Crescencio Mendoza Contreras

Expediente 1154/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1154/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Crescencio Mendoza Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. De igual forma, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Luis Casanova González, quien se ostenta defensor particular del directo quejoso CRESCENCIO MENDOZA CONTRERAS, sin copias y sin anexos, contra el acto que reclama del Juez Primero de lo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama del Juez Primero de lo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el acuerdo de tres de junio del año en curso, dictado en la causa penal 35/2017, que en el que determinó no admitir la apelación presentada en contra de la determinación de declarar agotada la investigación judicial y aperturar a prueba dicho proceso. Respecto del acto reclamado por la parte quejosa en su demanda de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracciones III, inciso b) y V aplicado a "contrario sensu", ambos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento, pues no se trata de un acto que tenga una ejecución que sea de imposible reparación, ni afecta a las partes en grado predominante o superior, que no incide en la esfera de derechos sustantivos del quejoso en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracciones III, inciso b) y V, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: I.- (.); III.- Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De los preceptos legales transcritos de obtiene que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos u omisiones provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio, que se trate de una resolución definitiva, o bien, que se trate de actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en dichas disposiciones, estableció que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica, en cuanto a la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deberían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación, según fue explicando nuestro Más Alto Tribunal, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos", afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. También consideró el Máximo Tribunal, que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables, es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. En ese sentido, debe decirse que el acuerdo que por esta vía se impugna, consistente en la negativa de admitir la apelación presentada en contra de la diversa determinación de declarar agotada la investigación judicial y aperturar a prueba dicho proceso penal, no constituye un acto de imposible reparación pues no afecta de manera material el derecho fundamental de defensa previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino al contrario, se prevén diversas posibilidades para agotar las expectativas de defensa del justiciable, por lo que únicamente produce efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto y, por ende, el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo donde tiene expedito su derecho a recurrirla; y, de continuar siéndole desfavorable, controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Lo anterior tiene apoyo, en la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 2092, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "INSTRUCCIÓN. EL AUTO QUE LA DECLARA AGOTADA Y EL ACUERDO QUE RESUELVE QUE ES INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA AQUÉL, NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.Los artículos 147 y 150 del Código Federal de Procedimientos Penales prevén el procedimiento y las reglas para declarar agotada la instrucción, entre de lo que destaca que el Juez del proceso debe avisar a las partes sobre el estado procesal que guarda la causa penal un mes antes de que venzan los plazos ahí establecidos para declarar agotada la instrucción, y les dará un plazo inicial de 10 días para que se pronuncien al respecto, hecho lo cual, dictará el acuerdo respectivo, en el que les otorgará otro plazo de 10 días para que ofrezcan las últimas pruebas, las que se desahogarán dentro de los 15 días siguientes; sin embargo, el legislador dejó abierta la posibilidad de que el Juez recabe de oficio pruebas para mejor proveer e incluso, que duplique el término de 10 días para el ofrecimiento de pruebas, de suerte que dicho auto, así como el acuerdo que resuelve que es infundado el recurso de revocación interpuesto contra aquél, no constituyen actos de imposible reparación pues no afectan de manera material el derecho fundamental de defensa previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino al contrario, se prevén diversas posibilidades para agotar las expectativas de defensa del justiciable, por lo que únicamente producen efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto y, por ende, el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo donde tiene expedito su derecho a recurrirla; y, de continuar siéndole desfavorable, controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo." Así como la diversa tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo V, Febrero de 1997, página 754, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere lo siguiente: "INSTRUCCION. LA RESOLUCION QUE LA DECLARA AGOTADA DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO.La resolución que declara agotada la instrucción en la causa penal, no ocasiona un perjuicio de imposible reparación para los efectos del amparo, pues únicamente produce efectos intraprocesales cuyas consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber generado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de desaparecer fácticamente con el hecho de obtener el inconforme una sentencia favorable a sus intereses y en caso contrario, tiene expeditos sus derechos para recurrir dicha resolución y de resultarle adversa, puede promover el amparo directo, en el cual puede alegar como conceptos de violación, tales anomalías." De lo que se sigue que, respecto al acuerdo de acuerdo de tres de junio del año en curso, dictado por el Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la causa penal 35/2017; no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tienen una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento penal, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos. Se afirma lo anterior, porque como quedó precisado, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan derechos sustantivos pero en modo alguno los adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene su pretensión en el fondo, es evidente que no existe una afectación a los derechos sustantivos de la parte promovente, por la que no afecta, algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal, lo que podrá incluso hacer valer en el amparo directo que en su caso interponga, contra la sentencia definitiva dictada en la causa penal de origen; de ahí que sea indudable que el acto reclamado no le causa un perjuicio de carácter irreparable en la persona de la parte quejosa, requisito para la procedencia del juicio de garantías biinstancial, actualizándose de esta forma la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones III, inciso b) y V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable en lo sustancial la jurisprudencia 3a. 43, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTIAS PROMOVIDA POR con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, aplicada a "contrario sensu", todos de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que el nombre de usuario "j_l_casanova" que proporciona el ocursante, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad su solicitud, por lo que se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa a través del citado usuario, quedando facultada para promover en el juicio con el propio nombre de usuario. Asimismo, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa para recibir notificaciones vía electrónica, en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones en las que se realice algún requerimiento o su naturaleza lo amerite vía electrónica, en el entendido que se realizaran a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, por medio de la cuenta electrónica antes mencionada, es decir, con el nombre de usuario " j_l_casanova", pues las demás se realizarán por lista. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado para ello en su escrito de demanda, y como medio de contacto alternativo, el correo electrónico que señala en el acuse de recibo de la presentación de esta demanda. Por otro lado, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, para el uso de aparatos electrónicos559/2021 como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

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