Cristhian Issac De los Reyes Gavilan

Expediente 654/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
654/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Cristhian Issac De los Reyes Gavilan

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 490, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual, informa que dicho órgano aceptó la competencia planteada por este juzgado federal para conocer de la demanda de amparo promovida por Cristhian Isaac Iglesias de los Reyes Gavilán y Brache Torrens Gualberto, por conducto de José Alberto Vera Pantoja, la cual se radicó bajo el juicio de amparo directo 996/2022. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, remítase este cuaderno de antecedentes al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que se emite el presente proveído. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro uno de Juzgado, "de juicios de amparo"; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Asimismo, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. En otro contexto, agréguese a los autos el oficio 26480-2, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 149/2022-II (número de orden 169/2022-II), derivado de este juicio de amparo. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que resulte necesario remitir el acuse de recibo respectivo, toda vez que al haberse recibido vía electrónica, éste se genera de manera automática. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, para que cumpliera con el requerimiento realizado en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, transcurrió del treinta de agosto al uno de septiembre de dos mil veintidós, sin que dentro del mencionado plazo cumpliera con el mismo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y los subsecuentes, aun los de carácter personal, por lista que se fije en el local de este Juzgado. Finalmente, vista la razón actuarial de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se advierte la imposibilidad del actuario en funciones del Juzgado Tercero Mixto Auxiliar, Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado para entregar el oficio 5035/2022, a la autoridad responsable señalada como Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Escárcega, Campeche ya que fue informado por el licenciado José David Cruz Cruz, Sub Representante Local "B" del Instituto Nacional de Migración de Escárcega, Campeche, que dicha autoridad no existe. En atención a lo anterior, toda vez que la homóloga Federal aceptó la competencia declinada en autos, remítanse dichas constancias vía electrónica para que provea lo que en derecho corresponda; así como también, el exhorto 149/2022, con número de orden 169/2022; por así haberlo solicitado dicha Juez Federal en el oficio de cuenta. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por José Alberto Vera Pantoja, en representación de Cristhian Isaac Iglesia de los Reyes Gavilán y Brache Torrens Gualberto, de nacionalidad Cubana, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México y otra autoridad, radíquese con el número de expediente 654/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. CONSIDERACIONES PREVIAS 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 2 De la lectura integral de la demanda se desprende que el promovente del juicio de amparo refiere lo siguiente: "De la credencial de la quejosa, que se exhiben como ANEXO 1, se desprende que Cristhian Isaac Iglesia de los Reyes Gavilán y Brache Torrens Gualberto, son originarios de cuba y son mayores de edad solicitando se le de vista a la fiscalía investigadora de delitos cometidos por servidores públicos de ser el caso de la desaparición de estas dos personas" Sin embargo, por la forma en que se encuentra redactada la demanda de amparo se infiere que no se está ante el supuesto de una desaparición forzada de personas, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que dispone que los elementos que deben concurrir para actualizar dicha violación de derechos humanos caracterizada por ser pluriofensiva y continuada o permanente, son: 1) la privación de la libertad; 2) la intervención directa en dicho acto por agentes estatales o con la aquiescencia de éstos; 3) la negativa de reconocer la detención; y, 4) la negativa de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Lo anterior es así, pues respecto del requisito número uno, éste no se advierte actualice, toda vez que, de las manifestaciones realizadas por el promovente de amparo se desprende que probablemente la detención y privación de la libertad de la parte quejosa se encuentra relacionada con una cuestión relativa a su situación migratoria en el país. Asimismo, por lo que hace al requisito dos que probablemente este tampoco se actualiza ya que dicha detención y privación de la libertad fue realizada por autoridades migratorias en ejercicio de sus funciones. Además, en cuanto a los requisitos tres y cuatro, no se advierte que las autoridades de la Estación Migratoria se hayan 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 654/2022-II 3 negado a reconocer la detención ni revelar la suerte o paradero de las personas interesadas, pues incluso el promovente de amparo realiza la siguiente manifestación: "Solicitar a su Señoría me permitan entrevistarme con mi representado ya que en la estación migratoria manifiestan que no se me va a permitir hablar con él" Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada I.1o.P.162 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4527, Décima Época, que dice: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y CONCURRENTES PARA CONSIDERARLA UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, Y QUE DEBEN ESTUDIARSE CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, SIN ESCINDIRLOS.La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los párrafos 139 y 140 de la sentencia de 23 de noviembre de 2009 del Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos -al que se acude por reunir los requisitos de su aplicabilidad conforme a la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.)-, interpretó diversa normativa en materia de desaparición forzada, entre otros, los artículos II y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual el Estado Mexicano es Parte desde el 9 de abril de 2002, el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1987- 1988, Capítulo V.II., así como diversas definiciones contenidas en instrumentos internacionales -entre otros, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, del Informe del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas y el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas- y determinó que los elementos que deben concurrir para actualizar dicha violación de derechos humanos caracterizada por ser pluriofensiva y continuada o permanente, son: 1) la privación de la libertad; 2) la intervención directa en dicho acto por agentes estatales o con la aquiescencia de éstos; 3) la negativa de reconocer la detención; y, 4) la negativa de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Por tanto, cuando se reclama ese acto en el juicio de 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 4 amparo, deben estudiarse la concurrencia de dichos elementos, sin escindirlos, pues sólo de este modo el análisis legal de la desaparición forzada es consecuente con la compleja violación a derechos humanos que ésta conlleva, con su carácter continuado o permanente y con la necesidad de considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de analizar sus efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente sus consecuencias; estimar lo contrario, no permitiría respetar el derecho a la reparación integral del daño y a conocer la verdad de las víctimas, lo que equivaldría a inobservar la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos, lo que es jurídicamente inadmisible, acorde con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que el promovente solicita que se deje sin efectos la ilegal libertad de Giselle Valladares y Álvaro Sarria López. Sin embargo, del encabezado de la demanda así como de su lectura integral se desprende que la parte quejosa es Cristhian Isaac Iglesia de los Reyes Gavilán y Brache Torrens Gualberto. Aunado a lo anterior, el promovente de amparo señala que la parte quejosa lleva más tiempo de lo permitido en la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, en el apartado relativo a "I. Nombre y domicilio del quejoso", se desprende que la parte quejosa es Cristhian Issac Iglesia de los Reyes Gavilán y Brache Torrens Gualberto y que se encuentra privada en la Estación Migratoria de la Ciudad de Campeche del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Justo Sierra, número 54, Revolución, 24350, Escárcega, Campeche. En consecuencia, dichas manifestaciones que significan una mera equivocación o error mecanográfico, tomando en consideración que a excepción de estas circunstancias todos los demás datos del escrito de demanda de amparo concuerdan con 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 654/2022-II 5 los datos de la parte quejosa Cristhian Isaac Iglesia de los Reyes Gavilán y Brache Torrens Gualberto, y que estos con muy alta probabilidad se encuentran en la Estación Migratoria de la Ciudad de Campeche del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Justo Sierra, número 54, Revolución, 24350, Escárcega, Campeche. Realizadas las acotaciones anteriores, procédase a proveer lo que en derecho corresponda. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO El promovente de la demanda de amparo solicita se conceda la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa Cristhian Isaac Iglesia de los Reyes Gavilán y Brache Torrens Gualberto de los actos reclamados. PRONUNCIAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO A LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LA DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LA PARTE QUEJOSA. Así las cosas, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que la detención y privación de la libertad de la parte quejosa, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se les concede la suspensión de los actos, para que sin demora cese la detención y la parte quejosa sea puesta en libertad o a disposición del Ministerio Público. En cambio, para el caso de que la detención y privación de la libertad de la parte quejosa, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, pero no tenga relación con la comisión de un delito, el efecto de la suspensión será para que sea puesta en libertad. En la inteligencia que si la detención y privación de la libertad de la parte quejosa emana de una eventual situación irregular en una estación migratoria, con fundamento en el artículo 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 6 164 de la Ley de Amparo, al tratarse de una detención, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público (autoridades del Instituto Nacional de Migración), que no tenga relación con la comisión de algún delito, la suspensión tendrá como efecto que sean puestos en libertad. Lo anterior es así, pues si bien es cierto, las autoridades migratorias, tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, ésta es de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, en ese supuesto, la detención y privación de la libertad de la parte quejosa no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, en su caso, el efecto de la medida cautelar, debe ser que los extranjeros sean puestos en libertad, pues al no derivar la detención y privación de la libertad de la parte quejosa de la comisión de un delito, debe ser excepcional; máxime que en términos del artículo 16 Constitucional, la detención de una persona sólo procede cuando emane de una autoridad judicial competente, en los casos de flagrancia en la comisión de un delito, y excepcionalmente, cuando derive de una orden del Ministerio Público que corresponda, en los supuestos que proceda, de conformidad con dicho precepto constitucional. Sirve de apoyo, la tesis aislada I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, Décima Época, intitulada: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 654/2022-II 7 suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." PRONUNCIAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA DEPORTACIÓN. Por otra parte, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión del acto reclamado (deportación), para el único efecto de que no se ejecute y la parte quejosa Cristhian Isaac Iglesia de los Reyes Gavilán y Brache Torrens Gualberto, queden en el lugar donde se encuentren a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. PRONUNCIAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO A LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LA INCOMUNICACIÓN, PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES Y CUALQUIERA DE LOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Por otro lado, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de los actos reclamados (incomunicación, penas inusitadas y trascendentales, y cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), para que éstos cesen inmediatamente y se permita a la parte quejosa Cristhian Isaac Iglesia de los Reyes Gavilán y Brache Torrens Gualberto, mantener comunicación con sus familiares, representantes o 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 8 abogados, de conformidad con los procedimientos administrativos reglamentarios aplicables al caso y con las medidas de seguridad que estimen pertinentes las autoridades responsables, debiendo acreditar de manera fehaciente ante este órgano jurisdiccional constitucional, si la parte quejosa ha tenido comunicación con cualquiera de las personas mencionadas, con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen a este juicio o con motivo de la suspensión aquí decretada. Por cuanto hace a la solicitud relativa a que el Actuario Judicial encargado de practicar la notificación del presente proveído, explique lo que significa la protección de la Justicia Federal y que la parte quejosa no va a permanecer tres meses privada de su libertad en el lugar donde se encuentra detenida, es menester precisar que dichas manifestaciones podrá explicárselas directamente a la parte quejosa el promovente del juicio amparo, al momento en que tenga contacto con dicha parte quejosa. PRONUNCIAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL ALOJAMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA Y LA MANIFESTACIÓN RELATIVA A QUE SE LES PERMITA LLEVAR SU PROCEDIMIENTO MIGRATORIO EN LIBERTAD. Por el acto consistente en el alojamiento, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa, está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. Ahora bien, es menester destacar que el "Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional", publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno, aunque no 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 654/2022-II 9 sea vinculante, si constituye una herramienta que de pauta para guiar a los juzgadores en la tarea de impartir en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, ya que se adecúa a los criterios nacionales e internaciones, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, de forma tal que establece prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además que la propia ley establece que la situación migratoria irregular en ningún caso configura por sí misma la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige de quienes impartes justicia, conocer las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo a los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda por la forma en la que se encuentra redactada hasta el momento, no es 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 10 posible determinar con absoluta certeza la etapa del procedimiento en la que se encuentra la parte quejosa, en tanto que su detención, por la forma como ha sido narrada por el promovente del amparo, no tiene relación con la comisión de un delito y dado que se trata de personas que se encuentran privadas de su libertad personal en la Estación Migratoria de la Ciudad de Campeche del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Justo Sierra, número 54, Revolución, 24350, Escárcega, Campeche, este órgano jurisdiccional estima, que al ser la suspensión de plano un mecanismo de garantía de la libertad personal, de la prohibición de la integridad personal, con fundamento en los artículos 15, 112, 125 y 126 de la Ley de Amparo procede concederla -incluso sin examinar otros requisitos ni siquiera los contenidos en los artículos 128 y 129, de conformidad con lo dispuesto en el propio artículo 128, ambos de la ley de la materia- para que las autoridades responsables lleven a cabo los siguientes efectos: La Estación Migratoria de la Ciudad de Campeche del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Justo Sierra, número 54, Revolución, 24350, Escárcega, Campeche, que como autoridad tenga la custodia de la parte quejosa, instruya la inmediata libertad de la parte quejosa, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, por lo que en caso de que la estancia en el país de la parte quejosa presente inconsistencias en su documentación migratoria, procederá de manera inmediata a efectuar los trámites relativos para determinar su situación migratoria y con ello, quedando a su disposición para continuar el procedimiento administrativo migratorio al que en su caso se encuentra sujeta. La efectividad de la presente suspensión se encuentra condicionada a que la parte quejosa realice lo siguiente: 1) Se presente ante la autoridad migratoria encargada de registrar las firmas de las personas sujetas a procedimiento 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 654/2022-II 11 administrativo, en los días y horas que establezca dicha autoridad. 2) Proporcione a la estación migratoria en la que se encuentra, un domicilio en el que se le pueda localizar dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad ante quien se están realizando sus trámites administrativos. 3) No abandone la demarcación que corresponda al domicilio indicado. La autoridad migratoria deberá determinar la forma y términos en que la parte quejosa deberá acudir a estampar las firmas ante ella, para la efectividad de la medida cautelar. 4) Para lo anterior, deberá salvaguardar bajo su más estricta responsabilidad su vida, salud e integridad física y personal. Resulta aplicable la tesis l.20°.A.20 A (10a), visible en la página 3550, libro 51, tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, marzo 2018, Décima Época, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD." Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.4o.A.1 K (11a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con número de registro 2024000, de la Undécima Época, Materias Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. Hechos: Una 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 12 familia extranjera integrada por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, en su condición de migrantes promovieron juicio de amparo indirecto contra el alojamiento, detención, presentación o aseguramiento por más de treinta y seis horas en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la deportación o expulsión del país y solicitaron la suspensión de plano de los actos reclamados, para que fueran puestos en inmediata libertad, entre otras razones, por estar involucrados los dos menores de edad mencionados. El Juez de Distrito concedió la suspensión de plano para el efecto de impedir cualquier acto que tuviera como resultado su expulsión o deportación del país, incomunicación o actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y para que quedaran en el lugar donde se encontraban detenidos a disposición de dicha autoridad. Inconformes, interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de excepcionalidad de la detención de personas migrantes, al conceder la suspensión de plano contra ésta en el juicio de amparo, debe ordenarse que cese y fijarse las medidas alternativas necesarias para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, máxime si se encuentran involucrados menores de edad, ya que deben priorizarse los principios de su interés superior y de unidad familiar. Justificación: Lo anterior, porque la libertad personal es un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: i) que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Atendiendo a esos supuestos, dicho órgano ha considerado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, pasando por alto que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Cabe señalar que la detención migratoria busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es, lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 654/2022-II 13 consecuencia la deportación. En ambos supuestos la persona migrante o menor de edad en esa condición, permanece en una estación migratoria o estancia provisional en tanto se dicta la determinación respectiva; sin embargo, en algunos casos, las personas o menores de edad permanecen detenidas durante meses, debido a que el artículo 111 de la Ley de Migración no establece cuál es el plazo máximo para la detención. En ese contexto, cuando el Juez de Distrito conceda la suspensión de plano contra detenciones que no tengan relación con la comisión de un delito, efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como lo son las migratorias, será para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, en términos del segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo fijando, además, las medidas alternativas a la detención aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, con la finalidad de evitar colocar a las personas migrantes o menores de edad en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de éstos y de unidad familiar." Sin perjuicio de que la Ley de Migración prevea otras alternativas para seguir el procedimiento migratorio en libertad, como lo pudiera ser la figura de la custodia que prevé su artículo 101, la cual es un derecho de los migrantes, de modo que los peticionarios, si así lo estiman conveniente, podrán optar por dicha figura, acatando en su caso lo que la Ley de Migración y su reglamento establezcan con respecto a dicha custodia; en el entendido de que ello será solamente a elección del extranjero y no es un mandato que forme parte de esta medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con registro digital: 169268, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Penal, Tesis: l.1o.P.99 P, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 1745, Tipo: Aislada, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 14 libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos". Para lo anterior, en tanto se ejecuta plenamente esta medida cautelar, la autoridad deberá salvaguardar bajo su más estricta responsabilidad la vida, salud e integridad física y personal de la parte quejosa. 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 654/2022-II 15 Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija garantía alguna. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE". Asimismo, cabe precisar que, desde luego, la medida cautelar decretada no surtirá efecto alguno si la detención decretada en contra de la parte quejosa deriva de actos distintos a los actos aquí impugnados o emana de un procedimiento de naturaleza penal, así como si la detención derivada de la comisión de algún ilícito que se le atribuya, sea o no por un delito grave así calificado por la ley penal federal o del orden común, para evitar el riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia; que se le haya sorprendido en flagrancia cometiendo uno o varios delitos en cualquier modalidad; por lo que en dichos supuestos quedan expeditas las facultades de las autoridades para actuar como en derecho corresponda. Importa destacar que no sólo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES Lo anterior, comuníquese sin demora a las autoridades responsables por los medios más eficaces que permitan lograr su inmediato cumplimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, a que cumplan con la suspensión concedida, toda vez que de no hacerlo, 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 16 incurrirán en el delito previsto en el artículo 262, fracción III1 de la Ley de Amparo; por lo que de darse el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales conducentes; debiendo informar a este Juzgado, dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, sobre las medidas que adopten al respecto, remitiendo copia certificada de las constancias relativas. INCOMPETENCIA. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, por los motivos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." 1 "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;" 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 654/2022-II 17 El precepto legal transcrito, establece tres reglas de competencia por territorio de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en razón del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, del análisis de la demanda de amparo, se desprende que los quejosos señalan como actos reclamados: 1. La detención y privación de la libertad. 2. La orden de deportación. 3. La incomunicación, penas inusitadas y trascedentales y cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4. El alojamiento. Asimismo, que la parte quejosa se encuentra detenida en la Estación Migratoria de la Ciudad de Campeche del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Justo Sierra, número 54, Revolución, 24350, Escárcega, Campeche. De tal manera, se surte el supuesto de competencia por razón de territorio, prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, relacionado con el número 1, derivado de que la parte quejosa fue detenida en la Estación Migratoria de la Ciudad de Campeche del Instituto Nacional de Migración, ubicada en 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 18 Justo Sierra, número 54, Revolución, 24350, Escárcega, Campeche, lugar donde conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, tiene jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en turno. Por consiguiente, el Juez de Distrito competente para conocer de la presente demanda de amparo es el Juez de Distrito en el en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en turno, en cuya jurisdicción se encuentran detenidos los directos quejosos, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como el artículo primero, fracción I, segundo, fracción I, numerales tercero y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo, y la declina a favor del Juzgado de Distrito en el en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en turno. En consecuencia, se ordena remitir la demanda de amparo, al Juez de Distrito en el en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, solicitándole atentamente al juez declinado, el acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 654/2022-II 19 INTEGRACIÓN DE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con copia certificada de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DIRECTA Toda vez que la parte quejosa probablemente se encuentra recluida en la Estación Migratoria de la Ciudad de Campeche del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Justo Sierra, número 54, Revolución, 24350, Escárcega, Campeche, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2, gírese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario judicial de su adscripción se constituya en dicho lugar y realice lo siguiente: 1. Deberá verificar si se encuentra en ese lugar la parte quejosa y en caso de encontrarla, la requiera para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fijará en los estrados de este juzgado, en términos de los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo. 2. Faculta al fedatario judicial a fin de que de fe del lugar y de las condiciones físicas visibles en la que este la parte quejosa y de todas aquellas circunstancias transcendentes en relación a la privación de la libertad, incomunicación, penas inusitadas y trascendentales y deportación o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; que se generen durante el desarrollo de la diligencia 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 20 encomendada, es decir, si dichas personas estuvieron o están incomunicadas. 3. El fedatario encomendado a la presente diligencia deberá requerir al encargado o responsable de dichas oficinas a efecto de que le brinde todas las facilidades para que verifique si se encuentran en ese lugar la parte quejosa. 4. Se faculte al actuario judicial para que en el supuesto de que al acudir a notificar a la parte quejosa el presente proveído, ésta hubiera sido puesta a disposición de una autoridad distinta de las señaladas en el presente acuerdo, se constituya en el lugar en que se encuentre la misma para hacerle saber la suspensión de plano concedida en su favor, las prevenciones apuntadas y los requiera para que manifiesten si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición se encuentren y proceda a notificar a ésta el presente proveído, para que lo acate en sus términos. 5. Tomando en consideración que de la demanda se advierte que la parte quejosa es de nacionalidad cubana, deberá hacerles saber el derecho a la asistencia consular a la que tienen derecho por encontrarse en territorio nacional Mexicano; y si desean que este juzgado intervenga para lograr dicha comunicación, lo deberán hacer del conocimiento para estar en condiciones de proveer lo conducente. 6. El Actuario Judicial deberá entregar los oficios dirigidos a las autoridades responsables. En el entendido que el Actuario Judicial comisionado deberá recabar de las autoridades, la constancia respectiva, la cual deberá contener lo siguiente: sello, fecha, nombre de quien recibe, cargo y firma, que permitan identificar que fue entregado a su destinatario. Asimismo, en caso de negarse la autoridad responsable a recibir dicho oficio, deberá apercibirla, que se tendrá por hecha la 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 654/2022-II 21 notificación que el mismo contiene, de conformidad a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 28 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS AL PROMOVENTE DE AMPARO Como lo solicita el promovente de amparo, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "JOSEALBERTOVERAPANTOJA". CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a José Alberto Vera Pantoja, con nombre de usuario "JOSEALBERTOVERAPANTOJA", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "JOSEALBERTOVERAPANTOJA", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 22 de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 654/2022-II 23 estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa y electrónicamente al promovente de amparo.

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