Coral Contreras Mercado

Expediente 960/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
960/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Coral Contreras Mercado

Actuaciones

  1. Principal

    En atención a la razón levantada por el actuario de la adscripción, así como a lo ordenado en auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, notifico por lista a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil dieciocho. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por María del Pilar Barojas Rodríguez, quien se ostenta apoderada de Coral Contreras Mercado, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. SE RECONOCE PERSONERÍA. Con apoyo en el artículo 10 de la Ley de la Materia y en términos de la carta poder que se anexa a la demanda de amparo, se reconoce a María del Pilar Barojas Rodríguez, el carácter de apoderada de la trabajadora Coral Contreras Mercado, con el que comparece a gestionar a esta instancia constitucional. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Ahora, visto el escrito de demanda de amparo promovida por Coral Contreras Mercado, a través de su apoderada, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, se prevé lo siguiente. SE DESECHA DEMANDA. Del contenido íntegro de la demanda de garantías, se advierte que la aquí quejosa señaló como acto reclamado la fijación de la audiencia inicial en fecha remota, todo lo anterior dentro del expediente laboral 3C-2362/2018. Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente, por lo siguiente. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, y 133 de la Ley de Amparo, son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los numerales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de estudio oficioso; por esa razón el órgano que conozca de un juicio de amparo deberá analizar el escrito de demanda, junto con sus anexos, y de advertir que se actualiza alguna hipótesis que torné improcedente el juicio la desechará de plano; y que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclamen actos intraprocesales que no vulneren derechos fundamentales del quejoso o causen perjuicios de imposible reparación De lo transcrito, en la parte que interesa, se tiene que en el juicio de amparo, los órganos jurisdiccionales competentes deben examinar de manera oficiosa el escrito inicial de demanda, a efecto de verificar la actualización de alguna causa de improcedencia; además, que el aludido juicio constitucional resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación. Luego, en la contradicción de tesis 325/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de conformidad con el legislador, existen dos condiciones para que los actos se estimen de imposible reparación dentro de un procedimiento; la exigencia de que se trate de actos que "afecten materialmente derechos" y, que esos derechos tengan la categoría de "sustantivos", esto es, aquellos que se encuentran tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo cuales son opuestos a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", puesto que la afectación que producen no es actual, sino que ello depende de que llegue o no a trascender en el sentido de la resolución que se emita en el juicio o procedimiento. En ese sentido, señaló el Máximo Tribunal cuando un particular reclama una afectación a su esfera jurídica en un procedimiento jurisdiccional, derivado de violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Federal, los actos reclamados no deben considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de naturaleza adjetiva, porque no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentre, sino que ello ocurre precisamente dentro del mismo; por tanto, estimó que en esos asuntos no se actualiza un caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque respecto a procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción del particular, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conoce del juicio o procedimiento emita un fallo sobre lo pretendido por aquél; por tanto, que ésta debe respetar los plazos y términos que establece la ley de la materia, y que las partes reciban respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, concluyó el Máximo Tribunal, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Tales razonamientos dieron origen a la jurisprudencia que se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Contradicción de tesis 325/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 16 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco". Sentado lo anterior, es menester reiterar que, en el caso, la promovente del juicio reclama la fijación de la audiencia inicial en fecha remota, dentro del controvertido laboral 3C-2362/2018. Sin embargo, no es factible considerar que tales circunstancias vulneren los derechos fundamentales de la quejosa, ni siquiera que le generen perjuicios de imposible reparación; porque, si bien el artículo 17 Constitucional mencionado, establece en lo conducente que los tribunales impartirán justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; lo cierto es que ya se dijo que, por regla general, las dilaciones procesales no constituyen actos u omisiones que afecten los derechos sustantivos de los contendientes en forma directa, salvo en aquellos casos en los que se advierta una franca paralización del proceso. Circunstancia que en el presente caso no acontece, ya que de la documental que la quejosa acompaña a su libelo consticional se advierte que la demanda fue radicada el pasado doce de octubre de dos mil dieciocho, acto en el que además de proveer otras cuestiones inherentes al asunto, se ordenó emplazar a la parte demandada y se señalaron las once hora del tres de febrero de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia respectiva, lo cual implica que no se ha paralizado el procedimiento de forma absoluta, ya que la autoridad está realizando un acto positivo al momento de proveer sobre tales aspectos, además de que está ordenando una actuación que deberá de desplegar el Actuario adscrito a la junta responsable; y, en caso de que exista alguna imposibilidad para ello, habrá de proveer lo conducente. Por eso, si en el caso, de la constancia que se acompañó a la demanda se desprende que el doce de octubre pasado se fijó fecha para la audiencia inicial y se ordenó emplazar a la demandada en el domicilio proporcionado por el ahora quejoso; válidamente puede afirmarse que no se actualiza la excepción prevista en la jurisprudencia invocada con antelación. Y tampoco puede considerarse que existe una abierta dilación en el procedimiento, pues si bien es cierto que la fecha de la audiencia no se fijó dentro del término señalado por la Ley Federal del Trabajo para tal efecto, constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador que la fijación de la audiencia inicial obedece a las cargas de trabajo con las que cuentan ese tipo de autoridades, máxime que debe atenderse en el particular a las circunstancias del caso, como lo es el hecho de que entre el doce de octubre de dos mil dieciocho, fecha del acuerdo admisorio de la demanda laboral, y el trece de febrero de dos mil diecinueve, median bastantes días inhábiles, entre fines de semana y la conmemoración de diversas festividades en los meses de noviembre, diciembre y enero, además del periodo vacacional decembrino de la propia autoridad responsable, así como de las diversas que pudieran tener alguna participación durante el desarrollo del juicio y de los propios particulares; de ahí que no sea posible considerar que existe una abierta dilación. No está por demás enfatizar que, la circunstancia de que se señalara la fecha para que tenga verificativo dicha audiencia con más de tres meses de anticipación, no es determinante para concluir que existan indicios que pudieran llevar a concluir que eventualmente se estén vulnerando derechos sustantivos de forma directa, puesto que al efecto la jurisprudencia trascrita pone de manifiesto que cuando se da una afectación al 8° Constitucional dentro de un procedimiento, no se afecta el derecho sustantivo que prevé dicho normativo, porque no se surte de forma independiente, sino dentro de un procedimiento en el que el quejoso es parte y en el que se tutelarán todos los derechos que se hagan valer durante la contienda. Determinación que se adopta, en atención a que la jurisprudencia invocada resulta ser vinculante para este juzgador, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo; en lo conducente, por las razones que contiene, se cita la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2011703 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.IV.L. J/3 K (10a.) Página: 2094 JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo prevé que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 5157/2014, del cual derivó la tesis aislada 2a. XCII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.", sostuvo que la jurisprudencia tiene el carácter de una norma general, porque constituye una fuente relevante para el derecho, en virtud de que permite tanto a gobernantes como a gobernados, conocer la forma en que opera el sistema jurídico a través del entendimiento no sólo de reglas relevantes, sino de los principios implicados y perseguidos por el derecho. Ahora, de los artículos 94, párrafo décimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 215 a 224 de la Ley de Amparo, se advierte que la jurisprudencia constituye una fuente formal del derecho, ya que a través de ella se refleja un criterio uniforme de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, esto es, por regla general tiene como fin establecer el alcance o significado de la ley o norma general, pero no es una norma nueva, sino que sólo establece el verdadero alcance de una norma previamente existente. Asimismo, una vez que una tesis de jurisprudencia se considera de aplicación obligatoria, los órganos jurisdiccionales deben ceñirse a su sentido, sin que puedan cuestionar su contenido o proceso de integración, pues ello es propio del órgano que emitió el criterio vinculante. De ese modo, se concluye que para que se genere la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, debe existir una jurisprudencia anterior de la cual derive el derecho adquirido de manera previa a la aplicación de la nueva, sin que pueda admitirse que el hecho de afectar simples expectativas de derecho se traduzca en perjuicio para el justiciable; de ahí que su aplicación puede realizarse a hechos originados antes o después de su surgimiento, en tanto haya acontecido durante la vigencia de la norma o no exista una interpretación contraria a la aplicada. Contradicción de tesis 3/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 29 de marzo de 2016. Mayoría de dos votos de los Magistrados José Luis Torres Lagunas y Guillermo Erik Silva González, con ejercicio de voto de calidad del primero de los nombrados en su carácter de presidente. Disidentes: Alfredo Gómez Molina y Alejandro Alberto Albores Castañón. Ponente: José Luis Torres Lagunas. Secretaria: Angélica Lucio Rosales." No pasa por alto para este órgano de control constitucional, que la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), faculta al juez de amparo, para que en caso de advertir una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, proceda a admitir la demanda; sin embargo, ya se dijo que no se configuran dichas excepciones, porque lo expuesto por la quejosa, arroja que si bien pudiera ser que la responsable no ha acatado los términos de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es, que sí ha dado prosecución al juicio laboral dentro de ciertos plazos razonables, incluso tomando en consideración las circunstancias particulares del caso ya destacadas en relación a los múltiples días inhábiles y de descanso, por lo que se concluye que no se materializan esas hipótesis. Lo anterior es así, pues resulta un hecho notorio para este juzgado, derivado del conocimiento de asuntos similares que las cargas laborales de las Juntas Laborales, y en específico la aquí responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, normalmente son muy amplias, lo que se constata, por ejemplo, al atender al número consecutivo del juicio laboral de origen, por lo que hasta el momento, conforme a los datos que se desprenden de la demanda que son prueba plena, no se advierte la existencia de una abierta dilación ni de la paralización total del asunto; además, de admitir a trámite el juicio de amparo, podría incluso llegar a repercutir en una afectación de derechos de terceros, puesto que se obligaría a la responsable a dar prioridad al juicio en donde la quejosa es parte, frente a otros anteriores. Asimismo, válidamente puede sostenerse que el trámite y resolución del juicio de amparo con los posibles recursos que se interpongan, generarán un atraso mayor al procedimiento natural, lo que derivará en un perjuicio para la propia quejosa, toda vez que el juicio de amparo tardaría un aproximado de tres meses en resolverse, ya que en el supuesto de que se admitiera la demanda de garantías, sin motivo para prevenirla previamente, el señalamiento para la fecha de la audiencia constitucional, sería acorde a la agenda y cúmulo de asuntos en trámite que maneja este juzgado para mediados del mes de diciembre, fecha en la que la autoridad estaría de vacaciones, desconociéndose si para esa fecha ya hubiera transcurrido el término otorgado para que rinda su informe, si ya lo hubiera rendido y si hubiera transcurrido el término para que la quejosa se impusiera de su contenido, por lo que cualquiera de esos supuestos daría lugar al diferimiento de la misma y, la nueva fecha sería señalada para el mes de enero siguiente, en cuyo caso de celebrarse en esa segunda fecha la audiencia, el suscrito estará en aptitud de dictar sentencia ya sea en el acto de la audiencia o posteriormente con engrose, de ahí que para ese entonces podría actualizarse una diversa causal de improcedencia al haber pasado la fecha señalada por la autoridad responsable. De ahí que, quien esto provee considere que se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Coral Contreras Mercado, a través de su apoderada, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere en su escrito de cuenta, con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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