Club Campestre de Morelia, Propiedad en Condominio

Expediente 991/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
991/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
01/03/2023

Partes del expediente

  • Club Campestre de Morelia, Propiedad en Condominio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del nueve de febrero de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 991/2022, sin la comparecencia de las partes. A continuación la secretaria, da cuenta con un pedimento ministerial registrado con el número 2013 y hace relación de la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. Asimismo, la secretaria hace constar que el término de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la autoridad denominada Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía Regional de Justicia, por ser quien de conformidad con el artículo 15 del Reglamento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, es la autoridad responsable de la ejecución de las órdenes de aprehensión, se le notificó electrónicamente el tres de enero del año en curso, por lo que el término transcurrió del cuatro al veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, sin que lo hubiere hecho. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos de la Representación Social de la Adscripción y en su oportunidad expídasele copia certificada de la sentencia que se emita en este juicio, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, téngase por hecha la relación que antecede para los efectos que en derecho corresponda. En otro aspecto, en atención a la certificación secretarial que antecede, se hace efectivo el apercibimiento formulado a la parte quejosa en auto de veintiocho de diciembre del año pasado y se ordena resolver el presente juicio en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Abierto el período de pruebas: La secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por la autoridad responsable Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, con residencia en esta ciudad. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas precisadas con antelación. Al consistir en documentales, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, en la inteligencia de que deben tomarse en consideración la totalidad de las constancias remitidas por las partes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria da nueva cuenta con los formulados por la quejosa, la autoridad responsable y por la fiscal de la adscripción. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos relacionados y se declara cerrado el periodo para realizar más. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se procede al dictado de la resolución, y; R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós (foja 3), en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ********************, apoderado jurídico de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 103, 107 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 991/2022 y en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós (foja 27) se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación y se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (foja 76), se ordenó notificar a las partes la adscripción del suscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites, el veintiocho de diciembre del año pasado, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que ahora se procede a resolver de conformidad con los siguientes C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad administrativa con residencia en esta ciudad, ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por tanto, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, con residencia en esta ciudad: La omisión de cumplimentar la orden de aprehensión dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno en contra de ********************, por el delito que la ley señala como uso ilícito de atribuciones y facultades. Tercera. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, según se aprecia del informe justificado que rindió (foja 60), en el que dijo contrario a lo aducido por la parte quejosa, se han venido realizando acciones concretas para ejecutar el mandamiento de captura en cuestión. Posteriormente, mediante oficio presentado el uno de diciembre del año pasado en este juzgado (foja 86), la propia responsable aclaró que la Fiscalía General del Estado, de la cual forma parte la Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tiene un área específica responsable de la ejecución de las órdenes de aprehensión dictadas por los diversos órganos jurisdiccionales, a las cuales de conformidad con el artículo 15 del Reglamento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, legalmente les corresponde la ejecución de las órdenes de aprehensión, Adicionalmente, dijo, dentro de las funciones que contempla el Manual de Operaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, específicamente en el título VIII.3, no se contempla como obligación del Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la de cumplimentación de las órdenes de aprehensión; pese a ello señaló, ello no ha sido obstáculo para que se realicen actos de búsqueda de la imputada, en atención a que los delitos de corrupción son de interés público y por lo mismo, se cruza información con el área responsable de la ejecución de mandamientos, para que el mandamiento se ejecute. Manifestaciones que se corroboran, al verificar el contenido normativo invocado por la citada responsable, pues al revisar primeramente el Reglamento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, se advierte que efectivamente, dentro de la estructura orgánica institucional de la Fiscalía General del Estado, existe una dependencia específica encargada exclusivamente de la ejecución de las órdenes de aprehensión: "SECCIÓN VI. DE LA DIRECCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES Artículo 15. La Dirección de Mandamientos Judiciales, tiene las atribuciones siguientes: I. Llevar el registro, control y seguimiento de los mandamientos emitidos por los órganos jurisdiccionales; II. Cumplimentar mandamientos judiciales emitidos por los órganos jurisdiccionales competentes; III. Ejecutar solicitudes de colaboración que soliciten las Fiscalías Generales de las entidades federativas, respecto de los mandamientos emitidos por órganos jurisdiccionales; IV. Realizar las gestiones necesarias para dar seguimiento y cumplimiento de los compromisos de carácter internacional, asumidos con la Federación o el Estado, en el ámbito de su competencia, en materia de extradiciones y asistencia jurídica internacional; y, V. Las demás que le instruya la persona titular de la Coordinación General." Luego, al constatar en el Manual de Operaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, específicamente en el título VIII.3, se advierten como facultades de la autoridad responsable, las siguientes: VIII.3 De la Dirección de la Policía de Investigación. Además de las establecidas en el Reglamento, la persona titular de la Dirección de la Policía de Investigación, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Informar al titular de la Fiscalía Especializada de manera semanal, los avances de las órdenes de investigación giradas por los Agentes del Ministerio Público, con independencia de que informe al Coordinador General de la Policía de Investigación; 2. Desarrollar los procedimientos sistemáticos de operatividad de la policía de investigación a su mando, que se deben observar al realizar actos de investigación que requieran o no, de control judicial; 3. Supervisar que los actos de investigación, se realicen respetando los principios rectores del proceso penal establecidos en la Constitución y el Código Nacional, y el debido respeto de los Derechos Humanos; 4. Vigilar que los actos de investigación se constriñan a lo ordenado por el Agente del Ministerio Público; 5. Coordinar los vínculos de cooperación con sus homólogos de las Fiscalías Regionales, y Fiscalías y Unidades Especializadas, en caso de requerir apoyo para el debido seguimiento de las órdenes de investigación, previo acuerdo con el Fiscal Anticorrupción; 6. Asegurar que los agentes de la Policía de Investigación, cuenten con los respectivos oficios de comisión, cuando estos salgan a realizar actos de investigación fuera de su adscripción, el cual deberá amparar el vehículo oficial y el armamento, de acuerdo a la licencia oficial colectiva para la Fiscalía General; 7. Integrar los indicadores del Programa Operativo Anual; 8. Integrar la actualización oportuna de los diferentes sistemas digitales, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, con las que se miden la productividad, eficacia y eficiencia de la policía de investigación; 9. Desarrollar las bitácoras de fatiga, conservación y mantenimiento del parque vehicular adscritos a la policía de investigación; y, 10. Las demás que le instruya el Fiscal Anticorrupción y/o el Coordinador General de la Policía de investigación. El marco normativo inserto es relevante, primeramente, porque de ambos dispositivos legales advertimos que, aunque el Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, ejecute o haya ejecutado algunos actos tendentes para la ejecución del mandamiento de captura que constituye el acto reclamado, legalmente, es una obligación atribuible al Titular de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado. Pero más importante lo es para la determinación de la existencia del acto reclamado, porque constituye criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para el establecimiento de la certeza o la inexistencia de las omisiones que se atribuyan a las autoridades responsables, es necesario que en principio se identifique si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa alega. Sin embargo, en el asunto que ahora se resuelve aconteció que la parte peticionaria de la tutela constitucional, no otorgó al suscrito juzgador un parámetro bajo el cual estuviera en condiciones de verificar que, opuestamente a lo señalado por el Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, con residencia en esta ciudad, efectivamente le corresponda a éste la ejecución y/o materialización de la orden de captura dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno en contra de ********************, por el delito que la ley señala como uso ilícito de atribuciones y facultades, al estar esa obligación inmersa dentro de su ámbito competencial, más, porque el marco normativo inserto revela que sus atribuciones se encuentran encaminadas predominantemente a labores de investigación del delito; de ahí que, se imponga considerar inexistente dicho acto. Sustenta lo expuesto la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Pag. 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Sin que pase por alto que el acto reclamado por la parte solicitante del amparo, efectivamente es existente si se atribuye a la autoridad a la que legamente está conferida la obligación, esto es, al Titular de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía Regional de Justicia, sin embargo, al no haberse incorporado a la litis constitucional, pese a que en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado dio vista a la parte quejosa para que en el término de quince días manifestara si era su deseo señalarlo como autoridad responsable, sin que formulara la ampliación en esos términos a pesar que quedó notificada electrónicamente el tres de enero del año en curso, por ello, resulta jurídicamente inviable examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que se haría nugatorio el derecho que le asiste al Titular de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía Regional de Justicia, para defender su acto. Así es, porque al tomarse en consideración la interpretación a contrario sentido de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, se pone de manifiesto que para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, y en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que pueda ser analizada la constitucionalidad de los actos reclamados si no fueron parte del mismo las autoridades responsables que en ellos intervinieron, en este caso, el Titular de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía Regional de Justicia. Por lo mismo, debe entenderse que la parte solicitante del amparo no cumplió con el requisito señalado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo y por ello, se erige como obstáculo procesal el que no se pueda atender la litis constitucional efectivamente planteada, sin menoscabar el derecho de audiencia y defensa que le resulta a la autoridad responsable Titular de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía Regional de Justicia; sobre todo, si se toma en consideración que la falta de llamado de la referida autoridad, descansó en la voluntad tácita del justiciable, que así lo decidió, tal y como ha quedado demostrado en autos del presente expediente. Apoya lo anterior la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113 del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así como la jurisprudencia VI.2o. J/205, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, Octubre de 1995, página 468, registro 194684, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." En consecuencia, ante la inexistencia del acto precisado en esta consideración, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se impone sobreseer en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto y autoridad que precisadas quedaron en la consideración segunda del presente fallo, por las razones expuestas en la diversa tercera. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la consideración última de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, del estado que guardan los autos se advierte que el acto reclamado lo constituye la omisión de cumplimentar materialmente la orden de aprehensión de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, asimismo, de las constancias que remitió la autoridad responsable Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con residencia en esta ciudad, manifestó que existe diversa autoridad con la denominación Dirección de Mandamientos Judiciales, quien es la responsable en la ejecución de órdenes de aprehensión dictadas por los órganos judiciales previsto en el artículo 15 del Reglamento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 108, 110, 111 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días contado a partir de que surta efectos la notificación que se le realice del presente auto, manifieste lo siguiente: 1. Precise si desea señalar como autoridad responsable a la Dirección de Mandamientos Judiciales, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán; 2. La ampliación que formule deberá cumplir con los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo; y, 3. Exhibir las copias de demanda y escrito de ampliación suficientes para cada una de las partes. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá el presente juicio únicamente respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para este día y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta minutos del nueve de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia,********************Michoacán,********************cinco********************de********************diciembre********************de********************dos********************mil********************veintidós. Vista********************la********************cuenta********************precedente,********************con********************fundamento********************en********************el********************artículo********************124********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo,********************téngase********************al********************Director********************de********************la********************Policía********************de********************Investigación********************de********************la********************Fiscalía********************Especializada********************en********************Combate********************a********************la********************Corrupción********************formulando********************alegatos********************en********************el********************juicio********************de********************amparo********************que********************nos********************ocupa,********************sin********************perjuicio********************de********************relacionarlos********************nuevamente********************en********************la********************audiencia********************constitucional********************respectiva. Por********************otra********************parte,********************agréguese********************a********************los********************autos********************el********************segundo********************de********************los********************oficios********************a********************través********************del********************cual********************la********************citada********************autoridad********************da********************cabal********************cumplimiento********************a********************lo********************requerido********************en********************auto********************de********************veintiocho********************de********************noviembre********************de********************la********************presente********************anualidad. Asimismo,********************con********************fundamento********************en********************los********************artículos********************119********************y********************123********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo,********************se********************tiene********************a********************la********************responsable********************ofreciendo********************las********************pruebas********************documentales********************que********************acompaña********************a********************su********************segundo********************oficio********************de********************cuenta,********************mismas********************que********************se********************tienen********************por********************admitidas********************y********************desahogadas********************en********************razón********************de********************su********************propia********************y********************especial********************naturaleza. Hágase********************nueva********************relación********************de********************lo********************anterior********************en********************la********************audiencia********************constitucional********************respetiva. Por********************último,********************se********************ordena********************formar********************dos********************tomos********************de********************prueba********************con********************la********************documental********************ofrecida********************por********************la********************autoridad********************en********************cita.**************************************** Notifíquese********************por********************lista. Así********************lo********************acordó********************y********************firma********************el********************Maestro********************en********************Amparo********************José********************Ramón********************Rocha********************González,********************Juez********************Séptimo********************de********************Distrito********************en********************el********************Estado********************de********************Michoacán,********************quien********************actúa********************asistido********************del********************licenciado********************Leonardo********************Rojas********************Barragán,********************secretario********************que********************autoriza********************y********************da********************fe.

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