CR Offshore S.A.P.I. de C.V.

Expediente 418/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
418/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • CR Offshore S.A.P.I. de C.V.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de ****, apoderado legal de *****, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la parte quejosa. Asimismo, en términos del numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto que se impugna, el cual se encuentra ajustado a derecho, Por tanto, una vez que este expediente se encuentre integrado para su envío al Tribunal Colegiado, remítase a la superioridad para el trámite respectivo. Por otra parte, con apoyo en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que haga disponible la consulta electrónica del presente expediente a fin de que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, pueda consultar las constancias; debiendo el secretario encargada del expediente realizar la certificación relativa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    MESA V..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCION. Agréguense a los autos los escritos signados por ****, apoderado legal de ****, mediante los cuales, con el primero desahoga la prevención realizada en proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés; mientras que en el segundo ofrece la prueba documental consistente en la copia digitalizada de la resolución dictada en el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 107, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO DE LA LEY DE AMPARO. En el caso que nos ocupa, por cuanto hace a los actos consistentes en: 1. El acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil ****, en el que se declaró confesa ficta a ****. 2. El irregular citatorio de diez de enero de dos mil veintitrés y emplazamiento de once de enero de dos mil veintitrés, emitidos en los autos de los medios preparatorios ****, practicados a ****. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De los preceptos transcritos, se colige que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto reconoció la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales. No obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados después de concluido el juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en ciertos supuestos. Ahora bien, de acuerdo a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que existen dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en la etapa de ejecución de sentencia, a saber: a) Actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución; y b) Actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto a la segunda clase de actos, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Este criterio se refleja en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, junio de 2003, página 11, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." El anterior criterio jurisprudencial participó en la contradicción de tesis 215/2019, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo procede excepcionalmente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos, esto es, que se trate de actos que tengan una ejecución de imposible reparación; y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De esta ejecutoria surgió la jurisprudencia P./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, Novena Época, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." A partir de lo anterior, se puede concluir que conforme al marco jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia, el juicio de amparo procede: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por "actos de imposible reparación" deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. De estas ejecutorias emergieron la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Y, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo I, página 15, Décima Época, intitulada: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." A partir de lo anterior, es factible concluir que a raíz del nuevo marco normativo generado con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, a partir del tres de abril de dos mil trece, han quedado superados los criterios jurídicos donde el Máximo Tribunal de Justicia del País, ha fijado los alcances de la expresión "actos de imposible reparación", para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Tales criterios, se reflejan en la tesis aislada P. LVII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 9, Novena Época, intitulada: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Asimismo, en la tesis aislada P. LVIII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 10, Novena Época, con la voz: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Lo anterior, porque los criterios jurídicos transcritos, se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por la expresión "actos de imposible reparación", lo cual, a la fecha ya no acontece, debido a que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación" al establecer que por dichos actos se entienden: ". los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 39/1995, sostuvo que los medios preparatorios a juicio son actos fuera de juicio conforme a lo previsto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, impugnables en amparo indirecto, dado que, con la falta de emplazamiento a tales medios se deja en estado de indefensión a la parte afectada, esto es, sin la posibilidad para hacer valer la defensa que estime pertinente en esos medios, sin embargo, ello no impide, que en el procedimiento que se instaure en su contra (entendiéndose con ello al juicio propiamente dicho) haga valer el afectado los medios de defensa que estime pertinente De esta ejecutoria emergió la jurisprudencia 1a./J. 23/96 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, septiembre de 1996, página 21, Novena Época, intitulada: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS. "Siendo los medios preparatorios a juicio, determinadas diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, y que las mismas no forman parte del juicio, ya que como su nombre lo indica preparan, pero no son el mismo, aunque sirvan de apoyo a la acción o excepción que se intente, la falta de emplazamiento a tales medios preparatorios, debe estimarse como un acto ejecutado fuera de juicio, ya que éste debe entenderse como el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquier forma hasta que se dicta sentencia definitiva, y contra esa irregularidad es procedente el amparo indirecto en los términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, habida cuenta que la falta de emplazamiento resulta ser una violación que de resultar fundada deja sin defensa al quejoso ante tales diligencias previas. Sin que sea obstáculo para su procedencia el que la falta de emplazamiento no sea un acto de imposible reparación, pues no se trata de actos realizados dentro del juicio como lo establece la fracción IV del artículo 114 de la ley de la materia, interpretada a contrario sensu." En la diversa contradicción de tesis 131/2003-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que conforme a la resolución que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 23/96, contra las irregularidades o ilegalidad en el emplazamiento a medios preparatorios a juicio es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, siempre que el afectado tenga conocimiento de las mismas hasta antes que dé inicio el procedimiento o juicio que se pretende preparar, conforme a lo dispuesto en la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo, y no así cuando dicho procedimiento o juicio haya iniciado, caso en el que deberá hacer valer las defensas y excepciones que procedan para su defensa. Sentado el marco jurisprudencial sobre la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, respecto de los actos que se analizan en este apartado, de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa que tuvo conocimiento de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil después de haberse iniciado el juicio que se preparó, pues en el apartado de los antecedentes del acto reclamado su apoderado legal manifestó que el catorce de abril de dos mil veintitrés, se apersonó al Juzgado de Oralidad Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, y al revisar los estrados se hizo saber de la cedula de notificación de doce de abril de dos mil veintitrés, relativo al juicio ejecutivo oral mercantil ****, derivado de los medios preparatorios **** del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial de Ciudad del Carmen, Campeche. El anterior aserto, se corrobora con la copia digitalizada de la resolución de uno de junio de dos mil veintitres, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento promovido por ****, apoderado legal de ****, en los autos del juicio oral mercantil ****, con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que el apoderado legal de la parte quejosa, manifestó bajo protesta de decir verdad que es un documento fiel, exacto e inalterado de su original, del que se advierte que se declaró procedente del incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, promovido por el apoderado legal de ****, declarándose nulas las diligencias de catorce de marzo de dos mil veintitrés, y la de requerimiento de embargo y emplazamiento de quince de marzo de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes actuaciones, reponiéndose el procedimiento, ordenando girar oficio a la institución bancaria Banco Santander México, sociedad anónima, Institución de banca múltiple, sociedad anónima, grupo Santander México, a efecto de cancelar el cheque de caja *** de diez de mayo de dos mil veintitrés, por la cantidad de $**** (*****), y esa cantidad se integrara a la cuenta bancaria **** de la moral ****. En este tenor, si ****, apoderado legal de ****, acudió al juicio de amparo a reclamar la ilegalidad del emplazamiento que se le hizo a los medios preparatorios a juicio ejecutivo oral mercantil ****. Asimismo, que en el juicio ejecutivo oral mercantil ****, aún no se ha dictado sentencia, ya que en la resolución incidental de nulidad de actuaciones se ordenó reponer el procedimiento hasta su emplazamiento. Resulta evidente que la parte quejosa estuvo en condiciones de comparecer al juicio ejecutivo oral mercantil ****, para oponer las defensas y excepciones que en su caso procedieran, pudiéndose impugnar el ilegal emplazamiento, en su caso, en amparo directo como violación procesal. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada I.11o.C.36 K del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 2147, Novena Época, de rubro y texto: MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS, SI LA DEMANDA DE AMPARO SE PRESENTA CUANDO YA SE HA INICIADO EL JUICIO PRINCIPAL, DEBIÉNDOSE IMPUGNAR, EN SU CASO, EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme a la jurisprudencia 1a./J. 23/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 21, de rubro: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS.", es procedente el juicio de amparo biinstancial contra la falta de emplazamiento a los medios preparatorios por considerarse como un acto dictado fuera de juicio; sin embargo, tal jurisprudencia se refiere al caso en que el afectado tenga conocimiento del mismo antes de que inicie el juicio principal que se pretende preparar, pero aquélla no resulta aplicable cuando dicho procedimiento o juicio haya iniciado, porque en este supuesto deberá hacer valer las excepciones y defensas que procedan para combatirlo, tal y como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 131/2003-PS, en sesión de dos de junio de dos mil cuatro; en consecuencia, cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto la falta o ilegal emplazamiento a los medios preparatorios y el quejoso aduce que tuvo conocimiento de él a virtud del llamamiento al juicio principal iniciado con base en tales medios, ya no tiene aplicación la jurisprudencia en comento, pues el acto reclamado deja de ser un acto dictado fuera de juicio, para convertirse en un acto dentro de juicio, y por ende, para la procedencia del juicio constitucional debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues cuando se allegan dichos medios preparatorios al juicio principal, ya integran el acervo probatorio de la parte actora, debiéndose impugnar a través de las excepciones y defensas correspondientes; procediendo su impugnación en juicio de amparo directo como violación procesal, dado que ese emplazamiento no es de ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, ni en grado predominante y superior las defensas del quejoso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracciones XXIII, este último en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****, apoderado legal de ****, por los actos analizados en este apartado. II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI. Ahora, por lo que respecto a los diversos actos reclamados consistentes en: 1. El ilegal emplazamiento a juicio oral m ercantil dentro de los autos del expediente ****, de quince de marzo de dos mil veintitrés, así como del embargo trabado sobre la cuenta bancaria ****, en el Banco Santander México, sociedad anónima, Institución de banca múltiple, sociedad anónima, grupo Santander México. 2. La ilegal orden de girar oficio a diversos bancos y en particular al el Banco Santander México, sociedad anónima, Institución de banca múltiple, sociedad anónima, grupo Santander México, para trabar formal embargo por la cantidad de $**** (****), a la cuenta bancaria ****. 3. La ilegal autorización de la secretaria de acuerdos, para girar oficio a diversos bancos y en particular al el Banco Santander México, sociedad anónima, Institución de banca múltiple, sociedad anónima, grupo Santander México, para trabar formal embargo por la cantidad de $ *** (****), a la cuenta bancaria *** aperturada a nombre ****. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El precepto legal transcrito, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y del copia digitalizada de la resolución incidental de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento promovido por ****, apoderado legal de ****, en autos del expediente ***, relativo al juicio ejecutivo oral mercantil, cuyo valor probatorio ya se determinó en párrafos precedentes, se advierte que se declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, promovido por el apoderado legal de ***, declarandose nulas las diligencias de catorce de marzo de dos mil veintitrés, y la de requerimiento de embargo y emplazamiento de quince de marzo de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes actuaciones, reponiéndose el procedimiento, ordenándose girar oficio a la institución bancaria Banco Santander México, sociedad anónima, Institución de banca múltiple, sociedad anónima, grupo Santander México, a efecto de cancelar el cheque de caja **** de diez de mayo de dos mil veintitrés, por la cantidad de $**** (****), y esa cantidad se integrara a la cuenta bancaria **** de la moral *****. Bajo ese contexto, al haber sido declarado procedente el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y declarado nulas las diligencia de catorce y quince de marzo de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes actuaciones, ello trae como consecuencia que cesaron los efectos de los actos reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 113, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****, apoderado legal de *****, por los actos analizados en este apartado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, Secretario Proyectista con quien actúa y da fe.

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