Claudia Vega Diaz

Expediente 170/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
170/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Claudia Vega Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable, por medio del cual acusa recibo del oficio 3171 de dieciséis de abril en curso, a través del cual se le devolvió el toca de apelación -, formado en un tomo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de marzo del año en curso, que desechó la demanda de garantías promovida por ... por propio derecho, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Por otra parte, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que obra el testimonio del toca ... formado en un tomo, que remitió la autoridad responsable Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, para apoyar su informe justificado; en consecuencia, se ordena devolver a la citada autoridad responsable el referido tomo, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el entendido que de no hacerlo en el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, se entenderá que lo recibió a su entera satisfacción. Ahora bien, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, dado que se desechó la demanda de garantías: lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  3. Principal

    .CON ESTA FECHA SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA., EL PROVEÍDO DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: . Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el expediente número -, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, y copia simple de la citada demanda; así como, la determinación de tres de marzo del año en curso, en la cual se declaró legalmente incompetente para conocer del libelo constitucional, al considerar que los actos reclamados no constituyen sentencia definitiva en el juicio de origen, y testimonio del toca -, ordenando su remisión al Juez de Distrito en el Estado en turno con sede en esta ciudad; en consecuencia, este Juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto, regístrese en el Libro de Gobierno, ingrésese al sistema electrónico con el número VII-170/2021-1, y acúsese recibo de estilo a la Superioridad, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia claramente que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación -, mediante la cual confirmó la sentencia interlocutoria pronunciada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el incidente de cancelación de embargo promovido por la codemandada - (aquí quejosa), deducido del juicio sumario civil número -, sobre desahucio y otras prestaciones promovió el apoderado jurídico de - Acto respecto del cual, el suscrito considera que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo. El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En efecto, los artículos 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracción IV, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." (Lo resaltado es por este Juzgado) De los artículos de la Ley de Amparo antes transcritos, se conoce que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben ser estudiadas por el juzgador de oficio y que, el juicio de control constitucional resulta improcedente contra actos que no constituyan la última resolución que se emita en un procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Luego, como quedó precisado, del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia claramente que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación -, mediante la cual confirmó la sentencia interlocutoria pronunciada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el incidente de cancelación de embargo promovido por la codemandada - (aquí quejosa), deducido del juicio sumario civil número -, sobre desahucio y otras prestaciones promovió el apoderado jurídico de -. Lo anterior, permite concluir que la citada determinación que constituye el acto de molestia fue dictada en la etapa de ejecución de la sentencia. Ahora bien, aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo, procede respecto de actos ejecutados después de concluido el juicio, también lo es que, ese precepto legal determina que, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado y declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en la etapa de ejecución de sentencia se emiten autos y resoluciones intermedias para la ejecución de lo sentenciado, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento, y en la especie la promovente pretende combatir la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación -, mediante la cual confirmó la sentencia interlocutoria pronunciada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el incidente de cancelación de embargo promovido por la codemandada (aquí quejosa), deducido del juicio sumario civil número -, sobre desahucio y otras prestaciones promovió el apoderado jurídico de -, determinación que no constituye en concepto del suscrito, la última determinación judicial que ha de dictarse en ese procedimiento, y por ende, no se está ante el supuesto previsto por el segundo párrafo, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo, ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería hasta en el momento mismo en que, como se precisó cuándo se apruebe o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien cuándo se ordene el archivo definitivo del expediente, lo que le daría a la parte quejosa la posibilidad de formular demanda de garantías señalando las violaciones que en su caso considere fueron cometidas en el procedimiento llevado a cabo para cumplir con la referida sentencia, y que considere han dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. En consecuencia, en atención a los argumentos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por -, por propio derecho. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aún días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalado domicilio el ubicado en calle -, para oír y recibir notificaciones personales; y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado -, toda vez que según constancia secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito...; LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos?el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable en cita,??mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo,?dése?vista?a la parte quejosa?por el término de?tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de?oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector, una vez que las restantes autoridades hayan acreditado dicho cumplimiento.? Notifíquese personalmente.

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