Cornelio Mejia Sanjuan
Expediente 787/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cornelio Mejia Sanjuan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que transcurre el plazo de cuarenta y ocho horas otorgado en auto de trece de noviembre de este año, a las autoridades responsables, Fiscal en Jefe y Agente del Ministerio Público ambos adscritos a la Fiscalía Local de Asunción Nochixtlan, Oaxaca, para que rindan sus informes previos que le fue requerido en el auto de trece de noviembre de los corrientes, las cuales se notificaron el veintisiete siguiente, a través de los oficios 21895/2023 y 21895/2023, tal como se advierte del rastreo efectuado en la página de internet del servicio de mensajería acelerada estafeta, medio por que fueron enviados. En consecuencia, la audiencia incidental señalada para hoy se reprograma para las diez horas con veinticinco minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que en proveído de dieciséis de agosto de la presente anualidad, se reservó proveer respecto al escrito de ampliación de demanda hasta que la Superioridad resolviera el recurso de queja 232/2023, circunstancia que ya aconteció en trece de noviembre de los corrientes, sin que se proveyera lo relativo a dicho ocurso de ampliación, en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento, y se ordena proveer lo correspondiente. Toda vez que el disidente del amparo señala nuevas autoridades responsables y actos reclamados los cuales guardan relación con el referido en su demanda de amparo, con apoyo en el artículo 111, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de la demanda respecto de las autoridades y actos reclamados siguientes: Del Vicefiscal Regional de la Mixteca de la Fiscal General del Estado de Oaxaca. La orden verbal de fecha quince de julio de dos mil veintitrés, dictada vía telefónica para ordenar la devolución del Tractor Marca ***, Modelo *** Turbo 94,H.P.,Rodado 15.5X38,serie 8208, serie motor 13301, al C. ***, con todos sus efectos y consecuencias jurídicas en la carpeta de investigación ***/***/****/**. Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. El cumplimiento que dio a la orden verbal el quince de julio de dos mil veintitrés dictada vía telefónica por el maestro Juventino Pérez Gómez, Vicefiscal Regional de la Mixteca de la Fiscal General del Estado de Oaxaca, para realizar el acuerdo de devolución del Tractor Marca ***, Modelo 2755 Turbo 94,H.P.,Rodado 15.5X38,serie **, serie motor ***, al C. ****, con todos sus efectos y consecuencias jurídicas en la carpeta de investigación ***/***/***/**. Del Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Nochixtlán, Oaxaca. El acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del cuaderno de antecedentes **/***, mediante el cual tiene por cumplida la resolución incidental de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintitrés dictada dentro del citado acuerdo incidental y ordena el archivo definitivo de ese cuaderno, como asunto concluido. Incidente de suspensión. Por haberlo pedido la parte quejosa, provéase en el incidente sobre la suspensión de los actos reclamados, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Por tanto, en términos de los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las responsables, su informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y según el caso, acompañará copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el mismo fundamento, apercíbaseles que de no rendir su informe con justificación se presumirán ciertos los actos reclamados salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, QUINCE DÍAS, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta sancionada. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS"; se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que se publica en este Juzgado. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para nueve horas con quince minutos del veintiocho de noviembre del año en curso, se difiere anticipadamente y en su lugar se fijan para su verificativo las nueve horas con quince minutos del tres de enero de dos mil veinticuatro. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5º, fracción IV, 26, inciso K), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, entregándole copia íntegra del mismo. Pruebas.-Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las documentales que anuncia en su escrito ampliación de demanda, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Finalmente, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso, y en atención a lo solicitado en su ocurso, dígase que deberá estar a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple del escrito presentado en quince de agosto de este año (folio 9270), se provee respecto a la suspensión de los actos reclamados por el quejoso ***** al Vicefiscal Regional de la Mixteca de la Fiscal General del Estado de Oaxaca y otras autoridades Informe previo. Con fundamento en lo previsto por los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo pídase a las autoridades responsables informe previo, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se le deberá acompañar copia de la demanda de amparo. Se hace saber a las autoridades responsables que la no rendición del informe previo se sanciona con una multa en términos de lo dispuesto por el arábigo 260, fracción I, de la Ley de Amparo y esa misma omisión permite tener por cierto el acto reclamado, según lo previsto por el numeral 142 de la citada ley reglamentaria. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Audiencia incidental. Se señalan las diez horas con veinticinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia incidental. A efecto de proveer sobre la suspensión provisional, cabe señalar que en el caso, los actos que por esta vía se combaten son los siguientes: Del Vicefiscal Regional de la Mixteca de la Fiscal General del Estado de Oaxaca. La orden verbal de fecha quince de julio de dos mil veintitrés, dictada vía telefónica para ordenar la devolución del ********************, al C. ********************, con todos sus efectos y consecuencias jurídicas en la carpeta de investigación ********************. Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. El cumplimiento que dio a la orden verbal el quince de julio de dos mil veintitrés dictada vía telefónica por el maestro ********************, Vicefiscal Regional de la Mixteca de la Fiscal General del Estado de Oaxaca, para realizar el acuerdo de devolución del ********************, al C. ********************, con todos sus efectos y consecuencias jurídicas en la carpeta de investigación ********************. Del Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Nochixtlán, Oaxaca. El acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del cuaderno de antecedentes ********************, mediante el cual tiene por cumplida la resolución incidental de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintitrés dictada dentro del citado acuerdo incidental y ordena el archivo definitivo de ese cuaderno, como asunto concluido. La parte quejosa solicita la medida cautelar de manera genérica. Al efecto se provee en los siguientes términos: Estudio de la medida suspensional. Ahora, para determinar si procede conceder o negar la suspensión provisional, primero debe considerarse lo siguiente: El normativo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el numeral 125 de la Ley de Amparo, la suspensión es una medida cautelar que puede decretarse de oficio o a petición del quejoso; en el segundo caso para que proceda la suspensión del acto reclamado además de que sea solicitada por el disidente es necesario que concurran los requisitos siguientes: El acto combatido sea cierto. El acto impugnado sea susceptible de ser suspendido. Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La certeza del acto reclamado no es un requisito exigido de manera expresa en los preceptos que regulan a dicha institución; sin embargo, ello obedece a que es un presupuesto lógico, porque no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes. La necesidad de que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, también constituye un presupuesto lógico, pues ningún fin práctico tendría conceder la medida cautelar sobre un acto que por su propia naturaleza no es susceptible de ser suspendido. Lo anterior, es importante destacarlo porque lo importante para que la medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia: 2a./J. 22/2023 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo. Por su parte, la exigencia relativa a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público es un requisito que a diferencia de los anteriores sí se encuentra previsto en la ley de la materia, en su ordinal 128 que estatuye: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:- I. Que la solicite el quejoso; y- II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.- La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.- Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.- Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva". Por otra parte, el legislador estableció diversos supuestos en los que invariablemente de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público. En efecto, en el precepto 129 de la Ley de Amparo se establece lo siguiente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:- I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;- II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;- III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;- IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;- V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;- VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;- VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;- VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;- IX. Se impida el pago de alimentos;- X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;- XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;- XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;- XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social". De la inserción anterior se advierte que las hipótesis en las que el legislador consideró que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público sólo son enunciativas, pues al indicar que, entre otros casos, en los supuestos referidos se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público de concederse la suspensión es evidente que el creador de la norma otorgó al Juzgador la libertad de ponderar en qué otros casos se podría perjudicar el interés social o contravenir disposiciones de orden público. En ese orden, la afectación al interés social o a normas de orden público se identifica, por regla general, con que el otorgamiento de la medida suspensional prive a la colectividad de un beneficio que obtendría de no otorgarse la suspensión. A efecto de demostrar lo anterior, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al razonar respecto de las nociones de interés social o público a que alude el artículo 128 de la Ley de Amparo, sostuvo la jurisprudencia en materia común 8, publicada en el Informe 1973, Parte II, séptima época, página 44 y registro 805484, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.". Ahora bien, el otorgamiento de la suspensión está proscrito a aquellos casos en los que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio, la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contienen el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realiza esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría. En respaldo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia en materia administrativa I.3o.A. J/16, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, novena época, página 383 y registro 199549, que señala: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Además, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. De manera que la afectación o no del interés púbico no depende de que se justifique o no la apariencia del buen derecho (requisito que se identifica con la existencia real y jurídica del derecho legítimamente reconocido cuya tutela se pretende con la medida cautelar), pues como se dijo esos requisitos involucran temas de estudio diverso que no deben confundirse. Ahora bien, de los hechos que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos reclamados destaca que las responsables Vicefiscal Regional de la Mixteca de la Fiscal General del Estado de Oaxaca y Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, llevaron a cabo la devolución del ********************, dentro de la carpeta de investigación ********************; así como la determinación del ocho de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Nochixtlán, Oaxaca, dictado dentro del cuaderno de antecedentes ********************, en el que se ordena el archivo definitivo; en razón de lo anterior, solicita la medida cautelar; por tanto, está demostrado la petición para el otorgamiento de la suspensión y que esa solicitud proviene de la parte agraviada, porque los actos y determinación impugnados es adversa a sus intereses. En este punto, se precisa que las expresiones realizadas por el disidente deben ser tomadas en consideración para tener por acreditada la certeza del acto combatido para los efectos de esta suspensión provisional y en forma indiciaria demuestra el derecho sustantivo cuya titularidad invoca el inconforme, por el hecho de ser la parte actora en la controversia de origen. En cuanto a esa certeza del acto combatido es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 5/93 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 68, agosto de 1993, página 12, registro 206395, que informa: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." En el caso, no es procedente conceder la medida cautelar provisional, con fundamento en los artículos 128, 138 y 146, de la Ley de Amparo, porque el actuar de las autoridades Vicefiscal Regional de la Mixteca de la Fiscal General del Estado de Oaxaca y Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, dentro de la carpeta de investigación ********************, así como la determinación del Juez responsable adoptada en el acuerdo reclamado de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del cuaderno de antecedentes ********************, en el que se ordena el archivo definitivo serán materia de análisis en la sentencia de fondo que se dictará en el juicio de amparo de donde deriva esta incidencia, por lo que de conceder la medida suspensional solicitada se dejaría sin materia ese asunto. Lo anterior, en virtud de que los actos que reclama ya fueron emitidos, en ese tenor, tratándose de actos consumados, en contra de los cuales no es procedente conceder la medida cautelar solicitada, en virtud de que implicaría otorgarle efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal de donde emana el presente incidente de suspensión. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia número 12, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917- 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." En ese contexto, debe decirse que hasta el momento no se tienen elementos objetivos que permitan establecer que las determinaciones reclamadas son inconstitucionales, sino que en todo caso el examen de su regularidad constitucional se hará hasta la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del juicio de amparo de donde deriva este incidente. Sin que en el caso, se pueda actuar en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, en razón que en una eventual concesión de la medida cautelar con efectos restitutorios debe observarse que esa concesión no deje sin materia el juicio de amparo principal, lo que sucede cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior es así, debido a que de otorgar la suspensión para el efecto de que la unidad automotor sea entregada al quejoso, nada garantiza que no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo, es decir, que se tenga la certeza de que el quejoso, en ese escenario imaginario, entregue el bien mueble a su contraparte o a la Representación Social Investigadora de no obtener sentencia a su favor, o bien, que no lo deteriore o dilapide. Por las razones expuestas con anterioridad, se niega la suspensión provisional solicitada por las razones anteriores. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS"; se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que se publica en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, en relación a su contenido, se le tiene formulando sus alegatos en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de conformidad con el precepto 2° de la ley de la materia, expídase en su oportunidad, copia certificada de la interlocutoria que se dicte en este incidente de suspensión. Notifíquese.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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