Concepcion Begoña Gonzalez Ortiz
Expediente 1137/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1137/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Concepcion Begoña Gonzalez Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
a) Los autos originales del juicio de amparo 1137/2023, en 130 [ciento treinta] fojas; b) Escrito de expresión de agravios en el que consta la firma de la parte recurrente y el sello de recibo de la Oficialía de partes de este juzgado, constante de cuarenta fojas; y, c) Dos copias del escrito de expresión de agravios en igual número de fojas. He de agradecer a Usted se sirva comisionar a quien corresponda, acuse el recibo de esilo respectivo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de Oliver Alejandro Murguía Alcaraz e Irving Arturo de la Cruz Bernal, apoderados jurídicos del tercero interesado Gerardo Patrick González Dolan, en los términos plasmados en la copia certificada de la escritura pública número 14,130 (catorce mil ciento treinta), del índice de la Notaría Pública 179 (ciento setenta y nueve); por medio del cual, a través de este juzgado, interponen el recurso de revisión contra la sentencia pronunciada en el sumario el pasado dieciséis de octubre. En consecuencia, debido a que el recurrente adjunta al libelo de cuenta depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común el quince de noviembre de este año: El escrito los agravios al que se anexa, en copia certificada, el instrumento notarial al que se ha hecho referencia en este auto, y la copia certificada de constancias emanadas del juicio ejecutivo mercantil oral 906/2023, del índice del juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil; y, En cuatro tantos, copia del escrito de expresión de agravios y sus anexos. Por haber sido presentado en tiempo y forma, a la luz de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión interpuesto por los apoderados jurídicos de la parte tercera interesada, contra la sentencia dictada el dieciséis de octubre del año en curso en autos. Con fundamento en el artículo 89 del ordenamiento legal en consulta, por conducto del actuario judicial adscrito, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios y sus respectivos anexos. En el entendido de que una vez que este expediente, quede debidamente integrado, dentro del término de tres días hábiles siguientes, deberá remitirse al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Décimo Primer Circuito, para la substanciación del medio de impugnación de que se trata: Los autos originales del juicio de amparo en que se actúa; y El original y copia del escrito de agravios y sus respectivos anexos. Previo cuaderno de antecedentes que se forme en este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1137/2023, promovido por Concepción Begoña González Ortiz, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otra autoridad; sin la comparecencia de las partes. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias de autos, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El titular que preside esta audiencia acuerda: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias. Acto continuo, el juez declara abierta la fase de pruebas dentro de la cual, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, declara ofrecidas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia naturaleza, la documental que, en copia fotostática simple, se ajuntó a la demanda de amparo; y las diversas que, en copia certificada, presentaron las autoridades responsables, al rendir sus correspondientes informes justificados. Sin más pruebas por desahogar, se declara concluida esta etapa. Enseguida, quien preside esta audiencia declara abierta la fase de alegatos que, por no haber sido formulados por ninguna de las partes, se declaró cerrada. En esa tesitura, por encontrarse este expediente integrado para dictar sentencia, el juez procede a resolverlo: RESULTANDO: I. Presentación de demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, a las dieciocho horas con trece minutos del uno de septiembre del año en curso, turnado a este juzgado el cuatro de ese mes, compareció Concepción Begoña González Ortiz, a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otra autoridad (fojas 1 a 5). II. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se interpuso dentro del término de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se advierte de la siguiente tabla: Fecha de conocimiento del acto reclamado El plazo de quince días transcurrió Días inhábiles Fecha de presentación de la demanda 1 de septiembre de 2023. 4 al 26 de septiembre de 2023 9, 10, 14 a 17, 23 y 24 de septiembre de 2023. 17 de febrero de 2023 III. Admisión. En proveído pronunciado el cuatro de ese mes, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Concepción Begoña González Ortiz, la cual quedó registrada en este juzgado con el número 137/2023; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita; se solicitó a las autoridades responsables sus correspondientes informes justificados y se fijaron las once horas con cuarenta minutos del dieciséis de octubre de este año (fojas 6 a 13). IV. Trámite. Con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 15 a 49), en acuerdo fechado el once de septiembre último, se dio vista a las partes a la luz de lo plasmado en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Gerardo Patrick González Dolan, el cual tuvo lugar en la forma y términos plasmados en las constancias actuariales consultables a fojas 54 a 56. Con el resultado consignado en el acta que antecede, se desahogó la audiencia constitucional; por lo que, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 37, párrafo segundo, y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una orden de embargo tendente a ejecutarse en la capital de esta entidad federativa, en la cual este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, y en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena: 181810, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados al titular y al actuario del juzgado Séptimo de Primera Instancia en materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, por Concepción Begoña González Ortiz, son: La orden de embargo decretada por el juez responsable; y, El citatorio dejado por la actuaria responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al titular y al actuario del juzgado Séptimo de Primera Instancia en materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, ya que así lo reconocieron tales autoridades al rendir sus respectivos informes justificados. Autoridades que, en sí y en la parte que aquí interesa, reconocieron que en auto de catorce de agosto del año en curso, en ese juzgado se admitió a trámite la demanda que en la vía ejecutiva mercantil oral, en ejercicio de la acción cambiaria directa sobre pago de pesos, promovieron Oliver Alejandro Murguía Alcaraz e Irvin Arturo de la Cruz Bernal, en cuanto apoderados jurídicos de Gerardo Patrick González Dolan, frente a Concepción Begoña González Ortiz y otro, la cual quedó registrada bajo el número 906/2023; y que por traer aparejada ejecución, con efectos de mandamiento en forma, en ese acuerdo se comisionó a la actuaria requerir el pago y/o proceder al embargo, así como al emplazamiento de los accionados. Y que en cumplimiento a lo anterior, el uno de septiembre de este año la actuaria de ese órgano jurisdiccional se constituyó en el domicilio de la demandada, donde una persona que dijo llamarse Jesús Obregón, le comentó que Concepción Begoña González Ortiz vivía en ese domicilio y se encontraba en la ciudad; razón por la que esa funcionaria judicial dejó citatorio a efecto de que la esperaran a las dieciocho horas del día cinco de septiembre de este año, para la práctica de una diligencia de carácter judicial. Lo anterior con la acotación, por parte de las autoridades responsables, en el sentido de que hasta el momento en el que fue rendido el informe, no se había realizado embargo alguno en bienes propiedad de la parte demandada. En este aspecto, las autoridades responsables, como apoyo de sus afirmaciones, allegaron a este proceso constitucional, copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil oral 906/2023, promovido por Oliver Alejandro Murguía Alcaraz e Irvin Arturo de la Cruz Bernal, en cuanto apoderados jurídicos de Gerardo Patrick González Dolan, frente a Concepción Begoña González Ortiz y otro, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso por así disponerlo el artículo 2° de la Ley de Amparo. Refuerza lo considerado, la jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Estudio relativo al acto reclamado consistente en la orden de embargo. Al no advertir la actualización de alguna causa de improcedencia respecto al acto reclamado consistente en la orden de embargo dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil oral 906/2023 del índice del juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia; y sin que las partes hayan propuesto alguna causa que obligue a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por lo que al acto que aquí analiza se refiere; quien esto acuerda procede al estudio de fondo de la cuestión planteada, a la luz de los conceptos de violación que la parte quejosa hace valer, sin necesidad de transcribir estos, ya que, además de que no es una obligación para este juzgador, no se advierte que con tal omisión se afecten las defensas de las partes. En relación con el auto de exequendo reclamado, la parte quejosa aduce, esencialmente, que se infringen en su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que nadie puede ser privado de la libertad sino mediante un juicio seguido ante las autoridades competentes, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y de acuerdo a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos; además de que nadie puede ser molestado en su persona y domicilio, sino mediante un mandato de autoridad que funde y motive la causa legal del mismo y exista un hecho presumiblemente atribuible al quejoso; y desde su perspectiva, en el juicio de origen se vulneran los derechos contenidos en el invocado precepto 14. Tales motivos de inconformidad resultan infundados por las razones que a continuación se explican. Al respecto conviene precisar, en primer término, que el acto reclamado en cuestión fue dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil oral 906/2023, promovido por Oliver Alejandro Murguía Alcaraz e Irvin Arturo de la Cruz Bernal, en cuanto apoderados jurídicos de Gerardo Patrick González Dolan, frente a Concepción Begoña González Ortiz y otro, a la primera de las cuales le reclama, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de $1,250,000.00 (un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de suerte principal. A dicha demanda recayó el auto que constituye el reclamado, y que fue dictado el catorce de agosto de dos mil veintitrés (fojas 29 a 31), en el que se admitió aquélla, y se ordenó despachar ejecución en contra de Concepción Begoña González Ortiz, por lo que se ordenó a la actuaria adscrito al juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial Morelia, acudir al domicilio de la ahora parte quejosa a efecto de requerirle el pronto y efectivo pago de esa suma y demás prestaciones exigidas, o en su defecto embargarle bienes de su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, los que debían quedar en depósito de la persona que bajo su responsabilidad señalara el actor. Sin que en el caso, a la fecha en que las autoridades responsables rindieron su informe justificado, hubieran declarado embargado bien alguno propiedad de la aquí quejosa. Ahora bien, la parte quejosa puntualiza en su demanda, que la orden de embargo vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que esa orden fue emitida en su contra, sin haber sido oída, ni vencida en juicio. El artículo 14 constitucional a que alude la parte quejosa, prevé: Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. - - - Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. - - - En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. - - - En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Desde el punto de vista de este juzgador, el artículo 14 de la Carta Magna no puede considerarse infringido porque el derecho fundamental de audiencia contenido en ese precepto no aplica a casos como el reclamado, esto es, a la orden de embargo cautelar. Así lo delató el ejercicio que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 414/2021, de su índice. En ese amparo, la Sala en cuestión, a fin de determinar si los artículos 1394, primer párrafo, y 1395, fracción II, ambos del Código de Comercio, que a la letra dicen: Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. (.) Artículo 1395. En el embargo de bienes se seguirá este orden: (.) II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del actor; (.) Cumplen con el parámetro de regularidad constitucional y convencionalidad; sometió a ambas porciones normativas al test de proporcionalidad. El resultado de ese procedimiento arrojó que tanto el ordinal que establece los requisitos mediante los cuales se llevará a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles, entre los que se contempla que, en caso de que el enjuiciado no haga el pago de las prestaciones reclamadas o no señale bienes suficientes para garantizarlo, ese derecho se trasladará a la parte actora; -aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles orales por disposición expresa del numeral 1390 Ter 5 del Código de Comercio-, como el que determina la prelación de bienes que son sujetos de embargo -entre los que se encuentran los títulos de crédito-, tienen por objetivo privilegiar la igualdad procesal entre las partes, puesto que pretenden equilibrar y evitar que se sigan cometiendo excesos injustificados ante la poca claridad de la ley para llevar a cabo los emplazamientos en los juicios ejecutivos mercantiles; aunado a que se busca embargar los bienes de fácil realización a fin de garantizar eficazmente los derechos de las partes, lo que dota de certeza jurídica y facilita los procesos ejecutivos. A partir de ello, la Primera Sala determinó que el embargo en los juicios mercantiles persigue una finalidad constitucionalmente válida, ya que con el busca garantizar que su ejecución no pierda la agilidad y sencillez; pues incluye el derecho del actor para que valore en el acto mismo de la diligencia de embargo, la facilidad de realización y pronto cobro de los bienes señalados para embargo por la parte demandada y, una vez evaluados, los acepte con el riesgo que ello conlleva. Además, de acuerdo con la propia Sala, se trata de una medida idónea en tanto que con ella se logra asegurar de manera temporal, hasta que se resuelva la contienda, que existirán bienes suficientes para cubrir el monto adeudado contemplado en un título que, por sus características, trae aparejada ejecución. Luego, la designación de embargo sobre los bienes de la demandada resulta una medida necesaria para garantizar la satisfacción de los créditos, pues -insistió la Primera Sala- constituye un mecanismo legal para asegurar el pago a la parte actora en caso de que resulte fundada su pretensión, siempre y cuando la oportunidad del demandante para señalar bienes suficientes cuando el enjuiciado no haya hecho uso de ese derecho o, habiendo señalado éstos no resulten aptos a consideración de la parte actora, debe estar precedida por el apercibimiento que realice la actuaria o persona adscrita al juzgado encargado del proceso de embargo a la enjuiciada, para que sea esta última quien haga el señalamiento de bienes suficientes en los que recaerá la medida cautelar. Entonces, como dicha medida supera la grada de proporcionalidad en sentido estricto en tanto que permite garantizar la materia del juicio hasta finalizar el proceso, además de que resulta una disposición temporal de los bienes que pudieran ser adicionados a petición del actor a fin de asegurar el pago del adeudo a su favor, lo que constituye un sacrificio admisible frente a la garantía eficaz de una fácil realización del crédito del actor quien, al sustentar su acción en un título ejecutivo, goza de una vía privilegiada para ejecutar su crédito; no queda aquí más que la actuación que se analiza, orden de embargo, no vulnera derecho alguno previsto en el artículo 14 Constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial 1a./J. 15/2023 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Febrero de 2023, Tomo II, página 2108, Undécima Época, Materias: Civil, Constitucional, de rubro, hechos, criterio jurídico y justificación siguientes: EMBARGO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA REGLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1394, PRIMER PÁRRAFO, RELACIONADA CON EL DIVERSO 1395, FRACCIÓN II, AMBOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD, POR LO QUE ES UNA MEDIDA CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. Hechos: Una empresa promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la resolución que declaró infundado el recurso de revocación que interpuso en contra del auto que decretó el embargo sobre bienes de su propiedad dentro de un juicio ejecutivo mercantil; así como la inconstitucionalidad de los artículos 1394, primer párrafo y 1395, fracción II, del Código de Comercio, al aseverar que limitan injustificadamente el derecho de acceso a la justicia, al debido proceso, de audiencia y a la propiedad privada, al restringir la disposición de sus bienes. - - - Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la hipótesis normativa contenida en los artículos 1394, primer párrafo y 1395, fracción II, del Código de Comercio, consistente en el derecho que se le otorga a la parte actora para que solicite el embargo desde la diligencia de emplazamiento a juicio, en caso de que la parte demandada no realice el pago que le haya sido requerido o no señale bienes suficientes para garantizarlo; supera el test de proporcionalidad, por lo que resulta una medida constitucionalmente válida. - - - Justificación: El primero de los artículos aludidos establece los requisitos mediante los cuales se llevará a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles, entre los que se contempla que, en caso de que el enjuiciado no haga el pago de las prestaciones reclamadas o no señale bienes suficientes para garantizarlo, ese derecho se trasladará a la parte actora; mientras que el segundo de dichos numerales determina la prelación de bienes que son sujetos de embargo, entre otros, los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del actor. Tales artículos tienen por objetivo privilegiar la igualdad procesal entre las partes, puesto que pretenden equilibrar y evitar que se siguieran cometiendo excesos injustificados ante la poca claridad de la ley para llevar a cabo los emplazamientos en los juicios ejecutivos mercantiles; aunado a que se busca embargar los bienes de fácil realización a fin de garantizar eficazmente los derechos de las partes, lo que dota de certeza jurídica y facilita los procesos ejecutivos. Por ende, dicha medida persigue una finalidad constitucionalmente válida pues busca garantizar que la ejecución en los juicios ejecutivos mercantiles no pierdan la agilidad y sencillez con que fueron ideados por el legislador, evitando que las pretensiones del actor se tornen difíciles o irrealizables; incluyendo el derecho del actor para que valore en el acto mismo de la diligencia de embargo, la facilidad de realización y pronto cobro de los créditos señalados para embargo por la parte demandada y, una vez evaluados, los acepte con el riesgo que ello conlleva. Además, se trata de una medida idónea en tanto que con ella se logra asegurar de manera temporal, hasta que se resuelva la contienda, que existirán bienes suficientes para cubrir el monto adeudado contemplado en un título que, por sus características, trae aparejada ejecución. Asimismo, la designación de embargo sobre los bienes de la demandada resulta una medida necesaria para garantizar la satisfacción de los créditos, pues constituye un mecanismo legal para asegurar el pago a la parte actora en caso de que resulte fundada su pretensión, siempre y cuando la oportunidad del demandante para señalar bienes suficientes cuando el enjuiciado no haya hecho uso de ese derecho o, habiendo señalado éstos no resulten aptos a consideración de la parte actora, debe estar precedida por el apercibimiento que realice la actuaria o persona adscrita al juzgado encargado del proceso de embargo a la enjuiciada, para que sea esta última quien haga el señalamiento de bienes suficientes en los que recaerá la medida cautelar. Finalmente, dicha medida supera la grada de proporcionalidad en sentido estricto en tanto que permite garantizar la materia del juicio hasta finalizar el proceso, además de que resulta una disposición temporal de los bienes que pudieran ser adicionados a petición del actor a fin de asegurar el pago del adeudo a su favor, lo que constituye un sacrificio admisible frente a la garantía eficaz de una fácil realización del crédito del actor quien, al sustentar su acción en un título ejecutivo, goza de una vía privilegiada para ejecutar su crédito. La parte quejosa externa su molestia con lo acordado por el juez responsable aquel catorce de agosto, no sólo por considerarlo trasgresor de lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional; sino porque, desde su óptica, incumple con los deberes de fundamentación y motivación exigidos en el numeral 16 de la propia Carta Magna. El artículo 16, párrafo primero, al que se hace ahora referencia, prevé: Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. A partir de lo así argumentado por la quejosa, este resolutor recuerda que si bien se ordenó requerir a la demandada, aquí quejosa, el pago de las prestaciones reclamadas, y en su defecto, se procediera al embargo y aseguramiento de bienes suficientes de su propiedad a efecto de garantizar su pago; ello se hizo a través de un mandamiento emitido dentro de un procedimiento judicial, con motivo de un adeudo, respecto del que la aquí quejosa funge como deudora principal, sustentado en un documento ejecutivo, en la especie, el pagaré 1/1, extendido el doce de mayo de dos mil veintidós, por Concepción Begoña González Ortiz y su aval, por la cantidad de $1,250,000.00 (un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), a favor de Gerardo Patrick González Dolan, quien tiene reconocido el carácter de parte actora dentro del juicio de origen, Mandamiento en el que, contrario a lo esgrimido por la parte quejosa, sí se observaron las formalidades que para su emisión prevé el artículo 1390 Ter 5 del Código de Comercio, que reza así: Art. 1,390 Ter 5. Presentada por el actor su demanda, se dictará auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se proceda al embargo de acuerdo a las reglas previstas en los artículos 1392, 1393, 1394, 1395 y 1396. Y con ello, las formalidades esenciales del procedimiento De la simple lectura del multicitado auto de cuenta de que el juzgador responsable explicó las razones para emitir el auto de exequendo, respectivamente; asimismo, citó preceptos legales aplicables al asunto, derivado de la demanda presentada por la actora en el juicio de origen. En ese sentido, quien esto resuelve tiene la certeza de que ese proveído cumple con el derecho humano de fundamentación y motivación exigible a las resoluciones judiciales, pues se pronunció a partir de lo dispuesto en los preceptos jurídicos que permite expedirlo -en este caso, el artículo 1390 Ter 5, en consonancia con los diversos 1392 a 1396 del Código de Comercio- y en él se expuso de forma concreta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para su emisión, de ahí lo infundado del concepto de violación hecho valer por el quejoso. Luego, el auto de exequendo sí está fundado y motivado, pues se insiste, el juzgador responsable cita en la radicación que lo contiene, los preceptos del Código de Comercio que estimó aplicables, a saber, 1 a 5, 75, fracciones XIX y XX, 78, 1049 a 1055, 1063, 1064, 1069, 1390 bis 10, 1390 bis 11, 1390 bis 33, 1390 ter 4, 1390 Ter 6, 1390 Ter 7, 1390 Ter 40, 1391 a 1396, 1402 del Código de Comercio; y 1 a 21, 76 a 90, 126 a 132, 151, 152 y 170 a 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Además, no debe soslayarse que la motivación toral del auto de exequendo es que es aplicable cuando se demanda en juicio ejecutivo mercantil con base en un título de que trae aparejada ejecución, como son el pagaré exhibido en el caso particular; caso exactamente aplicable al que ahora nos ocupa. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que como el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 66/97, de la Novena Época, en Materias Común y Civil, emanada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable a página 67, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, de contenido siguiente: "EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA." En las anotadas condiciones, al haber resultado infundados los argumentos vertidos por la quejosa por no demostrarse con razonamientos lógico-jurídicos que el auto de exequendo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, sea violatorio de las garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN QUE DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN solicita Concepción Begoña González Ortiz, contra la orden de embargo reclamada al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito de Morelia, Michoacán, derivada del juicio ejecutivo mercantil oral 906/2023. QUINTO. Estudio relativo al citatorio entregado por el actuario responsable. El segundo acto que Concepción Begoña González Ortiz reclama en su demanda, deriva del citatorio que la actuaria adscrita al juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial Morelia, dejó en su domicilio en poder de un tercero, en este caso, de alguien que dijo llamarse Jesús Obregón, a virtud de las órdenes dadas el catorce de agosto de este año dentro del juicio ejecutivo mercantil oral 906/2023, promovido por Oliver Alejandro Murguía Alcaraz e Irvin Arturo de la Cruz Bernal, en cuanto apoderados jurídicos de Gerardo Patrick González Dolan, frente a Concepción Begoña González Ortiz y otro. La razón que lleva a la quejosa a repudiar ese acto, deriva del hecho de que, desde su punto de vista, ese citatorio "carece de las formalidades ya que no refiere número del Juicio, y no indica qué tipo de juicio, tampoco obra actuación de que se haya identificado debidamente con documento oficial que la acredite como Actuaria del juzgado séptimo Civil, así como tratar de realizar embargo violándose el procedimiento ya que no fundó ni motivó el citatorio". Ahora bien, debido a que fue la recepción de ese citatorio, por parte de un tercero, lo que hizo posible que la aquí quejosa esperara en su domicilio a la actuaria adscrita al juzgado Séptimo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, el día y hora fijados en ese documento; se considera que el citatorio, aun cuando carece del número y la clase del Juicio del que deriva, y la descripción de cómo es que se identificaron el actuario y la persona que lo recibió, cumplió con principal cometido; por lo que sobre este acto no queda más que concluir que los vicios de los que pudo haber adolecido el emplazamiento quedaron compurgados En tales condiciones, haber resultado ineficaces los argumentos vertidos por la quejosa, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN QUE DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN solicita Concepción Begoña González Ortiz, contra el citatorio entregado por la actuaria judicial adscrita al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito de Morelia, Michoacán, derivado del juicio ejecutivo mercantil oral 906/2023. SEXTO. Estudio oficioso del emplazamiento. Previo a concluir esta resolución, es importante recordar que la ley de Amparo, en el artículo 79, contempla lo que a la letra dice: Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: - - - I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos regionales. La jurisprudencia de los plenos regionales sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales de la región correspondientes; - - - II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; - - - III. En materia penal: - - - a) En favor del inculpado o sentenciado; y - - - b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; - - - IV. En materia agraria: - - - a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y - - - b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. - - - En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios; - - - V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; - - - VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y - - - VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. - - - En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. - - - La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo. Pues acorde con este dispositivo legal, es factible en materias como la mercantil, que cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esa Ley, que a su vez reza así: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: - - - I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y - - - III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Se supla la deficiencia de la queja en lo que se refiere a la controversia en el amparo, siempre y cuando no se afecten situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se haya dictado la resolución reclamada. Para entender la trascendencia de tal disposición es preciso recordar que por violación manifiesta de la ley debe entenderse aquella que aparece a los ojos del juzgador de manera clara, patente y notoria porque resulta obvia, innegable e indiscutible, sin que para decidir al respecto sea necesario realizar una serie de razonamientos, investigaciones y planteamientos cuestionables. Lo que para algunos constituye violación a la ley y para otros no, lo que algunos advierten y otros no, lo que es claro para algunos y para otros no, no puede ser manifiesto. Lo manifiesto, pues, es obvio e indiscutible y no puede derivarse de toda una serie de razonamientos discutibles que puedan llevar a una conclusión o a otra. Este órgano jurisdiccional que, conforme a lo anotado líneas atrás, sostiene que procede la suplencia de los conceptos de violación cuando la infracción manifiesta a la ley por parte de la responsable coloca al quejoso en una situación de seria afectación de sus derechos que de no corregirse equivaldría a dejarlo sin defensa; advierte en la especie una violación manifiesta a la ley que está dejando sin defensa a Concepción Begoña González Ortiz. La violación manifiesta que precisa ser reparada por este órgano jurisdiccional, aun ante la ausencia de conceptos de violación respecto a ese tema por parte de la parte quejosa, deriva del emplazamiento de Concepción Begoña González Ortiz al juicio ejecutivo mercantil oral número 906/2023 del índice del juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, practicado a las dieciocho horas del cinco de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 34 a 23). Para exponer más adelante las razones que impulsan a este juzgador a firmar lo anterior, es preciso traer a colación algunos preceptos derivados de Código de Comercio. Art. 1,390 Ter 3. En el juicio ejecutivo mercantil oral se observarán los principios que contempla el artículo 1390 Bis 2 y se tramitará conforme a las reglas previstas en los artículos 1390 Bis 3; 1390 Bis 4; 1390 Bis 5; 1390 Bis 6; 1390 Bis 7; 1390 Bis 8; 1390 Bis 9; 1390 Bis 10; 1390 Bis 12 y 1390 Bis 13, salvo lo relativo a la reconvención que es incompatible con este juicio Este precepto adquiere relevancia debido a que identifica algunas reglas que pueden aplicarse a temas no contemplados o no suficientemente tratados en el Título Especial Bis denominado "Del juicio ejecutivo mercantil oral". Es el caso del emplazamiento que -aunque está contemplado en el numeral 1390 Ter 6 que dispone, en esencia, que dentro de los ocho días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en su caso, y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda- no encuentra en los demás artículos del Título Especial Bis las reglas conforme a las cuales ha de practicarse. Para conocer la forma correcta de emplazar a una persona a juicio ejecutivo mercantil oral, no es dable acudir a la supletoriedad contemplada en el invocado artículo 1390 Ter 3, porque los ordinales a los que hace referencia no abordan el tema. Lo correcto es acudir a lo señalado en el artículo 1390 Ter 5 del Código de Comercio, que establece que presentada por el actor su demanda, se dictará auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se proceda al embargo de acuerdo a las reglas previstas en los artículos 1392, 1393, 1394, 1395 y 1396; porque es precisamente el arábigo 1394 el que da la pauta a seguir tratándose del emplazamiento a esa clase de juicios. El artículo 1394 del ordenamiento mercantil en consulta, que considera el suscrito norma el emplazamiento en el caso de los juicios ejecutivos mercantiles orales, dispone lo siguiente: Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. - - - En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. - - - La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. - - - En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. - - - La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. - - - El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. Acorde con lo trascrito con antelación, efectuado al demandado el requerimiento de pago y, en su caso, el señalamiento de bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, procede emplazar al demandado. De acuerdo con la porción normativa que ahora se analiza, en todos los casos debe entregarse al accionado: La cédula que contenga la orden de embargo decretada en su contra; y, La copia de la diligencia practicada. Enseguida, deberá correrse traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061 del tenor siguiente: Art. 1,061. Al primer escrito se acompañarán precisamente: - - - I. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro; - - - II. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona; - - - III. Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones. Si se tratare del actor, y carezca de algún documento, deberá acreditar en su demanda haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. Si se tratare del demandado deberá acreditar la solicitud de expedición del documento de que carezca, para lo cual la copia simple sellada por el archivo, protocolo o dependencia, deberá exhibirla con la contestación o dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del término para contestar la demanda. - - - Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las partes no tuvieren a su disposición o por cualquier otra causa no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, lo declararán al juez, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el juez, ordenará al responsable de la expedición que el documento se expida a costa del interesado, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley. - - - Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de no cumplirse por las partes con alguno de los requisitos anteriores, no se le recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la demanda o contestación como tampoco si en esos escritos no se dejan de identificar las documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el tribunal y sean recibidas; - - - IV. Además de lo señalado en la fracción III, con la demanda y contestación se acompañarán todos los documentos que las partes tengan en su poder y que deban de servir como pruebas de su parte; y, los que presentaren después, con violación de este precepto, no le serán admitidos, salvo que se trate de pruebas supervenientes, y - - - V. Copia simple o fotostática siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos referidos, incluyendo la de los que se exhiban como prueba según los párrafos procedentes para correr traslado a la contraria; así como del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de la Clave Única de Registro de Población (CURP) tratándose de personas físicas, en ambos casos cuando exista obligación legal para encontrarse inscrito en dichos registros, y de la identificación oficial del actor o demandado. - - - Lo dispuesto en la fracción anterior, se observará también respecto de los escritos en que se oponga la excepción de compensación o se promueva reconvención o algún incidente. Arábigo trascrito al que necesariamente debe adminicularse el diverso 1068 bis del Código de Comercio, que dice así: Art. 1,068 Bis. El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, en su caso la denominación o razón social, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. - - - El notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. - - - La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de no encontrarse el buscado; después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. - - - Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. - - - El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento. Pues es la consonancia existente entre uno y otro numeral la que permite afirmar que de los documentos con los que ha de correrse traslado a la parte demandada, la demanda debe estar sellada y cotejada. En síntesis, puede aquí afirmarse que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1068, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, los pasos a seguir para cerciorarse del domicilio y los requisitos o formalidades que deben cumplirse en lo atinente al emplazamiento dentro los juicios ejecutivos mercantiles orales; Debe practicarse personalmente en el domicilio designado para tal efecto. El notificador ha de cerciorarse por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada, ciertamente viva en el domicilio designado, de lo que asentará razón en autos. De no encontrarse el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos; y Las diligencias de la cita de espera y emplazamiento deberán ser firmadas por la persona que la práctica y aquélla a quien se hace, si no supiere firmar o no quisiera, lo hará el notificador haciendo constar esa circunstancia. Que los emplazamientos en ese tipo de juicios, deben entenderse con el interesado, su representante, mandatario o procurador, a quien se entregará la cédula en la que se hará constar: La fecha y la hora de su entrega; La clase de procedimiento; El nombre y apellidos de las partes; La denominación o razón social; El juez o tribunal que manda practicar la diligencia; La transcripción de la determinación que se manda notificar; y, Y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega. Cédula que, cabe hacer notar, deberá entregarse a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de no encontrarse el buscado; después de haberse cerciorado de que ahí vive la persona que deba ser notificada, con la obligación de exponer los medios por los cuales se cercioró de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además, de la cédula, debe entregarse copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda, con la obligación, por parte del fedatario de describir, uno a uno, los documentos con los que corre traslado. Y que en el acta que al efecto se levante, a la que deberá acompañarse copia de la cédula entregada; deben constar, al menos, los siguientes datos: La forma en la que actuario se identificó ante la persona con la que entienda la diligencia; El requerimiento a la persona que atiende la diligencia para que a su vez se identifique, asentando el resultado; Los medios por los que se cercioró de se trata del domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, o bien, proceder a la entrevista de testigos cercanos al lugar; Aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de que acudió al domicilio señalado como el del buscado; y, Las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. En el juicio de origen que se analiza, este juzgador, advierte que el emplazamiento a juicio ejecutivo mercantil oral de Concepción Begoña González Ortiz, se entendió directamente con ésta en el domicilio designado para tal efecto; una vez que la notificadora se cercioró de que en él habita, por los signos exteriores del lugar y el dicho de la entrevistada. Que por no haberla encontrado en la primera busca, cerciorada de ser el domicilio de aquélla, le dejó citatorio Concepción Begoña González Ortiz en el que le fijó hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, con el apercibimiento que de no aguardar, se practicaría la diligencia de embargo con la persona a la que encontrara en ese momento, y que de no encontrase nadie, se declararía perdido su derecho a señalar bienes de su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, el cual pasaría a la parte actora. Que tanto el citatorio, como la razón actuarial levantada con tal motivo y el emplazamiento fueron firmados por la persona que las practicó y el emplazamiento, además, por el apoderado de la parte actora y la propia demandada. Que se entregó a la interesada la cédula en la que se hizo constar: La fecha y la hora de su entrega; La clase de procedimiento; El nombre y apellidos de las partes; El juez o tribunal que manda practicar la diligencia; y, Y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega. Además, de la cédula, en el acta de emplazamiento se hizo constar que se entregó a la accionada "las copias de traslado de traslado, integradas por *Escrito inicial de demanda, *Poder general para pleitos y cobranzas, pasado ante la fe del notario público número 179 en el Estado de Michoacán, *pagaré base de la acción, *credencial para votar del actor, *CURP del actor; y * constancia de situación fiscal (.) haciéndose entrega de las copias simples de la demanda, anexos, cédula de notificación y copia simple de la presente actuación al demandado y copia simple de la presente actuación a mi asociado". Como lo delata lo relatado con anterioridad, de todo lo llevado a cabo por la actuaria, son dos los puntos que no atendió, ya que, por una parte, no transcribió en la cédula que dejó en poder de la ahora quejosa, la determinación que el juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia le mandó notificar, esto es, el auto pronunciado el catorce de agosto de este año pronunciado en el juicio de origen; y por la otra, no describió en el acta en el que hizo constar el emplazamiento, si la copia de la demanda que entregó a Concepción Begoña González Ortiz se encontraba cotejada y sellada. En consecuencia, como las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: a) notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; c) oportunidad de alegar; y d) dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Y la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa. El defectuoso emplazamiento de Concepción Begoña González Ortiz constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que a aquél se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en un serio estado de indefensión. Es aplicable la jurisprudencia 44/96 del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en cuanto sostiene que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de esa formalidad a las partes en un juicio constituye la violación procesal más grave y de mayor magnitud: TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.-Tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes, en un juicio, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso, que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de la propia ley, debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. Ello obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse con mayor rigor a los tribunales que constituyen órganos de control constitucional, que también han de respetar la secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión, en su caso, sino también como una oportunidad para proponer las cuestiones de orden público que pudieran advertirse durante la tramitación correspondiente, cuya legal acreditación determinaría obligadamente el sentido del fallo definitivo que al efecto se pronuncie; para interponer asimismo, los medios de impugnación que contra éste u otras resoluciones procedieran y, de una manera fundamental, para preservar los derechos de quienes puedan verse afectados por el cumplimiento de una sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, cuya ejecución es indefectible. Por tanto, la determinación del tribunal de considerar innecesario o intrascendente, llamar a juicio al tercero perjudicado cuyo emplazamiento oportuno fue omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del asunto, se concede el amparo, bien sea por falta de fundamentación y motivación o por cualquiera otra circunstancia, siempre que el fallo sea protector, viola los principios fundamentales del juicio de amparo. Consecuentemente, como conforme a lo razonado, en la materia mercantil la práctica defectuosa del emplazamiento constituye una violación manifiesta a la ley que produce indefensión; este juzgador de amparo suple la deficiencia de los conceptos de violación de Concepción Begoña González Ortiz, con fundamento en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ya que no puede dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda. Sobre el particular es dable traer a cuenta la jurisprudencia 1a./J. 22/2018 (10a.), registro digital: 2017535, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza así: EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE CERTIFICAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL, OCASIONA LA ILEGALIDAD DE DICHA DILIGENCIA. El emplazamiento es el acto procedimental por el cual las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, con los derechos de audiencia y al debido proceso reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que todos los requisitos y formalidades establecidos en la legislación para su realización deben acatarse en su literalidad, porque son de aplicación estricta, a fin de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia conforme a las leyes del procedimiento, de acuerdo con el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Es así que, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento entregar copias simples del traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original, ello constituye una formalidad esencial para la validez, por lo que el actuario judicial debe certificar que así se ha realizado, a fin de no violar los derechos de audiencia y de defensa, de legalidad y de certeza jurídica, así como a recibir impartición de justicia en los términos y plazos que fijan las leyes. En consecuencia, la omisión del actuario de certificar la entrega de copias de traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original ocasiona la ilegalidad del emplazamiento, porque la entrega de copias simples carentes de estos requisitos, no cumple a cabalidad la formalidad establecida para el emplazamiento, al no permitir que se conozcan con fidelidad los términos, las pretensiones y los hechos en que se basa la demanda. Atento a lo manifestado, este juzgado, suplida la deficiencia de la queja, con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, otorga el amparo y protección de la Justicia Federal a Concepción Begoña González Ortiz, para los siguientes efectos: a) El juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, como rector del procedimiento de origen, deje sin efecto, únicamente por lo que ve a Concepción Begoña González Ortiz, el emplazamiento, esto es, los actuado con posterioridad al auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil oral 906/2023, promovido por Oliver Alejandro Murguía Alcaraz e Irvin Arturo de la Cruz Bernal, en cuanto apoderados jurídicos de Gerardo Patrick González Dolan, frente a Concepción Begoña González Ortiz y otro, de su índice. b) Ordene a la actuaria judicial de su adscripción que al dar cumplimiento al auto de catorce de agosto de este año, atienda a cada una de las exigencias y/o formalidades que el emplazamiento debe reunir. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Concepción Begoña González Ortiz, respecto del acto analizado en el considerando sexto de la presente resolución; no así respecto al acto estudiados en los considerandos cuarto y quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el sexto considerando de este fallo. Notifíquese por lista, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Eugenia América Ayala Díaz de León, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, específicamente la certificación que antecede, se desprende que el veintidós de este mes feneció el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, sin que haya exhibido la garantía que se le fijó para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva que se le concedió en autos; en consecuencia, se declara que la suspensión definitiva concedida al quejoso el once de septiembre del año en curso, deja de surtir efectos, pero que volverá a surtirlos si el quejoso exhibe a satisfacción de este juzgado la suma de $134,209.46 (ciento treinta y cuatro mil doscientos nueve pesos 46/100 Moneda Nacional). Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que, por la razón asentada en el párrafo anterior, dejó de surtir efectos la suspensión definitiva otorgada al quejoso en autos, por lo que quedan en condiciones ejecutar el acto mientras no se les informe lo contrario. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
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