Cristaldesiree Martínez Liendo
Expediente 18/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Cristaldesiree Martínez Liendo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el diez de enero del año en curso, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************; para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 25/03/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, en contra de actos del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 18/2022-III, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "manifiesto" debe entenderse como lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia P./J. 128/2001, con registro número 188643, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, que dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En ese contexto, atendiendo al contenido de la demanda de amparo y escrito aclaratorio de la misma, se observa que el quejoso reclama esencialmente los actos siguientes: I. La declaración de inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 300/2021. II. La determinación de no admitir la contestación de la acusación y ofrecimiento de pruebas de manera oral, decretada en la audiencia de intermedia de catorce de octubre de dos mil veintiuno, en la causa penal 161/2020. III. La desigualdad procesal que existe entre las partes en el proceso penal, toda vez que conforme a lo dispuesto en los artículos 324 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ministerio público cuenta con quince días para formular la acusación, mientras que el imputado sólo tiene diez días para ofrecer medios de prueba." Precisado lo anterior, del análisis de la demanda de amparo se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de resolver el procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado en el plazo de cuarenta y cinco días regulado por el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 217, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que por la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Conforme a las disposiciones legales de previo anuncio, el juicio de derechos no sólo resulta improcedente en los veintidós casos que prevé el numeral 61 de la Ley de Amparo, sino también por las demás causas que deriven de algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En tanto que lo establecido en el numeral 217 de la Ley de Amparo, determina la obligación que tienen todos y cada uno de los Tribunales y Juzgados de todos el país, integrantes de los Poderes Judicial Federal (incluyendo Juzgados de Distrito) como del Fuero Común, de aplicar la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el caso acontece. Ilustra a lo anterior, la tesis sustentada por la antigua Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23 del tomo 43, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193 bis de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193 de la ley reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis jurisprudencial, puesto que la indicada tesis jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 bis de la ley en cita, constituye la "disposición legal" a que alude dicha fracción." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia en comento, debido a que la parte quejosa pretende combatir la referida omisión de resolver el procedimientos de refugiado previo a que hubiese transcurrido ese plazo legal para que la autoridad responsable esté obligada a contestar lo peticionado. Así es, los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley de sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, prevén: "(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE OCTUBRE DE 2014) Artículo 21. Cuando un extranjero que se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento. La presentación de la solicitud de un extranjero no dejará sin efectos las medidas que se hayan dictado con anterioridad a la solicitud. Cualquier autoridad que tenga conocimiento de la pretensión de un extranjero de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, deberá dar aviso por escrito y de manera inmediata a la Secretaría. El incumplimiento de lo anterior será sancionado conforme a las disposiciones aplicables en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Una vez presentada formalmente la solicitud, ninguna autoridad podrá proporcionar información o notificar a las autoridades diplomáticas o consulares del país de origen del solicitante, a menos que se cuente con evidencia del consentimiento expreso de éste. Durante el procedimiento el solicitante podrá promover por sí o a través de su representante legal. Si el solicitante se encuentra en alguna estación migratoria, se deberán tomar las medidas para garantizar la comunicación con su representante legal o, en su caso, con la persona de su confianza de conformidad con las disposiciones aplicables. En todo momento las entrevistas se deberán desahogar de manera personal con el solicitante, pudiendo estar acompañado por su representante legal." "Artículo 22. La Secretaría expedirá a cada solicitante y a sus dependientes una constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado." "Artículo 23. El solicitante deberá aportar sus datos de identificación completos y verídicos, los motivos en los cuales basa su solicitud, así como todos los elementos de los que disponga para sustentarla. Desde la presentación de la solicitud hasta antes de que la Secretaría emita resolución, el solicitante podrá aportar todas las pruebas que a su derecho convengan. (REFORMADO, D.O.F. 11 DE NOVIEMBRE DE 2020) La Secretaría, tomando en consideración el contexto social y cultural de donde provenga el solicitante, así como su edad, género y otras circunstancias particulares, realizará de manera personal las entrevistas que resulten necesarias, a fin de allegarse de elementos para el análisis de su solicitud. En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, se estará a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En la substanciación del procedimiento, especialmente durante el desarrollo de las entrevistas, en caso de ser necesario se contará con el apoyo de un traductor o intérprete y de los especialistas que se requieran para facilitar la comunicación con el solicitante, mismos que en todo momento deberán de preservar la confidencialidad de la información." "Artículo 24. La Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud. Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría solicitará opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen del solicitante a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades competentes que establezca el reglamento respecto de los antecedentes del solicitante. Dicha opinión deberá emitirse dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir del siguiente al que se recibió la misma; si transcurrido dicho plazo, la Secretaría no recibiese la opinión solicitada, se entenderá que no existe opinión o información alguna sobre el particular. El plazo para emitir la resolución podrá ampliarse hasta por un período igual a juicio de la Secretaría, sólo en los siguientes casos: I. La falta de información respecto de los hechos en que se basa la solicitud; II. La falta de traductor o especialistas que faciliten la comunicación con el solicitante; III. La imposibilidad de realizar entrevistas en razón de las condiciones de salud del solicitante; IV. La petición del extranjero para aportar elementos que sustenten su solicitud, o V. Cualquier otra circunstancia derivada del caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite a la Secretaría el adecuado desarrollo del procedimiento." Del contenido de los artículos transcritos, en la parte que interesa, se desprende que cuando un extranjero solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría de Gobernación deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso y expedirá una constancia de trámite respecto de dicha solicitud. Asimismo, se observa que dicha Secretaría analizará y evaluará la solicitud correspondiente y la resolverá en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de su presentación, el cual podrá ampliarse por un plazo igual en alguno de los casos ahí previstos. En ese tenor, se tiene que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), cuenta con un tiempo máximo de cuarenta y cinco días hábiles para resolver las peticiones de los particulares, contados a partir del día siguiente al de la presentación del escrito respectivo; término que se consideró prudente para que la autoridad administrativa de referencia, resolviera las peticiones formuladas por los particulares. Por tanto, el plazo máximo de respuesta de cuarenta y cinco días hábiles aludido, integra válidamente el concepto de "breve término", previsto por el legislador en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecerse el número de días en que debe darse contestación a toda petición escrita, en tratándose del caso concreto. En su parte conducente, se invoca en apoyo la tesis I.4o.A.507 A, sustentada por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil trescientos sesenta y uno, tomo XXIII, enero de dos mil seis, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA. El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica la obligación de las autoridades de hacer recaer -a una petición escrita, pacífica y respetuosa- un acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por tanto, si no existe regulación expresa sobre el particular, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa laguna debe operar la integración análoga, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que reza "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". En esa tesitura la solicitud de un policía auxiliar en el sentido de que se le permita seguir prestando sus servicios hasta que se resuelva sobre su baja de la institución, debe aplicarse el plazo de diez días que prevé el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal para resolver el recurso de revisión promovido contra las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia respectivo." De ahí que, si la solicitud de mérito fue presentada por la quejosa el día trece de diciembre de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable y la demanda de derechos, en la que se reclama la falta de dar respuesta a su petición, fue presentada el seis de enero de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad de Pachuca de Soto; se tiene que a la fecha de la presentación de la demanda de derechos, es evidente que no ha transcurrido el mencionado plazo de cuarenta y cinco días hábiles de que dispone la autoridad responsable, para dar respuesta a la petición de la aquí quejosa. Es aplicable, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y tres, tomo I, primera parte, enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." También resulta conveniente invocar, por analogía, la tesis de jurisprudencia XIX.1o.5 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página seiscientos treinta y tres, Tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de refiere: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Así las cosas, dada la existencia de la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR de PLANO la demanda de derechos, lo cual se hace extensivo a las normas generales que reclama consistentes en el acuerdo y avisos publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta de octubre de dos mil diecisiete, ocho de junio, treinta y uno de julio y quince de octubre de dos mil dieciocho, toda vez que no se pueden desvincular de su primer acto de aplicación, el cual se hizo consistir en la referida omisión de resolver el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, con registro número 191311, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta ciudad capital. Asimismo, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que no acreditaron el registro de su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese personalmente.
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