Cornelio Lazaro Flores

Expediente 521/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
521/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
08/01/2019

Partes del expediente

  • Cornelio Lazaro Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el diez de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 238 a 242), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del catorce de diciembre de dos mil dieciocho al siete de enero de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, en apoyo a su informe justificado, devuélvase el anexo I, consistente en copia cotejada del expediente NUAT 6083/2017/UAT-04 de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, la parte quejosa o alguno de sus autorizados, deberán acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que adjuntaron a su escrito inicial de demanda; apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser depurados junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado.

  2. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE OCHO DE ENERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el diez de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 238 a 242), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del catorce de diciembre de dos mil dieciocho al siete de enero de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, en apoyo a su informe justificado, devuélvase el anexo I, consistente en copia cotejada del expediente NUAT 6083/2017/UAT-04 de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, la parte quejosa o alguno de sus autorizados, deberán acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que adjuntaron a su escrito inicial de demanda; apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser depurados junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por Martha Butrón Jiménez, autorizada por el quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, las que serán consideradas en el momento oportuno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 227), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por el quejoso mediante el escrito de cuenta. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diecisiete de julio de dos mil dieciocho (fojas 31 a 42), se concedió el amparo y protección a Cornelio Lázaro Flores, para que el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Cornelio Lázaro Flores, para el efecto de que la autoridad responsable 1. agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata (denominación correcta), una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en la NUAT 6083/2017/UAT-04 de su índice: 1) Dicte un acuerdo en el que provea lo conducente respecto de las solicitudes realizadas por el quejoso, mediante escritos de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, veintiocho de febrero y veintisiete de abril de dos mil dieciocho, consistentes en: - Se agregara a los autos copia de los mensajes de texto remitidos por Giovanni Arias Sosa. - Girara oficio a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Estado de Puebla, para que por su conducto se citara al policía de tránsito Moisés Martínez López, para que rindiera su declaración respecto a los registro de audio y video que grabó. - Señalara día y hora para presentar ante esa autoridad su dispositivo móvil. - Girara oficio a la Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Vialidad, para que informara si Aarón Padilla Farfán, se encontraba desempeñando algún cargo como funcionario público en la citada institución. 2) Notifique al quejoso dicha determinación y remita las constancias que así lo acrediten..." (Fojas 41 vuelta y 42). Mediante oficio 1901 de veintitrés de julio de dos mil dieciocho (foja 53), el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, remitió copia autorizada de la resolución de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta de investigación NUAT 6083/2017/UAT-04 de su índice y la razón de notificación de esa misma fecha (fojas 55 a 63). Sin embargo, por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil dieciocho (foja 64), se reservó proveer sobre dicha documental hasta que la sentencia de amparo adquiriera firmeza; lo que ocurrió el seis de agosto de dos mil dieciocho (foja 73), por lo que en dicho auto se proveyó sobre las constancias remitidas por la autoridad responsable y con su contenido se dio vista a la parte quejosa. Transcurrido el plazo de vista concedido en el acuerdo referido, por auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 87 a 89), se declaró cumplida la sentencia de amparo. El quejoso Cornelio Lázaro Flores interpuso recurso de inconformidad contra dicha determinación Judicial (fojas 97 a 100), el cual correspondió por razón de turno al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, órgano jurisdiccional que lo radicó con el número 18/2018 (foja 125), lo admitió a trámite y por ejecutoria de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, declaró fundado el medio de impugnación interpuesto (fojas 129 a 145). Atento a lo anterior, por acuerdo de veintinueve de octubre de la presente anualidad (fojas 146 a 149), se requirió a la autoridad responsable agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, para que cumpliera con la sentencia de amparo, esto es, para que proveyera lo conducente respecto de las solicitudes realizadas por Cornelio Lázaro Flores, mediante ocursos presentados ante el agente del Ministerio Público responsable el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y veintisiete de abril del mismo año. En el acuerdo referido en el párrafo que antecede, se precisó a la responsable que no debía limitarse a informar sobre las acciones que ejecutó en relación con las peticiones contenidas en los escritos citados, sino responder sobre la procedencia o no de lo pedido, así como expresar con claridad los motivos y fundamentos de su decisión. Por oficio 2766 de seis de noviembre de dos mil dieciocho (foja 161), el agente del Ministerio Público responsable, remitió copia autorizada de la resolución pronunciada en la misma fecha, dentro de expediente CDI 13164/2018/ZC, así como su notificación al quejoso (fojas 163 a 175), con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo. Sin embargo, como dicha determinación ministerial no se ajustó a los lineamientos de la sentencia de garantías, por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 176 y 177), se requirió al agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, para que cumpliera cabalmente con la ejecutoria de mérito y remitiera las constancias respectivas. Por oficio 2804 de trece de noviembre de dos mil dieciocho (foja 183), el representante social responsable envió a este juzgado copia cotejada de la constancia del registro de actuación de nueve del mismo mes y año (fojas 185 a 190), practicada en el expediente NUAT 6083/2017/UAT-04, actualmente radicado como carpeta de investigación 13164/2018/ZC, en la que proveyó sobre las peticiones del quejoso y que fueron objeto de la protección constitucional concedida en este expediente. Pero como no acreditó haber notificado esa resolución al peticionario de amparo, por auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 191 a 193), se requirió al agente del Ministerio Público responsable para que enviara las constancias relativas a dicha notificación. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 2859 de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho (foja 196), la autoridad responsable remitió copia cotejada de la constancia de notificación requerida (fojas 198 a 226), por lo que en auto de veintisiete de noviembre de la presente anualidad (foja 227), se dio vista al quejoso con las constancias enviadas por la autoridad responsable para acreditar el cumplimento de la sentencia de amparo. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. El nueve de noviembre de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, proveyó sobre las peticiones del quejoso de la siguiente manera (fojas 186 y 187): a) Respecto de las solicitudes formuladas mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, acordó favorable la petición de agregar tres copias simples de veintitrés y veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, que contienen mensajes de texto y señaló que dicha documental será considerada en el momento oportuno; y, por cuanto hace a la petición de girar oficio a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para citar a Moisés Martínez López, dijo que no ha lugar, dado que dicho elemento policial ya compareció ante la autoridad responsable el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete y rindió entrevista, por lo que consideró innecesaria una nueva comparecencia. Lo cual puede corroborarse con las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, consistente en copia autorizada del expediente NUAT 6083/2017/UAT-04 con las que se formó el anexo I en este sumario constitucional (fojas 117, 122 y 123 del anexo I). b) Por lo que hace al escrito de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable determinó que, respecto a los mensajes de texto exhibidos, el quejoso deberá estarse al acuerdo recaído al escrito de treinta de noviembre de dos mil diecisiete (referido en el inciso que antecede); y, en relación con la petición de señalar fecha para que el peticionario de amparo presente su dispositivo móvil, acordó que no ha lugar proveer favorable su petición, en virtud que Cornelio Lázaro Flores ya presentó su teléfono celular a elementos de la Agencia Estatal de Investigación y, a su vez, el policía ministerial lo remitió al representante social responsable con cadena de custodia y éste lo envió a la Unidad de Análisis y Tratamiento de Información para extraer el contenido (mensajes) de dicho dispositivo electrónico. Lo cual se aprecia de la referida documental remitida por la responsable como justificación a su informe (fojas 138, 160 a 171 del anexo I). c) Relativo a la petición realizada mediante escrito de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, consistente en girar oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que informe si Aarón Padilla Farfán desempeña algún cargo como servidor público, el agente del Ministerio Público responsable acordó que no ha lugar proveer favorable tal petición, en virtud que el tres de mayo de dos mil dieciocho, solicitó tal información a dicha dependencia y mediante oficio recibido por la responsable el diecisiete del mismo mes y año, recibió la respuesta, en la que se indicó que la persona nombrada sí labora en dicha dependencia y el cargo que ostenta; lo cual puede verificarse en las actuaciones que remitió la responsable aludida (fojas 176 y 193 del anexo I). 2. El veintitrés de noviembre de la presente anualidad, el agente del Ministerio Público responsable se constituyó en el domicilio del quejoso, ubicado en calle de La Paz, número seis, de San Pablo Xochimehuacán, Puebla, con la finalidad de notificarle el acuerdo de nueve de noviembre del año actual; sin embargo, como no fue atendido por persona alguna, fijó citatorio en la puerta del inmueble, para que Cornelio Lázaro Flores lo esperara a las diez horas del veinticuatro siguiente (fojas 212 y 213). El veinticuatro de noviembre del año que cursa, el representante social citado se constituyó nuevamente en el domicilio indicado, y como nadie atendió a su llamado, notificó la resolución multicitada al quejoso de mérito, mediante instructivo que fijó en la puerta del domicilio (fojas 217 y 218). En tal virtud se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. No es obstáculo para lo anterior, que mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil dieciocho, el quejoso, por conducto de su autorizada en términos amplios, manifestó que la sentencia no fue debidamente cumplida, pues afirma lo siguiente: - Que la autoridad responsable se limitó a emitir una simple respuesta a sus peticiones, sin que se encuentre debidamente fundada y motivada. - Que la autoridad no remitió el acuerdo dictado en cumplimiento a la sentencia de amparo. - Que la autoridad responsable no ha dado seguimiento a las diligencias ordenadas en la indagatoria de origen. Tales afirmaciones son infundadas, en virtud de que la protección constitucional se concedió para el único efecto de que la autoridad responsable respetara el derecho de petición del quejoso y, precisamente, emitiera respuesta a sus solicitudes (lo que aconteció en los términos relatados) y no para que efectuara alguna diligencia, ni para que acordara favorable lo solicitado. De igual manera, la autoridad responsable sí envío a esta autoridad el acuerdo con el que cumplió con la sentencia de garantías, pues con dicha constancia se dio vista al peticionario de amparo; y, por cuanto hace a las actuaciones referidas en la multicitada respuesta, como se dijo, estas obran en la documental que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe, en las fojas que se indicaron anteriormente. Así mismo, en el acuerdo que se analiza, la autoridad responsable invocó como fundamento de su decisión el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 127, 131, 212 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales (foja 210); y, expresó las razones por las que consideró procedente o no, las peticiones del quejoso, en los términos narrados con anterioridad. Por lo que, contrario a lo afirmado por el quejoso, la representación social responsable sí fundó y motivó su determinación; sin embargo, resulta improcedente analizar si dichos motivos y fundamentos resultan correctos, pues ello no fue parte del análisis constitucional ni de los efectos de la sentencia de amparo. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber cumplido con la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con el diverso agregado en auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 191 a 193), dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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