Consuelo Reyna Hernández

Expediente 830/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
830/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Consuelo Reyna Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, Juan García Trejo, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que el término de diez días que establece el artículo 86 de La Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del tres al dieciséis de diciembre del año en curso, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de noviembre del año en curso; Que no se tramitó incidente de suspensión; No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de La Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de Amparo 830/2019, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto seguido, el secretario da cuenta con el pedimento registrado bajo el número 17815 signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. A lo que el juez acuerda, téngase por recibido el pedimento de referencia, dese cuenta con el mismo en la etapa respectiva y expídasele copia simple de la resolución que se dicte en el presente juicio. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del pedimento signado por la agente del Ministerio Público y el informe justificado rendido por la autoridad responsable. A lo que el juez determina: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales que acompañó la quejosa a su escrito inicial de demanda así como las remitidas por la autoridad responsable director de Catastro y Registro Público del estado, con sede en esta ciudad, a su oficio registrado con el folio 17714. El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la representante social de la adscripción en su pedimento 1150/2019 (fojas 28 a 30). A lo que el juez determina: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse reproducidos los mismos y por perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 830/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Consuelo Reyna Hernández, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que enseguida se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Dirección de Catastro y Registro Público que depende de la Secretaría de Finanzas en el Estado. IV. ACTO RECLAMADO. La no contestación de mi derecho de Petición, que le sometí a su consideración el día seis de septiembre de corriente año y que lo fue amparándome en el DERECHO DE PETICIÓN, A QUE ENARBOLA EL ARTÍCULO OCTAVO CONSTITUCIONAL." Preceptos constitucionales que se consideran infringidos. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutela el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite y se registró con el consecutivo 830/2019; se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado y dar la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una omisión a una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, de la demanda de amparo y anexos se advierte que el acto reclamado consiste en: Omisión dar contestación a la petición formulada por la quejosa el seis de septiembre de dos mil diecinueve. TERCERO. La autoridad responsable director de Catastro y Registro Público del estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye, pues manifestó, que el veintiséis de abril del año en curso, dio respuesta a la solicitud que le fue formulada por el quejoso, cuya respuesta se encontraba a su disposición en la recepción de esa dirección. De lo expuesto se obtiene que, si bien la citada autoridad responsable dio respuesta al quejoso antes de que éste presentara su escrito de demanda de derechos (veintidós de octubre de dos mil diecinueve), sin embargo, dicha respuesta a la fecha en que rindió el informe justificado (ocho de noviembre del año en curso), no había sido notificada al quejoso, por tanto, se tiene por desvirtuada dicha negativa y por cierto el acto que se le atribuye. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable; documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causal de improcedencia. La procedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62, de la Ley de Amparo, y con la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama la parte quejosa se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 103 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2000, Novena Época, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, registro 917637, página 81, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En esta instancia constitucional, la quejosa reclama toralmente la omisión por parte de la autoridad responsable de emitir respuesta a la petición que formuló el seis de septiembre del año que transcurre. En efecto, en primer término es necesario precisar que la demanda de amparo que nos ocupa se presentó el veintidós de octubre de dos mil diecinueve; fecha en la que si bien, la autoridad responsable ya había dado respuesta a la petición que le fue realizada, sin embargo, no se había notificado esa respuesta a la promovente del amparo, lo cual fue realizado hasta el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintidós de octubre de dos mil diecinueve), la autoridad responsable notificó a la parte quejosa por conducto de su autorizado, la respuesta dada a la petición que le había sido formulada el seis de septiembre del año que transcurre; cuya omisión correspondía al acto reclamado en el presente juicio de amparo, máxime que la responsable, además de dar respuesta a la petición que le fue realizada por la quejosa era imperativo para ella, notificar de manera personal esa respuesta. Por tanto, cabe concluir, que en la especie, se actualiza la aludida causa de improcedencia, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el sentido de la presente sentencia, por analogía, la jurisprudencia número 176051, de la Novena época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero de 2006, en la página: 1579, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse en el presente asunto la causal de improcedencia analizada, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio; lo que impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 830/2019, promovido por Consuelo Reyna Hernández, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci

  3. Principal

    El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 17714. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por el director de Catastro y Registro Público del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante la cual remite las constancias que le fueron solicitadas en proveído de once del mes y año que transcurre. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales que acompaña; sin perjuicio de relacionarlas y valorarlas en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci

  4. Principal

    El once de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 16928. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la promoción de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable director de Catastro y Registro Público del estado, con sede en esta ciudad; con dicho ocurso dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia invocada, téngase como prueba de la mencionada responsable la documental que adjunta, misma que se tiene admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Ahora, de la constancia que adjunta la autoridad responsable se advierte que ha emitido contestación a la omisión que constituía el acto reclamado en el presente sumario. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la notificación personal que le haya practicado a la quejosa, toda vez que se considera necesaria para resolver el presente asunto; en el entendido que de no hacerlo, se hará efectivo en su contra el apercibimiento decretado en el auto admisorio de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 7 a 9). Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci

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