Claudia Romanillos Villanueva
Expediente 226/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Claudia Romanillos Villanueva
Actuaciones
- Principal
Cúmplase
- Principal
I-Agréguese a estos autos el oficio 1046/2023-III, suscrito por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, con el que remite testimonio de la resolución emitida en sesión ordinaria virtual de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, pronunciada en el recurso de queja 141/2023, interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto nueve de febrero de dos mil veintitrés, por el cual, se desechó de plano la demanda de amparo. Al respecto, se destaca que el punto resolutivo de la citada resolución, es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". Por tanto, hágase saber lo anterior a las partes para los fines legales procedentes; remítase por la vía electrónica el acuse de recibo al Tribunal oficiante a través de su Oficialía de Partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Imprímase el acuse de envío y glósese sin mayor acuerdo a los presentes autos como constancia de la remisión electrónica del comunicado relativo para los efectos conducentes. Asimismo, en cumplimiento a la fracción IV, del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Para así estimarlo, se precisa que el presente no es de aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni tampoco constituye un expediente judicial o auxiliar que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información; por lo anterior, se colma la exigencia para dicha clasificación, contenida en los artículos 19 y 20 del Acuerdo General que nos ocupa. De igual forma, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico, al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Cuarto, del citado acuerdo. Finalmente, vista la certificación de cuenta se advierte que se verificó la coincidencia e identidad del expediente físico con el electrónico de este asunto, en la inteligencia que las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación generadas de la misma manera, obran en el expediente electrónico correspondiente a este asunto, no así, las recibidas electrónicamente, pues la documentación recibida por esa vía [electrónica o generada electrónicamente] constará únicamente en el expediente electrónico. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
V.- Con esta fecha se le notifica al tercero interesado Fabián Pino Ongay, el auto de cato0rce de abril de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término concedido a las partes mediante proveído de diez de enero de dos mil veintitrés; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Al respecto, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa Gema Martínez Acosta, en representación su hijo, para el efecto de que el juez responsable: "1. Deje insubsistente el auto de veintisiete de enero del dos mil veinte, dictado en autos del juicio ordinario civil de custodia número 107/2015; y, 2. Emita uno nuevo que deberá fundar y motivar adecuadamente, conforme los lineamientos de la presente sentencia, determine si se agotaron todos los medios disponibles para lograr la convivencia del menor con su progenitor, e incluso por medios tecnológicos; determine preparar la prueba consistente en la diligencia para escuchar al menor de iniciales J.P.M. respecto a la convivencia solicitada, en una audiencia ante la presencia de la autoridad judicial, citando al infante por conducto de su progenitora y que además, esté asistida por el Oficial de Menores adscrito a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, para lo cual debe preparar al infante a fin de que participe sin temor en la diligencia y en su caso, tener una entrevista con ella y ver su conducta con relación a sus progenitores, esto es, deberá sostenerse una plática con el niño previa a la diligencia a desahogarse, diligencia que podrá ser llevada a cabo de considerarse pertinente, mediante exhorto, tomando en consideración que el infante reside en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 3. Hasta que se cuente con la referida escucha del menor, se tomen en cuenta todos los elementos que estén a su alcance, es decir, podrá, incluso de oficio, desahogar las pruebas que estime necesarias, y deberá determinar si el cambio de guarda y custodia es benéfico o no para el interés superior del menor, atendiendo a sus particulares circunstancias, conforme a lo expuesto en esta sentencia". Por auto de 10 de marzo de 2021, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Respecto a los efectos del fallo constitucional, por acuerdo de 29 de marzo de 2021, fue recibido el oficio de la autoridad responsable, con el que remitió copia certificada del acuerdo de 25 de marzo de 2021, dictado en autos del juicio 107/2015, donde dejó insubsistente el auto de 27 de enero de 2020, en lo que se refiere a la guarda y custodia, emitió nueva resolución, y a fin de tener la escucha del menor giró exhorto al Juez Familiar de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Por acuerdo de 29 de marzo de 2021, se dio vista a la parte quejosa con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera. Por acuerdo de 26 de octubre de 2021, se procedió a analizar si con las constancias remitidas por la responsable se había cumplido el fallo protector, sin embargo, dado que la autoridad responsable no atendió los puntos 2 y 3 del considerando séptimo relativo a los efectos de la sentencia constitucional, en donde se estableció que el juez obligado debía preparar la prueba correspondiente a la diligencia para escuchar al infante en relación a la convivencia que fue solicitada, cumpliendo los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en caso que afecten a niñas, niños o adolescente, establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y una vez llevada a cabo ésta, tomando en cuenta todos los elementos a su alcance, incluyendo el desahogar las pruebas que sean necesarias, determinar si el cambio de guarda y custodia era benéfico o no para el interés superior del menor, no se tuvo por cumplido dicha ejecutoria, y se requirió nuevamente a la obligada atendiera cabalmente los puntos materia de la ejecutoria constitucional. Posteriormente, la responsable remitió el oficio PJ CJJZFCH- 1890/2022, de 3 de mayo de 2022, mediante cual la juez responsable remitió las constancias relativas a la diligenciación de exhorto enviado a su similar en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, de donde se advirtió no haber podido llevar a cabo la diligencia de escucha del menor programada para tener verificativo el 7 de abril de 2022, a las 9:45 horas, por los motivos que ahí se expusieron; por tal razón y atendiendo a lo informado por su homólogo en la comunicación oficial de referencia, el juez responsable por acuerdo de 28 de abril del presente año, libró nuevo exhorto a su similar de Cancún, Quintana Roo, a fin de que en su auxilio lleve a cabo la diligencia de escucha del menor, instando a la progenitora del infante con iniciales J.P.M., a que lo concientice de la importancia de la diligencia. Sobre lo cual, el ocho de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional, determinó que la responsable no había dado cumplimiento en forma total a la sentencia de amparo dictada por este órgano jurisdiccional, toda vez que no atendió a los puntos 2 y 3 del considerando séptimo relativo a los efectos del fallo, esto es, con la preparación debida, debía tomar como base los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en caso que afecten a niñas, niños o adolescente, establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como desahogar la prueba correspondiente a la diligencia para escuchar al infante en relación a la convivencia que fue solicitada; y resolver si el cambio de guarda y custodia es o no benéfico para el interés superior del menor. Por lo tanto, previas gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte del juez familiar responsable, el trece de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa Gema Martínez Acosta, realizando diversas manifestaciones en la cual señaló que su hijo era víctima de violación a sus derechos humanos por parte del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, particularmente del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Estado de Quintana Roo, ya que cada vez que veía una insigna del Poder Judicial tenía reacciones ansiosas y desarrolló trastorno de ansiedad generalizada; así como, presentaba resistencia y adversidad ante lo relacionado con asuntos legales; de igual manera, que en todas las ocasiones en que se han realizado las diligencias de preparación y escucha del niño terminaba con ansiedad y altos niveles de estrés, causando más daño a su salud psicoemocional; por lo que, se decretó la suspensión de la audiencia programada para el 14 de diciembre de 2022 en la ciudad de Cancún, ordenando al juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, como medida cautelar que se reserve al desahogo de dicha diligencia, y que remitiera las constancias y actuaciones desahogadas al momento, relacionadas en el exhorto 224/2022 de su índice formado con motivo del diverso 185/2022 que se libró en el expediente familiar 107/2015 del índice de Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. En ese sentido, el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio signado por el juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en el que dio cumplimiento a lo ordenado el trece de diciembre de dos mil veintidós, en el que remitió el acuerdo dictado el quince de ese mes y año en el exhorto 224/2022, de su índice, de cuyo contenido se desprende que el telegrama en el que se ordenó la suspensión de audiencia de escucha del menor de iniciales J.P.M. llegó con posterioridad a la celebración de la audiencia de 14 de diciembre de 2022, siendo el caso que se ordenó reprogramar para las doce y trece horas del lunes treinta de enero de dos mil veintitrés dicha diligencia; sin embargo, en atacamiento a lo ordenado el trece de diciembre del año pasado, dejo sin efectos las citadas audiencias. Posteriormente, en proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio PJ-CJ-JZFCH-82/2023 de seis de enero del año dos mil veintitrés signado por la secretaria de acuerdos de Sala en funciones de Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad y diverso PJ-CJ-JZ1FCUN-2921/2022 de 15 de diciembre de 2022, signado por el juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, mediante los cuales remitieron las constancias relativas a la diligenciación del exhorto enviado a su similar en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, de donde se advierte que no se pudo llevar a cabo la diligencia programada para tener verificativo el 26 de octubre de 2022, a las 10:00 horas, en la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia (DIF), con residencia en Cancún, Quintana Roo, ante la trabajadora social, Rosa Isela Patraca Escamilla, Oficial de menores adscrita a dicha Delegación, ello con la finalidad de que el niño de iniciales J.P.M., sea preparado y pueda participar sin temor en la audiencia en la que sería escuchado su parecer, por los siguientes motivos: Llegada la hora y fecha de la diligencia programada a las 10:00 horas para el 26 de octubre de 2022, la trabajadora social, asentó lo siguiente: "El señor David González, quien se identifica como el Licenciado de la Sra. Gema Martínez Acosta, y quien refiere que la señora antes mencionada se encuentra afuera de las instalaciones del DIF con el menor de iniciales J.P.M. pero este último se encuentra ansioso, llorando y refiere no querer bajar del auto, le informo que es necesario que la Sra entre con el menor para que este entre por voluntad propia sin que se sienta obligado o agredido, minutos después el menor entra a la oficina de esta Delegación acompañado de su madre quien se queda parada la puerta y con el Licenciado abrazado de la cintura de este con una conducta temerosa, escondiéndose detrás del Licenciado, lo saludo con un hola a lo cual me responde igual con un hola, me presentó, le pregunto cómo ha estado me responde que bien, le pido que me dé la oportunidad de platicar un ratito con él, para que yo pueda explicarle algunas cosas que son importantes que él sepa a las que tiene derecho como niño que es y conocer su entorno en el que actualmente se desarrolla, lo invito a pasar al cubículo, me responde que no quiere, intentando generar confianza en él le pregunto qué cuantos años tiene y que año cursa actualmente, me responde que tiene nueve años y que cursa el cuarto año de primaria, todo esto sin dejar el de abrazar al licenciado, le pido una vez más que me dé la oportunidad de que platiquemos pero se vuelve a negar, me dice que no quiere con voz quebrada a punto del llanto, por lo que ya no insistí, toda vez que la participación del menor debe ser sin temor, por lo tanto preservando el interés superior del mismo me reserve se seguir insistiendo". En ese sentido, ante la imposibilidad de efectuar la entrevista previa al menor de edad de identidad reservada, en atención a los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 18 y 23 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; 280, 281, 880, 881, 883-BIS y 883-TER del Código de Procedimientos Civiles del Estado y al Capítulo II del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, y con la finalidad de garantizar el derecho del menor a ser escuchado por una autoridad, se señalaron las trece horas del día miércoles catorce de diciembre de año dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de escucha del menor de iniciales J.P.M. la cual sería llevada a cabo en ante la juez; no obstante, dicha diligencia no fue llevada a cabo ante la inasistencia justificada por parte de la aquí quejosa la cual exhibió una receta médica de doce de diciembre de dos mil veintidós, expedida por la doctora Dea N. Lara Guzmán, a favor del menor, en el que se advirtió que se encontraba en tratamiento médico en el cual se recomendó aislamiento y reposo para tratar el padecimiento; por lo que, se reprogramó para el treinta de enero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de preparación el menor de iniciales J.P.M, la cual se dejó sin efectos por parte de este jugado federal, a petición de la aquí quejosa., a fin de evitar algún tipo de afectación a su bienestar físico y emocional. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Mediante proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes, con las documentales remitidas por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, haciéndolo únicamente la parte quejosa. Ahora, de conformidad con los artículos 192, 193, 196 y 201, fracción II, de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que concedió la protección constitucional se debe pronunciar respecto de la ejecutoria recaída al juicio de amparo, al ser quien conoce los alcances protectores de la sentencia, pues cuando no se ha cumplido, se encuentra en vías de cumplimiento o está cumplida, le corresponde hacer la declaratoria relativa o, en su caso, iniciar el procedimiento respectivo, como acontece en el caso particular. Al efecto, el procedimiento a seguir para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo y que a través de éste se tenga cumplida o en su caso se decrete la imposibilidad que hubiere, consiste en lo siguiente: 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en que se conceda el amparo y el órgano jurisdiccional ordena notificar la resolución a las partes. 2. En el auto en que se ordena la notificación señalada, se debe requerir a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se trate de amparo indirecto o directo, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar, en su caso, con la separación del cargo de la responsable o la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo y su posterior consignación. Asimismo, en el acuerdo referido, en su caso, se deberá requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a ésta cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo, se le impondrá multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable, conforme lo dispuesto en artículo 193 de la Ley de Amparo. 3. Adicionalmente, de conformidad con el diverso artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable remite al órgano judicial de amparo el informe relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, se deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. 4. La ejecutoria se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. En caso de que el juzgador de amparo emita resolución en el sentido de que la ejecutoria de amparo está cumplida, podrá ordenar el archivo del expediente, pero si determina que existe incumplimiento en razón de que no está cumplida la ejecutoria de amparo o no está cumplida correctamente o la considera de imposible cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, o bien, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda para que se siga de nuevo el procedimiento previsto en el numeral 193 de la referida ley. De la narrativa anterior, se advierte que en juicio constitucional, una vez que las autoridades informen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, el juez de distrito puede determinar lo siguiente: a) Que la sentencia de amparo está cumplida y ordene el archivo del asunto; b) Que no está cumplida; c) Que no está cumplida totalmente; d) Que no lo está correctamente, o e) Que existe imposibilidad para cumplir el fallo. En relación con los supuestos identificados en los incisos b, c y d, no existe duda que el juzgador de amparo tiene el deber de enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito - en inejecución de sentencia-, a fin de que dicho órgano sea el que continúe con el procedimiento de cumplimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en relación con la hipótesis marcada en el inciso e, consistente en que exista imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, el procedimiento impone remitir el sumario al Tribunal Colegiado de Circuito, a efecto de que confirme si se actualizó esa imposibilidad. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Respecto a la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, se debe recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que concede el amparo tendrá por efecto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, esto es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Sin embargo, en ocasiones no es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, ya que si la autoridad al pretender dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo encuentra obstáculos insuperables, el incumplimiento no obedecería a su voluntad, sino a la existencia de factores externos de lo que se infiere que la intención fundamental del legislador, respecto de la ejecución de la sentencia de amparo, no es que se sancione a las autoridades responsables, que no cumplieron con éstas, sino que se acate. Esto es, si el legislador hubiere pretendido que, en todo caso se aplicaran las sanciones constitucionales a las autoridades responsables que no obedecieren las sentencias de amparo, sin importar si el cumplimiento era posible material o jurídicamente, así lo habría prescrito en el procedimiento de que se trata; extremo éste que permite inferir la necesidad de que las autoridades puedan demostrar si les es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, dado que si los obstáculos resultan insuperables. En ese contexto, no se deben aplicar las sanciones establecidas en la fracción XVI del numeral 107 constitucional, dado que la parte quejosa puede optar, de ser procedente, por el cumplimiento sustituto o la reserva del asunto hasta en tanto cambie la situación jurídica, pues pretender que se constriña a la autoridad a cumplir con la sentencia, en sus términos, cuando existe imposibilidad material o jurídica para ello, u ordenar la separación de su cargo y su consignación, significaría desatender la finalidad primordial perseguida por el legislador al instaurar los procedimientos en comento, que es la de evitar la desobediencia de las ejecutorias y ello no se logra ordenando la separación del cargo de una autoridad y su consignación, cuando existe imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento, por lo que está en derecho la autoridad responsable de acreditar si le es imposible jurídica o materialmente acatar la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. Partiendo de las premisas apuntadas, se considera que en el presente asunto existe imposibilidad de la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector, tal como se evidencia a continuación. De las constancias remitidas por las autoridades secretaria de acuerdos de Sala en funciones de Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad y juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, se desprende que no pudieron llevar a cabo la diligencia programada para tener verificativo el 26 de octubre de 2022, a las 10:00 horas, en la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia (DIF), con residencia en Cancún, Quintana Roo, ante la trabajadora social, Rosa Isela Patraca Escamilla, Oficial de menores adscrita a dicha Delegación, ello con la finalidad de que el niño de iniciales J.P.M., sea preparado y pueda participar sin temor en la audiencia, dado que el niño en dicha diligencia se aprecia presentó momentos de estrés, por lo que a fin de preservar el interés superior de la niñez se suspendió dicha diligencia. Ahora, retomando las manifestaciones de la madre, en la que expresó que su hijo en cada diligencia de dicha índole ha presentado momentos de estrés y ansiedad, alterando su bienestar físico y emocional, lo cual imposibilidad la preparación previa para la escucha del menor. En ese caso, se debe tener presente que a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector era necesario que la autoridad responsable desahogara la prueba correspondiente a la diligencia para escuchar al infante en relación a la convivencia que fue solicitada; y resolviera si el cambio de guarda y custodia es o no benéfico para el interés superior del menor. Ahora, de la narrativa expuesta, se advierte con claridad que la autoridad responsable se ha encontrado imposibilitada, dado que el menor en diversas diligencias programadas para que sea preparado previo a la audiencia de escucha, ha presentado momentos de estrés y ansiedad, lo cual resulta perjudicial en su desarrollo físico y emocional del menor quejoso. Por ello, este juzgado federal debe ponderar el derecho del menor a mantener una estabilidad en su entorno, para su sano desarrollo personal y emocional, con lo que se estaría preservando el interés superior de la niñez, protegido por el artículo 4º, de la Constitución General de la República y por la Convención de los Derechos del Niño, lo que obliga al suscrito a inclinarse por el mayor beneficio para el interés superior del niño involucrado y que no se produzca algún grado de riesgo para su bienestar y desarrollo, habida cuenta que debe preservarse la satisfacción de los derechos mínimos del menor de edad, necesarios para un desarrollo físico, moral y espiritual armonioso. Sirve de orientación a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto es el siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO En este sentido, no existe una conducta contumaz por parte de la autoridad responsable, tendente a evadir su obligación de cumplimentar el fallo protector, por lo que no se le pueden imputar omisiones culposas o dolosas, dado que tal situación redunda en la imposibilidad jurídica y material para hacerlo, lo que hace excusable el incumplimiento. Por tanto, existe un factor ajeno a la autoridad responsable que impide el cumplimiento de la ejecutoria, en consecuencia, se estima que existe imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De ahí que, una vez que transcurra el término de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que sea necesario que se interponga recurso de inconformidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, con sede en Cancún, Quintana Roo, a efecto de que se pronuncie sobre la existencia de la imposibilidad decretada o bien lo que legalmente determine a efecto de continuar con el procedimiento en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables."
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I-Agréguese el escrito de cuenta, signado por Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, apoderado legal de la parte quejosa Claudia Romanillos Villanueva, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de dieicisiete de marzo del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo [auto de desechamiento de demanda]. En mérito a lo anterior, con fundamento en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe al tribunal de alzada, y al efecto se manifiesta que es cierto el acto reclamado por el recurrente, toda vez que el dieicisiete de marzo de dos mil veintitrés, se dictó un acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, apoderado legal de la parte quejosa Claudia Romanillos Villanueva, contra los actos que atribuye a la secretaria de acuerdos en funciones de juez del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad. Lo anterior, porque se estimó que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada en contrario sensu; así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, se reclaman actos que no son de ejecución irreparable para la procedencia del mismo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado; ello, en virtud de que, atendiendo al principio de economía procesal y al derecho fundamental de pronta y expedita administración de justicia, toda vez que el auto recurrido se trata del acuerdo de desechamiento, las constancias que se han de remitir al Tribunal para la substanciación del recurso interpuesto no podrían ser otras que las relativas a la demanda de amparo, sus anexos, el auto recurrido, así como su constancia de notificación, las que, invariablemente, deben ser enviadas, ya que constituyen la materia sobre la que versa la queja y, al menos para este momento, no hay actuaciones diversas para resolver. Finalmente, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, sin necesidad ulterior acuerdo, se pone a disposición del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito que corresponda sustanciar el recurso, la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, hágase del conocimiento al oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa; y, por oficio al tribunal colegiado correspondiente.
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