CR Offshore S.A.P.I. de C.V.
Expediente 497/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/07/2023
Partes del expediente
- CR Offshore S.A.P.I. de C.V.
Actuaciones
- Principal
MESA IV..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del once al diecisiete de julio de dos mil veintitrés, con exclusión de los días quince y dieciséis del mismo mes y año, por ser inhábiles, en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 20, fracción IV y 23 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
MESA IV..."Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de julio de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguense a los autos el escrito signado por ****, apoderado legal de la quejosa ****, mediante el cual, desahoga en tiempo el requerimiento decretado en proveído de trece de junio de dos mil veintitrés. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al respecto, conviene precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. El acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ejecutivo mercantil ****, que desechó de plano el incidente de nulidad de notificaciones en contra del irregular emplazamiento a los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil ****, así como la omisión de señalar como asesor y/o autorizado con todas las facultades a ****. 2. El acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil ****, en el que se declaró confesa ficta a ****. 3. El irregular citatorio de diez de enero de dos mil veintitrés y emplazamiento de once de enero de dos mil veintitrés, emitidos en los autos de los medios preparatorios ****, practicados a ****. 4. La orden de emplazamiento dictada en el juicio ejecutivo mercantil ****, en una dirección que la parte quejosa aduce es diversa a su domicilio correcto. 5. La orden de girar oficio a diversos bancos, en particular al Banco Santander México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, para trabar formal embargo por la cantidad de $**** (*****) de la cuenta bancaria ****, a nombre de ****. DESECHAMIENTO. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, INTERPRETADO A CONTRARIO SENTIDO. En el caso que nos ocupa, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ejecutivo mercantil ****, que desechó de plano el incidente de nulidad de notificaciones en contra del irregular emplazamiento a los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil ****, así como la omisión de señalar como asesor y/o autorizado con todas las facultades a *****, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de "imposible reparación en juicio", entendiéndose por tales, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por "actos de imposible reparación" deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. De estas ejecutorias emergieron la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Y, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo I, página 15, Décima Época, intitulada: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." A partir de lo anterior, es factible concluir que a raíz del nuevo marco normativo generado con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, a partir del tres de abril de dos mil trece, han quedado superados los criterios jurídicos donde el Máximo Tribunal de Justicia del País, ha fijado los alcances de la expresión "actos de imposible reparación", para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Tales criterios, se reflejan en la tesis aislada P. LVII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 9, Novena Época, intitulada: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Asimismo, en la tesis aislada P. LVIII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 10, Novena Época, con la voz: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Lo anterior, porque los criterios jurídicos transcritos, se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por la expresión "actos de imposible reparación", lo cual, a la fecha ya no acontece, debido a que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación" al establecer que por dichos actos se entienden: ". los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por otra parte, la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 23/2008-PS, sostuvo que la interlocutoria que confirma la procedencia o no del incidente relativo en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. Y, que no obstaba para concluir lo anterior, el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, pues por sí sola, no justificaba la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permitía la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas conllevaban una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implicara violación al principio de justicia pronta. De esa ejecutoria, surgió la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 256, intitulada: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Bajo ese contexto, atendiendo a la doctrina jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión del titular del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, de desechar de plano el incidente de nulidad de notificaciones en contra del irregular emplazamiento a los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil ****, así como la omisión de señalar como asesor y/o autorizado con todas las facultades a ****, no constituye un acto de imposible reparación, entendiéndose por ello, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. Es así, en razón de que la resolución reclamada no impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa en forma actual o presente, sino que se trata de una resolución que sólo podría producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva al tratarse de una determinación que desechó de plano el incidente de nulidad de notificaciones en contra del irregular emplazamiento a los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil ****, así como la omisión de señalar como asesor y/o autorizado con todas las facultades a ****, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues los efectos y consecuencias que llegare a producir el auto reclamado, no son materializables inmediatamente, sino que dependerá de que lo ahí resuelto llegue a trascender al sentido de la sentencia que se emita en el juicio ejecutivo mercantil ****. En esa medida, podría darse el caso de que el Juez responsable al valorar las pruebas ofrecidas por las partes actora y demandada, dicte sentencia que favorezca los intereses de la parte quejosa. Por el contrario, de dictarse sentencia contrario a los intereses de la parte quejosa, hasta ese momento podrá determinarse si la decisión de el Juez responsable de desechar de plano el incidente de nulidad de notificaciones en contra del irregular emplazamiento a los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil ****, así como la omisión de señalar como asesor y/o autorizado con todas las facultades a ****, transcendió o no al sentido del fallo definitivo. Momento en que la parte quejosa podrá instar el juicio de amparo directo en contra de la sentencia y hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil **** y precisar la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXI, página 790, Quinta Época, intitulada: "NULIDAD DE ACTUACIONES, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCION QUE DESECHA UN INCIDENTE DE. El juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que desecha un incidente de nulidad de actuaciones, ya que el artículo 159, fracción V, de la Ley de Amparo, previene que en los juicios civiles se considerarán violadas las leyes del procedimiento y privado de defensa al quejoso, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, sin establecer diferencia alguna entre el desechamiento de la demanda inicial y la interlocutoria que decide tal incidente, y además, el artículo 161 de la ley citada expresa que tales violaciones sólo pueden reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva." Se afirma lo anterior, toda vez que el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido. II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO DE LA LEY DE AMPARO. Por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en: a) El acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil ****, en el que se declaró confesa ficta a ****; y, b) El irregular citatorio de diez de enero de dos mil veintitrés y emplazamiento de once de enero de dos mil veintitrés, emitidos en los autos de los medios preparatorios *****, practicados a ****. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción previstos en dicho precepto. Ahora, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar una demanda de amparo, se computa conforme a las reglas siguientes: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día de la entrada en vigor de la norma general autoaplicativa. Bajo ese contexto, se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y conforme a la jurisprudencia XXII. J/12, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.", lo siguiente: 1. El veintisiete de abril de dos mil veintitrés, ****, por conducto de su apoderado legal ****, presentó en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, demanda de amparo contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen y de otras autoridades, misma que se radicó con el número de juicio de amparo 418/2023. 2. De una revisión al citado juicio de amparo 418/2023, se advierte que la demanda de amparo fue promovida por la misma parte aquí quejosa y por actos emanan de los mismos expedientes de origen de donde derivan los actos aquí reclamados, esto es; de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil **** y juicio ejecutivo mercantil ****. 3. De una lectura a la demanda de amparo ****, se advierte que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil ****, desde el catorce de abril de dos mil veintitrés. Asimismo, que el catorce de abril de dos mil veintitrés, el quejoso se encontraba en el Juzgado de Oralidad Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, realizando diversos trámites, cuando en eso, se acercó a revisar los estrados, manifestando bajo protesta de decir verdad, que en ese momento se hizo sabedor de una cédula de notificación de doce de abril del año en curso, en la cual su representada se encuentra demandada en juicio ejecutivo mercantil promovido por ***** De igual forma, que inmediatamente preguntó al personal del juzgado por el expediente ****, y previa identificación como apoderado de la moral demandada, se le otorgó acceso; por tanto, en ese momento se impuso de todo lo actuado dentro de aquél expediente. Consecuencia de lo anterior, se percató que en el expediente ****, derivado del juicio ejecutivo mercantil que promoviera ****, previamente la misma moral, promovió medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, con fecha de inicio que data del veintidós de diciembre de dos mil veintidós, radicado bajo el expediente ****. En tales circunstancias, al existir prueba plena respecto de la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos a que se refiere este apartado, se obtiene que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para promover demanda de amparo en contra de los actos reclamados que ahora se analizan, transcurrió del diecisiete de abril al nueve de mayo de dos mil veintitrés, con exclusión de los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, uno, cinco, seis y siete de mayo de dos mil veintitrés, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En ese sentido, si la parte quejosa hasta el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra los citados actos reclamados, resulta claro que lo hizo después de que transcurrió el plazo de quince días que tenía para ello. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 27/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Junio de 1996, página 57, Novena Época, de la voz: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En esa tesitura, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo III. CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. Finalmente, respecto a los actos reclamados consistentes en: a) La orden de emplazamiento dictada en el juicio ejecutivo mercantil ****, en una dirección que la parte quejosa aduce es diversa a su domicilio correcto; y, b) La orden de girar oficio a diversos bancos, en particular al Banco Santander México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, para trabar formal embargo por la cantidad de $**** (****) de la cuenta bancaria ***, a nombre de ****. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El precepto legal transcrito, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El anterior aserto, se corrobora con la copia de la interlocutoria de uno de junio de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento relativo al juicio ejecutivo mercantil ****, promovido por ****, apoderado legal de ****, en los autos del juicio ejecutivo mercantil ****, misma que fue exhibida mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil veintitrés y reservada mediante auto de diecinueve del mismo mes y año, hasta en tanto la parte quejosa diera cumplimiento a la prevención realizada en auto de trece de junio de dos mil veintitrés, lo que en efecto ya ocurrió, por lo que se tiene por ofrecida la misma y deberá ser tomada en consideración en el presente proveído. En consecuencia, se le otorga valor probatorio pleno, en su calidad de prueba documental, acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que el apoderado legal de la parte quejosa, manifestó bajo protesta de decir verdad que es un documento fiel, exacto e inalterado de su original. De dicha documental, se advierte que la autoridad señalada como responsable, declaró procedente del incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, promovido por el apoderado legal de ****, consecuencia de ello, también declaró nulas las diligencias de catorce de marzo de dos mil veintitrés, y la de requerimiento de embargo y emplazamiento de quince de marzo de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes actuaciones, reponiéndose el procedimiento, ordenando girar oficio a la institución bancaria Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Sociedad Anónima, Grupo Santander México, a efecto de cancelar el cheque de caja **** de diez de mayo de dos mil veintitrés, por la cantidad de $*** (****), y esa cantidad se integrara a la cuenta bancaria **** de la moral ****. Bajo ese contexto, al haber sido declarado procedente el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y declarado nulas las diligencia de catorce y quince de marzo de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes actuaciones, asimismo, al haberse ordenado girar oficio a la institución bancaria Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Sociedad Anónima, Grupo Santander México, a efecto de cancelar el cheque de caja *** de diez de mayo de dos mil veintitrés, por la cantidad de $**** (****), y esa cantidad se integrara a la cuenta bancaria **** de la moral ****, ello trae como consecuencia que cesaron los efectos de los actos reclamados que ahora se analizan, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de las violaciones constitucionales reclamadas, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113, en relación con los numerales 61, fracciones XIV, XXI y XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****, por conducto de su apoderado legal ****. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Shawn Daniel Benjamín Bámaca Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual, con fundamento en el artículo 119 de la Ley Amparo, ofrece como prueba documental copias certificadas de la resolución interlocutoria de uno de junio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ***, del Juzgado de Oralidad Mercantil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad; de lo que este órgano jurisdiccional se reserva proveer lo que en derecho corresponda, hasta en tanto la parte quejosa de cumplimiento a la prevención realizada en auto de trece de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Shawn Daniel Benjamín Bámaca Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, trece de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por *** a través de quien se ostenta como su apoderado legal ***, contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen y de otras autoridades; radíquese con el número de expediente ***, intégrese el expediente electrónico y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a la promovente el carácter con el que se ostenta, pues de la copia certificada del instrumento notarial número treinta mil seiscientos ochenta y uno de veinte de julio de dos mil veintidos, pasado ante la fe de la Notaria Pública Número Doscientos Treinta y Uno, en la Ciudad de México, se advierte que los accionistas de ***, otorgaron poder general para pleitos y cobranzas y para actos de administración a Edgar Álvarez Cardoso, con facultades especiales para promover el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce al promovente el carácter con el que se ostenta, como apoderado legal de la parte quejosa CR OFFSHORE, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. PREVENCIÓN. Ahora bien, artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará el escrito de demanda y si advirtiere deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda. Por otra parte, del artículo 108, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, deriva la obligación del quejoso de expresar con claridad la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, en el capítulo del acto reclamado señala como tal lo siguiente: "1.-La no admisión del incidente de nulidad de notificaciones en contra del irregular emplazamiento de los medios preparatorios, misma que fue declarado en el acuerdo de fecha 27 de abril del 2023 y la omisión de señalar como asesor técnico y/o autorizado con todas las facultades. 2.- Que mi representada haya sido declarada confesa ficta por la autoridad responsable en el acuerdo de fecha 27 de enero del 2023 dentro de los autos del expediente ***, sin que haya sido notificada debidamente en su domicilio ubicado en ***. 3.- El irregular citatorio de espera de fecha 10 de enero del 2023 e irregular emplazamiento de fecha 11 de enero del 2023 dentro de los autos del expediente ***, que practicaron a mi representada ***., toda vez que bajo protesta de decir verdad nunca recibimos notificación alguna de la autoridad responsable en nuestro domicilio ubicado en ***. 4.- Que mi representada haya sido declarada confesa ficta por la autoridad responsable en el acuerdo de fecha 27 de enero de 2023 dentro de los autos del expediente ***, sin que haya sido notificada debidamente en su domicilio ubicado en ***." Por su parte, en el capítulo de suspensión, específicamente solicita la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva de los actos reclamados para los efectos siguientes: "1.- Ordenar a las autoridades responsables garanticen y otorguen a mi representada, que suspendan el procedimiento en lo principal de ambos juicios de origen y que se sirvan girar oficio dentro de los autos del expediente número *** a diversos bancos y en particular al BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, S.A. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, para que destrabar formal embargo por la cantidad de *** a la cuenta bancaria número *** a nombre de mi representada, en virtud de lo anterior, para efectos de garantizar la tutela jurídica de mi representada y evitar que se convierta en un acto de imposible reparación, porque existe la posibilidad de que la parte actora de los juicios de origen cobren de manera indebida la cantidad señalada, por todos los agravios expuestos, fundando lo anterior con el criterio siguiente." Lo anterior, resulta un señalamiento obscuro, puesto que, habiendo analizado la demanda de amparo en su integridad, y en específico de los capítulos de acto reclamado y suspensión del acto reclamado transcritos, no se aprecia claramente cuáles son las violaciones concretas y específicas que el quejoso reclama de las autoridades responsables y, por ende, imposibilita a este órgano jurisdiccional identificar el acto reclamado, fijar la litis constitucional y en su caso pedir a las autoridades responsables que rindan su informe justificado. De ahí que sea necesario que la parte promovente especifique claramente cuál es el acto concreto reclamado, pues la falta de precisión y claridad indicada, se traduce en una irregularidad de la demanda de amparo que debe ser aclarada por la parte quejosa. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, II, y IV, en relación con el numeral 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días aclare y manifieste, bajo protesta de decir verdad, cual es el acto que en concreto reclama de cada una de las autoridades responsables. Escrito aclaratorio que al ser parte integrante de la demanda de amparo, deberá acompañarse con las copias suficientes, esto es, deberá exhibir seis (6) copias, para ser distribuidas de la siguiente forma: tres (3) para las autoridades responsables, una (1) para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, una (1) para la parte tercero interesada y una (1) más para el cuaderno incidental. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en ***. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a al licenciado en derecho ***, pues de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que el autorizado de la parte quejosa cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho. Asimismo, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a ***, ***, ***, *** y ***, quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a ***, con el nombre de usuario "***", para consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "***", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. DATOS DE CONTACTO. Con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2° de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener la dirección de correo electrónico y número telefónico celular que proporciona la promovente como medio de contacto para entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, preveía como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales", como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, sin embargo, el aludido Acuerdo General estuvo en vigor hasta el seis de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo General 22/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del consejo en el contexto de la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Shawn Daniel Benjamín Bamaca Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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