Consuelo López Garibaldi

Expediente 944/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
944/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2017

Partes del expediente

  • Consuelo López Garibaldi

Actuaciones

  1. Principal

    El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo, trascurrió del catorce al veintiuno de noviembre del año en curso, con exclusión de los días once, doce, dieciocho y diecinueve de los corrientes por ser sábados y domingos, así como el veinte siguiente, por haber sido declarado inhábil; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de nueve del mes y año en curso, en el que se desechó la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97 de esa propia legislación, contra el auto de nueve de noviembre pasado, en el que se desechó la demanda promovida por Consuelo López Garibaldi, contra actos del juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Zacatecas; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. [Karla]*

  2. Principal

    El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, la Secretaria Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta con un escrito con registro 14888. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa Consuelo López Garibaldi, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de treinta de octubre del año en curso. En tales condiciones, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo..." II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos se desprende, en lo que interesa, que por regla general la vía en la que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, que dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." La fracción V del mencionado precepto, establece la procedencia del amparo contra actos en juicio cuando tengan una ejecución de imposible reparación, y aclara que ello ocurre cuando dichos actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la interlocutoria reclamada en la presente demanda de amparo fue dictada durante la tramitación de las providencias cautelares de obra nueva y daño temido, bajo el número 4/2015, que la quejosa promovió contra el tercero interesado Oliverio Fernández López. Posteriormente, se ordenó realizar el emplazamiento correspondiente del demandado de mérito, éste contestó la demanda, se abrió el juicio a prueba, entre las cuales se ofreció la de inspección judicial adminiculada a la pericial y siendo discordantes los dictámenes emitidos por los peritos, se designó un perito tercero en discordia, el cual renunció a su cargo, por lo que se designó a otro en su sustitución, quien señaló el monto de sus honorarios. El demandado, presentó escrito solicitando se decretara el sobreseimiento del juicio, a lo cual recayó el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en el cual, entre otras cosas, se requirió a la quejosa para que consignara la cantidad de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de honorarios del perito tercero en discordia inconforme con dicha determinación, el demandado interpuso recurso de revocación contra dicho auto. El cinco de octubre del año en curso, se dictó interlocutoria en la que se determinó revocar parcialmente el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, teniéndose a la quejosa por desistida de la prueba pericial ofrecida, lo que constituye una violación meramente procesal. Por consiguiente, y tomando en cuenta que en relación con las violaciones cometidas en la tramitación de providencias cautelares, aplican por analogía las reglas del juicio de amparo directo, de tal forma que -por economía procesal- las violaciones cometidas durante su tramitación se deben impugnar junto con la determinación que nieguen o concedan dichas medidas cautelares. Es aplicable al caso, la tesis de rubro y texto siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES DE ASEGURAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE LAS CONCEDE O NIEGA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Para que no existan obstáculos a la ejecución, es decir, a la efectividad de una sentencia que decida sobre una pretensión planteada en ejercicio del derecho de acceso efectivo a la justicia, existen, entre otras figuras, las providencias o medidas cautelares, como las denominadas conservativas que tienden a mantener un estado de cosas anterior al procedimiento, o en otras palabras, a mantener la situación de hecho existente, según la terminología empleada por el legislador en el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El propósito que dichas medidas tienen de librar de obstáculos la ejecución de la sentencia se encuentra en consonancia con el efectivo acceso a la justicia, por lo que tanto el otorgamiento como la denegación de las medidas son susceptibles de infringir precisamente el derecho fundamental de acceso a la justicia. Así es, porque si se conceden a pesar de su falta de idoneidad para lograr el propósito inherente a las medidas cautelares, puede propiciarse la mala utilización de las providencias cautelares en perjuicio de aquella parte contra la que se decreten, a quien se obligaría a soportarlas durante todo el juicio no obstante su incorrecta concesión; y, si son negadas, puede impedirse la ejecución de la sentencia que, en su caso, acoja favorablemente la pretensión del actor. En ese tenor, cuando el acto reclamado es una sentencia de apelación que versa sobre la concesión y negativa parcial de esas medidas, tiene ejecución irreparable por ser susceptible de afectar un derecho fundamental, consistente en el acceso efectivo a la jurisdicción, en su sentido material, sin que para determinar la procedencia del amparo pueda analizarse si el solicitante de la medida tiene o no derecho a obtenerlas o si satisface los requisitos para la eficacia de la medida cautelar, porque atañe al fondo, y por ende, no puede motivar una declaración de improcedencia, por lo que en contra de una resolución judicial que niega la procedencia de la medida o la concede, es procedente el amparo indirecto". Lo que permite concluir, que de acuerdo a la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es de naturaleza meramente procesal, cometida durante la tramitación de providencias cautelares, y que por ende, debe ser reclamado junto con la determinación que niegue o conceda dichas medidas dentro del expediente 4/2015. En consecuencia, atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no ocasiona una afectación de ejecución irreparable a los derechos sustantivos de la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la citada ley, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Consuelo López Garibaldi. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE '09 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, la Secretaria Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta con un escrito con registro 14888. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa Consuelo López Garibaldi, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de treinta de octubre del año en curso. En tales condiciones, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo..." II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos se desprende, en lo que interesa, que por regla general la vía en la que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, que dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." La fracción V del mencionado precepto, establece la procedencia del amparo contra actos en juicio cuando tengan una ejecución de imposible reparación, y aclara que ello ocurre cuando dichos actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la interlocutoria reclamada en la presente demanda de amparo fue dictada durante la tramitación de las providencias cautelares de obra nueva y daño temido, bajo el número 4/2015, que la quejosa promovió contra el tercero interesado Oliverio Fernández López. Posteriormente, se ordenó realizar el emplazamiento correspondiente del demandado de mérito, éste contestó la demanda, se abrió el juicio a prueba, entre las cuales se ofreció la de inspección judicial adminiculada a la pericial y siendo discordantes los dictámenes emitidos por los peritos, se designó un perito tercero en discordia, el cual renunció a su cargo, por lo que se designó a otro en su sustitución, quien señaló el monto de sus honorarios. El demandado, presentó escrito solicitando se decretara el sobreseimiento del juicio, a lo cual recayó el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en el cual, entre otras cosas, se requirió a la quejosa para que consignara la cantidad de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de honorarios del perito tercero en discordia inconforme con dicha determinación, el demandado interpuso recurso de revocación contra dicho auto. El cinco de octubre del año en curso, se dictó interlocutoria en la que se determinó revocar parcialmente el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, teniéndose a la quejosa por desistida de la prueba pericial ofrecida, lo que constituye una violación meramente procesal. Por consiguiente, y tomando en cuenta que en relación con las violaciones cometidas en la tramitación de providencias cautelares, aplican por analogía las reglas del juicio de amparo directo, de tal forma que -por economía procesal- las violaciones cometidas durante su tramitación se deben impugnar junto con la determinación que nieguen o concedan dichas medidas cautelares. Es aplicable al caso, la tesis de rubro y texto siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES DE ASEGURAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE LAS CONCEDE O NIEGA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Para que no existan obstáculos a la ejecución, es decir, a la efectividad de una sentencia que decida sobre una pretensión planteada en ejercicio del derecho de acceso efectivo a la justicia, existen, entre otras figuras, las providencias o medidas cautelares, como las denominadas conservativas que tienden a mantener un estado de cosas anterior al procedimiento, o en otras palabras, a mantener la situación de hecho existente, según la terminología empleada por el legislador en el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El propósito que dichas medidas tienen de librar de obstáculos la ejecución de la sentencia se encuentra en consonancia con el efectivo acceso a la justicia, por lo que tanto el otorgamiento como la denegación de las medidas son susceptibles de infringir precisamente el derecho fundamental de acceso a la justicia. Así es, porque si se conceden a pesar de su falta de idoneidad para lograr el propósito inherente a las medidas cautelares, puede propiciarse la mala utilización de las providencias cautelares en perjuicio de aquella parte contra la que se decreten, a quien se obligaría a soportarlas durante todo el juicio no obstante su incorrecta concesión; y, si son negadas, puede impedirse la ejecución de la sentencia que, en su caso, acoja favorablemente la pretensión del actor. En ese tenor, cuando el acto reclamado es una sentencia de apelación que versa sobre la concesión y negativa parcial de esas medidas, tiene ejecución irreparable por ser susceptible de afectar un derecho fundamental, consistente en el acceso efectivo a la jurisdicción, en su sentido material, sin que para determinar la procedencia del amparo pueda analizarse si el solicitante de la medida tiene o no derecho a obtenerlas o si satisface los requisitos para la eficacia de la medida cautelar, porque atañe al fondo, y por ende, no puede motivar una declaración de improcedencia, por lo que en contra de una resolución judicial que niega la procedencia de la medida o la concede, es procedente el amparo indirecto". Lo que permite concluir, que de acuerdo a la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es de naturaleza meramente procesal, cometida durante la tramitación de providencias cautelares, y que por ende, debe ser reclamado junto con la determinación que niegue o conceda dichas medidas dentro del expediente 4/2015. En consecuencia, atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no ocasiona una afectación de ejecución irreparable a los derechos sustantivos de la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la citada ley, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Consuelo López Garibaldi. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    CUENTA. El treinta de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta al Juez con lo siguiente: Escrito de demanda de derechos suscrita por Consuelo López Garibaldi, registrado con el folio 14448 y cuatro copias que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados Bernardo del Real Sánchez (3356163) y José Jesús Mireles García (4723650), cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así el diverso profesionista Jorge de la Rosa Carrillo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de octubre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Consuelo López Garibaldi, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 944/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y". Por su parte, el numeral 108, fracciones III, IV y V de la ley de la materia en consulta, son del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". De los preceptos legales que se transcriben se desprende que es facultad del juez de amparo requerir al promovente para que aclare el escrito de demanda cuando de este se adviertan irregularidades u omisiones, no se encuentren satisfechos los requisitos que la ley prevé para la demanda de amparo indirecto, o cuando no se hubiera expresado con precisión el acto reclamado. Por su parte, el artículo 108 establece que entre los requisitos que debe satisfacer la demanda de amparo indirecto se encuentra la narración, bajo protesta de decir verdad, de los hechos y las abstenciones que sean antecedente de los actos reclamados, las autoridades responsables y los actos que de cada una reclame. Ahora, del escrito de demanda, se advierte que la peticionaria de amparo señala como acto reclamado la interlocutoria de cinco de octubre de dos mil diecisiete, dentro del expediente 4/2015, relativo a las providencias cautelares de Obra Nueva y Daño Temido, atribuido al juez Primero del Ramo Civil del distrito judicial de la capital. De lo anterior se logra advertir que la demandante de amparo, no es clara al realizar con precisión el acto que a cada una de las autoridades le reclama. Por otra parte, en el capítulo de antecedentes, la quejosa manifiesta que se admitieron a trámite las Providencias Cautelares de Obra Nueva y Daño Temido 4/2015, promovidas por el peticionario de amparo, contra Oliverio Fernández López. Posteriormente, se ordenó realizar el emplazamiento correspondiente del demandado de mérito, éste contestó la demanda, se abrió el juicio a prueba, entre las cuales se ofreció la de inspección judicial adminiculada a la pericial y siendo discordantes los dictámenes emitidos por los peritos, se designó un perito tercero en discordia, el cual renunció a su cargo, por lo que se designó a otro en su sustitución, quien señaló el monto de sus honorarios. El demandado, presentó escrito solicitando se decretara el sobreseimiento del juicio, a lo cual recayó el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en el cual, entre otras cosas, se requirió a la quejosa para que consignara la cantidad de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de honorarios del perito tercero en discordia inconforme con dicha determinación, el demandado interpuso recurso de revocación contra dicho auto. El cinco de octubre del año en curso, se dictó interlocutoria en la que se determinó revocar el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Ahora, atendiendo a lo expuesto, es imprecisa al señalar el contenido tanto del proveído de veintitrés de agosto del año en curso, así como el de la interlocutoria que reclama. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Precise los efectos del acto reclamado (resolución de cinco de octubre de dos mil diecisiete), así como el contenido del proveído de veintitrés de agosto del año en curso, si es posible, exhiba copia de los mismos. Exhiba copias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes; salvo que el cumplimiento de la prevención se realice de forma electrónica en términos del artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento de la quejosa que es ella quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio promovente del amparo, ya que, quien bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamo o sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de derechos, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados Bernardo del Real Sánchez (3356163) y José Jesús Mireles García (4723650),toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por no reunir el anterior requisito, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones Jorge de la Rosa Carrillo y como domicilio para tal fin el ubicado en avenida González Ortega número ciento cuatro (104), interior cinco (5), en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. *Amci.

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