Coordinador Estatal de USICAM Michoacán

Expediente 669/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
669/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Coordinador Estatal de USICAM Michoacán
  • Alonso Rangel Reguera y Otros.
  • Alonso Rangel Reguera

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO AUTO Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de catorce de julio de mil veintiuno, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de garantías promovida por ALONSO RANGEL REGUERA, JOSÈ JAIME RODRÍGUEZ ROJAS y DOLORES ALEJANDRA JACOBO GÓMEZ; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA Se tiene por presentada la demanda de amparo promovida por Alonso Rangel Reguera, José Jaime Rodríguez Rojas y Dolores Alejandra Jacobo Gómez, por propio derecho, contra actos del Coordinador Estatal del USICAM del Estado de Michoacán. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Resulta pertinente señalar que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo. Antes, se precisa establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal que, aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Así como se anticipó, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTÍCULO 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes público o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En la especie el quejoso, hace consistir los actos reclamados en los siguientes: ".la omisión para dictar acuerdo y su notificación personal a la parte quejosa, relativo a la petición que por escrito, pacífica y respetuosamente se le hiciera sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna y sin haber logrado el acuerdo y su notificación al peticionario como lo dispone el artículo 8° Constitucional, ya que se le solicitó a la autoridad responsable para que informara lo referente a los cambios de adscripción del centro de trabajo 2020." Ello en razón, de que los actos reclamados no constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo en razón de que las cuestiones planteadas tienden a dilucidar cuestiones de naturaleza laboral, ya que de una interpretación armónica de los preceptos legales antes transcritos, se advierte que el amparo tiene por objeto dirimir las controversias que se susciten por la conculcación que a los derechos fundamentales del ciudadano produzca cualquier autoridad; asimismo, de los artículos transcritos, se puede señalar que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad. Dichas leyes o actos de autoridad son aquéllas disposiciones de orden público que en forma voluntaria e intencional, ya sea en sentido positivo o negativo, esto es, por acción u omisión, emite un órgano del Estado, que puede consistir en una decisión o ejecución, o en ambas a la vez; tales leyes o actos normalmente producen una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, y se imponen a los particulares en forma imperativa, unilateral y coercitiva. En el mismo sentido, debe decirse que conforme a lo dispuesto por el numeral 5º, fracción II, de la ley de la materia, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En tal virtud, no todos los actos que la parte quejosa estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplen con las características antes precisadas, esto es, aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Cabe agregar que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y, a partir de la reforma a la Ley de Amparo, también procede contra los particulares, los cuales tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, de ahí que para analizar si los actos reclamados son emitidos por autoridades o por un particular cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, también resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de autoridad, de un acto de particular, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, no sólo debe atenderse a sus características, sino también a la distinción de las relaciones jurídicas que se dan con éstas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior como gobernante. De esta manera, cabe decir, que es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por la peticionaria del amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. De la lectura integral de la demanda de garantías y de los documentos que obran en el juicio de garantías, se pone de manifiesto que los actos de que se duele la quejosa, lo constituye la contestación vertida por las responsables en respuesta a su petición relacionada con las cuotas sindicales de los trabajadores agremiados. De tal modo que tal acto no puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que la relación jurídica existente entre los quejosos y la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, el cual es un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría de Educación Pública, es derivada de la relación de trabajo, de ahí que tenga la misma naturaleza. Al respecto cabe destacar lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en el recurso de revisión 5/2020, interpuesto en contra de la sentencia dictada por el suscrito en el diverso juicio de amparo VII-1135/2019, promovido por el un sindicato de trabajadores contra actos de la Directora Administrativa de la dependencia a la que se encontraban adscritos, consistentes en la omisión de dar contestación a su petición. Siendo así que al respecto en dicha ejecutoria el citado Tribunal Colegiado determinó: ". como la relación que existe entre dicho quejoso con el organismo público de referencia no es de supra a subordinación, como correspondería a una autoridad con un gobernado, y la petición cuya omisión de respuesta se reclama, está relacionada con las facultades de defensa de sus agremiados que tiene dicho sindicato, pues tiene relación con el pago de salarios, es inconcuso que las relaciones que tiene dicho quejoso con aquel organismo público descentralizado son de coordinación, las cuales no surgen del imperio que pudiera corresponder a alguna autoridad, sino que su origen se encuentra en los derechos laborales de los trabajadores agremiados a dicho sindicato y en las condiciones de trabajo que rigen ese vínculo laboral, cuyo incumplimiento o violación debe dirimirse en sede ordinaria ante la autoridad de trabajo que corresponda y no en el juicio de amparo, de ahí que, como lo expone la parte recurrente y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se actualice la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, el hecho de que la parte patronal sea un organismo descentralizado del Estado, es insuficiente para considerar sus actos como de autoridad, porque el Alto Tribunal del país ha establecido que las personas morales oficiales, pueden actuar con un doble carácter; es decir, como entes dotados de poder público y como personas morales de derecho privado; en el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se hallan investidos y en la segunda, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y forma que los individuos. En ese tenor, cuando se suscite una controversia entre un organismo público descentralizado como personas de derecho privado; es decir, en su calidad de patrón, debe ser resuelta ante la instancia laboral correspondiente antes de acudir al juicio de amparo." De lo anterior se colige que, en el particular, por la naturaleza de la petición elevada, los actos reclamados se gestan dentro de una relación de particulares, en un plano de coordinación y no de gobernante a gobernado, ya que la relación en el caso particular es de naturaleza laboral y se debe sujetar a lo establecido en la legislación laboral aplicable. De lo que se deduce que en el presente caso las responsables no tienen el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Alonso Rangel Reguera, José Jaime Rodríguez Rojas y Dolores Alejandra Jacobo Gómez, contra actos del Coordinador Estatal del USICAM del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Leticia Cruz González y Ricardo Guzmán Mercado, con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este juzgado, se constató que existe registro de las cédulas profesionales que acredita se encuentran facultados para ejercer la profesión de licenciados en Derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE, ALONSO RANGEL REGUERA, JOSÉ JAIME RODRÍGUEZ ROJAS Y DOLORES ALEJANDRA JACOBO GÓMEZ, EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA Se tiene por presentada la demanda de amparo promovida por Alonso Rangel Reguera, José Jaime Rodríguez Rojas y Dolores Alejandra Jacobo Gómez, por propio derecho, contra actos del Coordinador Estatal del USICAM del Estado de Michoacán. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Resulta pertinente señalar que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo. Antes, se precisa establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece:"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal que, aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, de rubro y texto siguientes:"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Así como se anticipó, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTÍCULO 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes público o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En la especie el quejoso, hace consistir los actos reclamados en los siguientes: ".la omisión para dictar acuerdo y su notificación personal a la parte quejosa, relativo a la petición que por escrito, pacífica y respetuosamente se le hiciera sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna y sin haber logrado el acuerdo y su notificación al peticionario como lo dispone el artículo 8° Constitucional, ya que se le solicitó a la autoridad responsable para que informara lo referente a los cambios de adscripción del centro de trabajo 2020." Ello en razón, de que los actos reclamados no constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo en razón de que las cuestiones planteadas tienden a dilucidar cuestiones de naturaleza laboral, ya que de una interpretación armónica de los preceptos legales antes transcritos, se advierte que el amparo tiene por objeto dirimir las controversias que se susciten por la conculcación que a los derechos fundamentales del ciudadano produzca cualquier autoridad; asimismo, de los artículos transcritos, se puede señalar que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad. Dichas leyes o actos de autoridad son aquéllas disposiciones de orden público que en forma voluntaria e intencional, ya sea en sentido positivo o negativo, esto es, por acción u omisión, emite un órgano del Estado, que puede consistir en una decisión o ejecución, o en ambas a la vez; tales leyes o actos normalmente producen una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, y se imponen a los particulares en forma imperativa, unilateral y coercitiva. En el mismo sentido, debe decirse que conforme a lo dispuesto por el numeral 5º, fracción II, de la ley de la materia, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En tal virtud, no todos los actos que la parte quejosa estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplen con las características antes precisadas, esto es, aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Cabe agregar que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y, a partir de la reforma a la Ley de Amparo, también procede contra los particulares, los cuales tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, de ahí que para analizar si los actos reclamados son emitidos por autoridades o por un particular cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, también resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de autoridad, de un acto de particular, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, no sólo debe atenderse a sus características, sino también a la distinción de las relaciones jurídicas que se dan con éstas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior como gobernante. De esta manera, cabe decir, que es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por la peticionaria del amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. De la lectura integral de la demanda de garantías y de los documentos que obran en el juicio de garantías, se pone de manifiesto que los actos de que se duele la quejosa, lo constituye la contestación vertida por las responsables en respuesta a su petición relacionada con las cuotas sindicales de los trabajadores agremiados. De tal modo que tal acto no puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que la relación jurídica existente entre los quejosos y la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, el cual es un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría de Educación Pública, es derivada de la relación de trabajo, de ahí que tenga la misma naturaleza. Al respecto cabe destacar lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en el recurso de revisión 5/2020, interpuesto en contra de la sentencia dictada por el suscrito en el diverso juicio de amparo VII-1135/2019, promovido por el un sindicato de trabajadores contra actos de la Directora Administrativa de la dependencia a la que se encontraban adscritos, consistentes en la omisión de dar contestación a su petición. Siendo así que al respecto en dicha ejecutoria el citado Tribunal Colegiado determinó: ". como la relación que existe entre dicho quejoso con el organismo público de referencia no es de supra a subordinación, como correspondería a una autoridad con un gobernado, y la petición cuya omisión de respuesta se reclama, está relacionada con las facultades de defensa de sus agremiados que tiene dicho sindicato, pues tiene relación con el pago de salarios, es inconcuso que las relaciones que tiene dicho quejoso con aquel organismo público descentralizado son de coordinación, las cuales no surgen del imperio que pudiera corresponder a alguna autoridad, sino que su origen se encuentra en los derechos laborales de los trabajadores agremiados a dicho sindicato y en las condiciones de trabajo que rigen ese vínculo laboral, cuyo incumplimiento o violación debe dirimirse en sede ordinaria ante la autoridad de trabajo que corresponda y no en el juicio de amparo, de ahí que, como lo expone la parte recurrente y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se actualice la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo.Además, el hecho de que la parte patronal sea un organismo descentralizado del Estado, es insuficiente para considerar sus actos como de autoridad, porque el Alto Tribunal del país ha establecido que las personas morales oficiales, pueden actuar con un doble carácter; es decir, como entes dotados de poder público y como personas morales de derecho privado; en el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se hallan investidos y en la segunda, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y forma que los individuos. En ese tenor, cuando se suscite una controversia entre un organismo público descentralizado como personas de derecho privado; es decir, en su calidad de patrón, debe ser resuelta ante la instancia laboral correspondiente antes de acudir al juicio de amparo." De lo anterior se colige que, en el particular, por la naturaleza de la petición elevada, los actos reclamados se gestan dentro de una relación de particulares, en un plano de coordinación y no de gobernante a gobernado, ya que la relación en el caso particular es de naturaleza laboral y se debe sujetar a lo establecido en la legislación laboral aplicable. De lo que se deduce que en el presente caso las responsables no tienen el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Alonso Rangel Reguera, José Jaime Rodríguez Rojas y Dolores Alejandra Jacobo Gómez, contra actos del Coordinador Estatal del USICAM del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Leticia Cruz González y Ricardo Guzmán Mercado, con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este juzgado, se constató que existe registro de las cédulas profesionales que acredita se encuentran facultados para ejercer la profesión de licenciados en Derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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