Clotilde Arrollo Martínez

Expediente 897/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
897/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
11/01/2022

Partes del expediente

  • Clotilde Arrollo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 897/2021; promovido por Clotilde Arrollo Martínez, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Clotilde Arrollo Martínez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán y de otra autoridad, que estimó violatorios de los artículos 1º, 4º, 8º, y 17 de la Constitución. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este juzgado federal, se registró bajo el número 897/2021 y en auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, desechó la demanda respecto del acto reclamado al Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán, y admitió la demanda de amparo respecto del Juez adscrito a ese Órgano; a quien le pidió el informe justificado; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de interesado a Ramiro Andrés Martínez, quien es el actor en el juicio natural de donde emana el acto reclamado y se ordenó emplazarlo a juicio. Así, seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tendrá ejecución, dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Clotilde Arrollo Martínez, por su propio derecho, reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán: El auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de divorcio sin expresión de causa 150/2020, promovido por Ramiro Andrés Martínez, por su propio derecho y en cuanto representante legal de las menores de iniciales F.V. A.A. y A.M.A.A., mediante el cual le requiere para que en el término de tres días, cumpla con el pago de alimentos fijados en favor de sus hijas -auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte- o bien acredite haberlo efectuado. Tercero. Certeza actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con la prueba documental que acompañó al mismo, consistente en copias certificadas del expediente 150/2020 y su acumulado 507/2020; pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En la especie, al realizar un examen de las constancias que obran en autos, se estima que se encuentra actualizada la causa de improcedencia en el juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en las fracciones XII y XIII del propio ordinal, en virtud de que el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ordinario familiar 150/2021, deriva de un acto que fue consentido tácitamente por la parte quejosa en este juicio, al no haberlo impugnado. En el artículo 61, fracciones XXIII, XIII y XIV de la Ley de Amparo, se establece textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". El precepto legal antes transcrito, en sus fracciones XIII y XIV, establece, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento así mismo que entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por la Ley, por lo que nos remite a los artículos 17 y 18 de la ley de la materia. Así, relacionando el contenido de dicha fracción con lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la propia Ley de la Materia, puede estimarse que el juicio de amparo también resulta improcedente contra actos derivados de otros que fueron consentidos, es decir, actos que son consecuencia directa o inmediata de los primeros o bien, de contenido similar a aquéllos; pues de analizarse en el juicio de amparo actos que son consecuencia de otros que no se impugnaron o fueron consentidos, se analizarían actuaciones que ya adquirieron firmeza procesal, en contravención al principio de seguridad jurídica que rige el proceso. Respecto al consentimiento de los actos reclamados para efectos de la improcedencia en el juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la tesis visible en la página 13, del Volumen 139-144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, registro 232527, lo siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las tesis publicadas en la página 922 del Tomo LXXXI, y 1519 del Tomo LXXVII, ambos del Semanario Judicial de la Federación, correspondientes a la Quinta Época, que ilustran el criterio que habrá de sustentarse en este asunto, que son del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS, CUÁLES NO TIENEN ESE CARÁCTER. Para considerar que determinados actos son derivados de otros consentidos, y por ello deba sobreseerse en el amparo, deben concurrir dos requisitos: primero que el acto que se reclame sea una consecuencia legal y directa del acto consentido, como sucede en el procedimiento coactivo en que el remate es una consecuencia directa y prevista por la ley, del embargo; segundo, que no se ataque el acto reclamado por vicios que afecten al acto antecedente. Ahora bien, debe revocarse el sobreseimiento dictado por el inferior basado en que la negativa a autorizar el funcionamiento de una sociedad cooperativa, que proyectaban constituir los quejosos, es un acto que se deriva de un acuerdo presidencial que no reclamaron, porque en el caso, no están satisfechos ninguno de los dos requisitos aludidos, para considerar que se trata de un acto derivado de otro consentido, esto es, tal negativa no es una consecuencia directa y legalmente necesaria del referido acuerdo presidencial." De lo anterior se advierte que, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben concurrir varios elementos, a saber: 1. Que el acto que se reclama en el juicio sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente que no se impugnó, o bien una reiteración de éste; 2. Que dicho acto anterior se emita en contra de la quejosa, le cause agravio y no se haya combatido; y, 3. Que no se ataque por vicios propios, sino su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos, esto es, que se ataque el acto reclamado por vicios que afecten el acto antecedente y que no se impugnó oportunamente. Lo antes determinado también encuentra sustento, en la tesis emitida por la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2057, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS. Si se reitera una orden, y contra la primitiva no se interpuso en tiempo el amparo, siendo la segunda orden sólo una repetición de la primera, debe considerarse el acto como consentido." Igualmente, es aplicable la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número 193, en la página 165, del Tomo VI, Materia Común, Volumen Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." De igual manera, se estima necesario precisar los principales antecedentes del juicio ordinario familiar sobre divorcio sin expresión de causa 150/2020 y su acumulado 507/2020 del que deriva el acto reclamado: Mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil veinte, Ramiro Andrés Martínez, por su propio derecho y en representación de las menores F.V.A.A. y A.M.A.A., demandó a Cleotilde Arroyo Martínez el divorcio sin expresión de causa, entre otras prestaciones (fojas 1-2 tomo de pruebas). El veintiséis de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite, y se fijó una pensión alimenticia a cargo de la demandada en los términos siguientes: ".De igual forma, con fundamento en el artículo 464 del ordenamiento legal invocado, en beneficio del acreedor alimentista menor de edad, se fija de oficio una pensión alimenticia o provisional por el equivalente a quince días de salario mínimo diario para cada menor, inaplicando con esto, lo establecido en el dispositivo en comento, en relación a la fijación de la pensional por el equivalente a una UMA (sic), unidad de medida de actualización diaria, dado que, dicha unidad no puede tenerse para fijarse como pensión alimenticia, lo que es así, en razón de que acorde con el numeral 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye que, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos (ámbito en el cual entran, sin lugar a dudas, sus propios alimentos y los de su familia); con lo cual se garantiza ampliamente los derechos alimentarios de los menores de edad acreedores. Cabe traer a colación la jurisprudencia con rubro y texto que dice: ""PENSIÓN ALIMENTICIA. DEBE FIJARSE, EN LOS CASOS QUE ASÍ PROCEDA, TOMANDO COMO BASE O REFERENCIA EL SALARIO MÍNIMO Y NO LA UNIODAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). A continuación la transcribe. Por consiguiente, se ordena requerir a la demandada, por el equivalente señalado, que asciende actualmente a $123.22 ciento veintitrés pesos 22/100 monedas nacional, que en suma por cada acreedor alimentario es $1,848.30 multiplicado por 2 dos nos arroja la cantidad de $3,696.60 tres mil seiscientos noventa y seis pesos 60/100 moneda nacional y sea depositado en este juzgado o bien entregados directamente al actor en cuanto representante legítimo de sus menores hijos; pensión alimenticia que prevalecerá durante este trámite por el monto fijado; mismo que en caso de ser superior a las percepciones que obtiene podrá ser modificada atendiendo al principio de proporcionalidad, que indica el artículo 444, fracción II del Código Familiar del Estado."(foja 19-22) El cinco de agosto de dos mil veintiuno, se emplazó a juicio a la demandada aquí quejosa Cleotilde Arroyo Martínez, a quien se le dio lectura del auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, deducido del expediente 150/2020 (foja 87 del tomo de pruebas). El veintidós de septiembre de la anualidad próxima pasada, y atento a la denuncia de incumplimiento del pago de alimentos formulada a la parte actora, se requirió a la demandada para que en el término de tres días cumpliera con ello, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su ejecución forzosa, en los términos siguientes: ".Por otro lado, atentos a las manifestaciones que refiere, a través de las que denuncia el incumplimiento del pago de alimentos decretado en autos, por parte de la deudora alimentaria; corolario, como lo solicita, requiérase mediante notificación personal a la accionada Arroyo Martínez, para que en el término de 3 tres días, cumpla con el pago de alimentos fijados a favor de las menores de edad, por el periodo del mes de febrero del 2020 dos mil veinte, al mes de septiembre de la presente anualidad; o bien acredite haber cumplido cabalmente con el pago de esas mensualidades de forma íntegra; apercibida que de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa." La anterior resolución constituye la materia del acto reclamado. Ahora bien, la quejosa señala que la autoridad responsable -con el dictado del proveído de veintidós de septiembre de la anualidad próxima pasada, se vulnera su derechos de proporcionalidad y mínimo vital en su situación de salud y falta de un ingreso que le ayude a solventarlo. Sin embargo, si la quejosa no impugnó el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte que fijó la pensión provisional a su cargo; el diverso de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno [reclamado en este juicio de amparo]; en el que se determinó requerir por el término de tres días, cumpliera con el pago de alimentos fijado, es consecuencia de aquél. Máxime que tal acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, fue notificado a la aquí quejosa el cinco de agosto de dos mil veintiuno, como se advierte a fojas ochenta y siete del tomo de pruebas; por lo que pudo haberlo impugnado desde esa data. De ahí que, no puede sino concluirse que el acto que se reclama en esta vía, no es sino una consecuencia directa y necesaria de la firmeza del acuerdo que fijó la pensión provisional a cargo de la quejosa y en favor de las menores; en virtud de que Clotilde Arrollo Martínez no lo impugnó. Aunado a que el acto reclamado no es combatido por vicios propios, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa no formula conceptos de violación en contra del auto de veintidós de septiembre de la anualidad que transcurre; sino que están dirigidos a impugnar el acuerdo que fija la pensión; máxime que este juzgado de Distrito no advierte deficiencia de la queja que suplir en su favor. Por tanto, se acredita la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con las diversas fracciones XIII y XIV del propio ordenamiento legal; por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en atención a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley de Amparo. Al respecto encuentran aplicación, la tesis XXI.4o.6 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 971, del Tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." Por último, es aplicable la tesis III.1o.A.11 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 582, del Tomo III, Mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Clotilde Arrollo Martínez, por su propio derecho, en contra del acto y autoridad señalada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy once de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de once de enero de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las ********************, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 897/2021. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con la documental allegada por el quejoso y con la exhibida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da nueva cuenta con los formulados por la parte quejosa y hace constar que las demás partes no los formularon. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tienen por formulados los alegatos de mérito en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo y se declara plecluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. Armando Díaz López Maestro en Derecho Procesal Constitucional

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, ténganse por recibido el oficio que remite el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, por el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 566/2021; sin embargo, agréguese únicamente como corresponda toda vez que el dieciséis del mes y año en curso, se tuvo por recibido vía correo y se acordó lo conducente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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