacionado con órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni es la sentencia definitiva en el proceso penal. Igualmente, no se advierte que se encuentre en alguno de los otros supuestos de excepción, pues no se reclamó el auto de vinculación a proceso ni es persona extraña al procedimiento, pues afirma ser el procesado en el juicio de origen. Finalmente, no se aprecia que el recurso requiera de alguna interpretación adicional, pues su procedencia está claramente fijada en el artículo 135 del código nacional procesal penal. Luego, resulta evidente que el quejoso sí se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la legislación ordinaria, pues con éste puede lograr que la actuación omisiva de la autoridad responsable sea subsanada. No obsta a lo anterior, que el medio de defensa analizado no esté señalado como un recurso en el artículo 456, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la causal de improcedencia no se actualiza únicamente con la procedencia de un recurso, sino que también, como en el caso, con un medio de defensa ordinario apto para dejar sin efectos el acto reclamado, lo cual cumple el numeral 135 del código en comento, pues con él se logra que la autoridad responsable omisa actúe en consecuencia o señale las razones -justificadas- de porque no se ha realizado la actuación respectiva. Por último, debe destacarse que conforme a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) , la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de desahogo de una audiencia - prosecución del trámite-; por lo que igualmente el juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: El artículo 61 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos, se obtiene para efectos del juicio de amparo indirecto, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona.1 Entonces, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación no incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que el acto reclamado por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que la falta de celebración de audiencia para verificar la suspensión condicional del proceso, no puede equipararse a algún acto que afecte su libertad, porque ello está supeditado a que se autorice o niegue alguna salida alterna al procedimiento. Ello impide considerar que el acto reclamado tenga las características de los actos de imposible reparación, pues para ello debe producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva. Por consiguiente, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del impetrante de amparo, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Sustenta a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2011580, Décima Época, Materias Constitucional, Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086 de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." De igual manera, orienta a la determinación adoptada por este órgano jurisdiccional la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital 2019400, Décima Época, Materias Común, Laboral de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643 de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Por tanto, debe estimarse que lo que pretende reclamar el quejoso, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Causales de improcedencia que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis2 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En tales condiciones, con fundamento en las fracciones XVIII y XXIII, del artículo 61, éste último en relación con la diversa V del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso , por derecho propio, dado a que no encuadra en los actos de imposible reparación. ANOTACIONES INTERNAS Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE FÍSICO Se hace saber al defensor del quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES FÍSICAS Se comunica al defensor del quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). TOMA DE FOTOGRAFÍAS Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al defensor del quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo (ubicado en Puebla). Se tienen como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a , porque se encuentra registrado en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF del Poder Judicial Federal. Sin que haya lugar a tener los correos electrónicos y números de teléfono como medios de notificación por no estar previstos como tal en la Ley de Amparo, pero se toma nota de los mismos para establecer contacto en caso de ser necesario. COMUNICACIÓN CON LAS PARTES A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Sin que haya lugar a tener los correos electrónicos y números de teléfono como medios de notificación por no estar previstos como tal en la Ley de Amparo, pero se toma nota de los mismos para establecer contacto en caso de ser necesario. Se hace la precisión que ese medio electrónico de comunicación sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran, pues las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. INDICACIONES A LA ACTUARIA ADSCRITA Se instruye a la actuaria encargada de la tramitación de este expediente, que para las notificaciones ordenadas en este asunto, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el Kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano