Corazon Arellano Hinojosa
Expediente 218/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 218/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Corazon Arellano Hinojosa
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito signado electrónicamente por Raúl Andrade Osorio, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual solicita que se cancele su autorización del acceso al expediente electrónico; toda vez, que ya no le es necesario dicho acceso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 36, 37, 38, 55 y 56 del AG12/2020, se da de baja el acceso al expediente electrónico y la autorización de que las notificaciones se le realicen de forma electrónica, concedidos en auto de tres de marzo de dos mil veintidós, únicamente respecto al usuario "RauAndradeOso". Notifíquese electrónicamente al diverso usuario de la autorizada de la parte quejosa, por cualquier medio de comunicación interna al oficial judicial "A" adscrito a este juzgado de Distrito y por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional, a la quejosa Corazón Arellano Hinojosa, en auto de tres de marzo de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electronicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 218/2022-A, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Corazón Arellano Hinojosa, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado -electrónicamente- el dos de marzo de dos mil veintidós, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; Corazón Arellano Hinojosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, 2. Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y 3. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado. La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de tres de marzo de dos mil veintidós, se registró la demanda promovida por Corazón Arellano Hinojosa, con el número de juicio de amparo indirecto 218/2022-A; la cual, se desechó parcialmente, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en: a) libramiento o decreto de cualquier orden de citación; y, b) cita de comparecencia para audiencia inicial o de formulación de imputación, al actualizarse de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 1°, fracción I, y con el precepto 107, fracción I, Constitucional, así como la diversa causal establecida en el numeral 61, fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que por lo que ve al resto de los actos reclamados consistentes en: la orden de aprehensión emitida en su contra, así como su ejecución; se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En dieciocho de marzo del año en curso, se señalaron las diez horas con dieciséis minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa Corazón Arellano Hinojosa, reclama: 1. La orden de aprehensión emitida en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, la quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN, ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN, DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA - A TRAVÉS DE ISAÍ RIVAS LÓPEZ-. Niega (foja 46) 2 FISCAL ESPECIALIZADO DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. Niega (foja 43) 3 DIRECTOR DE ATENCIÓN A MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. Niega (foja 37) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía a la quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho relativo a que al rendir su respectivo informe justificado, la autoridad responsable 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución, encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución, de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla - a través de Isaí Rivas López-, haya hecho del conocimiento de esta potestad federal, que en los índices de la sede judicial a su cargo, se encontraron registradas a nombre de la quejosa Corazón Arellano Hinojosa, las siguientes carpetas judiciales: ". 5. CJA 0773/2019/PUEBLA, por los hechos con apariencia de delito de sustracción de menores, misma que se encuentra archivada por haberse decretado auto de no vinculación a proceso. 6. CJA 1909/2019/PUEBLA, por los hechos con apariencia de delito de violencia familiar, misma que se encuentra archivada por haberse decretado auto de no vinculación a proceso. 7. CJA 2692/2021/PUEBLA, por los hechos con apariencia de delito de sustracción de menores, la que se encuentra suspendida por haberse remitido a medios alternativos de solución de conflictos. 8. CJA 3371/2021/PUEBLA, a cargo de la abogada Magally Escamilla Rodríguez, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; iniciada a la quejosa por los hechos con apariencia de delito de sustracción de menores, misma que se encuentra en etapa inicial y en la que se difirió la audiencia de formulación de imputación por solicitud expresa del quejoso, sin que a la data en que se informa se haya decretado citatorio diverso para audiencia inicial de dicho antecedente.". Lo anterior es así, porque dado el estado procesal que guardan las carpetas judiciales CJA 0773/2019/PUEBLA y CJA 1909/2019/PUEBLA (archivadas por haberse decretado auto de no vinculación a proceso), CJA 2692/2021/PUEBLA (suspendida) y CJA 3371/2021/PUEBLA (audiencia de formulación de la imputación diferida a solicitud expresa del quejoso), es inconcuso, que no se ha emitido alguna orden de aprehensión en contra de la quejosa Corazón Arellano Hinojosa; de ahí, que deba prevalecer la inexistencia de los actos reclamados en este sumario constitucional; máxime, que la demanda de amparo que dio origen a este sumario constitucional, se desechó parcialmente, por cuanto hace a los actos de autoridad consistentes en: a) libramiento o decreto de cualquier orden de citación; y, b) cita de comparecencia para audiencia inicial o de formulación de imputación. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó el quejoso en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por la quejosa Corazón Arellano Hinojosa, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y, AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante la secretaria Martha Graciela Lemus Barajas quien autoriza y da fe. Doy Fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Pablo. En la propia fecha, se giraron los oficios correspondientes al tenor de la minuta que se agrega y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. [Firma electrónica]. La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y, AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. I) SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, de lo que se advierte, que mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución, encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución, de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla - a través de Isaí Rivas López-, con el que se dio vista a las partes, en términos de ley. En ese orden, como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta, se encuentran señaladas las nueve horas con veintidós minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que es evidente que entre la fecha de notificación a la quejosa Corazón Arellano Hinojosa, del informe de referencia -diecisiete de marzo en curso- y la de la celebración de la audiencia constitucional, no mediarán los ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere anticipadamente dicha audiencia y, en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 191995; misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.
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