Concepcion Hernandez Morales

Expediente 1251/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1251/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Concepcion Hernandez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Administrador Provisional del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copia debidamente certificada de la Causa Penal 155/2023, así como de las cédulas profesionales de los defensores públicos Salvador Herrera Arellano y Urbano González Rodríguez y de la credencial para votar del primer referido defensor. En virtud de lo anterior, con las referidas documentales dése vista a las partes y hágase relación de las mismas en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, informa que se hizo disponible para consulta de este órgano jurisdiccional, el expediente electrónico correspondiente a la causa penal 155/2023 de su índice, de lo que se este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el cual, en atención al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en auto de fecha nueve de octubre del año en curso, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al efecto refiere que en auto de fecha veinticinco de octubre actual dictado dentro del expediente número 3A-2030/2020 del índice de la autoridad responsable, proveyó lo siguiente: 1. Ordeno girar atento oficio al Fiscal General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que le informe a la autoridad responsable si cuenta con perito especialista en traumatología y en su caso, el mismo sea designado para desahogar la prueba pericial médica ofrecida en la prueba número siete. Ahora bien, dado que dicho cumplimiento es de orden público, el Juez de Distrito debe vigilar su efectivo acatamiento; por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la referida autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días, contado a partir de que reciba notificación del presente auto, cumpla con la sentencia ejecutoria de referencia, o bien informe sobre el cumplimiento de la misma, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que se haya recibido escrito alguno; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación, dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, transfiérase a los Depósitos Documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ... Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil veintitrés a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (foja 1) por ********************, por propio derecho y en representación legítima de su menor hijo ********************compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Director General del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los artículos 1° y, 4°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de doce de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la presente demanda de amparo y se registró la demanda en el libro de gobierno con el número 401/2023, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables. En auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés (foja 80) se tuvo como autoridad no señalada a la autoridad que la quejosa designó como Comité de Agua Potable de la Colonia Primero Tapia Oriente de Morelia, Michoacán, en virtud de su inexistencia. De la misma forma, el diecisiete de mayo del año en curso (foja 94) la actuaria de la adscripción, desahogó la prueba de inspección judicial ofrecida por la quejosa, en la cual, toralmente se dio fe que de las tomas y llaves de agua del domicilio de la quejosa no sale agua, así como que el aljibe estaba vacío. Seguido el juicio por su cauce legal, el veinte de julio del año que transcurre (foja 171) se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó a las diez horas con treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, con el resultado consignado en el acta que antecede y ahora procede resolver en los siguientes términos: CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto a autoridades administrativas con residencia en esta ciudad, a más que, el acto se está ejecutando materialmente en esta ciudad, en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que la accionante del amparo reclama: *La omisión de garantizar el servicio de agua potable de forma continua, saludable, suficiente y a través de la red de distribución por tubería, para el uso doméstico requerido en el inmueble ubicado en la calle ********************, colonia ********************, de esta ciudad. Actos que atribuyó las autoridades responsables siguientes: 1. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán. 2. Director General del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia; y, 3. Subdirector de Distribución del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto atribuido al Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, ya que al rendir su informe justificado dicha autoridad manifestó expresamente que competencialmente la omisión reclamada estaba dentro de las atribuciones del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. Por ende, ya que para determinar la certeza o la inexistencia de las omisiones que se atribuyan a las autoridades responsables, en principio se debe identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica y ya que en el caso, como lo afirma el representante del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, corresponden a los organismos operadores respectivos, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Agua y Cuencas del Estado de Michoacán, en Morelia, al Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; entonces, es evidente que el acto reclamado a la autoridad precisada en esta consideración es inexistente, en tanto la obligación legal de prestar ese servicio no se encuentra dentro de su marco competencial. Sustenta lo expuesto la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Pag. 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a dicha autoridad. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades Director General y Subdirector de Distribución, ambos del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, de acuerdo a lo manifestado en el informe justificado que rindieron en forma conjunta (foja 82), así como a la totalidad de las constancias que remitieron a este juicio de amparo, los cuales apreciados en su conjunto revelan la existencia del acto reclamado, en tanto dichas responsables manifestaron que: *Que durante la época de estiaje, que abarca aproximadamente de los meses de diciembre a junio, en la colonia en la que se encuentra ubicado el domicilio de la quejosa, así como en todas los demás, se proporciona el agua por tandeo; *Que el suministro por tandeo consiste en programar días y horarios de servicio, a fin de garantizar que se les abastezca de la misma cantidad de líquido a todos los usuarios; y, *Que el servicio de agua potable al domicilio de la quejosa se realiza a través de la línea de distribución conforme a las posibilidades técnicas y la producción de las fuentes naturales de abastecimiento, y que en las épocas de estiaje o baja producción de las fuentes naturales de abastecimiento, se proporciona mediante viaje en pipas. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Quinto. Causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, como no existen causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa, la existencia de alguna, procede que se emprenda el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Estudio del acto reclamado consistente en la omisión de garantizar el servicio de agua potable de forma continua, saludable, suficiente y a través de la red de distribución por tubería, para el uso doméstico requerido en el inmueble ubicado en la calle ********************, colonia ********************, de esta ciudad. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Pues es bien, es esencialmente fundado y suficiente para conceder a la quejosa la protección solicitada respecto del acto reclamado, la parte de sus conceptos de violación en la que señala que es obligación del ente municipal distribuir el recurso hídrico a través de la red de tuberías instaladas para ese efecto, ya que el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, es un derecho humano reconocido por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dar sustento a dicha afirmación, en primer lugar se debe señalar como contexto del asunto que nos ocupa, que el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, inicialmente señaló que: *Dicha Paramunicipal abastece agua potable al domicilio de la quejosa acorde a las posibilidades técnicas y a la capacidad de las fuentes de distribución; *Al respecto resaltó que durante la época de estiaje, que abarca aproximadamente de los meses de diciembre a junio, en la colonia en la que se encuentra ubicado el domicilio de la quejosa, así como en todas los demás, se proporciona el agua por tandeo; *Que el suministro por tandeo consiste en programar días y horarios de servicio, a fin de garantizar que se les abastezca de la misma cantidad de líquido a todos los usuarios; y, *Que el servicio de agua potable al domicilio de la quejosa se realiza a través de la línea de distribución conforme a las posibilidades técnicas y la producción de las fuentes naturales de abastecimiento, y que en las épocas de estiaje o baja producción de las fuentes naturales de abastecimiento, se proporciona mediante viaje en pipas. Lo que por principio denota que no existe controversia probatoria en torna al hecho de la litis aducido por la parte quejosa en su escrito de demanda, en el sentido del suministro irregular del servicio de agua en su domicilio, ya que hace más de dos años que no cuenta con servicio de agua a través de la red de tubería instalada; lo que se considera así, derivado de las manifestaciones de la peticionaria del amparo, en el sentido que en dos mil diecinueve, cuando compró su casa, se le suministraba de manera regular el servicio de agua potable por tubería, los días martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas y a veces, los sábados y que dicho suministro se realizaba con presión suficiente que les permitía abastecerse lo necesario; sin embargo, que a partir de dos mil veinte, el suministro se redujo a un día, que era los días martes, con irregularidad y solo por dos horas al día con mínima presión; y que a partir de mayo de dos mil veinte, el servicio se vio cancelado casi en su totalidad, porque desde esa fecha el agua sólo sale por tubería una vez al mes, por aproximadamente quince minutos; y que por ello, ocasionalmente se le ha suministrado agua a través de pipas. Esas afirmaciones quedaron acreditadas a través del desahogo de la prueba de inspección judicial, ofertada por la quejosa y desahogada por la actuaria de este juzgado el diecisiete de mayo del año en curso, en la que se dio fe que de las tomas y llaves de agua del domicilio no salía agua y que el aljibe estaba vacío; ello, a luz del artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 161, 162, 163 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De la misma forma, quedaron acreditadas con el oficio ********************, de diecisiete de mayo del año en curso, firmado por el Subdirector de Distribución del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, por el cual informó que en cumplimiento a la suspensión decretada en este juicio de amparo, se le están suministrando al domicilio de la quejosa en forma semanal, setecientos litros de agua por medio de pipa de agua: De ahí, que en materia probatoria esté acreditado el hecho aducido por la parte quejosa en su demanda, relativo al suministro irregular del servicio de agua en su domicilio. Ahora bien, con relación al segundo hecho trascendente para la litis constitucional que nos ocupa, tenemos que la peticionaria del amparo manifestó en el escrito que presentó el cinco de junio del año en curso, que la cantidad de agua que las autoridades responsables le han suministrado, para acreditar el cumplimiento de la suspensión provisional es insuficiente, en la medida que únicamente se remiten 500 litros de agua, una vez a la semana o cada quince días, vía pipa, lo que es insuficiente para la subsistencia de los tres miembros que integran su núcleo familiar, a más que tampoco se ha reconectado el servicio vía tubería; por ende, el segundo hecho litigioso se relaciona con la cantidad de litros con las que se debe abastecer al domicilio de la quejosa, para garantizar el núcleo esencial de su derecho al agua. Así, con relación a este aspecto, el diecinueve de junio del año en curso, el suscrito requirió a las responsables para que informaran sí el impedimento para que la quejosa reciba el suministro de agua vía tubería, de forma regular o en algunos días específicos a la semana, descansa en un problema particular o en un problema estructural; para ese efecto, deberían señalar si la falta de suministro vía tubería obedece a que la quejosa no cuenta medidor en su domicilio, informando claramente y sin evasivas si existe una distinción para la programación del suministro de agua vía tubería, entre los usuarios que cuenten con medidor de agua respecto de los que no lo tienen. Adicionalmente, se solicitó a las responsables que señalaran si existe un impedimento material o legal para que en el domicilio de la quejosa se instale un medidor de agua; y de no ser así, deberían informar los requisitos para que le sea instalado; asimismo, se les solicitó informaran en concreto cuáles son los días que conforme al programa de tandeo le corresponde a la colonia ********************, señalando claramente los días y horarios de servicio, cantidad de horas y días a la semana en que se distribuye el agua a todos los usuarios de dicha colonia, conforme a la capacidad técnica y de distribución. De la misma forma, se les requirió para señalaran si en la actualidad existe algún problema estructural en la colonia ********************, que se presente como un obstáculo para que se distribuya el líquido vital por tubería; y se les requirió para que informaran la programación por tandeo de agua que reciben las cinco colonias más próximas y aledañas a la colonia ********************esto es, los días y cantidad de horas a la semana que reciben agua vía tubería, a efecto de que este juzgador contara con un parámetro comparativo. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en este juzgado el trece de julio del año en curso, la autoridad informó lo siguiente: *Que la intermitencia de suministro de agua potable vía tubería al domicilio de la quejosa obedece al bajo gasto de las fuentes de abastecimiento (pozos de agua), aclarando que no existe distinción entre una toma que cuente con aparato medidor y la que no, para el suministro de agua potable; *Que no existe impedimento legal para la instalación de un aparato medidor, y que la usuaria deberá solicitarlo, previo el pago previsto en el artículo 61 inciso AG) 1, b) de la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán para el ejercicio Discal del año 2023, para lo cual deberá de contar previo a la instalación de dicho aparato con el cuadro de medición; *Que de conformidad con el ********************emitido por la Subdirección de Distribución, el servicio asignado para la colonia ********************es tandeado por zonas, con variación de horario, una vez a la semana dependiendo del gasto que llegue a las fuentes de abastecimiento; *Que en particular, la calle ********************de la Colonia ********************, el día martes tiene asignado el servicio en el siguiente horario: +De 13:00 a las 17:00 horas de la calle ********************a la calle ********************; +De las 17:00 horas en adelante se mantiene el servicio en el llenado del tanque elevado para hacer la distribución en la zona de las calles ********************y ********************; *Que no existe problema estructural y que la intermitencia de suministro de agua potable vía tubería al domicilio de la quejosa obedece al bajo gasto de las fuentes de abastecimiento (pozos de agua); y, *Que de conformidad con el ********************emitido por la Subdirección de Distribución, informaba la programación de agua para las siguientes 4 colonias: +Colonia Bosques de Oriente: Se secciona en 2 partes con servicio de 3 horas Jueves de 7:00 a 13:00 horas fuente de abastecimiento pozo Ciudad Industrial y Pozo Conalep. Sábado de 8:00 a 11:00 horas almacenamiento en el tanque elevado pozo Ciudad Industrial y Pozo Conalep. +Colonia División del Norte: seccionamiento en dos zonas Servicio terciado de 3 horas y con la fuente de abastecimiento del Pozo Ampliación ********************. +Colonia Elías Pérez Avalos: Servicio terciado por las tardes noches, el servicio lo tienen por le rebombeo de lomas de Morelia y se abastece de la Planta Potabilizadora Vista Bella. +Colonia Constituyentes de Queréndaro: Servicio terciado y seccionado en 2 zonas se abastece de la fuente de abastecimiento del pozo Mercado de Abastos. Con lo manifestado por las autoridades del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y para el efecto, se ordenó notificarle personalmente ese auto; pese a ello, la quejosa no realizó manifestación alguna. Posteriormente, en auto de diez de agosto del año en curso, se ordenó reiterar dicha vista, requiriéndola para que manifestara lo que a su legal interés conviniera, con relación a lo señalado por las autoridades responsables relativo a que la intermitencia de suministro de agua potable vía tubería en su domicilio, obedece al bajo gasto de las fuentes de abastecimiento (pozos de agua) y que no existe distinción entre una persona que cuente con aparato medidor de alguna que no, para la distribución del vital líquido; de la misma forma, en ese auto, se le requirió para que informara si estaba recibiendo en su domicilio el suministro de agua por parte de las responsables, así como la forma en que lo recibe (tubería o pipa) y la periodicidad del abastecimiento, apercibida que de no hacerlo, se resolvería conforme a los elementos aportados por las responsables; sin que nuevamente manifestara nada al respecto. En ese sentido, por lo que toca al segundo hecho litigioso que se relaciona con la insuficiente cantidad de litros de agua que la quejosa está recibiendo en su domicilio, y ante la falta de contradicción probatoria por la parte promovente del amparo, se impone considerar ciertas las afirmaciones de las responsables en el sentido que la intermitencia de suministro de agua potable vía tubería en su domicilio, obedece al bajo gasto de las fuentes de abastecimiento (pozos de agua), así como que actualmente no existe distinción entre una persona que cuente con aparato medidor de alguna que no, para la distribución del vital líquido. De la misma forma, también por falta de contradicción probatoria, se impone tener como ciertas las afirmaciones de las responsables, en el sentido que de conformidad con el ********************emitido por la Subdirección de Distribución, el servicio asignado para la colonia ********************es tandeado por zonas, con variación de horario, una vez a la semana dependiendo del gasto que llegue a las fuentes de abastecimiento; así como que en particular, la calle ********************de la Colonia ********************, el día Martes tiene asignado el servicio en el siguiente horario de 13:00 a las 17:00 horas de la calle ********************a la calle ********************. Pues bien, establecido el anterior contexto fáctico, tenemos que, Constitucionalmente, el derecho al agua, lo encontramos establecido en el artículo 4°, párrafo sexto, que establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; asimismo, que el Estado debe garantizar este derecho y definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Sobre el derecho humano de acceso al agua potable, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente de inconformidad ********************, determinó que se trata de un derecho que se encuentra protegido por varias garantías, positivas (de hacer) y negativas (prohibiciones), primarias (de cumplimiento inmediato) y secundarias (de cumplimiento diferido), dado que el agua potable, el saneamiento y el alcantarillado, se consideran servicios de primera necesidad e instrumentales que posibilitan el ejercicio de otros derechos humanos como la salud y la dignidad debido a la interdependencia que existe entre ellos. Así, la Sala del Alto Tribunal reiteró que las características específicas del derecho al agua son las de ser "una garantía individual", sus titulares pueden ejercerlo libremente, universalidad en tanto protege a todo ser humano y su parte medular consiste en el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En dicha ejecutoria, resaltó que el derecho en cuestión es un derecho social por antonomasia, pues se trata de uno prestacional en la medida de que principalmente implica una serie de obligaciones positivas o de hacer a cargo de los poderes públicos. Asimismo, se sustentó que dicho derecho puede considerarse de primera generación e inherente a la dignidad humana, dado que el abastecimiento de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina, así como las necesidades de higiene personal y doméstica. Es oportuno precisar que en esa ejecutoria, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la cantidad de litros que de forma mínima requiere una persona fluctúa entre los cincuenta y cien litros diarios, dependiendo de necesidades específicas como las de las mujeres, mujeres en período de lactancia, enfermedades o discapacidades. Además de lo anterior, para la resolución del asunto que nos ocupa debemos tener en cuenta que dentro del parámetro legal que define las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, como bienes que constituyen dominio público de la Nación, encontramos, los siguientes: 1. Ley de Aguas Nacionales; 2. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, y, 3. Programa Nacional Hídrico. La Ley de Aguas Nacionales, es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales y de acuerdo a lo dispuesto en sus artículos 2° y 3°, tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable; dicha ley, establece en lo que en el asunto que nos interesa, que la gestión del agua, comprende en su totalidad a la administración gubernamental del agua. Dicha gestión del agua consiste en el conjunto de principios, políticas, actos, recursos, instrumentos, normas formales y no formales, bienes, recursos, derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante el cual coordinadamente el Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, promueven e instrumentan para lograr el desarrollo sustentable en beneficio de los seres humanos y su medio social, económico y ambiental; asimismo, Se tiene que dicho proceso se sustenta en: *El control y manejo del agua y las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos, por ende su distribución y administración; *La regulación de la explotación, uso o aprovechamiento del agua, y, *La preservación y sustentabilidad de los recursos hídricos en cantidad y calidad, considerando los riesgos ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extraordinarios y daños a ecosistemas vitales y al medio ambiente. Adicionalmente, en el artículo 14 BIS 5 de la mencionada Ley de Aguas Nacionales, se establecen los principios que sustentan la política hídrica nacional: "ARTÍCULO 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son: I. El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional; II. La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica es la base de la política hídrica nacional; III. La gestión de los recursos hídricos se llevará a cabo en forma descentralizada e integrada privilegiando la acción directa y las decisiones por parte de los actores locales y por cuenca hidrológica; IV. Los estados, Distrito Federal, municipios, consejos de cuenca, organizaciones de usuarios y de la sociedad, organismos de cuenca y "la Comisión", son elementos básicos en la descentralización de la gestión de los recursos hídricos; V. La atención de las necesidades de agua provenientes de la sociedad para su bienestar, de la economía para su desarrollo y del ambiente para su equilibrio y conservación; particularmente, la atención especial de dichas necesidades para la población marginada y menos favorecida económicamente; VI. Los usos del agua en las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos y los trasvases entre cuencas, deben ser regulados por el Estado; VII. El Ejecutivo Federal se asegurará que las concesiones y asignaciones de agua estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en las regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas que correspondan, e instrumentará mecanismos para mantener o reestablecer el equilibrio hidrológico en las cuencas hidrológicas del país y el de los ecosistemas vitales para el agua; VIII. El Ejecutivo Federal fomentará la solidaridad en materia de agua entre los estados, Distrito Federal, municipios, entre usuarios y entre organizaciones de la sociedad, en las distintas porciones de las cuencas, subcuencas y microcuencas, con el concurso de consejos y organismos de cuenca; IX. La conservación, preservación, protección y restauración del agua en cantidad y calidad es asunto de seguridad nacional, por tanto, debe evitarse el aprovechamiento no sustentable y los efectos ecológicos adversos; X. La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica, se sustenta en el uso múltiple y sustentable de las aguas y la interrelación que existe entre los recursos hídricos con el aire, el suelo, flora, fauna, otros recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas que son vitales para el agua; XI. El agua proporciona servicios ambientales que deben reconocerse, cuantificarse y pagarse, en términos de Ley; XII. El aprovechamiento del agua debe realizarse con eficiencia y debe promoverse su reúso y recirculación; XIII. El Ejecutivo Federal promoverá que los estados, el Distrito Federal y los municipios a través de sus órganos competentes y arreglos institucionales que éstos determinen, se hagan responsables de la gestión de las aguas nacionales en cantidad y calidad que tengan asignadas, concesionadas o bajo su administración y custodia y de la prestación de los servicios hidráulicos; el Ejecutivo Federal brindará facilidades y apoyo para la creación o mejoramiento de órganos estatales competentes que posibiliten la instrumentación de lo dispuesto en la presente fracción; XIV. En particular, el Ejecutivo Federal establecerá las medidas necesarias para mantener una adecuada calidad del agua para consumo humano y con ello incidir en la salud pública; para el mejor cumplimiento esta política, se coordinará y solicitará los apoyos necesarios a los estados, Distrito Federal y municipios; XV. La gestión del agua debe generar recursos económicos y financieros necesarios para realizar sus tareas inherentes, bajo el principio de que "el agua paga el agua", conforme a las Leyes en la materia; XVI. Los usuarios del agua deben pagar por su explotación, uso o aprovechamiento bajo el principio de "usuario-pagador" de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos; XVII. Las personas físicas o morales que contaminen los recursos hídricos son responsables de restaurar su calidad, y se aplicará el principio de que "quien contamina, paga", conforme a las Leyes en la materia; XVIII. Las personas físicas o morales que hagan un uso eficiente y limpio del agua se harán acreedores a incentivos económicos, incluyendo los de carácter fiscal, que establezcan las Leyes en la materia; XIX. El derecho de la sociedad y sus instituciones, en los tres órdenes de gobierno, a la información oportuna, plena y fidedigna acerca de la ocurrencia, disponibilidad y necesidades de agua, superficial y subterránea, en cantidad y calidad, en el espacio geográfico y en el tiempo, así como a la relacionada con fenómenos del ciclo hidrológico, los inventarios de usos y usuarios, cuerpos de agua, infraestructura hidráulica y equipamiento diverso necesario para realizar dicha gestión; XX. La participación informada y responsable de la sociedad, es la base para la mejor gestión de los recursos hídricos y particularmente para su conservación; por tanto, es esencial la educación ambiental, especialmente en materia de agua; XXI. La cultura del agua construida a partir de los anteriores principios de política hídrica, así como con las tesis derivadas de los procesos de desarrollo social y económico, y XXII. El uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualesquier otro uso. Los principios de política hídrica nacional establecidos en el presente Artículo son fundamentales en la aplicación e interpretación de las disposiciones contenidas en esta Ley y en sus reglamentos, y guiarán los contenidos de la programación nacional hídrica y por región hidrológica y cuenca hidrológica." Por lo que toca al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, se tiene que el mismo consigna en su tercer objetivo prioritario, el de promover al agua como pilar de bienestar, manejada por instituciones transparentes, confiables, eficientes y eficaces que velen por un medio ambiente sano y donde una sociedad participativa se involucre en su gestión mientras que en el cuarto, establece el objetivo prioritario de promover un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo que contribuya al ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente sano. El programa sectorial al que se alude, señala que el agua es uno de los recursos más importantes para el desarrollo integral y digno de los individuos, por lo que su carencia transgrede el derecho a la salud, la alimentación, el ambiente sano y la vida y vivienda dignas y que en México, a pesar de los esfuerzos realizados durante muchos años, la cobertura universal de agua potable y de saneamiento no se ha alcanzado, ya que en 2018, el 57% de la población tenía acceso en la vivienda al servicio diario de suministro de agua y de saneamiento. Asimismo, dicho documento da cuenta que la carencia de agua potable y de saneamiento guarda una estrecha relación con el bienestar, ya que la falta del líquido en la vivienda obliga a invertir largas horas en su recolección y transporte, tarea asumida, según una encuesta de las Naciones Unidas en 45 países (incluido México), principalmente por las mujeres y las niñas, lo que les impide destinar ese tiempo en otras actividades importantes para su desarrollo como lo hacen hombres y niños; y que, aunque en México no se conoce con precisión el número de horas que mujeres y niñas destinan al acarreo de agua a la vivienda, en 2017 el 24.6% de los hogares que tenían jefatura femenina no contaban con agua en el interior de la vivienda. Por ello, en ese documento se destaca la importancia de fortalecer a los prestadores de estos servicios, esto es, a los municipios, ya que en muchos casos carecen de las capacidades técnicas y gerenciales para brindarlos adecuadamente; para ejemplificarlo, dicho documento señala que del líquido que inyectan para distribución por las redes, sólo llega el 40% a su destino, principalmente por fugas o errores de medición, facturación y cobranza; aunado a que, la mayoría tiene problemas financieros debido a la ineficiencia en la recaudación y a las bajas tarifas del servicio. En el propio documento se destaca también que otro factor que influye directamente con el acceso al agua se vincula con el crecimiento de la población y su cada vez mayor capacidad de consumo, las cuales han conducido a una creciente presión sobre las fuentes de abasto del líquido (tanto superficiales como subterráneas), básicamente como resultado de la necesidad de producir más alimentos, bienes y energía, así como para abastecer a las cada vez más grandes zonas urbanas; situación que podría ser aún más grave si de acuerdo con los escenarios de cambio climático planteados para nuestro país en el futuro, la disponibilidad del líquido cambia al modificarse los patrones de precipitación y temperatura. Por ello, en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, se establece como estrategia prioritaria, para garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable, las acciones puntuales siguientes: 3.1.1.- Proteger la disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos para la implementación del derecho humano al agua. 3.1.2.- Abatir el rezago en el acceso al agua potable y al saneamiento para elevar el bienestar en los medios rural y periurbano. 3.1.3.- Fortalecer a los organismos operadores de agua y saneamiento, a fin de asegurar servicios de calidad a la población 3.1.4.- Atender los requerimientos de infraestructura hidráulica para hacer frente a las necesidades presentes y futuras. A partir de esas acciones, se busca reducir la presión sobre los recursos hídricos en las zonas centro y norte del país, las cuales sufren por una baja disponibilidad del líquido y un alto consumo; y se espera que al 2024 las acciones emprendidas reduzcan la velocidad a la que crece la extracción del líquido por los principales usos consumidores. De la misma forma, a partir de ellas se espera garantizar el acceso al servicio de agua potable y al saneamiento, de los grupos marginados, cerrando las brechas existentes entre las entidades federativas, regiones y grupos de población y se tiene la expectativa de contar con infraestructura mejorada en las zonas de atención prioritaria y disminuir paulatinamente los problemas de salud relacionados con el agua. Finalmente, por lo que toca al Programa Nacional Hídrico, específicamente en el punto 6.1, denominado Acceso a los servicios de agua potable y saneamiento insuficiente e inequitativo, tenemos que en él se establece, para lo que nos ocupa, que a nivel nacional solo el 58% de la población del país tiene agua diariamente en su domicilio y cuenta con saneamiento básico mejorado; y que en el medio urbano se alcanza un valor de 64%, y en el medio rural de 39%. Respecto de este acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, el documento señala que son 14 los estados con mayor rezago en el acceso a los servicios, en los que el porcentaje de población que cuenta con agua todos los días y saneamiento básico mejorado oscila entre 10 y 50%, conforme a la figura que se inserta: Del mismo modo, ese documento dispone que aunque son los municipios los responsables de prestar los servicios de agua potable y saneamiento a la población, lo cierto es que muchos de ellos carecen de las capacidades técnicas y gerenciales para brindar los servicios adecuadamente, aunado a que en el nivel municipal se siguen presentando problemas de simulación, transferencia de bienes públicos a privados y dispendio; sobre este punto, se indica que según el Censo de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua del INEGI de 2013, los prestadores de los servicios de agua y saneamiento del país tienen pérdidas del 60% del volumen que inyectan a las redes de agua potable, lo que significa que solo cobran el 40%, por lo que el agua no facturada o no contabilizada es recurso que se extrae de los cuerpos de agua del país, pero que se pierde en fugas o no se cobra debido a fallas en el padrón de usuarios o en el proceso de facturación. Estos factores señala ese documento, tiene efectos adversos en la disponibilidad de agua y en las finanzas del sector, por un lado, porque se deben extraer volúmenes de agua superiores a los necesarios para compensar las fugas y por otro lado, porque no es posible equilibrar las finanzas de los prestadores de los servicios de agua y saneamiento, por lo que se complementan con diversos subsidios; como consecuencia de ello, el documento aludido señala que los retos que enfrentan los prestadores de los servicios son múltiples y complejos, y que sus recursos financieros en general son insuficientes para operar óptimamente, la mayoría de ellos tienen problemas en la recaudación y bajas tarifas del servicio, sumado a que no cuentan con personal capacitado y muestran una alta rotación del personal directivo. Factores que se traducen en servicios de agua y saneamiento de mala calidad, con consecuencias para la salud de las personas, especialmente la de niñas y niños, sobre todo, en cuanto al acceso universal al agua, en el que existen graves problemas en escuelas, centros de salud, entornos rurales y periferias urbanas, y particularmente críticas en la población en situación de calle e indigencia. Por ello, en dicho documento se indica que para la ejecución y el cumplimiento del Plan Nacional Hídrico 2020-2024, deben sumarse esfuerzos y financiamiento de los tres órdenes de gobierno, los usuarios, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto, por lo que el Programa privilegia una visión en la que deberán coexistir los enfoques de transversalidad y territorialidad y se proponen cinco objetivos prioritarios, de los cuales, tres están orientados a las personas o usuarios del agua y dos orientados al entorno habilitador: Establecido lo anterior, tenemos que aunque por principio es cierto, que los derechos humanos al agua y al saneamiento han sido ampliamente reconocidos a nivel internacional y desde febrero del 2012 México forma parte de los países que incluyen dentro de su Constitución estos derechos, entre los que encontramos propiamente el derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico; igualmente lo es que, el objetivo prioritario de las agendas en materia ambiental, desarrollo sostenible y política hídrica del país, es precisamente garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento. Lo que resulta de ese modo, porque el derecho al agua entraña tanto libertades como derechos; las "libertades" consisten en el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercerlo y a no ser objeto de injerencias arbitrarias, como no sufrir cortes arbitrarios en su suministro o a no contaminar los recursos hídricos; en cambio, los "derechos" comprenden el acceso a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades para disfrutarla, lo que se traduce en el acceso universal al agua y al saneamiento. Este acceso universal al agua y al saneamiento se pretende alcanzar con la finalidad de abatir el rezago en el acceso al agua potable y al saneamiento para elevar el bienestar en los medios rural y periurbano, a través del fortalecimiento a los organismos operadores de agua y saneamiento y sobre todo, a través de la atención a los requerimientos de infraestructura hidráulica para hacer frente a las necesidades presentes y futuras. Sin embargo, aunque dicho objetivo de acceso universal al agua y al saneamiento es prioritario, lo cierto es que los documentos a los que se ha hecho alusión en párrafos anteriores, también revelan que su garantización es paulatina y depende preponderantemente y como ya se dijo, de la suma de esfuerzos y financiamiento de los tres órdenes de gobierno, de los usuarios, de las organizaciones civiles y de la sociedad en su conjunto; de ahí que, quien resuelve esté en condiciones de afirmar que la efectivización de los derechos humanos al agua y al saneamiento, será progresiva. Conforme al principio de progresividad de los derechos humanos, debemos entender que la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos, aunado a que, que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar; en sentido negativo, este principio de progresividad, impone una prohibición de regresividad, que prohíbe al legislador emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, mientras que, al aplicador le prohíbe interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, deben ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de progresar). Principio de progresividad al que se sujeta el acceso al derecho al agua, porque se trata de un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud; y, como derecho humano es indispensable para vivir dignamente y una condicionante previa para la realización de otros derechos. Se cita como sustento de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 35/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2019325, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 980, que dispone: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano." De hecho, recientemente encontramos un pronunciamiento emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que estableció que las obligaciones del Estado Mexicano en materia de protección del derecho humano al agua son: 1) Obligaciones de respetar: a) Abstenerse de toda práctica o actividad que reduzca, deniegue y/o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad; y b) Abstenerse de inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución de agua; 2) Obligaciones de proteger: a) Impedir que terceros menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua, es decir, por particulares, grupos, empresas u otras entidades, así como quienes obren en su nombre; b) Adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir que terceros denieguen el acceso al agua en condiciones de igualdad; c) Adoptar medidas legislativas o de otra índole para impedir que terceros contaminen el agua; d) Adoptar medidas legislativas o de otra índole para impedir que terceros exploten de forma inequitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua, esto es, cuando los servicios de suministro de agua (como las redes de canalización, las cisternas y los accesos a ríos o pozos) sean explotados o estén controlados por terceros, el Estado debe impedirles que menoscaben el acceso físico en condiciones de igualdad y a un costo razonable a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables; y e) Para dar cumplimiento a la obligación previa, el Estado debe establecer un sistema normativo eficaz que prevea la supervisión independiente de esos terceros, una auténtica participación pública en esas cuestiones y la imposición de multas por incumplimiento; 3) Obligaciones de cumplir: a) Preservar el agua; b) Reconocer el derecho al agua en el ordenamiento político y jurídico nacional, preferentemente mediante la aplicación de leyes; c) Reconocer al agua como un bien económico; d) Adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre, mediante estrategias como: la reducción de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; la eliminación de la contaminación, la vigilancia de las reservas, la seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice su acceso, el examen de las repercusiones de las medidas en la disponibilidad del agua y sus cuentas, el aumento del uso eficiente por los consumidores; la reducción del desperdicio durante su distribución, y la creación de instituciones apropiadas para la aplicación de esas estrategias y programas; e) Adoptar medidas positivas, así como una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; f) Suministrar agua salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de la contaminación al medio ambiente; g) Difundir información adecuada sobre el uso higiénico del agua, la protección de sus fuentes y los métodos para reducir sus desperdicios; h) Garantizar y facilitar el acceso al agua pura y a su saneamiento por un precio asequible y sin discriminación, particularmente en zonas rurales y zonas urbanas desfavorecidas; i) Para garantizar que el agua sea asequible, adoptar medidas como: la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas; políticas adecuadas en materia de precios -como el suministro de agua a título gratuito o de bajo costo-; y, suplementos de ingresos; j) Gestionar eficazmente los recursos hídricos a través de un enfoque integrado que concilie el desarrollo económico y social con la protección de los ecosistemas naturales; k) Evitar la descarga de sustancias tóxicas en cantidades o concentraciones letales en el agua; l) Tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación del agua; m) Aplicar políticas ambientales que aseguren que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente; n) Controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que puedan tener, para el medio ambiente y para el agua, las actividades que se realicen en cualquiera de sus esferas; ñ) Lograr una mejora sustancial en las normas y los niveles de los servicios de suministro de agua potable y saneamiento ambiental; y o) Para el año 2030, lograr el acceso universal y equitativo de agua potable a un precio asequible para todos, es decir, sin discriminación. Como se observa, la obligación establecida en el inciso o), da cuenta que la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció como un objetivo progresivo el acceso universal y equitativo de agua potable, en la medida que establece el año 2030 para su consecución, como se observa de la jurisprudencia 1a./J. 78/2023 (11a.), localizable con registro digital 2026556, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Junio de 2023, Tomo IV, página 3562, que dice: "DERECHO HUMANO AL AGUA. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO MEXICANO EN MATERIA DE ESTE DERECHO. Hechos: Diversas personas, físicas y morales, presentaron demanda de amparo indirecto en contra de tres autoridades encargadas de la protección del ambiente y de los recursos hídricos del Estado, de quienes reclamaron la omisión de adoptar medidas en aras de preservar los recursos hídricos del Acuífero Principal de la Región Lagunera clave 0523 en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Hidrológico-Administrativa Cuencas Centrales del Norte. Seguida la secuela procesal correspondiente, el Juzgado de Distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio por falta de interés legítimo de la parte quejosa. En contra de esa determinación, se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que las obligaciones del Estado Mexicano en materia de protección del derecho humano al agua son: 1) Obligaciones de respetar: a) Abstenerse de toda práctica o actividad que reduzca, deniegue y/o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad; y b) Abstenerse de inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución de agua; 2) Obligaciones de proteger: a) Impedir que terceros menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua, es decir, por particulares, grupos, empresas u otras entidades, así como quienes obren en su nombre; b) Adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir que terceros denieguen el acceso al agua en condiciones de igualdad; c) Adoptar medidas legislativas o de otra índole para impedir que terceros contaminen el agua; d) Adoptar medidas legislativas o de otra índole para impedir que terceros exploten de forma inequitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua, esto es, cuando los servicios de suministro de agua (como las redes de canalización, las cisternas y los accesos a ríos o pozos) sean explotados o estén controlados por terceros, el Estado debe impedirles que menoscaben el acceso físico en condiciones de igualdad y a un costo razonable a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables; y e) Para dar cumplimiento a la obligación previa, el Estado debe establecer un sistema normativo eficaz que prevea la supervisión independiente de esos terceros, una auténtica participación pública en esas cuestiones y la imposición de multas por incumplimiento; 3) Obligaciones de cumplir: a) Preservar el agua; b) Reconocer el derecho al agua en el ordenamiento político y jurídico nacional, preferentemente mediante la aplicación de leyes; c) Reconocer al agua como un bien económico; d) Adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre, mediante estrategias como: la reducción de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; la eliminación de la contaminación, la vigilancia de las reservas, la seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice su acceso, el examen de las repercusiones de las medidas en la disponibilidad del agua y sus cuentas, el aumento del uso eficiente por los consumidores; la reducción del desperdicio durante su distribución, y la creación de instituciones apropiadas para la aplicación de esas estrategias y programas; e) Adoptar medidas positivas, así como una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; f) Suministrar agua salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de la contaminación al medio ambiente; g) Difundir información adecuada sobre el uso higiénico del agua, la protección de sus fuentes y los métodos para reducir sus desperdicios; h) Garantizar y facilitar el acceso al agua pura y a su saneamiento por un precio asequible y sin discriminación, particularmente en zonas rurales y zonas urbanas desfavorecidas; i) para garantizar que el agua sea asequible, adoptar medidas como: la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas; políticas adecuadas en materia de precios -como el suministro de agua a título gratuito o de bajo costo-; y, suplementos de ingresos; j) Gestionar eficazmente los recursos hídricos a través de un enfoque integrado que concilie el desarrollo económico y social con la protección de los ecosistemas naturales; k) Evitar la descarga de sustancias tóxicas en cantidades o concentraciones letales en el agua; l) Tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación del agua; m) Aplicar políticas ambientales que aseguren que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente; n) Controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que puedan tener, para el medio ambiente y para el agua, las actividades que se realicen en cualquiera de sus esferas; ñ) Lograr una mejora sustancial en las normas y los niveles de los servicios de suministro de agua potable y saneamiento ambiental; y o) Para el año 2030, lograr el acceso universal y equitativo de agua potable a un precio asequible para todos, es decir, sin discriminación. Justificación: El fundamento en sede nacional del derecho humano al agua son los artículos 4o., párrafo quinto; 27; 115, fracción III, inciso a); y 122, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, debe destacarse que estas disposiciones no otorgan elementos que garanticen su eficacia y ejercicio como un derecho fundamental. No obstante, su naturaleza como "derecho humano" auténtico está reconocida en fuentes internacionales, principalmente en la Observación General No. 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se establece que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud; y, como derecho humano es indispensable para vivir dignamente y una condicionante previa para la realización de otros derechos. Ahora bien, el derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las "libertades" consisten en el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercerlo y a no ser objeto de injerencias arbitrarias, como no sufrir cortes arbitrarios en su suministro o a no contaminar los recursos hídricos. En cambio, los "derechos" comprenden el acceso a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades para disfrutarla. Además, -como se anticipó- el agua debe recibir trato como bien social y cultural, y nunca fundamentalmente como un bien económico. Así, las obligaciones a las que ya se hizo mención tienden a garantizar el efectivo ejercicio y goce de este derecho humano." Este objetivo prioritario de acceso universal y equitativo de agua potable, se aborda como un asunto de justicia ambiental, a partir de la solidaridad para el desarrollo humano, a través del fortalecimiento de los organismos operadores de agua y saneamiento, a fin de asegurar servicios de calidad a la población y así atender los requerimientos de infraestructura hidráulica para hacer frente a las necesidades presentes y futuras. Así, atendiendo al marco contextual y legal expuesto, en el sentido que la intermitencia de suministro de agua potable vía tubería en su domicilio, obedece al bajo gasto de las fuentes de abastecimiento (pozos de agua), lo que actualmente coincide con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales; en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, y, en el Programa Nacional Hídrico, ya que dichos textos fijaron como objetivos primordiales de la agenda hídrica del año 2030, entre otros, el fortalecimiento de los organismos operadores de agua y saneamiento, a fin de asegurar servicios de calidad a la población y así atender los requerimientos de infraestructura hidráulica para hacer frente a las necesidades presentes y futuras, es evidente que la problemática traída a esta controversia constitucional, constituye un asunto de atención prioritaria a nivel nacional. Por ello, el suscrito no está en condiciones de constituir el derecho a la quejosa a recibir el suministro de agua diaria y sin restricción, en la medida que se trata de un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud de la propia quejosa y de los demás usuarios del servicio; por lo mismo, quien resuelve estima que la decisión que se emite, debe garantizar en términos del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a que el suministro del vital líquido, le sea proporcionado acorde a las posibilidades técnicas y a la capacidad de las fuentes de distribución. Por ende, considerando sobre todo que no se actualizó controversia probatoria con relación a lo señalado por las autoridades responsables, deberá considerarse la programación del servicio que la colonia ********************tiene asignado conforme al tandeo, el cual conforme a lo señalado por las propias responsables corresponde a la calle ********************de la Colonia ********************, los días Martes de las 13:00 a las 17:00 horas; solo así podrá seguirse garantizando que se abastezca a la quejosa, y a todos los usuarios la misma cantidad de líquido, ante su evidente y notoria escases e insuficiencia a nivel nacional. En tanto que, por lo que toca a la cantidad de litros con los que se debe abastecer al domicilio de la quejosa para garantizar el núcleo esencial de su derecho al agua, debe señalarse que aunque por principio es cierto que como ya se dijo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha concluido que la cantidad de litros que de forma mínima requiere una persona fluctúa entre los cincuenta y cien litros diarios, dependiendo de necesidades específicas como las de las mujeres, mujeres en período de lactancia, enfermedades o discapacidades; también lo es que, atendiendo a las condiciones que prevalecen en la actualidad con relación a la escasa y notoria falta de agua, el suscrito considerará como requerimiento diario por persona el mínimo establecido, esto es, el de 50 litros diarios por persona. Criterio que es acorde con lo reconocido por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2010, en el sentido que todos los seres humanos tienen derecho a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona y día), segura, aceptable y asequible (el coste del agua no debe superar el 3% de los ingresos del hogar), y accesible físicamente (la fuente debe estar a menos de 1.000 metros del hogar y su recogida no debería superar los 30 minutos). Por todo lo anterior, respecto del acto reclamado, con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado para que las autoridades responsables del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, realicen lo siguiente: 1. Garanticen el servicio de agua potable para uso doméstico a través de la red de distribución por tubería, en el inmueble ubicado en la calle ********************, colonia ********************, de esta ciudad; 2. Otorguen ese servicio vía tubería, conforme a la programación del servicio que la colonia ********************tiene asignado conforme al tandeo, el cual corresponde a la calle ********************de la Colonia ********************, los días martes de las 13:00 a las 17:00 horas; y 3. Garanticen y supervisen que la prestación de ese servicio satisfaga el núcleo esencial del derecho humano al agua de la quejosa, por ende, esa distribución no podrá ser menor a los 50 litros diarios por cada integrante de su núcleo familiar y tendrán que considerar que su familia está integrada por tres miembros, por lo que el mínimo de abastecimiento diario deberá cubrir 150 litros. Concesión que en esos términos, es acorde con lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al conocer la queja ********************, en el sentido que las autoridades responsables deben tomar las medidas para revisar que el servicio de agua se restablezca a la quejosa por vía de tubería. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por por ********************, por propio derecho y en representación legítima de su menor hijo ********************por el acto, autoridad y motivos expuestos en los considerando tercero de esta resolución. Segundo. La Justicia Federal ampara y protege a por ********************, por propio derecho y en representación legítima de su menor hijo ********************contra el acto reclamado precisado en el considerando sexto y para los efectos ahí señalados. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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