Consuelo Ordaz Ramírez

Expediente 1043/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1043/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
31/01/2019

Partes del expediente

  • Consuelo Ordaz Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de catorce de enero de dos mil diecinueve de la presente anualidad, en la que se sobreseyó en el presente juicio de control constitucional promovido por Consuelo Ordaz Ramírez; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CUADERNO DE PRUEBAS. Finalmente, devuélvase al Magistrado responsable, el toca I-315/2018, lo cual acompañó como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 1043/2018, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta minutos del catorce de enero de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 1043/2018, promovido por Consuelo Ordaz Ramírez, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo se reconoció el carácter de tercera interesada a Verónica Yasmín Pineda Aguilar y/o Verónica Yasmín Pineda Aguilar, quien fue debidamente emplazada a juicio. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente y con un escrito registrado con el folio 582. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. En relación con el escrito que se recibe en esta fecha, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, se tiene a la quejosa Consuelo Ordaz Ramírez, ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que refiere en el mismo, así como instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. Asimismo, de conformidad con el artículo 124 de la ley en la materia, se tienen por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula. SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado que rindió el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO. Se hace constar que en este asunto la quejoso ofreció como pruebas de su parte las documentales, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que menciona en el escrito que presentó en esta fecha ante este juzgado; asimismo, obra la documental que el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, remitió en apoyo de su informe justificado consistente en testimonio del toca I-315/2018, el cual obra por separado en un tomo de prueba; medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención su propia y especial naturaleza en proveído de diez de diciembre del año próximo pasado y en esta propia audiencia. JUEZ: Al no haber más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado hizo manifestaciones en esta vía a través del pedimento 506/2018 , así como la quejosa a través del escrito presentado en esta fecha ante este juzgado y con el cual se dio cuenta párrafos precedentes. JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto IX-1043/2018, promovido por Consuelo Ordaz Ramírez, por derecho propio, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante oficio 7237/2018 signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, el cual fue recibido en este órgano jurisdiccional el siete de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió lo demanda promovida por Consuelo Ordaz Ramírez, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante lo anterior, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado el siguiente:  La resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el magistrado responsable dentro del toca I-315/2018, que dejó insubsistente la interlocutoria de once de septiembre del año en curso, emitida por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Zacapu, Michoacán, en el incidente de ejecución de sentencia relativo al juicio sumario civil 1386/2016, para reponer el procedimiento de ejecución a fin de nombrar perito en rebeldía de la parte demandada y desahogar correctamente la prueba pericial en valuación. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido del informe justificado rendido por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se obtiene que aceptó la existencia del acto que se le reclama y, al efecto remitió testimonio del toca I-315/2018. Documental a la que se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, el cual, con arreglo a la ley, goza de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS.". QUINTO: Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Sentado lo anterior, es menester señalar que en la especie, el suscrito juzgador considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" De las porciones normativas transcritas se obtiene que el juicio de amparo resulta procedente contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, siempre que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de que se trate. Ahora en el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 315/2018, del índice de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de la cual, se ordenó la reposición del procedimiento de un incidente de liquidación promovido por la aquí quejosa Consuela Ordaz Ramírez, en contra de la Verónica Yasmín Pineda Aguilar, en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de Francisco Pineda Salguero, por considerarse en esencia lo siguiente: ".para resarcir las violaciones cometidas en el desahogo de la prueba pericial en valuación; esta sala, con plenitud de jurisdicción y frente a la ausencia de reenvío en nuestro sistema apelatorio, deja insubsistente la sentencia definitiva combatida de fecha 11 once de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, ordenando ahora la reposición del procedimiento de ejecución de primera instancia con la finalidad de que, el juez a quo nombre en rebeldía de Verónica Yasmín Pineda Aguilar y/o Verónica Pineda Aguilar, en cuanto albacea definitiva de la sucesión intestamentaria 175/2009, a bienes del extinto Francisco Pineda Salguero, un perito de su parte y una vez que éste emita el avalúo correspondiente y concluya el trámite para lograr el completo y correcto desahogo de dicha probanza, emita una nueva resolución, atendiendo todas las circunstancias del caso." Lo anterior, patentiza que, en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia anunciada con antelación, porque la resolución combatida ordena la reposición de un incidente de liquidación de sentencia; lo cual implica que la regla de procedencia aplicable es la contenida en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo; es decir, que tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de que se trate. Sin embargo, resulta evidente que la resolución combatida no constituye la última en el incidente de liquidación del que deriva el acto reclamado; por el contrario, se trata de una resolución que ordena la reposición del procedimiento para el correcto desahogo de una prueba pericial; por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente. No es óbice que al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado que debido a la plenitud de la norma contenida en el artículo 114, fracción IV, de la entonces vigente Ley de Amparo (ahora 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente), permite interpretar que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente la regla contenida en la porción normativa referida, para admitir la procedencia del amparo. Tales razonamientos dieron génesis a la tesis que se inserta a continuación: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Contradicción de tesis 215/2009. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos. El Tribunal Pleno, el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número 108/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de dos mil diez." Sin embargo, en la especie, no es el caso, tampoco se actualiza la regla de excepción antes mencionada porque ya quedó precisado que el motivo por el que se ordenó la reposición del procedimiento fue que se desahogue correctamente una prueba pericial, porque dicha circunstancia de ningún modo vulnera los derechos sustantivos de los involucrados; porque de ningún modo impide el ejercicio de un derecho ni genera una merma patrimonial en alguno de los contendientes; simple genera que se perfeccione o corrija la manera en que se verificó o no la probanza de que se trate, lo que en su caso, puede ser alegado como una violación al procedimiento en el juicio de amparo que se promueva contra la última resolución dictada en el incidente de liquidación de sentencia; siempre que trascienda al resultado de dicho procedimiento. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que contiene y por identidad jurídica, la tesis que se inserta en seguida: "Época: Novena Época Registro: 170244 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 23/2008 Página: 593 NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Contradicción de tesis 38/2007-PL. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 6 de febrero de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer. Tesis de jurisprudencia 23/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de febrero de dos mil ocho." En suma, al no tratarse de la última resolución dictada en el incidente de liquidación y por no advertirse que exista una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo , lo que se impone es SOBRESEER el presente juicio, respecto del acuerdo aludido en primer término. Tal determinación impide a este órgano de control constitucional abordar el estudio de los conceptos de violación formulados por el peticionario del amparo, no obstante que se trate de un menor y que opere en su favor la suplencia de la queja. Cimienta lo anterior, la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 354839 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXIII Materia(s): Común Tesis: Página: 368 SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. Es de la esencia de la institución del sobreseimiento en el juicio de amparo, que no pueden ser tocadas en la sentencia, las cuestiones de fondo, ni decidir sobre si los conceptos de violación de garantías individuales en la demanda de amparo, son o no, fundados. Por tanto, es indudable que el sobreseimiento debe extenderse también a la consecuencia legal del acto reclamado que, como accesoria, debe también seguir la suerte de la decisión principal. Amparo civil en revisión 1352/39. Gavito Bourlon Leopoldo y coagraviado. 15 de enero de 1940. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente." SEXTO. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Consuelo Ordaz Ramírez, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza y da fe.

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