Claudio Arturo Lopez Zavala
Expediente 670/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Claudio Arturo Lopez Zavala
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que suscribe el apoderado jurídico de la parte quejosa, mediante el cual señala que a la fecha no ha sido remitido el recurso de revisión interpuesto y admitido en autos, no obstante que han transcurrido más de noventa días, sin que se envíe a la superioridad el juicio de amparo para la substanciación de dicho recurso, que por tanto solicita se remita para continuar con el trámite respectivo del mismo; atento a ello, dígasele que por oficio número 6184 de fecha trece de los actuales, fue remitido a la superioridad el referido medio de impugnación junto con el juicio principal y anexos, el cual fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito, el diecisiete siguiente, como se aprecia del acuse respectivo, glosado en el presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA QUEJOSA DEL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ". MORELIA, MICHOACÁN, veintidós de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al que anexa la demanda de amparo promovida por -, en cuanto defensores particulares del procesado -, así como los informes justificados rendidos por las autoridades antes mencionadas, asimismo las constancias de emplazamiento de la parte tercero interesada y finalmente los expedientes originales del toca de apelación -y del proceso penal -. Acúsese recibo. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la sentencia definitiva dictada el veintiséis de agosto del dos mil veinte en el toca de apelación -, en la cual se ordenó reponer el procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, para el efecto de que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, provea el desahogo de careos procesales y la diligencia de reconstrucción de hechos, además si considera necesario se allegue de cualquier otro medio de prueba que le permita formular convicción respecto de la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. Al respecto, este juzgador?estima que procede desechar?la demanda?por ser notoriamente improcedente,?por las razones que enseguida se exponen.? ? El artículo?113?de la Ley de Amparo, dispone:?? "Artículo 113.?El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano".? ? Este precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro:?"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA".? En el caso concreto, este Juzgador?Federal?considera?que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo?61, fracción XXIII,?en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de?la Ley de Amparo, que prevén:? ? "Artículo 61.?El juicio de amparo es improcedente:? (.)? ?XXIII.?En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley".? ? "Artículo 107.?El amparo indirecto procede:? (.)? V.?Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que?afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)".? ? De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto?sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos?que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.? ? Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados internacionales; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus consecuencias pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo. Así, los actos procesales que tienen resultados sobre las personas o cosas, no tienen el carácter de irreparables mientras la transgresión no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que la parte agraviada obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las secuelas intraprocesales producidas por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen derivaciones de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. Acorde con el artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que debe entenderse por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al establecerse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino fue taxativo al indicar el significado de tal cuestión jurídica. Cabe señalar que de la reciente interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse incluso obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos?"que afecten materialmente derechos"?lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos?"derechos"?afectados materialmente revistan la categoría de derechos?"sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el?cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.? Conforme a lo hasta aquí expuesto, el acto que se pretende reclamar en esta instancia constitucional, por su naturaleza, no es de imposible irreparabilidad, ya que constituye una actuación que no tiene efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la constitución, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, el acto reclamado consiste en: la sentencia definitiva dictada el veintiséis de agosto del dos mil veinte en el toca de apelación -, en la cual se ordenó reponer el procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, para el efecto de que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, provea el desahogo de careos procesales y la diligencia de reconstrucción de hechos, además si considera necesario se allegue de cualquier otro medio de prueba que le permita formular convicción respecto de la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. Ahora, del contenido de la resolución definitiva de veintiséis de agosto de dos mil veinte dictada en el toca de apelación antes mencionado se obtiene que la autoridad responsable ordenó la reposición del procedimiento para el desahogo de careos procesales en beneficio del imputado, dado que el resultado de dicho medio de prueba puede ser sustancial y trascender al fallo que llegare a dictarse; asimismo la reconstrucción de hechos cuyo desahogo ordenó con la reposición, tiene por objeto establecer si es factible percibir los hechos desde el lugar en el que se encontraba cada uno y verificar la veracidad de lo narrado por los testigos, lo anterior, con la finalidad de resarcir las omisiones procesales respecto de las cuales la propia defensa insistió en el desahogo de algunas pruebas que no fueron admitidas en dicha causa, toda vez que refiere que dichas omisiones generan una violación manifiesta del procedimiento y afectó la defensa del encausado, por lo que la reposición tuvo la finalidad de garantizar su derecho a la defensa. Por lo tanto, el hecho de que la autoridad que señala como responsable haya ordenado la reposición del procedimiento para el desahogo de careos procesales y la diligencia de reconstrucción de hechos y para que la autoridad de origen, de considerar necesario, se allegue de cualquier otro medio de prueba que le permita formular convicción respecto de la existencia del delito y la responsabilidad penal, no afecta sus derechos sustantivos, pues por el contrario, resulta en su beneficio y ello genera la posibilidad legal de que la sentencia que ponga fin al proceso sea favorable al quejoso en caso de que los medios de prueba que se desahogarán con la reposición del procedimiento sean eficaces para evidenciar que no se actualiza el delito o su responsabilidad penal, en cuyo caso los efectos intraprocesales que ha generado el acto reclamado desaparecerían; o en su defecto, de constituir nuevas violaciones procesales podrán ser impugnadas a través del recurso que considere pertinente, o bien el juicio de amparo promovido en contra de la sentencia definitiva. Por tanto, la determinación aquí reclamada no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo ocasiona consecuencias de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén que esas determinaciones no privan del derecho de defensa de la parte quejosa; sino por el contrario pretende garantizar esta prerrogativa. Esto es, dicha determinación no cumple con el requisito de?procedibilidad?de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo.? Ante este panorama, es inconcusa la actualización? de la causal de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a?contrario sensu,?y 112, todos de la Ley de Amparo?se?desecha de plano la demanda de amparo?por notoria e indudable improcedencia. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 17/91, con número de registro 205810, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, en la época Octava Época, materia Común, visible a foja 25, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo."?? Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad,?archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.? En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad.??? Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por?disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX?Marzo?de 2009, visible a página 2847, del rubro:?"REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR?AUTORIZACIÓN?AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.".??? En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se?exhorta?a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico?relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL,?e.firma?u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.??? Se?invita?a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020.???? Finalmente, se tiene a la parte quejosa, por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones el que precisa en su libelo constitucional. Notifíquese personalmente...."; LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veintidós de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al que anexa la demanda de amparo promovida por -, en cuanto defensores particulares del procesado -, así como los informes justificados rendidos por las autoridades antes mencionadas, asimismo las constancias de emplazamiento de la parte tercero interesada y finalmente los expedientes originales del toca de apelación -y del proceso penal -. Acúsese recibo. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la sentencia definitiva dictada el veintiséis de agosto del dos mil veinte en el toca de apelación -, en la cual se ordenó reponer el procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, para el efecto de que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, provea el desahogo de careos procesales y la diligencia de reconstrucción de hechos, además si considera necesario se allegue de cualquier otro medio de prueba que le permita formular convicción respecto de la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. Al respecto, este juzgador?estima que procede desechar?la demanda?por ser notoriamente improcedente,?por las razones que enseguida se exponen.? ? El artículo?113?de la Ley de Amparo, dispone:?? "Artículo 113.?El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano".? ? Este precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro:?"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA".? En el caso concreto, este Juzgador?Federal?considera?que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo?61, fracción XXIII,?en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de?la Ley de Amparo, que prevén:? ? "Artículo 61.?El juicio de amparo es improcedente:? (.)? ?XXIII.?En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley".? ? "Artículo 107.?El amparo indirecto procede:? (.)? V.?Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que?afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)".? ? De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto?sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos?que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.? ? Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados internacionales; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus consecuencias pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo. Así, los actos procesales que tienen resultados sobre las personas o cosas, no tienen el carácter de irreparables mientras la transgresión no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que la parte agraviada obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las secuelas intraprocesales producidas por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen derivaciones de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. Acorde con el artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que debe entenderse por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al establecerse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino fue taxativo al indicar el significado de tal cuestión jurídica. Cabe señalar que de la reciente interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse incluso obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos?"que afecten materialmente derechos"?lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos?"derechos"?afectados materialmente revistan la categoría de derechos?"sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el?cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.? Conforme a lo hasta aquí expuesto, el acto que se pretende reclamar en esta instancia constitucional, por su naturaleza, no es de imposible irreparabilidad, ya que constituye una actuación que no tiene efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la constitución, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, el acto reclamado consiste en: la sentencia definitiva dictada el veintiséis de agosto del dos mil veinte en el toca de apelación -, en la cual se ordenó reponer el procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción, para el efecto de que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, provea el desahogo de careos procesales y la diligencia de reconstrucción de hechos, además si considera necesario se allegue de cualquier otro medio de prueba que le permita formular convicción respecto de la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. Ahora, del contenido de la resolución definitiva de veintiséis de agosto de dos mil veinte dictada en el toca de apelación antes mencionado se obtiene que la autoridad responsable ordenó la reposición del procedimiento para el desahogo de careos procesales en beneficio del imputado, dado que el resultado de dicho medio de prueba puede ser sustancial y trascender al fallo que llegare a dictarse; asimismo la reconstrucción de hechos cuyo desahogo ordenó con la reposición, tiene por objeto establecer si es factible percibir los hechos desde el lugar en el que se encontraba cada uno y verificar la veracidad de lo narrado por los testigos, lo anterior, con la finalidad de resarcir las omisiones procesales respecto de las cuales la propia defensa insistió en el desahogo de algunas pruebas que no fueron admitidas en dicha causa, toda vez que refiere que dichas omisiones generan una violación manifiesta del procedimiento y afectó la defensa del encausado, por lo que la reposición tuvo la finalidad de garantizar su derecho a la defensa. Por lo tanto, el hecho de que la autoridad que señala como responsable haya ordenado la reposición del procedimiento para el desahogo de careos procesales y la diligencia de reconstrucción de hechos y para que la autoridad de origen, de considerar necesario, se allegue de cualquier otro medio de prueba que le permita formular convicción respecto de la existencia del delito y la responsabilidad penal, no afecta sus derechos sustantivos, pues por el contrario, resulta en su beneficio y ello genera la posibilidad legal de que la sentencia que ponga fin al proceso sea favorable al quejoso en caso de que los medios de prueba que se desahogarán con la reposición del procedimiento sean eficaces para evidenciar que no se actualiza el delito o su responsabilidad penal, en cuyo caso los efectos intraprocesales que ha generado el acto reclamado desaparecerían; o en su defecto, de constituir nuevas violaciones procesales podrán ser impugnadas a través del recurso que considere pertinente, o bien el juicio de amparo promovido en contra de la sentencia definitiva. Por tanto, la determinación aquí reclamada no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo ocasiona consecuencias de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén que esas determinaciones no privan del derecho de defensa de la parte quejosa; sino por el contrario pretende garantizar esta prerrogativa. Esto es, dicha determinación no cumple con el requisito de?procedibilidad?de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo.? Ante este panorama, es inconcusa la actualización? de la causal de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a?contrario sensu,?y 112, todos de la Ley de Amparo?se?desecha de plano la demanda de amparo?por notoria e indudable improcedencia. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 17/91, con número de registro 205810, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, en la época Octava Época, materia Común, visible a foja 25, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo."?? Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad,?archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.? En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad.??? Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por?disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX?Marzo?de 2009, visible a página 2847, del rubro:?"REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR?AUTORIZACIÓN?AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.".??? En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se?exhorta?a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico?relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL,?e.firma?u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.??? Se?invita?a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020.???? Finalmente, se tiene a la parte quejosa, por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones el que precisa en su libelo constitucional. Notifíquese personalmente.
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