Crispina Ortega Feliciano y Otros.
Expediente 1006/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1006/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Crispina Ortega Feliciano y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos se advierte que en este asunto obra el billete de depósito N 835274 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) que la quejosa Indira Chacón Castellanos exhibió para garantizar la eficacia de la suspensión definitiva que le fue concedida, que el plazo de dos años que establece la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación para la prescripción transcurrió del cuatro de febrero de dos mil diecinueve, al tres de junio de dos mil veintiuno, sin que la peticionaria del amparo haya comparecido a recoger el billete de depósito, no obstante que fue comunicada de dicha circunstancia mediante proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve. De igual manera que el plazo de dos años para la prescripción del billete de depósito N 835274 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) que la quejosa Indira Chacón Castellanos exhibió para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida, transcurrió sin que la justiciable haya comparecido a recoger ese billete de depósito en el plazo en el que legalmente pudo exigirse. Ahora bien, el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación dispone: "Artículo 50. Los depósitos al cuidado o constituidos ante la Tesorería a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, inclusive los rendimientos que en su caso generen, prescribirán a favor del erario federal en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida jurídicamente su devolución o entrega por el depositante o por sus legítimos beneficiarios. Cuando no sea posible determinar la fecha a que se refiere el párrafo anterior, el plazo de prescripción será de tres años contado a partir de la fecha en que se recibió el depósito por la Tesorería. El término de prescripción a que se refiere este artículo se interrumpe por cada gestión de devolución o entrega que, mediante escrito, lleve a cabo el depositante o sus legítimos beneficiarios, y se suspenderá a partir del ejercicio de las acciones promovidas con ese objeto ante los tribunales competentes y hasta que se resuelvan en definitiva. La Tesorería podrá declarar de oficio la prescripción de los depósitos que constituya y disponer su aplicación al erario federal en el concepto respectivo de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda." Por su parte, de los Acuerdos Generales 4/2020, 8/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que se suspendieron los plazos del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte y del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, dando un total de cinco meses y siete días, lapso de tiempo que se adiciona al término de dos años que tenían los quejosos a fin de que comparecer a recoger la garantía respectiva. En esa tesitura a la fecha en que se actúa, ha transcurrido con exceso el plazo de dos años que tenía la quejosa para exigir su devolución; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 48, segundo párrafo, de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación se declara que dicha garantía ha prescrito a favor del Erario Federal. Una vez que cause estado este proveído remítase debidamente endosado el aludido certificado de depósito a favor del Tesorero de la Federación, con residencia en la Ciudad de México. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós.San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por medio del cual la Secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca remite la demanda de amparo presentada por Crispina Ortega Feliciano, Eduardo Hilario Ortega, Georgina Martha Aguilar Rangel y Placido Severiano Silva, en virtud de que por auto de treinta de agosto de este año dictado en autos del juicio de amparo 1001/2022 de su índice, declinó competencia en favor de este Juzgado, para conocer de de la misma. En consecuencia, este Juzgado comparte las consideraciones expuestas por el homologo y acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo presentada por Crispina Ortega Feliciano, Eduardo Hilario Ortega, Georgina Martha Aguilar Rangel y Placido Severiano Silva, acúsese el recibo correspondiente. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1006/2022 y solicítese a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta localidad la compensación respectiva. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo únicamente por cuanto hace a Eduardo Hilario Ortega por actualizarse un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, como a continuación se precisa. De la interpretación gramatical del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que la demanda debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías como lo que dispone el numeral en mención: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, determina lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". El referido precepto establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto que se reclame sea materia de otro diverso juicio constitucional que esté pendiente de resolución (listispendencia), promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque por violaciones constitucionales diversas. Es decir, la causa de improcedencia por litispendencia parte de la premisa de que el quejoso promueva un juicio de amparo contra la misma autoridad o autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, cuando previamente promovió un diverso juicio en que existen las coincidencias mencionadas y se encuentra pendiente de resolución. La improcedencia por litispendencia se trata, entonces, de una institución jurídica que se apoya en los principios de unidad y economía procesal, así como en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, siempre y cuando la controversia anteriormente planteada se encuentre pendiente de resolución, ya sea en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos, exista identidad en los elementos de litigio planteados en ambos, es decir, en cuanto a sujetos, objeto y pretensión. En la especie, la demanda de amparo en que se actúa fue promovida por Eduardo Hilario Ortega y otros, contra la orden de aprehensión dictada en autos de la causa penal 189/2017 del índice del Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y otras autoridades, Por otra parte, como se aprecia de la certificación de cuenta el juicio de amparo 943/2022 de esta estadística se encuentra promovido por Eduardo Hilario Ortega, en contra de la orden de aprehensión dictada en autos de la causa penal 189/2017 del índice del Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca Todo lo anterior lleva a concluir que al existir un juicio de amparo en el que se encuentra pendiente de resolver y en razón que la parte quejosa intenta un diverso juicio de amparo en el que reclama los mismos actos reclamados, debe considerarse que resulta improcedente este segundo juicio, con motivo de la litispendencia, pues la constitucionalidad de determinados actos respecto de un mismo quejoso sólo puede juzgarse una sola vez, ya que el promovente ya no podría expresar nuevos conceptos de violación, debido a que cuando promovió el primer juicio de amparo, ya expresó los motivos de inconformidad respecto de esos actos. En consecuencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, debe entenderse que los actos que aquí se reclaman son materia de un juicio de amparo que se encuentra en trámite. Constancias que se toman en consideración, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 88 y 197, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2º de la misma, en virtud de que conforme a lo dispuesto por el primero de los preceptos aludidos, los hechos notorios pueden invocarse, aunque no se hayan alegado ni probado por las partes, ya que la invocación de hechos notorios por parte de los órganos jurisdiccionales es una facultad establecida en su favor, como una herramienta más para estar en mejor aptitud de dirimir las controversias ante ellos planteadas y como una facultad meramente potestativa. En consecuencia, al advertirse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Crispina Ortega Feliciano, Georgina Martha Aguilar Rangel y Placido Severiano Silva, contra actos del Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y otras autoridades. Informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables para que rindan sus informes con justificación por escrito dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir sus informes fuera del lapso establecido por el primer párrafo del referido precepto podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos y en el supuesto de no rendirlos se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario. En el entendido que deberán exponer las razones y los fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o la legalidad de los actos reclamados y acompañarán en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con apercibimiento que de no hacerlo así se impondrá a la omisa una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en el caso de que no rindan sus informes justificados. Igualmente deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra de los actos atacados en este asunto o alguno diverso relacionado con el proceso de origen. Se precisa a la autoridad responsable judicial de control, que de ser cierta la actuación que se le atribuye deberá acompañar un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado y se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Ahora bien, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no solo para el personal de este juzgado, sino también para las autoridades responsables el llevar a cabo la entrega de oficios de manera impresa en papel en su lugar de residencia; en consecuencia, se autoriza al actuario de la adscripción para que la solicitud de informes justificados sean entregadas al correo electrónico oficial de cada autoridad, misma que deberá ser corroborada por el fedatario vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Acumulación. En otro aspecto, y en atención a la certificación de cuenta, se observa que en este Juzgado se tramita el juicio de amparo 943/2022 promovido por Eduardo Hilario Ortega, en contra de la orden de aprehensión dictada en autos de la causa penal 189/2017 del índice del Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de mérito se advierte que los quejosos acuden a esta instancia constitucional en contra de la orden de aprehensión dictada en autos de la causa penal 189/2017 del índice del Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec y su ejecución. De lo anterior, se desprende que en ambos juicios de amparo, los quejosos controvierten hechos vinculados entre sí, pues en ambos existe identidad de la autoridad responsable, acto reclamado, así como del expediente del cual derivan los mismos. En consecuencia, a fin de dictar una sola resolución respecto de los actos combatidos, con apoyo del artículo 66 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la acumulación del presente juicio al diverso 1006/2022 al diverso 943/2022; por ende, glósese el presente expediente al diverso mencionado. Lo anterior, se realiza con la finalidad de evitar que en su momento se dicten resoluciones contradictorias en uno y otro juicio y, en caso de dictarse una sentencia favorable pueda darse cumplimiento a la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Incidente de suspensión. Respecto a la solicitud de tramitar el incidente de suspensión, acuérdese lo conducente en autos del incidente 943/2022. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones la lista de acuerdos que se fija en este Juzgado, y por autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la ley de la materia, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones así como para imponerse de los autos a la persona que señala por no contar con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho Representante común. Ahora bien, como lo solicitan los promoventes, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a Crispina Ortega Feliciano. Señalamiento de número telefónico y correo electrónico. Téngase a los promoventes proporcionando número telefónico y correo electrónico, el cual -de ser necesario- se utilizará para mantener contacto entre dicha parte procesal con este órgano jurisdiccional, en relación al presente asunto, no así como un medio para practicar notificaciones Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue presentada personalmente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes o apoderados legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o y 17 de la Constitución Federal, 3o, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las persona que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
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