Cornelio Ramírez Luján

Expediente 1231/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1231/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Cornelio Ramírez Luján
  • Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite en este órgano jurisdiccional la demanda de amparo promovida por ***, registrándola con el número 1228/2021. En dicho juicio de amparo el citado quejoso señaló como autoridades responsables a las siguientes: 1.- JUEZ DE CONTROL DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA, ESTADO DE MÉXICO. 2.- JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN SAN FRANCISCO TANIVET, OAXACA. 3.- FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA. 4.- DELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 5.- SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 6.- COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON RESIDENCIA EN OAXACA DE JUÁREZ. 7.- COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON RESIDENCIA EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 8.- COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN OAXACA DE JUÁREZ. 9.- COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE OAXACA DE JUÁREZ, CON RESIDENCIA EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 10.- DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES Y MINISTERIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 11.- DIRECTOR GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE SANCIONES PENALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Asimismo, resulta un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en atención al numeral 2° de la Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN", que en dicho expediente de amparo, por auto de treinta de noviembre de esta anualidad, se tuvo al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano) en funciones de Juez de Control, informando que es cierto el acto reclamado por Agustín Celedonio Ruiz Mendoza, toda vez que en la causa penal 344/2021 de su índice, mediante resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno se libró orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de Delincuencia Organizada, previsto en el artículo 2°, párrafo primero, fracción I y sancionado en el 4 inciso b) quienes no tengan funciones de dirección, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto y sancionado por el Código Penal Federal en el artículo 400 Bis, fracciones I y II, en la modalidad de recibir y trasferir, así como ocultar -la naturaleza, origen, destino o movimiento de-, recursos, cuando tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilícita. En ese sentido, resulta menester precisar que en el juicio de amparo indirecto 1231/2021 en que se actúa, el quejoso Cornelio Ramírez Luján, señaló como autoridades responsables a las siguientes: 1.- JUEZ DE CONTROL DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA, ESTADO DE MÉXICO. 2.- JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN SAN FRANCISCO TANIVET, OAXACA. 3.- FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA. 4.- DELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 5.- SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 6.- COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON RESIDENCIA EN OAXACA DE JUÁREZ. 7.- COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON RESIDENCIA EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 8.- COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN OAXACA DE JUÁREZ. 9.- COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE OAXACA DE JUÁREZ, CON RESIDENCIA EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 10.- DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES Y MINISTERIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 11.- DIRECTOR GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE SANCIONES PENALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. De las cuales, reclamó a las autoridades judiciales la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución material a las restantes. En ese orden, por auto de uno de diciembre de esta anualidad, se tuvo al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano) en funciones de Juez de Control, rindiendo su informe justificado en los términos siguientes: Es cierto el acto reclamado por Cornelio Ramírez Luján, toda vez que mediante resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno se libró orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de Delincuencia Organizada, previsto en el artículo 2°, párrafo primero, fracción I y sancionado en el 4 inciso b) quienes no tengan funciones de dirección, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto y sancionado por el Código Penal Federal en el artículo 400 Bis, fracciones I y II, en la modalidad de recibir y trasferir, así como ocultar -la naturaleza, rigen, destino o movimiento de-, recursos, cuando tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilícita. Lo anterior, dentro de la referida causa penal 344/2021 de su índice. Derivado de ello, se desprende que en ambos juicios de amparo, los quejosos controvierten hechos vinculados entre sí, pues los dos coinciden en la identidad de las autoridades responsables y los actos reclamados, emitidos por la misma autoridad jurisdiccional dentro de la causa penal de origen. En consecuencia, a fin de dictar una sola resolución respecto de los todos los actos combatidos, con apoyo del artículo 66 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la acumulación del presente juicio al diverso 1228/2021, por haberse presentado con anterioridad al juicio en que se actúa para la continuación del trámite de este asunto. Por ende, remítase el presente expediente a la mesa de amparo correspondiente. Lo anterior, se realiza con la finalidad de evitar que en su momento se dicten resoluciones contradictorias en uno y otro juicio y, en caso de dictarse una sentencia favorable pueda darse cumplimiento a la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal. Finalmente, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional, a saber las catorce horas con veinticinco minutos del trece de diciembre de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), en funciones de Juez de Control; con lo anterior, dése vista a las partes. Lo anterior, sin que por el momento deba requerírsele el envío de las constancias relativas, toda vez que manifiesta que realiza gestiones para la vinculación electrónica del expediente de origen. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    INTERLOCUTORIA Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 1231/2021, promovido por ***, en contra los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. TRÁMITE El quejoso señala como autoridades responsables a las siguientes: Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya, Estado de México; Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con residencia en San Francisco Tanivet, Oaxaca; coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Oaxaca, comisario General de la Policía Ministerial, director General de Cumplimiento de Sanciones Penales de la Fiscalía General de la República, todos de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca; y director General de Ejecución de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía General de la República, a quienes reclama la orden de aprehensión librada en su contra por las autoridades judiciales, así como la ejecución material de dicha determinación por parte de las restantes. La demanda de amparo fue recibida el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, quedando registrada con el número 1231/2021 y admitida en la misma fecha. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. II. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La única autoridad responsable que rindió su informe previo, negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa aportara elemento probatorio alguno para desvirtuar dicha afirmación categórica. No. Denominación autoridad responsable Sentido 1 juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca Niega Consecuentemente, con apoyo en los artículos 128 y 146 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso, es negar la suspensión solicitada, pues ningún sentido tendría otorgar la medida para detener la ejecución de actos cuya existencia ni siquiera está probada, respecto de dicha autoridad. III. SE PRESUME LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya, Estado de México, no rindió informe previo, no obstante haber quedado notificado de la solicitud del mismo el catorce de noviembre de dos mil veintiuno, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto reclamado que se le atribuye, consistente en la orden de aprehensión librada contra el quejoso. Ahora, en términos del mismo precepto invocado en el párrafo anterior, como las diversas autoridades responsables Fiscal General de la República y director General de Ejecución de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía General de la República, tampoco rindieron informe previo, y respecto de éstos últimos no existe constancia de que hayan sido notificados de la solicitud del mismo; sin embargo, al ser autoridades ejecutoras de las determinaciones de la responsable judicial, se presume cierto el acto que se les reclama consistente en la materialización de la orden de aprehensión emitida contra el quejoso. IV. ANALISIS DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Este órgano jurisdiccional considera que debe otorgarse la suspensión definitiva, bajo las medidas de aseguramiento que se especificarán más adelante, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Esta determinación encuentra fundamento en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo. Esa porción normativa establece que cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, el resolutor de amparo debe estarse a lo siguiente: "[.] I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128". Como puede verificarse, el legislador establece qué efectos debe darse a la suspensión en tratándose de orden de aprehensión que implique privación de la libertad, como es el caso. En el presente estudio procesal, no se cuenta con elementos para conocer cuál de las hipótesis descritas en el artículo 166 transcrito se actualizan; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede conceder la medida cautelar en forma genérica para los siguientes efectos: a) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, el efecto será únicamente para que quede a disposición de este Juzgado de Distrito en lo que se refiera a su libertad, en el lugar en que sea recluida, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. b) En cambio, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que se especificarán más adelante, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la Justicia Federal. Esta suspensión que surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si no se cumple con las siguientes medidas de aseguramiento. I) Que el quejoso exhiba, a favor de este Juzgado dentro del plazo de cinco días, garantía económica por la suma de cuatro mil pesos, cero centavos, moneda nacional, en cualquiera de las formas permitidas por la ley. En el entendido que dicha garantía se fija al arbitrio del suscrito, tomando como datos los siguientes: Que el quejoso señala como responsable ordenadora a una autoridad judicial del fuero federal y por ello se fijan $4,000.00 (cuatro mil pesos, cero centavos, moneda nacional). Que por el momento no se tiene conocimiento del delito o delitos por el que se libró la orden de captura. Que no existe constancia alguna sobre las características personales y la situación económica de la referida parte quejosa, por lo cual, ese dato no se puede tener en cuenta para fijar la garantía. Esta garantía se establece al ponderar el beneficio que se otorga con la presente medida cautelar y los datos anteriores, a efecto de evitar una conducta evasiva por parte del quejoso en relación con el proceso que aparentemente se le sigue; además, tomando en cuenta el equilibrio entre la salvaguarda de la libertad personal, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del proceso penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. II) Aunado a lo anterior, dentro del plazo de tres días, luego de que surta efectos la notificación de la presente resolución, el quejoso deberá presentarse ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya, Estado de México, para la continuación del procedimiento; con apercibimiento que de no hacerlo se hará efectiva la garantía pecuniaria en favor del Erario Federal y la suspensión aquí decretada será revocada. Una vez transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que exhiba la garantía, sin que esto suceda, ésta dejará de surtir sus efectos y se comunicará a las autoridades responsables, que quedan expeditas sus facultades para ejecutar la orden de captura combatida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, segundo párrafo y 150 de la Ley de Amparo. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos a partir del dictado de esta interlocutoria y hasta que quede firme la resolución que de emita en el juicio principal del que deriva este incidente. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de esta resolución. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a ***, por las razones expresadas en el apartado II de esta resolución. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a ***, por las razones expresadas y para el efecto descrito en el apartado IV de esta resolución. TERCERO. Hágase del conocimiento de las partes, que se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. En atención al estado de autos, se advierte que en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se concedieron tres días a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación a la inexistencia de algunas autoridades que señaló como responsables, determinación que aún no se le ha notificado, por lo que, a la fecha en que se actúa no ha transcurrido el referido plazo; motivo por el cual, no es posible celebrar la audiencia incidental. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia incidental señalada para hoy, se difiere para las quince horas con treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano