Crisóforo Laureano Manuel
Expediente 444/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Crisóforo Laureano Manuel
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 444/2021-IV. Puebla, Puebla, siete de mayo de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada vía electrónica aparentemente por el quejoso * por propio derecho, sin la firma electrónica de este y por ende sin la evidencia criptográfica relativa a su firma, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se tiene una demanda de amparo presentada vía electrónica, aparentemente por el quejoso por propio derecho. Dicha modalidad (la electrónica), obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo4, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. Entonces, se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, empero, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. Sin embargo, la demanda presentada vía electrónica aparentemente por el quejoso * por propio derecho, no tiene su firma electrónica y por ende, carece de la evidencia criptográfica que demuestre el envío apropiado de la demanda (con la firma electrónica del quejoso en mención). Ello a pesar de que el artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que la actuación frente a los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Lo cual implica que el quejoso en mención, soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Es menester agregar, que de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que: Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero en el caso, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados: ".la omisión o falta de contestación al escrito de fecha catorce de abril de 2021 presentado en oficialía de partes de la misma fiscalía el día catorce de abril de 2021.". Escrito en el cual pidió al Fiscal General del Estado de Puebla, que examine la determinación de una agente del Ministerio Público, en la cual fue decretado el archivo de una carpeta de investigación tramitada con la reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que los actos combatidos por el quejoso, esto es, omisión de contestar un escrito y la consecuente falta de notificación de la respuesta, de ninguna forma constituyen actos fuera de procedimiento y tampoco actos de carácter urgente, como los previstos por el artículo 15 de la ley de la materia o 22 de la constitución federal. Sobre todo porque las supuestas omisiones combatidas en las demanda de amparo, están relacionadas con una determinación de archivo emitida en una carpeta de investigación, que constituye un acto dentro de procedimiento y que no encuadra en las hipótesis de gravedad mencionadas. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando un quejoso reclama actos urgentes, como se dijo, de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Sólo conviene agregar que fue detectada una firma electrónica, de la persona de nombre Juan Carlos Carro Juárez, a quien pretendió designar el quejoso como autorizado en términos amplios. Empero, ha quedado establecido que el artículo 3 de la Ley de Amparo, exige la firma electrónica de quien suscribe la demanda, es decir, del quejoso directo. De ahí que no tenga efectos la firma electrónica de **, pues la acción de tutela fue ejercida por el quejoso * a título individual, razón por la cual debió haberse enviado la demanda con la firma electrónica del quejoso en mención -y si hubiera sido imposible por la aparente reclusión de este, pudo intentarse la presentación física de la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-. Además, ningún supuesto de representación legal se alegó en la demanda, que permitiera a *** solicitar el amparo a favor del quejoso ***, ya fuera como su defensor particular, asesor jurídico, apoderado, entre otros. Por consiguiente, se estima que la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso en mención, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual obliga a desechar la solicitud recibida. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, porque se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada aparentemente por el quejoso *, conforme a las razones expuestas con antelación. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
- Principal
SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.- JUICIO DE AMPARO 444/2021-IV. Puebla, Puebla, siete de mayo de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada vía electrónica aparentemente por el quejoso * por propio derecho, sin la firma electrónica de este y por ende sin la evidencia criptográfica relativa a su firma, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se tiene una demanda de amparo presentada vía electrónica, aparentemente por el quejoso por propio derecho. Dicha modalidad (la electrónica), obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo4, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. Entonces, se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, empero, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. Sin embargo, la demanda presentada vía electrónica aparentemente por el quejoso * por propio derecho, no tiene su firma electrónica y por ende, carece de la evidencia criptográfica que demuestre el envío apropiado de la demanda (con la firma electrónica del quejoso en mención). Ello a pesar de que el artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que la actuación frente a los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Lo cual implica que el quejoso en mención, soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Es menester agregar, que de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que: Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero en el caso, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados: ".la omisión o falta de contestación al escrito de fecha catorce de abril de 2021 presentado en oficialía de partes de la misma fiscalía el día catorce de abril de 2021.". Escrito en el cual pidió al Fiscal General del Estado de Puebla, que examine la determinación de una agente del Ministerio Público, en la cual fue decretado el archivo de una carpeta de investigación tramitada con la reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que los actos combatidos por el quejoso, esto es, omisión de contestar un escrito y la consecuente falta de notificación de la respuesta, de ninguna forma constituyen actos fuera de procedimiento y tampoco actos de carácter urgente, como los previstos por el artículo 15 de la ley de la materia o 22 de la constitución federal. Sobre todo porque las supuestas omisiones combatidas en las demanda de amparo, están relacionadas con una determinación de archivo emitida en una carpeta de investigación, que constituye un acto dentro de procedimiento y que no encuadra en las hipótesis de gravedad mencionadas. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando un quejoso reclama actos urgentes, como se dijo, de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Sólo conviene agregar que fue detectada una firma electrónica, de la persona de nombre ****, a quien pretendió designar el quejoso como autorizado en términos amplios. Empero, ha quedado establecido que el artículo 3 de la Ley de Amparo, exige la firma electrónica de quien suscribe la demanda, es decir, del quejoso directo. De ahí que no tenga efectos la firma electrónica de ***, pues la acción de tutela fue ejercida por el quejoso * a título individual, razón por la cual debió haberse enviado la demanda con la firma electrónica del quejoso en mención -y si hubiera sido imposible por la aparente reclusión de este, pudo intentarse la presentación física de la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-. Además, ningún supuesto de representación legal se alegó en la demanda, que permitiera a **** solicitar el amparo a favor del quejoso Crisóforo Laureano Manuel, ya fuera como su defensor particular, asesor jurídico, apoderado, entre otros. Por consiguiente, se estima que la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso en mención, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual obliga a desechar la solicitud recibida. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, porque se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada aparentemente por el quejoso *, conforme a las razones expuestas con antelación. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
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