Cornelio Herrera Ramírez
Expediente 1786/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1786/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Cornelio Herrera Ramírez
- Juez Primero de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio En el Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso ********************, con el que atiende el requerimiento que se le hizo en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, señalando que la denominación correcta de la "UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO ", es JEFE POLICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE YUCATAN. En consecuencia, se tiene como autoridad responsable al: JEFE POLICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE YUCATAN, por lo cual con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a la autoridad responsable y pídase su respectivo informe previo, el que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo con los numerales 238 y 260, fracción I, de la referida ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión; en el entendido de que se tendrá por recibido una vez que éste órgano emita el acuse de recibo correspondiente; en el entendido de que se tendrá por recibido una vez que éste órgano emita el acuse de recibo correspondiente. Para la celebración de la audiencia incidental se señalaron las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas la cual no se pueda presentar de manera electrónica; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 144 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ci rcuit os.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama de la autoridad responsable la orden de cateo dictada en su contra. Al respecto, a fin de determinar si es procedente la medida cautelar solicitada por el quejoso, debe tomarse en cuenta lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. (...)" De conformidad, con dicho precepto, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. En tal virtud, toda vez que en el caso se reclama una orden de cateo, se NIEGA la suspensión solicitada por la parte quejosa, ya que de conformidad con el transcrito artículo 128 de la Ley de Amparo, expresamente en su penúltimo párrafo establece que no será objeto de suspensión la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial, lo cual en el caso, el acto reclamado constituye precisamente una técnica de investigación en materia penal. Lo anterior es así, pues conforme al artículo el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ubicado en el título denominado "Etapa de investigación", en su capítulo "Técnicas de investigación", establece a las órdenes de cateo como actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control; ello, pues se trata de una herramienta con la que cuenta dicha autoridad para la persecución de los delitos, la cual culminará, en su caso, con el ejercicio de la acción penal; motivo por el cual, no es factible su paralización, pues al hacerlo, se afectarían disposiciones de orden público. Por tanto, al no ser objeto de suspensión por disposición expresa de la Ley de Amparo, debe negarse la medida cautelar respecto de dicho acto. Sirve de apoyo la tesis XXVII.3o.50 P (10a.), con registro 2016745, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 27 de abril de 2018, que en su título y contenido dicen: "ORDEN DE CATEO DECRETADA POR EL JUEZ DE CONTROL. POR DISPOSICIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 128, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN NO PUEDE SER OBJETO DE SUSPENSIÓN. De conformidad con el precepto citado, no serán objeto de suspensión: i) las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona; y, ii) la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Ahora bien, el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenido en el título III, intitulado "Etapa de investigación", capítulo III, denominado "Técnicas de investigación", establece a las órdenes de cateo como actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control; por tanto, al no ser objeto de suspensión por disposición expresa de la Ley de Amparo, debe negarse la medida cautelar respecto de dicho acto." Así como también, la diversa con registro digital 2003421, Tesis: I.3o.P.5 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2296, que en su rubro y contenido establecen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA EJECUCIÓN DE UNA ORDEN DE CATEO. ES IMPROCEDENTE PORQUE EL CONCEDERLA AFECTARÍA DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Resulta improcedente conceder la suspensión provisional cuando se reclama la ejecución de una orden de cateo solicitada por el Ministerio Público, pues por su naturaleza, conforme al artículo 152 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, constituye una herramienta con la que cuenta dicha autoridad para la persecución de los delitos conforme al numeral 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual culminará, en su caso, con el ejercicio de la acción penal. En ese sentido, no puede llevarse a cabo su paralización, pues al hacerlo, se afectarían disposiciones de orden público, es decir, la labor constitucional encomendada a dicha institución, lo que es contrario al contenido del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso CORNELIO HERRERA RAMÍREZ, con el que atiende el requerimiento que se le hizo en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, señalando que la denominación correcta de la "UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO", es JEFE POLICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. En consecuencia, se tiene como autoridad responsable al: JEFE POLICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN, por lo cual, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir privilegiando los medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado. Apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso las constancias de mérito completas y legibles, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica. Se señalaron las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=4servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Asimismo, se invita a la autoridad responsable a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se exhorta a las partes para que de conformidad con el artículo 52 Bis y 263 fracción II último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa del propio Consejo modificado el siete de noviembre de dos mi veintidós, se privilegie el uso del expediente electrónico con el afán de apoyar el impulso tecnológico para un mejor acceso a la justicia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de ellos se advierte que se encuentra transcurriendo el término, concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de noviembre del presente año, a efecto de que manifieste a que autoridad quiso referirse al señalar a la "UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO" como autoridad responsable. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.Por recibido del Secretario de Acuerdo del Tribunal Colegiado en Materias Penal Administrativa del Decimocuarto Circuito, su oficio de veintiuno de noviembre del año en curso, así como el testimonio de la resolución dictada por ese Tribunal en la queja 423/2023, interpuesta por la parte quejosa, en contra del acuerdo de diez de noviembre del año que transcurre, dictado por este Juzgado; resolución de la que aparece que la citada Superioridad, en su único punto resolutivo, declaró infundada la queja interpuesta en contra del citado proveído. Acúsese recibo vía interconexión.Por otro lado, vista la razón levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, el veintidós de noviembre del presente año, en las que asentó los motivos por los que no pudo entregar el oficio 27977/2023 a la UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO; ya que fue atendido por personal administrativo de la Fiscalía General de la República Delegación Yucatán quien le informó que la autoridad citada, ya no existe en el organigrama.En mérito a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste a qué autoridad quiso referirse al señalar como responsable en estos autos a la "UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO"; apercibida que de no cumplir con lo requerido, en el término concedido, se seguirá el trámite en el presente incidente en el cual se actúa, sin tener a dicha autoridad como responsable. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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