Coral Moreno Salazar
Expediente 500/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Coral Moreno Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, promovido por Coral Moreno Salazar, la cual por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra negó el amparo y protección de la justicia Federal, sin que hasta el momento las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en razón de que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo y protección de la justicia Federal, no obran documentos originales y no es de relevancia documental, este expediente es DEPURABLE, transcurridos cinco años a partir de esta fecha de conformidad con la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Por otro lado, devuélvase al Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado (duplicado del proceso penal 89/2012 de su índice) y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y los artículos 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Coral Moreno Salazar, contra los actos, autoridades responsables y por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Coral Moreno Salazar, contra de la orden de presentación librada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, que reclama del Juez Tercero de lo Penal de Puebla, Puebla en la causa penal 89/2012 así como su ejecución atribuida al Fiscal General del Estado de Puebla, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando octavo de esta sentencia. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, en representación del 3. Secretario, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase a la citada autoridad designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, toda vez que no mediarán los ocho días de la vista a las partes con dicho informe justificado y la fecha de la audiencia constitucional, conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las doce horas con diez minutos del diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Visto, el oficio de cuenta, con anexo, de la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo dictado el once de mayo de dos mil diecisiete, pues para tal efecto, remite copia certificada, completa y legible, de todo lo actuado dentro de la causa penal 89/2012, a partir de la ejecutoria dictada por la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en el toca de apelación 1035/2014, en la que se ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal de origen; en consecuencia, con fundamento en los artículos 75 y 117, quinto párrafo de la Ley de Amparo, dese vista las partes con tales constancias para que manifiesten lo que estimen conveniente. Sirve como apoyo a lo anterior la tesis de rubro y contenido siguientes: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado.
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