Crissel Areli Pérez Rivero

Expediente 517/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
517/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Crissel Areli Pérez Rivero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir el proveído mediante la cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este juicio. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo.

  2. Incidental

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial, se advierte que por acuerdo de esta misma fecha emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, causó estado el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia el mismo, y se ordenó su archivo definitivo, ante lo cual se determina que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, precisando que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 21, inciso c), del citado Acuerdo General, en relación con el artículo 7.1.1, párrafo 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que la presente incidencia es susceptible de destrucción, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado en su aspecto provisional y se negó en su aspecto definitivo; por lo tanto, una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva; debiéndose conservar, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los treinta días subsecuentes, deberá realizarse la destrucción del mismo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal y como lo disponen los numerales 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en las carátulas del mismo. Finalmente, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido.

  3. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede, se advierten los motivos por los que no fue posible la entrega de los oficios 89561/2023 y 89562/2023 dirigido a las autoridades responsables "Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo" y "Titular de la Policía de la División Científica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo" debido a que no existe dichas autoridades. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que estable que es obligación de la parte quejosa, señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); se le deja de tener con el carácter de responsable en el presente juicio de derechos, ordenándose suspender todo tipo de comunicación con la misma. En consecuencia, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la supresión en el expediente electrónico del cuaderno en el que se actúa, respecto de las autoridades en cita, a efecto de evitar el envío de oficios innecesarios.

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta; en atención a su contenido, se tiene al Juez Penal de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, rindiendo su informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la responsable las copias certificadas que adjunta, misma que se tiene por ofrecida y exhibida. Luego, considerando que los actos reclamados se hacen consistir en la orden de aprehensión, detención, búsqueda, localización y/o presentación. Así, tocante al primer acto (orden de aprehensión), su existencia fue aceptada por el Juez Penal de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, Procurador General de Justicia del Estado, Comandante del Grupo Aprehensiones de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia, Titular de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y Comandante encargada del Grupo Patrimoniales de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal, al destacar el primero, que el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, emitió dicha orden contra la quejosa Crissel Areli Pérez Rivero, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de fraude especifico, en la causa penal 20/2023. Por lo anterior, carece de relevancia que la autoridad responsable Coordinador de Mandamientos Judiciales y Apoyo al Proceso Sustantivo, haya negado su existencia, así como tampoco que no obre el informe de las diversas señaladas como Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales Zona Oriente y Titular de la Policía de la División Científica, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, pues dado su carácter de ejecutoras en cualquier momento podría cobrar vida jurídica el acto que se les reclama. No obstante, debido a que del informe en cita se advierte que dicho juzgador el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, efectivamente libró orden de aprehensión contra la aquí quejosa, dentro de la causa penal 20/2023 por el hecho que la ley señala como delito de fraude especifico; sin embargo, el doce de abril del mismo año, ordenó el sobreseimiento de dicha causa penal, en virtud del otorgamiento del perdón legal. Lo anterior, permite acreditar de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en las fracciones IV y V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Así, del estado de autos se advierte que, la parte quejosa se duele de la orden de aprehensión, detención, búsqueda, localización y/o presentación, así como la omisión de haber sido citada a comparecer dentro de la investigación que se sigue en su contra; sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez Penal de Control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, se obtiene que dentro de la causa penal 20/2023, el doce de abril del mismo año, ordenó el sobreseimiento de dicha causa penal, en virtud del otorgamiento del perdón legal. Así, a las constancias de referencia se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En tales condiciones, resulta evidente que a la data en que se actúa ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado doce de abril del presente año, ante el perdón legal otorgado se declaró extinta la acción penal, lo que motivo el sobreseimiento de dicha causa penal. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo, son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, pues como quedó evidenciado al haberse declarado la extinción de la acción penal en la causa penal 20/2023, se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis XXI.1o.48 P, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, Materia Penal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 1024, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo." Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a CXI/96, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", estableció que, para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general deben concurrir los requisitos siguientes: 1) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. 2) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. 3) Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. 4) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Así, en el caso se encuentran reunidos dichos requisitos y por tanto, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas al operar un cambio de situación jurídica, ya que las consecuencias derivadas de los actos reclamados, dejaron de tener efectos, al determinarse la extinción de la acción penal dentro de la causa de origen; luego, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, ya que la causal de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse. Sobreseimiento que de igual manera se hace patente respecto a los actos consistentes en la orden de detención, búsqueda, localización y/o presentación, atribuible a los Agentes del Ministerio Público Titulares de las Unidades de Investigación Sin Detenido para los Delitos Patrimoniales I, II, III, IV y V, adscritas a la Dirección General de Investigación "Oriente" de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Lo anterior, habida cuenta de que al margen de que aquellas negaron la existencia de los actos, este órgano estima que a dichas autoridades no les reviste el carácter de responsables porque el acto reclamado se judicializó y al no ser parte en el proceso penal no merecen el carácter de autoridades responsables. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (once horas del cuatro de mayo del presente año), por los motivos antes precisados, dado el sentido de la presente determinación, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Notifíquese personalmente

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