Crispín Méndez García

Expediente 795/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
795/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Juez Calificador en Turno del Municipio de Santa Lucía, Oaxaca
  • Crispín Méndez García

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que tuvo por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, en el presente sumario constitucional se tuvo por no presentada la demanda de amparo y en acuerdo inicial se concedió la suspensión de plano; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído donde se concedió la suspensión de plano y esta determinación. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 18 del Acuerdo General multicitado, en concordancia con el capítulo siete, punto "7.6" del manual citado en párrafos que anteceden, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de esta determinación y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los siguientes noventas días, se procederá a depurar el expediente, conservando las constancias correspondientes. Una vez terminado el proceso de depuración, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél, previa autorización de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que acudiera a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a ratificar la demanda de amparo promovida a su favor, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente y se dejan sin efectos las providencias decretadas en auto inicial. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de julio de dos mil veintidós. Ténganse por recibida la demanda señalada en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 795/2022. Suspensión de plano. Ahora bien, de la revisión de la demanda se advierte que el promovente reclama la privación ilegal de la libertad, la incomunicación y malos tratos de los que afirma es objeto ***, por el Juez calificador en turno del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; en ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO todo acto que tienda a tener incomunicado al quejoso, hacerlo víctima de malos tratos, coacción, castigos o tormentos y que pueda privarlo de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, quedando a disposición de este Juzgador por lo que hace a su libertad personal. Apercibimiento a las autoridades responsables. Requiérase a las responsables para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, comuniquen, vía informe, a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión de plano, con el apercibimiento, que de no cumplir con ello se le impondrá una multa de cincuenta veces de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado por el numeral 259 en relación con el diverso 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la violación a dicha medida concedida, entraña la probable comisión de un delito, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo citada, por lo que de consumarse, de inmediato se pondrá en conocimiento del Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Igualmente, la autoridad que tenga bajo su resguardo al quejoso, deberá permitir el acceso de manera mesurada a los familiares y abogados del agraviado, quien deberá acatar las medidas sanitarias que se hayan implementado en la institución de que se trate, ante la contingencia decretada para hacer frente al fenómeno de salud pública causado por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de las personas detenidas; en el entendido de que al momento de la notificación deben permitir, en el caso de ser solicitado por la fedataria actuante, el acceso a una de estas personas a fin de que estén presentes al momento de la diligencia. En consecuencia, se responsabiliza a las aludidas autoridades por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación y deberán proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. Prevención y apercibimiento al directamente agraviado. Por otro lado, comisiónese a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado Federal para que se constituya en los separos del Municipio de Santa Lucía del Camino Oaxaca, o cualquier otro lugar en el que podría encontrarse detenido o recluido el directo agraviado Crispín Méndez García, a fin de que al momento de la notificación de este acuerdo, una vez ante su presencia, le haga de su conocimiento la naturaleza del presente juicio de amparo y lo requiera para que indique si ratifica la demanda promovida a su favor, o bien, lo haga dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de este acuerdo, con el apercibimiento que de no ratificarla, se procederá conforme a lo establecido en los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo. Instrúyase a la fedataria adscrita para que en el acto de la notificación dé fe de las lesiones físicas que pudiera presentar Crispín Méndez García y lo requiera para que manifieste si cuenta con alguna lesión que no esté a la vista, debiendo asentar tales circunstancias en la razón que para el efecto realice. Una vez realizado lo anterior, dese nueva cuenta con las constancias conducentes a efecto de proveer sobre la admisión de la demanda. Precisión de los efectos de la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad. Así las cosas, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión para el efecto de que, en el caso de que la detención del quejoso haya sido efectuada por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público, en relación a la comisión de un delito, CESE DE INMEDIATO la detención por parte de dicha autoridad, entendiéndose por ello la puesta en libertad del agraviado, o bien, ponerlo a disposición de las autoridades investigadoras competentes. Ahora bien, en el supuesto que dicha detención no tenga relación directa con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que el quejoso sea puesto en libertad. Para acreditar lo anterior, la autoridad que haya ejecutado su detención o la orden privativa de la libertad, deberá remitir a este Juzgado las constancias de las que se advierta el registro del arresto o de la detención, pues los miembros de la policía que la realicen, deberán elaborar un registro de la misma, estableciendo la fecha y la hora en las que la persona fue detenida o puesta a su disposición. Igualmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Amparo, y 16, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el numeral 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN solicitada para el efecto de que en el caso de que la detención se hubiera realizado en flagrancia o urgencia, la autoridad investigadora o policial que tenga a su disposición al agraviado, deberá examinar de inmediato las condiciones en que ésta se realizó, debiendo remitir a este Juzgado las constancias en las que se advierta que ha dado cumplimiento a lo estipulado en este párrafo, junto con el registro de la detención o arresto correspondiente, a fin de que se esté en aptitud de computar el término de cuarenta y ocho horas, en el que deberá decretar la libertad o solicitar la respectiva audiencia de control de la detención ante el Juez competente. Ahora, en caso de que la detención de la parte quejosa obedezca a un caso distinto a los mencionados en los párrafos precedentes, pero que sea el Ministerio Público quien restringe su libertad, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN para el efecto de que la parte quejosa sea puesta en inmediata libertad o consignada ante el Juez de Control correspondiente para que califique la detención. Ahora bien, en el caso de que la detención derive de una orden de arresto o infracción administrativa dictada en su contra, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la ley de la materia, en atención a la naturaleza de la suspensión solicitada y considerando que el arresto se trata de un acto de tracto sucesivo, por tratarse de un hecho continuo el cual es susceptible de suspenderse para mantener la materia del amparo, dada su naturaleza jurídica, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO. ??????? En consecuencia, la concesión de la suspensión antes referida es para el efecto de que se suspenda de inmediato la ejecución del arresto que derive de la detención de la parte quejosa y no siga verificándose, por lo que la autoridad que materialmente éste ejecutando el acto reclamado, deberá poner en INMEDIATA LIBERTAD a la parte agraviada, siempre y cuando la privación de la misma derive del cumplimiento del arresto o infracción administrativa decretado en su contra por la autoridad señalada como responsable; pues de consumarse no sería posible de restituir en su caso, al solicitante del amparo en el goce de la garantía violada, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto a su libertad personal se refiere. Asimismo, en el caso anterior, se requiere a la autoridad responsable que hubiere llevado a cabo el arresto, para que dentro de los tres días siguientes al en que tenga conocimiento del presente proveído, realice el cómputo del tiempo que estuvo detenida la persona agraviada, respecto de la sanción administrativa que le fue impuesta, señalando el ordenamiento normativo que dio origen a la medida administrativa que se le aplicó y las circunstancias en que ésta fue empleada. Apercíbase a la autoridad responsable, que para el caso de no cumplir con lo dispuesto en el presente acuerdo o no hacerlo con la celeridad ordenada, se emplearán los medios de apremio a que se refiere el numeral 211 de la Ley de la Materia, pudiendo hacerse uso de la fuerza pública. Por otro lado, se ordena a la Actuaria Judicial de la adscripción para que solicite le proporcionen el control de ingreso que se maneje en las dependencias a las que acuda con relación al detenido, debiendo hacer constar dicha fedataria la hora y el día en el que la quejosa ingresó a la dependencia a fin de acordar en su caso lo que en derecho corresponda. Vinculación de autoridades. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 111 de la propia ley, a fin de vigilar el cabal acatamiento de esta determinación judicial y en atención a que para garantizar el cumplimiento de la suspensión, rigen las mismas reglas previstas que para las sentencias de amparo, entonces, aun aquellas autoridades que no hayan sido señaladas como responsables, si están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, deberán acatarla, máxime que en el caso se reclama la detención personas, pues su retención por más tiempo del permitido por nuestra Carta Magna constituye un delito y la finalidad de esta medida cautelar es vigilar que la parte agraviada sea puesta a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo correspondiente. Para ello, se comisiona a la Actuaria de la adscripción, para que, en el caso de tener conocimiento de la intervención de diversas autoridades, que hayan sido señaladas en virtud del desconocimiento del promovente respecto de su participación, sin necesidad de nuevo acuerdo, les comunique mediante oficio esta determinación, autoridades que estarán obligadas a acatarla en sus términos, sin perjuicio de que no hayan sido señaladas expresamente como responsables, pues como se ha dicho, al tener participación en la detención, están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, por lo que de igual forma deberán rendir su informe en el plazo de VEINTICUATRO HORAS y acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo, se ordenará la inmediata libertad del quejoso. Autorización para subsanar denominaciones incorrectas. Si al momento de la notificación a las autoridades responsables, alguna de éstas refiere que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta a la Actuaria para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por este Juzgado, la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicha funcionaria, esto es así, pues este Juzgador se encuentra facultado para corregir la inexactitud del señalamiento de la parte quejosa, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, la parte quejosa reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos de la parte quejosa. De igual forma, en el supuesto anterior, se apercibe a la autoridad responsable, que si persistiere en no recibir el oficio que le fuera dirigido, se le tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve. En el entendido de que, de la negativa de la responsable, se dará vista a su superior jerárquico, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 194 del propio ordenamiento legal, a fin de que las disposiciones en materia del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas sean ejecutadas y observadas por las autoridades responsables. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis con el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo.1 Domicilio y autorizados. Toda vez que el promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, se tiene como tal los estrados de este Juzgado. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, Tesis XXVI.3 P (10a.), sustentada por Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con número de registro 2012961, publicada en la Gaceta del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, de la Décima Época, visible a página 2842. ???????? para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la naturaleza de los actos reclamados a este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las actuaciones ordenadas en este proveído, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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