Crisoforo Laureano Manuel
Expediente 489/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Crisoforo Laureano Manuel
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 489/2021-IX. Puebla, Puebla, seis de julo de dos mil veintiuno Agente del Ministerio Público informa y solicita copias. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, a través del cual informa a esta juzgadora que, con motivo de la vista otorgada del auto de dieciocho de mayo del año en curso, inició la carpeta de investigación *, por el delito de tortura. Motivo por el cual solicita copia certificada de todo lo actuado dentro de este juicio de amparo, pues la citada carpeta de investigación se encuentra en etapa de integración e investigación. Se autorizan copias. En mérito de lo anterior, se ordena remitir mediante oficio correspondiente, impresiones certificadas de todas las constancias obtenidas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mismas que coinciden con los originales de este juicio de amparo 489/2021, en particular de las siguientes: ? Papeleta de turno ? Demanda de amparo ? Acuerdo de desechamiento. ? Acuerdo que dejó firme el auto de desechamiento. Al margen de lo anterior, se hace saber a la mencionada agente, la importancia de custodiar los datos personales e información reservada, porque la expedición de dichas copias habrá de realizarse sin la protección de datos personales dado que serán expedidas a una autoridad investigadora, y todos los servidores públicos tienen pleno conocimiento de la obligación de salvaguardar la información pública. Indicaciones para el actuario. Por último, se ordena al actuario encargado de este juicio, que el oficio dirigido a la autoridad local, deberá entregarse de manera física. Para ello, deberá observarse de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Notifíquese; por oficio a la autoridad indicada en este proveído; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 489/2021. Puebla, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 489/2021-IX. Puebla, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente la copia de conocimiento del oficio 103/2021, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, por el cual remite a la Titular del Área de Ventanilla Única de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla, la copia del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno y de la demanda de amparo, para su trámite correspondiente respecto de la vista de tortura otorgada en el citado proveído. De lo cual se toma el debido conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese
- Principal
JUICIO DE AMPARO 489/2021. Puebla, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo, signada por *, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma).....".la omisión o falta de contestación al escrito de fecha catorce de abril de 2021, presentado en oficialía de partes de la misma fiscalía el día catorce de abril de 2021.". Dicha omisión, según lo expuesto en la propia demanda de amparo, tiene como antecedentes los siguientes: En abril de dos mil diecinueve, se inició la carpeta de investigación ..., con motivo de la denuncia que el quejoso realizó vía telefónica, .....Por tanto, a raíz de las circunstancias referidas en párrafos previos, resulta evidente la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, porque las abstenciones reclamadas en la demanda de protección tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario - en el juicio de amparo-. Para demostrar la causal invocada, se presenta el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó una interpretación al citado artículo en la jurisprudencia4 siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De lo anterior se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones, decisiones, (determinaciones) u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada que los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que los actos reclamados por el quejoso deben llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad, al tratarse de una decisión emitida por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación. De hecho, el quejoso debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en la demanda de protección, motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que pronunciara después el juez de control al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o el quejoso estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, se afirma en el presente acuerdo que el reclamo planteado por el quejoso, se encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues las abstenciones combatidas en la demanda de protección debe impugnarla primero, en la ruta ordinaria de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que haya estimado actualizada la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, dado que es notoria y manifiesta conforme al orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) examinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias referidas en párrafos anteriores. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la abstención del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en su denuncia. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que la demanda de amparo se haya intentado por violaciones al derecho de petición previsto en el artículo 8 Constitucional, pues en este caso el escrito de catorce de abril de dos mil veinte no contiene una simple petición efectuada por el quejoso, en una relación de subordinación entre autoridad y gobernado, sino la denuncia de la omisión de un ministerio público en particular, de investigar los hechos denunciados dentro de una carpeta de investigación, la cual es materia del recurso antes referido. Ello tan es así que, en el supuesto no concedido de que se admitiera la demanda de amparo y la autoridad responsable diera respuesta durante la tramitación de este sumario constitucional, esta juzgadora federal se encontraría impedida para examinarla, pues ello sería materia del citado medio de defensa. Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Vista por tortura. Al margen de lo anterior, la demanda de amparo refleja la posible comisión del delito de tortura del que probablemente fue objeto el aquí quejoso * Por consiguiente, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, desde este momento, a fin de que conforme a los extremos del artículo 21 de la constitución federal, realice en su caso la investigación efectiva del delito a su cargo. Domicilio y autorizado del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el indicado en el escrito de demanda, ubicado en la ciudad de Puebla. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, la persona de nombre: Juan Carlos Carro Juárez, porque así lo solicita el quejoso y la cédula profesional de ésta se encuentra dada de alta en el Sistema Computarizado Notifíquese; de manera personal al quejoso, y cúmplase.
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