Cristhian Lizeth Olvera Martínez

Expediente 374/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
374/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Cristhian Lizeth Olvera Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo obran documentos originales presentados por la parte quejosa; en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérasele para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger el citado documento, apercibiéndole que en caso contrario, el mismo podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ***, mediante el cual desahoga la prevención que se formuló en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en atención a su contenido, téngase por cumplida dicha prevención y provéase respecto de la demanda de amparo. DETERMINACIÓN JUDICIAL Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "manifiesto" debe entenderse como lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia P./J. 128/2001, con registro número 188643, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, que dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el Este Juzgado de Distrito advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en: las entrevistas realizadas el tres de marzo de dos mil veintidós, a los terceros interesados de nombres Saúl García Díaz y Ma. Silvia Cortés González, en la carpeta de investigación 01-2022-00314, en las que se hace constar la presencia de su menor hija de iniciales M.J.G.O., y derivado de esa circunstancia, la omisión del Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación de recuperar a dicha menor y dejarla en custodia de los mencionados terceros interesados, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio o proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal, mediante los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes que los rigen se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos para la concesión de la suspensión definitiva, ni plazo mayor para su otorgamiento. Asimismo, se advierte que la causa de improcedencia admite excepciones que el legislador estableció expresamente, a saber: - Si el acto reclamado carece de fundamentación, incluso el supuesto en el que la autoridad responsable al rendir su informe justificado inserte la fundamentación y motivación de dicho acto. - Cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. - Cuando el medio de defensa se encuentren previstos en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En esos términos, cuando el quejoso reclame en su demanda un acto de autoridad distinta a los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, deberá verificar si en la ley que rige dicho acto se prevé algún juicio, recurso o medio de defensa que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el mismo y, además, que se establezca la suspensión del acto sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para su concesión, caso en el cual, deberá agotar previamente esa instancia antes de acudir al juicio de amparo, de no ser así, se actualizará la causa de improcedencia en estudio. Cabe destacar que la quejosa ***, manifiesta en su demanda y escrito aclaratorio que el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, presentó una denuncia penal ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Atención temprana, con sede en Actopan, Hidalgo, en contra del tercero interesado de nombre *** (padre de la menor), para que se procediera a la investigación de la comisión del delito de sustracción de su menor hija de iniciales M.J.G.O., ya que cuenta con un convenio en el que le fue otorgada la custodia definitiva de esta última y no le ha sido entregada su menor hija. Asimismo, la quejosa señala que la denuncia originó la apertura de la carpeta de investigación número 01-2022-00314, en la que se llevaron a cabo dos entrevistas el tres de marzo de dos mil veintidós, a los terceros interesados de nombres Saúl García Díaz y Ma. Silvia Cortés González, en las que se hizo constar la presencia de su menor hija de iniciales M.J.G.O. Además, la quejosa manifiesta que no obstante la constancia de la presencia de su menor hija, el Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, omitió recuperar a dicha menor, dejándola en custodia de los mencionados terceros interesados, actos que reclama en el presente juicio de amparo. Lo anterior, permite constatar que la quejosa tiene el carácter de víctima u ofendida en la carpeta de investigación mencionada y que su intención en la demanda de amparo es reclamar una omisión del agente del ministerio público responsable cometida durante la investigación del delito denunciado que hace consistir en la omisión de recuperar a dicha menor, dejándola en custodia de los mencionados terceros interesados. Al respecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del contenido del artículo transcrito, se advierte que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a la notificación de las mismas. Como puede observarse, la ley que rige el acto reclamado establece que la víctima u ofendido tiene a su alcance un medio de defensa para combatir las determinaciones del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, entre otras, las que se refieren a la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Cabe destacar que el medio de defensa en comento no se limita a ese tipo de determinaciones, sino a todas las actuaciones u omisiones en las que incurra el Ministerio Público al desarrollar la etapa de investigación, entre otras, las que se refieren al otorgamiento u omisión de implementar medidas de protección a la víctima u ofendido, pues se trata de providencias que se dictan durante esa etapa en términos del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código. En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia." Luego, si el Agente del Ministerio Público encargado de la investigación dicta una determinación u omite pronunciarse sobre la aplicación de medidas de protección a la víctima u ofendido, éste podrá impugnarla a través del medio de defensa en comento. Esto es así, pues la intención del legislador al establecer el medio de defensa establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue establecer un derecho a la víctima u ofendido para impugnar las determinaciones u omisiones cometidas por el Ministerio Público en la investigación de los delitos, precisando de manera enunciativa más no limitativa algunas de las determinaciones que pueden controvertir con la interposición de ese medio de defensa, como son la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, tanto que esa intención se observa de lo dispuesto en el artículo 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, que dispone: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El artículo transcrito permite conocer que el legislador estableció un derecho a la víctima u ofendido para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y, además, las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, que son las que se enuncian en el citado artículo 258 previamente transcrito. Lo anterior, de igual manera se prevé en el artículo 198, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" Como puede observarse del artículo transcrito, uno de los derechos que tiene la víctima u ofendido es la posibilidad de impugnar las omisiones que cometa el Ministerio Público en sus funciones de investigación en los términos del propio Código y en las demás disposiciones legales aplicables, como es el artículo constitucional antes invocado como norma superior. En ese contexto, del análisis sistemático de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se advierte que la víctima u ofendido podrán interponer el medio de defensa previsto en este último precepto legal, para combatir las omisiones y las demás determinaciones que el Ministerio Público dicte en la investigación de los delitos, incluyendo las que se precisan de manera enunciativa en dichos preceptos legales. De ahí que, si las medidas de protección a la víctima u ofendido son providencias que se dictan durante la etapa de investigación, es posible que aquél las impugne a través del medio de defensa establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, el hecho de que este último precepto legal no establezca la posibilidad de suspender los efectos del acto impugnado, la celeridad de su tramitación resulta de mayor beneficio al interesado que si promoviera el juicio de amparo y el incidente de suspensión en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que una vez interpuesto el medio de defensa en comento, el juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor, es decir, no se exigen mayores requisitos que interponer el medio de defensa, para resolver en definitiva en una audiencia, lo que evidentemente es de mayor beneficio para el interesado. Cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia sobre el tema en estudio, al resolver la contradicción de tesis número 237/2017, mediante ejecutoria de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en la que determinó, en la parte conducente, lo siguiente: "IV. El principio de definitividad 68. Este principio destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 69. Al respecto, esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 317/2011,(27) señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. 70. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto.(28) 71. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo,(29) señala, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, en virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. 72 En síntesis, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad y suspenda el acto. 73. En este orden de ideas, a continuación se analizará si existe un medio de defensa ordinario para impugnar las omisiones de la autoridad ministerial durante la etapa de investigación, o si debe acudirse directamente al juicio de amparo. V. Existencia de un medio de defensa contra las omisiones de la autoridad ministerial en la etapa de investigación 74. En principio, conviene citar lo previsto por los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional, que literalmente establecen: De la Constitución. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. "... "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: "... "VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Del Código Nacional. "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido"En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: "... "XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables." 75. Los citados preceptos establecen el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora de los delitos, en los términos previstos en el Código Nacional y demás disposiciones legales aplicables. 76. Por otro lado, el artículo 258 del Código Nacional, señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial "Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. "La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." 77. De la lectura del artículo transcrito, se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. 78. Ahora bien, de la interpretación sistemática(30) de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. 79. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. 80. En ese orden de ideas, una interpretación funcional(31) y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. 81. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. 82. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. 83. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. 84. No se soslaya que el citado artículo 258 establece como plazo para la impugnación ante el Juez de Control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida. 85. Sin embargo, al respecto, esta Primera Sala entiende que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir. Sin embargo, por certeza jurídica, debe precisarse que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. 86. En otra línea argumentativa, debe recordarse que la función investigadora tiene lugar en la etapa preliminar, cuyo objeto es el esclarecimiento de los hechos derivados de una noticia criminal, así como la obtención de información y elementos que permitan, en su caso, fundar una acusación en contra de una persona a la que se atribuya la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Esta labor, por disposición expresa del artículo 21 de la Constitución Federal, corresponde al Ministerio Público, quien asume el papel de rector de la investigación y es auxiliado por la policía, así como por expertos en diversas ciencias u oficios. 87. Así, cuando la autoridad ministerial en la fase de investigación tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. 88. Es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control. Así, como se dijo en el apartado correspondiente, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. 89. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse sólo como caso excepcional. 90. Derivado de lo anterior, esta Primera Sala estima que si la víctima u ofendido acude directamente al juicio de amparo, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal. Veamos por qué. 91. Como ha sido señalado en esta resolución, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación pueden actualizarse tanto en la fase inicial como en la complementaria. Por ello, las posibles consecuencias con la promoción del juicio de amparo en una u otra fase, son distintas. 92. Al respecto, esta Primera Sala aprecia que la promoción del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, supone que su trámite y posterior resolución(32) pueden encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve en sede judicial ordinaria. Lo anterior implica, prima facie, las siguientes problemáticas: 1. Que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescriba el ejercicio de la acción penal; o, 2. Que se cumpla el plazo de investigación complementaria fijado por el Juez de control y se cierre la fase respectiva, en cuyo caso la víctima u ofendido ya no tendrían oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio en la investigación del delito, pues concluida una etapa procesal, los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa siguiente.(33) 93. En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución." Del contenido de la transcripción anterior, se advierte que la superioridad estableció que de la interpretación sistemática de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. Además, la superioridad consideró que el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. Igualmente, la Primera Sala destacó que esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. En ese orden de ideas, se estima que conforme a la interpretación sistemática de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y atendiendo a la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la víctima u ofendido que pretenda combatir las omisiones y demás actuaciones del Ministerio Público que realice en la investigación de los delitos, sin que éstas se limiten a las determinaciones que se establecen de manera enunciativa en dichos preceptos legales, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación establecido en el citado artículo 258. Por lo tanto, se insiste, el juicio de amparo es improcedente en contra de los actos que la parte quejosa hace consistir en las entrevistas realizadas el tres de marzo de dos mil veintidós, a los terceros interesados de nombres Saúl García Díaz y Ma. Silvia Cortés González, en la carpeta de investigación 01-2022-00314, en las que se hace constar la presencia de su menor hija de iniciales M.J.G.O., y derivado de esa circunstancia, la omisión del Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación de recuperar a dicha menor y dejarla en custodia de los mencionados terceros interesados, ya que previamente a promover el juicio de amparo biinstancial debió agotar el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias que surgieron con motivo de la emisión de la ejecutoria transcrita en párrafos precedentes, que son: - Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), con registro número 2017641, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." - Jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), con registro número 2017640, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En tales condiciones, lo que procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCION DE CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, DICTADA EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE LA REFERIDA RESOLUCION A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL ENUNCIA: Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ***, mediante el cual desahoga la prevención que se formuló en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en atención a su contenido, téngase por cumplida dicha prevención y provéase respecto de la demanda de amparo. DETERMINACIÓN JUDICIAL Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "manifiesto" debe entenderse como lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia P./J. 128/2001, con registro número 188643, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, que dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el Este Juzgado de Distrito advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en: las entrevistas realizadas el tres de marzo de dos mil veintidós, a los terceros interesados de nombres Saúl García Díaz y Ma. Silvia Cortés González, en la carpeta de investigación 01-2022-00314, en las que se hace constar la presencia de su menor hija de iniciales M.J.G.O., y derivado de esa circunstancia, la omisión del Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación de recuperar a dicha menor y dejarla en custodia de los mencionados terceros interesados, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio o proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal, mediante los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes que los rigen se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos para la concesión de la suspensión definitiva, ni plazo mayor para su otorgamiento. Asimismo, se advierte que la causa de improcedencia admite excepciones que el legislador estableció expresamente, a saber: - Si el acto reclamado carece de fundamentación, incluso el supuesto en el que la autoridad responsable al rendir su informe justificado inserte la fundamentación y motivación de dicho acto. - Cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. - Cuando el medio de defensa se encuentren previstos en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En esos términos, cuando el quejoso reclame en su demanda un acto de autoridad distinta a los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, deberá verificar si en la ley que rige dicho acto se prevé algún juicio, recurso o medio de defensa que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el mismo y, además, que se establezca la suspensión del acto sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para su concesión, caso en el cual, deberá agotar previamente esa instancia antes de acudir al juicio de amparo, de no ser así, se actualizará la causa de improcedencia en estudio. Cabe destacar que la quejosa ***, manifiesta en su demanda y escrito aclaratorio que el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, presentó una denuncia penal ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Atención temprana, con sede en Actopan, Hidalgo, en contra del tercero interesado de nombre *** (padre de la menor), para que se procediera a la investigación de la comisión del delito de sustracción de su menor hija de iniciales M.J.G.O., ya que cuenta con un convenio en el que le fue otorgada la custodia definitiva de esta última y no le ha sido entregada su menor hija. Asimismo, la quejosa señala que la denuncia originó la apertura de la carpeta de investigación número 01-2022-00314, en la que se llevaron a cabo dos entrevistas el tres de marzo de dos mil veintidós, a los terceros interesados de nombres Saúl García Díaz y Ma. Silvia Cortés González, en las que se hizo constar la presencia de su menor hija de iniciales M.J.G.O. Además, la quejosa manifiesta que no obstante la constancia de la presencia de su menor hija, el Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, omitió recuperar a dicha menor, dejándola en custodia de los mencionados terceros interesados, actos que reclama en el presente juicio de amparo. Lo anterior, permite constatar que la quejosa tiene el carácter de víctima u ofendida en la carpeta de investigación mencionada y que su intención en la demanda de amparo es reclamar una omisión del agente del ministerio público responsable cometida durante la investigación del delito denunciado que hace consistir en la omisión de recuperar a dicha menor, dejándola en custodia de los mencionados terceros interesados. Al respecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del contenido del artículo transcrito, se advierte que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a la notificación de las mismas. Como puede observarse, la ley que rige el acto reclamado establece que la víctima u ofendido tiene a su alcance un medio de defensa para combatir las determinaciones del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, entre otras, las que se refieren a la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Cabe destacar que el medio de defensa en comento no se limita a ese tipo de determinaciones, sino a todas las actuaciones u omisiones en las que incurra el Ministerio Público al desarrollar la etapa de investigación, entre otras, las que se refieren al otorgamiento u omisión de implementar medidas de protección a la víctima u ofendido, pues se trata de providencias que se dictan durante esa etapa en términos del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código. En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia." Luego, si el Agente del Ministerio Público encargado de la investigación dicta una determinación u omite pronunciarse sobre la aplicación de medidas de protección a la víctima u ofendido, éste podrá impugnarla a través del medio de defensa en comento. Esto es así, pues la intención del legislador al establecer el medio de defensa establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue establecer un derecho a la víctima u ofendido para impugnar las determinaciones u omisiones cometidas por el Ministerio Público en la investigación de los delitos, precisando de manera enunciativa más no limitativa algunas de las determinaciones que pueden controvertir con la interposición de ese medio de defensa, como son la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, tanto que esa intención se observa de lo dispuesto en el artículo 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, que dispone: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El artículo transcrito permite conocer que el legislador estableció un derecho a la víctima u ofendido para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y, además, las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, que son las que se enuncian en el citado artículo 258 previamente transcrito. Lo anterior, de igual manera se prevé en el artículo 198, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" Como puede observarse del artículo transcrito, uno de los derechos que tiene la víctima u ofendido es la posibilidad de impugnar las omisiones que cometa el Ministerio Público en sus funciones de investigación en los términos del propio Código y en las demás disposiciones legales aplicables, como es el artículo constitucional antes invocado como norma superior. En ese contexto, del análisis sistemático de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se advierte que la víctima u ofendido podrán interponer el medio de defensa previsto en este último precepto legal, para combatir las omisiones y las demás determinaciones que el Ministerio Público dicte en la investigación de los delitos, incluyendo las que se precisan de manera enunciativa en dichos preceptos legales. De ahí que, si las medidas de protección a la víctima u ofendido son providencias que se dictan durante la etapa de investigación, es posible que aquél las impugne a través del medio de defensa establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, el hecho de que este último precepto legal no establezca la posibilidad de suspender los efectos del acto impugnado, la celeridad de su tramitación resulta de mayor beneficio al interesado que si promoviera el juicio de amparo y el incidente de suspensión en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que una vez interpuesto el medio de defensa en comento, el juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor, es decir, no se exigen mayores requisitos que interponer el medio de defensa, para resolver en definitiva en una audiencia, lo que evidentemente es de mayor beneficio para el interesado. Cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia sobre el tema en estudio, al resolver la contradicción de tesis número 237/2017, mediante ejecutoria de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en la que determinó, en la parte conducente, lo siguiente: "IV. El principio de definitividad 68. Este principio destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 69. Al respecto, esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 317/2011,(27) señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. 70. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto.(28) 71. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo,(29) señala, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, en virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. 72 En síntesis, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad y suspenda el acto. 73. En este orden de ideas, a continuación se analizará si existe un medio de defensa ordinario para impugnar las omisiones de la autoridad ministerial durante la etapa de investigación, o si debe acudirse directamente al juicio de amparo. V. Existencia de un medio de defensa contra las omisiones de la autoridad ministerial en la etapa de investigación 74. En principio, conviene citar lo previsto por los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional, que literalmente establecen: De la Constitución. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. "... "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: "... "VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Del Código Nacional. "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido"En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: "... "XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables." 75. Los citados preceptos establecen el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora de los delitos, en los términos previstos en el Código Nacional y demás disposiciones legales aplicables. 76. Por otro lado, el artículo 258 del Código Nacional, señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial "Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. "La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." 77. De la lectura del artículo transcrito, se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. 78. Ahora bien, de la interpretación sistemática(30) de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. 79. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. 80. En ese orden de ideas, una interpretación funcional(31) y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. 81. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. 82. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. 83. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. 84. No se soslaya que el citado artículo 258 establece como plazo para la impugnación ante el Juez de Control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida. 85. Sin embargo, al respecto, esta Primera Sala entiende que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir. Sin embargo, por certeza jurídica, debe precisarse que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. 86. En otra línea argumentativa, debe recordarse que la función investigadora tiene lugar en la etapa preliminar, cuyo objeto es el esclarecimiento de los hechos derivados de una noticia criminal, así como la obtención de información y elementos que permitan, en su caso, fundar una acusación en contra de una persona a la que se atribuya la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Esta labor, por disposición expresa del artículo 21 de la Constitución Federal, corresponde al Ministerio Público, quien asume el papel de rector de la investigación y es auxiliado por la policía, así como por expertos en diversas ciencias u oficios. 87. Así, cuando la autoridad ministerial en la fase de investigación tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. 88. Es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control. Así, como se dijo en el apartado correspondiente, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. 89. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse sólo como caso excepcional. 90. Derivado de lo anterior, esta Primera Sala estima que si la víctima u ofendido acude directamente al juicio de amparo, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal. Veamos por qué. 91. Como ha sido señalado en esta resolución, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación pueden actualizarse tanto en la fase inicial como en la complementaria. Por ello, las posibles consecuencias con la promoción del juicio de amparo en una u otra fase, son distintas. 92. Al respecto, esta Primera Sala aprecia que la promoción del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, supone que su trámite y posterior resolución(32) pueden encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve en sede judicial ordinaria. Lo anterior implica, prima facie, las siguientes problemáticas: 1. Que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescriba el ejercicio de la acción penal; o, 2. Que se cumpla el plazo de investigación complementaria fijado por el Juez de control y se cierre la fase respectiva, en cuyo caso la víctima u ofendido ya no tendrían oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio en la investigación del delito, pues concluida una etapa procesal, los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa siguiente.(33) 93. En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución." Del contenido de la transcripción anterior, se advierte que la superioridad estableció que de la interpretación sistemática de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. Además, la superioridad consideró que el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. Igualmente, la Primera Sala destacó que esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. En ese orden de ideas, se estima que conforme a la interpretación sistemática de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y atendiendo a la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la víctima u ofendido que pretenda combatir las omisiones y demás actuaciones del Ministerio Público que realice en la investigación de los delitos, sin que éstas se limiten a las determinaciones que se establecen de manera enunciativa en dichos preceptos legales, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación establecido en el citado artículo 258. Por lo tanto, se insiste, el juicio de amparo es improcedente en contra de los actos que la parte quejosa hace consistir en las entrevistas realizadas el tres de marzo de dos mil veintidós, a los terceros interesados de nombres Saúl García Díaz y Ma. Silvia Cortés González, en la carpeta de investigación 01-2022-00314, en las que se hace constar la presencia de su menor hija de iniciales M.J.G.O., y derivado de esa circunstancia, la omisión del Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación de recuperar a dicha menor y dejarla en custodia de los mencionados terceros interesados, ya que previamente a promover el juicio de amparo biinstancial debió agotar el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias que surgieron con motivo de la emisión de la ejecutoria transcrita en párrafos precedentes, que son: - Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), con registro número 2017641, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." - Jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), con registro número 2017640, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En tales condiciones, lo que procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Presidenta de la Sala Regional de Hidalgo, se le tiene acusando recibo de las copias del expediente 285/2020-27-01-4, que envió como justificación a su informe de ley, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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