Cosme Oliver Velasco Luis
Expediente 1736/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1736/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cosme Oliver Velasco Luis
- Cosme Oliver Velasco Luis y Otros.
- director del Registro Público de la Propiedad del estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil diecisiete. En atención a la cuenta que antecede, en vista de que ya concluyó el plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de cinco de abril de dos mil diecisiete (fojas 50 y 51), por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Hágase saber esta circunstancia a las partes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese el expediente principal como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del mismo Acuerdo General Conjunto, por el sentido de la sentencia de amparo se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia correspondiente. Se considera que este expediente carece de relevancia documental, porque la parte quejosa reclamó la omisión de acordar su petición presentada ante la autoridad responsable el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado; esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, declara conforme a la certificación de cuenta, que en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del multicitado acuerdo general. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Héctor Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, encargado del despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado mediante oficio CCJ/ST/0506/2017 de treinta y uno enero de dos mil diecisiete, suscrito por el secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe.
- Principal
Mesa V-A * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta; toda vez que a la fecha feneció el término de tres días, concedido a la citada parte quejosa, en proveído de diecisiete de marzo del año en curso, este juzgador se avoca a considerar si efectivamente la sentencia concesoria del amparo se encuentra cumplida o no. En la sentencia de siete de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en este juicio de amparo, se concedió al quejoso *********** el amparo y protección de la Justicia Federal. La concesión del amparo se hizo para los efectos siguientes: "1.- . de inmediato notifique la resolución que dictó en relación a la petición del quejoso contenida en su escrito de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, por la que presentó recurso de inconformidad contra la inscripción preventiva dada al instrumento 17730, volumen 220, del protocolo del notario público número 105 en el Estado". En cumplimiento a tal determinación el Director del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, remitió copia certificada de la notificación realizada al quejoso Cosme Oliver Velasco Luis por conducto de su autorizado, respecto de la resolución de seis de julio de dos mil dieciséis. De lo anterior, se advierte que en atención a los efectos establecidos en el fallo protector, la responsable cumple con la sentencia concesoria del amparo, pues notificó al quejoso *********** por conducto de su autorizado, la resolución de seis de julio de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de inconformidad hecho valer por el aquí quejoso contra la negativa a registrar con carácter definitivo el instrumento número diecisiete mil setecientos treinta, volumen doscientos veinte del protocolo de la Notaría Pública ciento cinco en el Estado, siguiendo los lineamientos precisados en la ejecutoria concesoria del amparo. Por ende, con tal acto, se cumplió con la sentencia concesoria; por tanto, se tiene por cumplida la sentencia concesoria del amparo en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes legales a que haya lugar, el oficio signado por el Director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca y anexo que acompaña, por el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que en acato al requerimiento que se le formuló en auto de diez de marzo del año en curso, giró el oficio de catorce de marzo en curso, al Director del Registro Público de la Propiedad, con residencia en la misma población, a efecto que cumpla con la sentencia dictada en este juicio de amparo y para acreditar su dicho remite copia simple del oficio de que se trata. Por otra parte, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio signado por el Director del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez y anexo que acompaña, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada, remite copia certificada de la notificación realizada al quejoso Cosme Oliver Velasco Luis por conducto de su autorizado. En relación con lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento efectuado por dicha responsable. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el propio precepto legal, este juzgado resolverá si la sentencia se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Leonel Medina Rubio, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, ante la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe.
- Principal
Mesa V-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil diecisiete. Vistos los autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, no ha cumplido con la sentencia dictada en este juicio de amparo, no obstante haber quedado notificado del requerimiento que se le formuló en auto de cinco de enero de dos mil diecisiete, el nueve de enero siguiente, según constancia que obra a foja treinta y uno del sumario. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los incidentes de inejecución de sentencia 1262/2013, 1566/2013, 1618/2013, 1858/2013 y 55/2014, afirmó, entre otras cosas, que la finalidad del sistema de ejecución de sentencias prevista en la Ley de Amparo no es, de manera preponderante, el enjuiciamiento de las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino la de evitar la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta actuación, la ley prevé, en primer lugar, la imposición de una multa como la sanción para el incumplimiento, en cuyo caso, si la autoridad cumple la sentencia de amparo inmediatamente después de su imposición, ello no dará lugar a que se continúe el procedimiento de ejecución y la eventual separación del cargo y consignación ante el juez penal; sin embargo, -subrayó el Pleno de la Corte- si la autoridad no cumple con la sentencia de amparo aún después de habérsele impuesto la multa, ello sí implicará que se continúe con el procedimiento que podrá concluir con la separación del cargo y consignación. Para determinar que existe incumplimiento -fuera del caso de omisión total- la ley, en el propio artículo 193, establece que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. El Juez de Distrito o Tribunal Colegiado, según sea el caso, debe evaluar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento, constituye un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden el cumplimiento de la sentencia de amparo, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberán imponerse las sanciones de multa y continuar con el procedimiento de inejecución para lo cual se enviarán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno propongan al Tribunal Pleno, en caso de que proceda, la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Lo anterior es aplicable, en los casos en que las autoridades pretenden acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, pero no cuando han sido omisas respecto del mismo. El incumplimiento por medio de evasivas se actualiza cuando las autoridades responsables o vinculadas llevan a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo. Es importante precisar que, en todo momento, este análisis deberá hacerse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, en el requerimiento de la sentencia de amparo, pues en la medida en que estos se encuentren claramente determinados, podrán atribuirse las sanciones establecidas por el incumplimiento de la sentencia de amparo. Por otro lado, debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia amparo, ciertos procedimientos que no son necesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional, pues de ellos no depende una condición de exigibilidad del fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué deberá realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 ya citado. Otro elemento que debe tomar en cuenta el juzgador de amparo -según el criterio del Pleno- es que en algunas ocasiones el cumplimiento de la sentencia depende, en alguna medida, de otras autoridades o aun de particulares que deben atender a ciertas condiciones de litigio dentro del juicio que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo. En ese supuesto, el tribunal de amparo debe ser especialmente cuidadoso de analizar si el retraso en el cumplimiento o aun el incumplimiento se deben no a la omisión o descuido de la autoridad responsable en el juicio de garantías, sino a la omisión o descuido de una diversa autoridad o incluso a un particular que forma parte del juicio que es acto reclamado en el amparo. Los elementos destacados en los párrafos anteriores deben ser ponderados por el órgano jurisdiccional de amparo para que, en aquellos casos en que sí advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales dilatorios por parte de las autoridades, imponga la multa respectiva y envíe los autos al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia, según sea el caso, para que tramite el incidente de inejecución, lo cual propiciará que sólo aquellos asuntos en que efectivamente se desprenda una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, se impongan sanciones y se continúe el trámite previsto en la ley de amparo. La sentencia dictada en este juicio de amparo el siete de diciembre de dos mil dieciséis, fue para los efectos siguientes: "De inmediato notifique la resolución que dictó en relación a la petición del quejoso contenida en su escrito de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, por la que presentó recurso de inconformidad contra la inscripción preventiva dada al instrumento 17730, volumen 220, del protocolo del notario público número 105 en el Estado." Por ende, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, mediante atento oficio que al efecto se gire, requiérase, a la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, cumpla con la sentencia dictada en este juicio, para lo cual deberá remitir copia certificada de las determinaciones que dicte y medidas que adopte al efecto. Lo anterior significa que la autoridad responsable de inmediato notifique la resolución que dictó en relación a la petición del quejoso contenida en su escrito de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, por la que interpuso el recurso de inconformidad contra la inscripción preventiva dada al instrumento 17730, volumen 220, del protocolo del notario público número 105 en el Estado. De igual forma, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, requiérase al superior jerárquico de la autoridad responsable, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, para que ordene al Director del Registro Público de la Propiedad, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, cumpla con la sentencia de amparo. Se le apercibe a la autoridad responsable y al superior jerárquico, que si no actúan como se les indica en esta resolución, este Juzgado de Distrito no dudará en imponerles una multa por la cantidad equivalente a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 273, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, al momento en que incurran la conducta sancionadora y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno en Materia Administrativa del Décimo Tercer Circuito, para que en el momento procesal oportuno propongan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que proceda, la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígase al citado superior jerárquico que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no lo exime de responsabilidad, pero, podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además de insistir en su conducta contumaz, se evidenciaría que tratan de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. Es necesario aclarar que este juzgador está consciente de que ha pasado bastante tiempo desde que se emitió la ejecutoria de amparo. Sin embargo, dicho factor no puede utilizarse como argumento para desconocer las reglas previstas en la Ley de Amparo. Notifíquese...
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