Cornelio Herrera Ramirez
Expediente 986/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Cornelio Herrera Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán a veintiséis de julio de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se concedió la suspensión definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de conservación. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante PABLO PEREZ PACHECO, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán a siete de julio de dos mil veintitrés Vista la constancia actuarial de cinco de julio del año en curso, en la que se asentaron los motivos por los que no pudo ser notificado el quejoso ********************, del contenido del proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés. Ahora bien, de autos se advierte que mediante proveído de fecha catorce de junio del año en curso, se acordó que las notificaciones personales podrían hacerse por medio del correo electrónico plasmado en la boleta de Oficialía de Partes común al momento que presento su demanda de amparo, así como directamente al quejoso en el Centro de Reclusión en que se encontraba. No obstante, de la lectura del oficio CJPF/YUC/JC/074/2023, de veintisiete de los corrientes, signado de manera electrónica por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, se advierte que en mérito de la determinación dictada el propio veintisiete citado, se ordenó la inmediata excarcelación del quejoso. Por ende, atendiendo al contenido de la constancia actuarial de cuenta y a lo señalado en el párrafo anterior, con fundamento en la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, hágase la notificación del referido acuerdo de treinta de junio del año en curso, así como las subsecuentes de carácter personal a la parte promovente, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán a cinco de julio de dos mil veintitrés********************Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio CJPF/YUC/DJ/1329/2023, tres de julio del año en curso, signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad Mérida, al cual adjunta la determinación de esa propia fecha, en la que se advierte que la resolución emitida en audiencia de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento a favor del ahora quejoso ********************derivado de la causa penal********************adquirió firmeza legal, sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento respecto de su contenido, en virtud de que por acuerdo de treinta de junio del año en curso, se sobreseyó en este juicio fuera de audiencia. ********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia académica de la titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial; por autorización comunicada mediante oficios CCJ/ST/3320/2023 y CCJ/ST/3793/2023, de fechas doce y veintiséis de junio ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, suscritos por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el CJPF/YUC/JC/074/2023, de veintisiete de los corrientes, signado de manera electrónica por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad. Ahora bien, atento a lo anterior, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, es la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, que dictó el auto de vinculación a proceso contra el quejoso, por la probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En este sentido, a fin de explicar cómo opera la causa de improcedencia anunciada, es oportuno mencionar que se han realizado exhaustivos estudios por los órganos jurisdiccionales para establecer cómo se considera actualizada, tales como el del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/95, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, páginas 31 a 71), cuyos argumentos retomó casi en su integridad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3387/97 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38), que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En estas resoluciones, se partió del análisis gramatical de la causal de improcedencia referida, precisándose que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" connota lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En este orden de ideas y a mayor abundamiento es oportuno hacer notar que, la propia Sala ha definido el criterio en el sentido de que no es necesario que el acto reclamado sea dejado sin efectos por la autoridad responsable para que opere la improcedencia del juicio que se viene analizando, sino que basta con que sea substituida por otra resolución que derogue la que se impugna, al momento en que se emita la sentencia en el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En esta tesitura, es evidente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación y b) por sustitución -como en el caso acontece-. En efecto, en el primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, cuando se interpone un recurso o medio de defensa contra el acto reclamado, la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél ya depende de lo resuelto en la nueva determinación: sustituyó procesalmente a la anterior. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podría ser materia del juicio constitucional. En efecto, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, toda vez que de las constancias que remitió el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, se advierte que en audiencia pública, celebrada en fecha veintisiete de los corrientes, en la causa penal ********************, se decretó el sobreseimiento total a favor del quejoso, lo cual en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, actualiza una causal de improcedencia al haber cambiado la situación jurídica del referido impetrante de amparo, para todos los efectos legales correspondientes; lo anterior, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que nos atañe. Por tanto, de la anterior narrativa claramente se advierte que la resolución de fecha la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, que dictó el auto de vinculación a proceso contra el quejoso, por la probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, quedó sustituida por la diversa de veintisiete de junio en curso, en la que se decretó el sobreseimiento total a favor del quejoso. Corolario de lo antes expuesto, deviene la materialización del motivo de improcedencia en estudio, dado que, se reitera, las consecuencias jurídicas de la determinación combatida, fue subsistida por el sobreseimiento de la causa penal de referencia, en la audiencia de veintisiete de junio de la presente anualidad, resultando por ende, inconducente el análisis de las decretadas en el acto reclamado por la parte quejosa, al haber dejado de surtir efectos en el proceso penal de origen. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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