Corina Guadalupe González García
Expediente 667/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Corina Guadalupe González García
Actuaciones
- Principal
En ocho de agosto de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado con un oficio registrado con el número 10650. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; por el que transcribe íntegro el acuerdo de cuatro de agosto de la presente anualidad, dictado en el amparo en revisión administrativo 366/2017-1, del que se advierte que en la fecha indicada se desechó el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Corina Guadalupe González García contra el auto de catorce de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda que promovió contra actos del Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, con sede en esta ciudad. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. Doy fe. *Rosy
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la quejosa Corina Guadalupe González García, por el que interpone recurso de revisión contra el auto de catorce de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 81, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, dentro del término legal remítase el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de agravios; sin que haya lugar a correr traslado con copia de los agravios a las demás partes atendiendo a la determinación que se impugna. Notifíquese.
- Principal
CUENTA. El catorce de julio de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta al secretario encargado del despacho por licencia de la titular con lo siguiente: Con oficio registrado con el folio 9687, con el expediente del juicio de amparo directo 748/2017 que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, de esta ciudad, los autos originales del expediente sin número relativo al procedimiento administrativo sucesorio intestamentario a bienes de Ma. Asunción García Ramírez, remitido por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, y tres copias de demanda que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Juvenal Barbosa González tiene su cédula profesional con número 329589 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de julio de dos mil diecisiete. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito; al que acompaña el expediente original del juicio de amparo directo 748/2017 de su índice. Ahora, por acuerdo de doce de julio de la presente anualidad, se advierte que Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida por la quejosa Corina Guadalupe González García, contra actos del Director de Fraccionamientos Rurales en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; en tal virtud, con fundamento en el artículo 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas acepta la competencia planteada y asume el conocimiento de la demanda; hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado declinante para los efectos legales conducentes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, se provee lo siguiente: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 667/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: Del Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad: La resolución de once de mayo de dos mil diecisiete, mediante la cual se le negó a la quejosa la solicitud de tenerla apersonándose dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de la señora Ma. Asunción García Ramírez. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Del precepto reproducido, se obtiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama; y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece los siguientes supuestos: El acto reclamado carezca de fundamentación. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. El recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado. Luego, el artículo 1 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas dispone lo siguiente: "Artículo 1.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo forma parte del Poder Judicial del Estado es el organismo que conocerá y resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública estatal o municipal y sus organismos descentralizados, estatales, municipales e intermunicipales y los particulares, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones." Por su parte, el artículo 19, fracción I, de la ley en cita señala: "Artículo 19.- El Tribunal es competente para conocer: I. De los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la Administración Pública del Estado de Zacatecas o de sus Municipios, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; .". De los preceptos transcritos se desprende que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo forma parte del Poder Judicial del Estado, y que es el organismo que conocerá y resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal y sus organismos descentralizados estatales, municipales e intermunicipales y los particulares. Dicho tribunal está dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones. Será competencia del tribunal el juicio de nulidad contra los actos dictados por autoridades de la administración pública estatal o municipal, sus organismos descentralizados estatales, municipales e intermunicipales y los particulares. En la especie, del análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la determinación de once de mayo de dos mil diecisiete, por la que el Director de Fraccionamientos rurales del Estado de Zacatecas negó tenerla apersonándose dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de la señora Ma. Asunción García Ramírez, en razón de que no acreditó el entroncamiento con la de cujus, pues del acta de nacimiento que exhibió para acreditar el parentesco se advertía que aparecía como hija de Ma. Asunción García Rodríguez, no así de Ma. Asunción García Ramírez. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto mencionado es de carácter administrativo al ser emitido por una autoridad de la administración pública del Estado de Zacatecas, motivo por el cual la resolución reclamada debió ser impugnada previamente a través de un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Zacatecas. Cabe agregar que de acuerdo con los artículos 55 a 59 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas los actos impugnados a través del juicio de nulidad son suspendibles. Los citados artículos son del tenor siguiente: "CAPÍTULO VI DE LA SUSPENSIÓN ARTÍCULO 55. La suspensión de los actos impugnados podrá ser concedida por el Tribunal, lo que se comunicará de inmediato a la autoridad demandada para su cumplimiento. ARTÍCULO 56. El actor podrá solicitar la suspensión en cualquier etapa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute la resolución impugnada hasta en tanto no se resuelva el asunto. No se otorgará la suspensión si es en perjuicio del interés social, se contravengan disposiciones de orden público o si se dejare sin materia el procedimiento. Cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad de subsistencia o el acceso al domicilio que habiten, el Tribunal podrá dictar las medidas cautelares pertinentes para preservar dicho medio de subsistencia o el acceso al domicilio. Excepcionalmente y bajo su más estricta responsabilidad, se podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios, en cualesquiera de las fases del procedimiento hasta antes de que se dicte sentencia. La suspensión podrá ser revocada por el Tribunal en cualquier etapa del juicio, si varían las condiciones por las cuales se otorgó. ARTÍCULO 57. Tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspensión si quien la solicita garantiza su importe ante la Secretaría del ramo o ante la Tesorería Municipal que corresponda, en alguna de las formas establecidas por las disposiciones fiscales aplicables. ARTÍCULO 58. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieran causar con la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable. Para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía, cuyo monto le señale el Tribunal. ARTÍCULO 59. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero perjudicado da a su vez caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la impugnación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiere otorgado el actor. Contra los actos que concedan o nieguen la suspensión o contra los que determinen fianzas o contrafianzas procede el recurso de Revocación. De lo anterior destaca que: El Tribunal podrá conceder la suspensión de los actos reclamados y deberá comunicarlo de inmediato a las responsables. El actor podrá solicitar la suspensión en cualquier etapa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute la resolución impugnada hasta en tanto no se resuelva el asunto. No se otorgará la suspensión si es en perjuicio del interés social, se contravengan disposiciones de orden público o si se dejare sin materia el procedimiento. Cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad de subsistencia o el acceso al domicilio que habiten, el Tribunal podrá dictar las medidas cautelares pertinentes para preservar dicho medio de subsistencia o el acceso al domicilio. Excepcionalmente y bajo su más estricta responsabilidad, se podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de que se dicte sentencia. La suspensión podrá ser revocada por el Tribunal en cualquier etapa del juicio, si varían las condiciones por las cuales se otorgó. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieran causar con la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable. Para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía, cuyo monto le señale el Tribunal. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero perjudicado da a su vez caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la impugnación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiere otorgado el actor. Contra los actos que concedan o nieguen la suspensión o contra los que determinen fianzas o contrafianzas procede el recurso de revocación. De ahí que se pueda concluir que los requisitos que prevé la citada ley administrativa para la procedencia de la suspensión no son mayores a los que establece la Ley de Amparo. Se estima así, ya que del contenido integral de los artículos transcritos se desprende que la suspensión deberá pedirse por la parte actora y lo podrá hacer en cualquier etapa del juicio, y para su procedencia no deberá seguirse perjuicio al orden público e interés social, De igual forma se puede advertir la obligación del Tribunal de proveer de inmediato sobre su procedencia. Es así, ya que si conforme al artículo 45 de la ley en comento se establece que se dará cuenta con las demandas en el término de veinticuatro horas, entonces si con ésta se pide la suspensión, se resolverá en el mismo tiempo sobre dicha medida. Además se prevén los casos en los que, para la eficacia de la medida, se fijara fianza y los casos en que procederá la contrafianza. Máxime que se establece de forma expresa que la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute el acto hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva. Sirve de apoyo de lo anterior por identidad de razón, la Jurisprudencia XV.4o. J/6, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1514, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL.- Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado". En el caso, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad consistente en que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, ya que la determinación reclamada contiene los artículos en que se funda, aunado a que constan los motivos por los cuales se dictó de esa forma. Cubriéndose así la garantía de legalidad, puesto que aunque la fundamentación fuera inexacta o indebida, tal circunstancia no actualiza la excepción al principio de definitividad. Finalmente, respecto de dicha resolución tampoco se alegan exclusivamente violaciones directas a la constitución, pues de la lectura de la demanda se desprende que la quejosa alega violaciones formales, principalmente que la autoridad responsable inobservó lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas; por tanto, la quejosa no estaba exenta de promover el juicio de nulidad previo a la interposición del de amparo. También se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." En tales circunstancias, se concluye que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues el acto que se reclama no tiene el carácter de definitivo, ya que es susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado, el cual la parte quejosa se encuentra en aptitud de promover, a fin de que sean respetadas las garantías de previa audiencia y legalidad que se consignan en los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, por ser actos en su contra. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 87, tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el diverso numeral 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Corina Guadalupe González García. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la quejosa, se tiene al licenciado Juvenal Barbosa González para imponerse de los autos ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Mina San Antonio, número ciento catorce, colonia Minera, en esta ciudad. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y acúsese recibo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3424/2017, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Karla
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