Claudia Perez Loredo

Expediente 132/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
132/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Claudia Perez Loredo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos en cita, al que anexa testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de veintiuno de abril del presente año, relativa a la queja interpuesta por la quejosa -, dentro del juicio de amparo III-132/2023-1, del índice de este Juzgado; ejecutoria de la que se desprende que, la Superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, en el juicio de amparo indirecto 132/2023." Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno, que se lleva en este Juzgado, acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad para los efectos legales a que haya lugar y agréguense las constancias originales del cuaderno de antecedentes. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, el presente asunto se valora como destruible, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, mediante el cual acusa de recibo del expediente III-132/2023-1, e informa que en proveído de diez de marzo del año en curso, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por -, por conducto de su apoderado. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de marzo de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial que antecede se aprecia que********************, apoderado de la quejosa ********************, interpone recurso de queja en contra del auto de siete de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que esté debidamente integrado el expediente, de inmediato remítase a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviando al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios, así como el informe sobre la materia de queja, para lo que a bien tenga determinar la superioridad. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacan, siete de febrero de dos mil veintitres. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en cuanto apoderado jurídico de ********************, carácter que se le reconoce con la carta poder que adjunta, en contra del acto reclamado al Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número III-132/2023-1 y fórmese el cuaderno respectivo. Del análisis integral de la demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La sentencia interlocutoria de fecha diez de enero de dos mil veintitrés, dictada por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, dentro del expediente número ********************, mediante el cual declaró procedente el incidente de prescripción del laudo. Ahora, el suscrito estima que procede desechar la presenta demanda por ser notoriamente improcedente, conforme a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. El suscrito advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley en cita, que textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (...)" Del precepto transcrito se pone de manifiesto que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclamen resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto del cual la ley que rija ese procedimiento prevea algún recurso o medio de defensa ordinario, mediante el cual, puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora, el artículo 849, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado de manera supletoria, prevé: "Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Precepto legal del que se desprende que en contra de los actos del presidente, dictados en la etapa de ejecución de laudo, procede el recurso de revisión de actos de ejecución, a fin de que los mismos puedan ser confirmados, modificados o revocados por el tribunal que los emitió. Lo anterior, al tratarse de actos en ejecución de laudo mediante los cuales se pretende que se dé por concluido un derecho. De ahí que antes de acudir la parte peticionaria, debió agotar dicho medio ordinario de defensa, para satisfacer el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con el invocado artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 52/2018, emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1681, Materia Laboral del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. (Lo subrayado es de este Juzgado) Entonces, al surtirse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Como lo solicita se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta al promovente con su nombre de usuario ******************** en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio se le realicen las notificaciones y tenga acceso al expediente electrónico. Finalmente, se tiene a la parte promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese personalmente.

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